La Plataforma de Pensionistas de Aluche–Latina comenzó su andadura hace 5 años, se unió a otras en Madrid (COORPEN) y en toda España (COESPE) y ha venido luchando por una pensiones justas y dignas. Y eso fue una respuesta a la reforma del anterior Gobierno del PSOE de Zapatero que con la eterna excusa de su insostenibilidad amplió la jubilación a los 67 años, el cómputo para el cálculo de la pensión a los 25 años, la ridícula subida del 0,25 del Gobierno del PP de Rajoy que todos recordamos y la reducción de la pensión por el aumento de la longevidad, el llamado Factor de Sostenibilidad.
Frente a esa enorme reducción de los derechos de las y los pensionistas se reveló el movimiento pensionista. Se han alcanzado algunos éxitos ante el actual Gobierno, aunque siguen siendo insuficientes. Cientos de plataformas se manifiestan permanentemente, en Madrid y en todo el país todos los lunes, se hacen concentraciones ante el Congreso cada tercer miércoles de mes, y se han hecho concentraciones estales en Madrid en octubre de los años 2019, 2021 y 2022 que también tuvieron su reflejo en los diferentes territorios.
Hemos conseguido algo muy importante y es, dejar claro que las pensiones sí son sostenibles, a pesar de que las fuerzas conservadoras, bancos y otros muñidores de las finanzas que siguen diciendo que no son sostenibles. Hemos demostrado que los gobiernos anteriores, y especialmente el de Rajoy, acabó con los 66.000 millones de la caja o hucha de las pensiones que había acumulado el Gobierno de Zapatero. Se desviaron a otros gastos impropios, como formación en empresas, subvenciones por maternidad e incluso a salvar a los bancos, cuestiones que en todo caso deben sacarse de los presupuestos generales del Estado y no de la caja de las pensiones, que es patrimonio de las y los trabajadores. Es decir, se desviaron cada año más de 20.000 millones, que la entidad AIREF calcula en 103.000 millones, el propio ministro Escrivá en 140.000 millones[1], CCOO en 500.000 millones, y según Economistas contra la Crisis más de 700.000 millones que se han ido detrayendo de la caja de las pensiones en las últimas décadas.
Por eso el movimiento pensionista reivindicó una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social de esos gastos, y conseguimos que el Parlamento, a propuesta del actual Gobierno, aprobara por unanimidad la ley 21/2021 del 28/12/2021; sin embargo, acaba esta legislatura y no se ha realizado en los plazos contemplados en dicha ley. Continuaremos exigiéndola al nuevo Gobierno y Parlamento.
Nuestras demandas y nuestras movilizaciones han conseguido ciertos avances: la subida de las pensiones de acuerdo al IPC (el 8,5 % este año), aunque creemos que es insuficiente porque el coste de la vida realmente ha subido bastante más; se ha conseguido que se considere subir las pensiones mínimas porque dejan a muchos pensionistas, sobre todo a las mujeres y viudas, en una situación bastante vulnerable, pero sigue siendo muy insuficiente y demandamos que esas pensiones deben ser igual que el salario mínimo, 1.080 €. Hemos conseguido también que las pensiones no se reduzcan por el factor de sostenibilidad que legisló el Gobierno de Rajoy en La Ley 23/2013 de 23 de diciembre.
No hemos conseguido, sin embargo, que se devuelva la edad de jubilación a los 65 años, aunque se puedan jubilar antes de los 67 los que han trabajado 40 años o más sin reducción, ni que se reduzcan los años para el cómputo (volver a los 15 y no a los 25 que aumentó el PSOE de Zapatero).
Otra cuestión que nos preocupa es la demanda de bancos y financieras que han presionado para que se desarrollen planes de pensiones de empresa, a través de la negociación de los convenios, lo que significa una reducción de entradas en la caja de la Seguridad Social, que además lleva aparejada una reducción fiscal por esas aportaciones, que deberemos pagar todos y, sobre todo, un enriquecimiento de los bancos y financieras que recibirían comisiones y cientos de miles de millones de fondos que manejarán a su antojo. Pero tengamos en cuenta que esas financieras pueden quebrar –como ya ha ocurrido en varios países, incluida la bancarrota de los planes que tienen algunos europarlamentarios– y entonces ¿quién garantiza a futuro esos fondos de pensiones? El gobierno ya ha dicho que no.
