Este 15 de septiembre Centroamérica celebra la independencia del Imperio español en 1821 con las llamadas “Fiestas Patrias”. Una celebración en todos los países centroamericanos que aparenta una cierta unidad regional (incluso con un inoperante Parlamento Centroamericano –PARLACEN–), pero con importantes similitudes y diferencias.

Uno de los principales rasgos de Centroamérica es la enorme desigualdad social y económica en todos sus países (la segunda región más desigual del planeta, según el PNUD), en los que históricamente han prevalecido grupos oligárquicos, muy ligados a la explotación de los recursos humanos y materiales (extractivismo) y en numerosas ocasiones con el narcotráfico (en abril de 2022 el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández fue extraditado a los EEUU por narcotráfico).  Los datos de pobreza y pobreza extrema son realmente dramáticos (PNUD, 2021): Honduras (52,3%/20%), Guatemala (50,5%/15,4%), El Salvador (30.4%/5.5%) y Costa Rica (16,5%/3,4%). El 52 % de la población de Nicaragua sufría pobreza al finalizar 2020 y un 22 % pobreza extrema debido al impacto de la pandemia del coronavirus (según Cepal).

Esa desigualdad, unida a la corrupción y el narcotráfico, están en la base de la degradación histórica de los Estados y de las instituciones, manifestada de múltiples formas en los últimos años: desde los simples cambios constitucionales para mantenerse en el poder (a destacar en Nicaragua y en El Salvador) hasta los fraudes electorales y la total destrucción del Estado de derecho (Nicaragua), los golpes de Estado (Honduras) o los intentos de ilegalizar el progresista Movimiento Semilla en las pasadas semanas, ganador de las últimas elecciones en Guatemala.

Las élites gobernantes han tratado de impedir los avances sociales y democráticos y han promovido un fuerte neoliberalismo. Entre esos avances hay que destacar una necesaria reforma agraria que redistribuya los recursos y que no dependan de los grandes capitales y consorcios extractivistas, tanto de capital nacional o regional como extranjero. Son, asimismo, necesarios y urgentes los servicios sociales para toda la población, especialmente para las mujeres, la infancia,  los pueblos originarios y los afrodescendientes. Necesaria es también una reforma fiscal que grabe las grandes fortunas y empresas. En todos los países son imprescindibles reformas por los derechos de las mujeres, especialmente los referidos al control de su cuerpo (reconocimiento del aborto) y a la libertad sexual (lucha contra la violencia de género, LGTBI), así como la eliminación de la brecha salarial y la discriminación laboral.

Hay diversas consecuencias de esta dominación oligárquica y entre ellas hay que destacar la alta criminalidad y el éxodo migratorio. El abandono de la inmensa mayoría de la población por las élites dominantes, en espacios en los que el Estado no proporciona los mínimos servicios básicos ni una verdadera seguridad a la población, ha promovido la proliferación de grupos delictivos (maras) que deterioran la vida social, comunitaria y económica y provocan asesinatos. Se vienen produciendo, asimismo, asesinatos de líderes comunitarios y periodistas por sicarios o elementos del propio Estado[1].

Como respuesta a la inseguridad se viene produciendo un avance preocupante del denominado “populismo punitivo”, cuyo máximo exponente actual es el presidente de El Salvador Nayib Bukele, que ha implantado un régimen de excepción permanente desde marzo de 2022 por el que más de 70.000 salvadoreños (en un país de unos 6 millones de habitantes) han sido detenidos, sin garantías jurídicas y en condiciones infrahumanas en las cárceles. Es claramente un atentado a los derechos humanos y al Estado de derecho. Este enfoque frente a la inseguridad afecta plenamente a la salud democrática de los países e implica un Estado autocrático, sin responder a los graves problemas sociales de la población.

La respuesta del Gobierno de la dictadura familiar Ortega–Murillo en Nicaragua a la insurrección cívica a partir de abril de 2018 fue una verdadera masacre de más de 350 personas, jóvenes principalmente, centenares de detenidos, torturados…, así como la detención de decenas de líderes de la oposición antes de las elecciones de noviembre de 2021. La represión de la dictadura dio un paso más en 2023 y expulsó a 222 presos políticos de Nicaragua, despojados de la nacionalidad, de todos sus registros personales y propiedades. Igual medida tomaron contra otros 94 ya exiliados (entre ellos Sergio Ramírez y Gioconda Belli). A lo que se suma la ilegalización y confiscación de bienes de más de tres mil ONG, organismos diversos, iglesias, prensa y radios, universidades…

El éxodo migratorio es producto, en consecuencia, del deterioro socio–económico y la inseguridad pandillera y estatal. Decenas de miles de centroamericanos se lanzan a la migración “voluntariamente” o por la represión (especialmente en Nicaragua unos 600.000 han huido o en Guatemala más de 30 juristas y defensores de derechos humanos tuvieron que exiliarse). Huyen buscando unas eventuales mejores en los EEUU, proceso que en un alto porcentaje termina negativamente.

Desgraciadamente los EEUU consideran realmente a Centroamérica como su “patio trasero”. Un espacio en el que han experimentado diversas formas de control y dominación (golpes de Estado, implicación en invasiones y guerras, coacciones…) en función de sus intereses, que les han sido útiles para ponerlas en práctica en otros países. En la actualidad su preocupación pasa por frenar la inmigración y las drogas por medio de cierre de fronteras, muros, deportaciones y cárceles (más punitivismo), pero al mismo no apoyan suficientemente los avances democráticos que podrían introducir cambios sociales. De todos modos, los EEUU siguen aplicando leyes contra los personajes corruptos o violadores de los derechos humanos (como la Ley Magnitsky) que les complican las vidas seriamente,

Afortunadamente los pueblos centroamericanos han sabido resolver situaciones muy complicadas y en esta ocasión “Hoy parece amanecer en Guatemala”, como bien se refirió Sergio Ramírez a la aplastante victoria electoral de Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, con el 58% de los votos bajo un programa de lucha contra la corrupción como condición necesaria para el desarrollo de Guatemala[2].

[1] Sólo en Honduras han sido asesinados 8 activistas en 2023. En 2019, el relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos se refirió a Honduras como “uno de los países más peligrosos de América Latina para los defensores de derechos humanos”. Entre enero y agosto de 2022, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) informó sobre ataques contra 120 defensores de derechos humanos, incluidos 78 defensores del medioambiente y de la tierra.

[2] Véase Núñez, R. “Arévalo y un cambio de época para Guatemala”, en https://confidencial.digital/opinion/arevalo-y-un-cambio-de-epoca-para-guatemala/