Nuestra preocupación principal son las pensiones, pero también queremos defender las necesidades y los derechos de las personas mayores.
Partimos, en primer lugar, de que es un gran logro social que las personas mayores vivan más años, aunque para algunos políticos conservadores parece ser que es un grave problema y lo miran como un gasto que hay que reducir lo más posible. Las necesidades de las personas mayores son derechos inalienables y están contemplados como una parte inseparable del Estado de bienestar, además de la Educación, la Sanidad y la Dependencia Públicas, y especialmente deben servir para ofrecer protección, salud y cuidados acordes con las necesidades, así como promover la integración social y las relaciones comunitarias. Estas necesidades no pueden ser el hermano pobre del Estado del bienestar.
El Distrito de Latina es uno de los más poblados de Madrid (240.155 personas) y con un alto nivel de envejecimiento, muy por encima de la media nacional y de Madrid (200,5% sobre 133% en España, proporción de mayores de 64 años respecto a menores de 16), con un crecimiento vegetativo de la población negativo de 6,78% y con una alta tasa de dependencia del 56,71%. Nos encontramos, por tanto, con mucha población mayor y aumentando, pero con escasos servicios sanitarios y sociales, y los actuales con graves deficiencias en su calidad.
Esta situación en el Distrito, exige aumentar los servicios sociales públicos que dependen del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Por ello desde la Plataforma de Pensionistas proponemos: 1) el equipamiento de dos centros de día en cada barrio (sólo hay 4 en el Distrito y ninguno en Aluche y Águilas); 2) la creación de 2 centros de mayores en cada barrio, con servicios de calidad (sólo 5 en el Distrito, con serias deficiencias de calidad, ninguno municipal en Aluche y el autonómico desbordado con ¡18.000! socios); 3) la creación de residencias de mayores de proximidad (ninguna pública en el Distrito); 4) la ampliación y la mejora de la calidad de la atención domiciliaria, y 5) la resolución rápida de la dependencia.
El modelo de cuidados actual es claramente insatisfactorio. Por un lado un modelo familiar en el que predominan las propias mujeres de la familia (más de 10 horas al día el 46% y el 51,8% más de 8 años), trabajo precarizado, mal pagado y sumergido en el que hay un alto porcentaje de población inmigrante. Se sigue considerando la atención a la dependencia como un asunto privado y no como una parte del Estado de bienestar, una obligación de la sociedad hacia las personas mayores.
A esta situación, por otra parte, se añade un sistema de ayuda a la dependencia muy insatisfactorio, en el que la valoración se retrasa meses y algunas personas fallecen antes de recibir algún tipo de prestación. Sobre todo, al ver que las personas dependientes reconocidas tienen más de 80 años.
Es decir, nos encontramos con unos cuidados muy deficientes y con un presupuesto de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid, controlados por la derecha neoliberal, insuficiente para estos servicios públicos, a pesar del dinero asignado por el Gobierno central.
En la Comunidad de Madrid hay 475 residencias, de las que sólo 65 son públicas (tanto de gestión pública como privada); es decir, se promueve la privatización que antepone el negocio a las personas[2]. Madrid, junto con Galicia y Canarias, son las comunidades con más plazas privadas que públicas (29.606 –57%- privadas sobre un total de 52.156, en 2021; 4,32 plazas por 100 personas mayores de 65 años, muy por debajo de las 5 plazas que sugiere la OMS; Madrid supera con mucho en 110 plazas privadas la media estatal de 70 plazas [3]). A pesar de tanta privatización había más de 7.000 personas en la lista de espera en Madrid el año pasado[4].
Respecto al reconocimiento de la ayuda a la dependencia en la CM se retrasa una media de 285 días, muy superior a los 180 días establecidos por ley.
A esto se suma también el reducido número de personal (enfermería, gerocultores y auxiliares) con salarios muy bajos, mejora de la formación de los profesionales, una medicalización inadecuada (relacionada con el deterioro de la Atención Primaria), así como falta de investigación para el buen envejecer.
A todos estos factores se sumó el denominado “protocolo de la vergüenza”, decretado por el Gobierno de Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid y por el que murieron más de 7.291 mayores en residencias sin atención médica ni derivación a hospitales[5], casi 6.000 de ellos por COVID19. Este drama ha sido ampliamente denunciado por organizaciones como PLADIGMARE y por periodistas como Manuel Rico[6].
El Gobierno de la Comunidad de Madrid, responsable de la Sanidad y de las residencias, nada más pasar las elecciones acaba de prorrogar los “és del hambre” para las residencias, después de la bazofia que se ha dado en diversas residencias a las y los mayores. Unas semanas antes de las elecciones lanzó una descarada campaña titulada “Mi residencia mi casa”, de casi un millón de euros de coste.
Queremos referirnos también a una cuestión que nos parece de vital importancia y que se relaciona con cada una de las necesidades anteriores. La soledad o el aislamiento no deseados afecta a un 12% de la población mayor de 75 años[7]. Creemos que hay que potenciar el envejecer bien y esto exige cambiar a un modelo de cuidados que ponga a las personas en primer lugar, por encima de los intereses mercantiles o financieros.
Las causas de esta soledad no deseada son principalmente la falta de convivencia y apoyo familiar (79%) y social (57,3%), a lo que se une la situación económica con pensiones insuficientes, viviendas inadecuadas, pobreza energética, falta de reconocimiento de la discapacidad y diversidad, insuficientes alicientes de participación y el edadismo, que es la discriminación y prejuicios hacia las personas basados en la edad. (improductivos, dependientes, enfermos, asexuados…).
Respecto a las consecuencias de la soledad, entre otras nos encontramos con un aumento de la depresión y ansiedad crónicas casi seis veces superior a la media de la población (39% frente a 7%), problemas de visión y movilidad (20,8%), más consumo sanitario, de urgencias y hospitalario, deterioro cognitivo e incluso, según un estudio, hasta un 20% más de personas fallecidas prematuramente por la soledad. Calculan, incluso, que todo esto tiene unos costes de 6.101 millones de euros al año. Esta situación se agrava por un alto número de hogares unifamiliares (un 27% en España), con relaciones familiares más difusas o amistades más alejadas.
Y ya no hablemos del abandono en listas de espera, cierre de centros de salud, falta de contratación de personal sanitario, mientras se pasan pacientes y servicios a la privada; es descarada la falta de atención a la salud mental, pues sólo hay 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes, cuando debería haber al menos 18. Lo que significa el deterioro de la atención a pacientes, y vemos, además, como han aumentado los suicidios entre los adolescentes y jóvenes. Toda la Sanidad también depende de la Comunidad de Madrid.
Todo ello exige responder con unos servicios y un modelo en el que se priorice la convivencia familiar y social, la proximidad y el sentido de permanencia en una comunidad, así como la promoción de actividades y proyectos solidarios y colaborativos con vecinas y vecinos. En consecuencia, recursos institucionales y relaciones sociales que promuevan lo comunitario y reduzcan el individualismo. Queremos hacer una serie de propuestas, que las resumimos en:
- visibilizar y favorecer el buen envejecimiento a través de un enfoque de cuidados basado en las personas;
- promover oportunidades de vínculos sociales y de sentido de permanencia a una comunidad;
- apoyar organizaciones solidarias e iniciativas colaborativas en cada comunidad o barrio;
- promover centros y residencias públicos de proximidad que se apoyen en la economía social y se redistribuyan equitativamente por los barrios;
- mejorar los servicios de atención domiciliaria, con personal especializado;
- organizar las residencias con menor número de personas y en grupos reducidos;
- fortalecer la atención primaria y la gerontológica;
- mejorar la atención sanitaria pública en todos los niveles y especialmente en salud mental y gerontología;
- denunciar todas las formas de edadismo o discriminación de las personas por su edad.
Si hablamos de educación, a las 48 horas de haber ganado el PP de Díaz Ayuso ya ha tomado tres medidas que afectan a nuestros hijos y nietos: subida del precio de las comidas (un 12,4%), aumento de la ratio a 30 estudiantes por aula en Secundaria y la falta de 15.000 plazas para estudiantes de Formación Profesional.
Mientras se produce esta tendencia a la privatización y menor calidad de los servicios, la Comunidad de Madrid plantea la reducción de impuestos bajo el mito de que el “dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos”. Eso significa que a un millón y medio de madrileños con salarios bajos (1.546.234, con menos de 17.707 €, para 2022) se le detraen unos 39 € al año y a quienes más ganan más de 500 € al año. ¿Esto qué significa? Pues muy sencillo, menos dinero en las arcas públicas de la Comunidad de Madrid, más deuda y menos dinero para los servicios que estamos necesitando.
Algunos partidos están planteando que van a derogar las leyes actuales. No dicen cuáles y por las que las van a cambiar. Nuestras preguntas son claras: ¿se va a derogar la subida de pensiones acorde con el IPC? ¿Se van a seguir aumentando los años para el cálculo de las pensiones, como hizo Zapatero y mantuvo Rajoy? No hay que olvidar, que Escrivá ya habló de 30, e incluso se está hablando de toda la vida laboral. ¿Se va a aplicar la reducción de las pensiones según la longevidad –factor de sostenibilidad- ? Y si nos referimos a residencias y asistencia a mayores ¿van a seguir privatizándolas y al servicio de los grandes grupos financieros?
En definitiva, algunos quieren que el Estado de bienestar sea para unos pocos, los pudientes, los que más reducciones fiscales tienen, mientras las y los trabajadores y pensionistas se tendrán que conformar con la beneficencia, al estilo norteamericano.
Las plataformas de pensionistas no nos vamos a encoger, vamos a continuar exigiendo los servicios públicos que responden no sólo a nuestras necesidades sino a lo que recoge nuestra Constitución, vamos a continuar denunciando las políticas privatizadoras, y vamos a enfrentar esas ideas de sálvese quien puedaque tanto afectan a las y los trabajadores y pensionistas.
Por todo ello animamos a votar en las próximas elecciones generales con conciencia y con conocimiento de qué ofrecen realmente unos y otros, sin dejarse llevar con ideas abstractas y vacías, sino por lo que realmente nos están ofreciendo o negando.
Finalmente, mantenemos nuestro ¡GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LAS PENSIONES PÚBLICAS SE DEFIENDEN!
Plataforma de Pensionistas de Aluche–Latina (Integrada en COORPEN Madrid y COESPE).
[1] Véase Sánchez, R. María: “Escrivá cifra en 140.000 millones el dinero de las pensiones que ha ido a otros gastos en los últimos 30 años”, en Público, 21 abril 2023.
[2] Grandes grupos financieros invierten en residencias y controlan el 85% de las residencias: Healthcare Activos, Lagune, Caboel, AdrianoCare, Primordial REIM, Threestones Capital controlan al menos 66 geriátricos. A estos nombres hay que añadir Thor Private Equity, fondos de inversión multinacionales en alianza con la empresa española, como BlacRock.
[3] La Vanguardia, 11 de enero de 2021
[4] Según el informe del Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. María Santos Viñas, elDiario.es, 14 agosto 2022.
[5] Las residencias públicas de Madrid con gestión privada tuvieron una mortalidad dos y tres veces mayor que las residencias de titularidad y gestión pública. También las residencias privadas tuvieron una mortalidad casi el doble que las residencias de titularidad y gestión públicas.
[6] Manuel Rico, autor de ¡Vergüenza! El escándalo de las residencias (Planeta 2021), y la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias –PLADIGMARE– participaron en el acto del 6 de mayo “Servicios y residencias públicos para personas mayores”, organizado por la Plataforma de Pensionistas de Aluche–Latina y celebrado en el Centro Cultural Fernando de los Ríos.
[7] En la Comunidad de Madrid hay 276.400 personas que viven solas, un 25% de los mayores de 65 años).