Las próximas elecciones europeas se celebrarán en los 27 estados miembros de la Unión Europea (UE) entre el 6 y el 9 de junio de 2024. Su resultado contribuirá a perfilar las prioridades y políticas comunitarias que impactarán en la vida de las grandes mayorías sociales.
A partir de 2010, las políticas de austeridad impuestas por las instituciones de la UE causaron graves estragos económicos y sociales que se añadieron a los destructivos efectos de la crisis financiera global de 2008. En 2020, al desatarse la crisis multidimensional generada por la pandemia del Covid-19, las políticas comunitarias fueron decisivas para promover y financiar medidas de protección y recuperación que evitaron una catástrofe sanitaria, económica y social. Ante los retos actuales, ¿responderá la UE como en 2010 o como en 2020?.
Las elecciones al Parlamento Europeo (PE), que se realizarán en España el domingo 9 de junio, importan. Sería una calamidad que los partidos políticos se desentendieran de los problemas de la UE y convirtieran esa cita electoral en una segunda vuelta de las generales del 23-J para intentar recuperar terreno perdido o ajustar cuentas pendientes.
En una reciente visita a Berlín para intervenir en el congreso del Partido Socialdemócrata de Alemania, el presidente Sánchez señaló que estas elecciones europeas son una encrucijada: o una Europa abierta que inspire al mundo en defensa de la integración, el progreso y los derechos humanos o una Europa escondida tras las trincheras del odio y el miedo que sigue cavando una extrema derecha en ascenso. Un verdadero dilema existencial que refleja bien la trascendencia de estas elecciones, pero que contribuye poco a centrar la atención pública en las propuestas que determinarán si el proyecto de una Europa progresista podrá contar con el apoyo de la mayoría social y qué amplia alianza de fuerzas europeístas lo llevará a cabo.
Convendría exigir a líderes y partidos políticos que no se vayan por las nubes de los relatos identitarios o diferenciadores y se esfuercen en explicar sus propuestas, aterrizando en los detalles de cómo pueden contribuir a fortalecer la integración europea y mejorar la vida de la ciudadanía. Exigencias de concreción que cobran mayor importancia ante la complejidad institucional de la UE, que hace tan difícil entender la viabilidad y el curso a seguir en la aplicación de las medidas.
El próximo mes de junio, el futuro del modelo progresista de Europa tendrá su centro de gravedad en las urnas, pero la disputa no se agota en el terreno electoral ni en el espacio comunitario. Se extiende también a la tarea de mantener abierta la opción de un nuevo orden mundial democrático, inclusivo y multilateral. Para conseguirlo, la UE necesita ganar influencia internacional, lo que pasa necesariamente, tanto por razones geoestratégicas y de responsabilidad histórica como por los múltiples lazos culturales y de todo tipo que aún se mantienen, por ofrecer certidumbres y un futuro deseable a los países y la población de África y América Latina.
Europa puede ser portadora de un proyecto de orden internacional alternativo a los que ofrecen China o EEUU y lo más alejado posible del desorden que crean potencias regionales que, como Rusia, se toman la justicia por su mano, imponen a países vecinos la razón de su fuerza y pretenden un mundo multipolar sustentado en el autoritarismo, la carrera armamentista y la amenaza militar creíble.
De la importancia que la ciudadanía europea concede a las elecciones al PE da cuenta el Eurobarómetro de otoño, EB 100.1, que acaba de publicarse en diciembre de 2023. Del total de 26.797 personas encuestadas, el 68% aseguraba que probablemente votaría en las elecciones europeas; porcentaje que en España era algo menor, un 64% que superaba al 60,7% que participó efectivamente en las elecciones europeas de 2019.
A seis meses vista, esa notable inclinación a votar tiene como punto de patida una valoración muy positiva de los beneficios obtenidos con la pertenencia al club comunitario, que en el caso de España alcanzaba un porcentaje del 78%, frente a un 13% que no la consideraba beneficiosa. Niveles que en el conjunto de la UE eran, respectivamente, del 72 y el 22%.
El carácter mayoritariamente progresista de la ciudadanía comunitaria se observa en las opciones que reciben más apoyos en la pregunta (admitía un máximo de 4 respuestas) sobre qué prioridades le gustaría que tuviera el PE: sanidad pública, 50% en España (34%en la UE); apoyo a la economía y creación de nuevos puestos de trabajo, 41% (29%); lucha contra la pobreza y la exclusión social, 40% (36%); acción contra el cambio climático, 25% (29%); democracia y Estado de derecho, 23% (28%); ayuda humanitaria y asistencia al desarrollo, 19% (16%). La ciudadanía europea no parece encastillada en un bienestar económico excluyente ni en las ensoñaciones reaccionarias de la extrema derecha. Fortalecer y concretar estas prioridades es una tarea fundamental de los partidos y las fuerzas progresistas y de izquierdas.
Cambios institucionales y de política económica a debate
La integración europea puede estancarse en su estadio actual de un mercado único inacabado y fragmentado y de una unión monetaria que no cuenta con un Tesoro público ni con una unión fiscal que permitan avanzar hacia una UE más robusta que disponga de fórmulas claras de consentimiento y control democrático de la ciudadanía sobre la acción política comunitaria. Ese estancamiento acabaría deteriorando la integración y facilitaría la tarea de los populismos que contraponen eficacia económica a democracia, intereses nacionales a derechos humanos y soberanía nacional a soberanía compartida. Sin más y mejor integración europea el camino de la extrema derecha quedaría despejado.
Es en esta delicada situación en la que Estados miembros y ciudadanía deben realizar el debate público y tomar las decisiones que orienten los cambios institucionales y de política económica que determinarán el futuro de la UE. Una tarea posible, pero nada fácil, en la que sobran consignas, juicios sumarios y calenturas ideológicas.
Entre los temas centrales de la conversación a propiciar entre la ciudadanía habría que señalar, al menos, los cinco siguientes:
1º. Las transiciones energética, ecológica y digital en marcha apuntan a cambios profundos de estructuras y especializaciones productivas, pero aún no avanzan al ritmo deseable. ¿Cómo garantizar su financiación y el decisivo papel que deben tener las instituciones públicas en su desarrollo y en asegurar que no generen más factores de desigualdad ni nuevos sectores sociales vulnerables?.
2º. El envejecimiento de la población europea y el declive de la población en edad de trabajar crean nudos al desarrollo económico y social que no pueden desatarse sin el concurso de una política común de inmigración que respete los derechos humanos y considere las necesidades de desarrollo y estabilidad democrática de los países de origen de la migración. En sentido contrario, se acordó el pasado 20 de diciembre un nuevo Pacto sobre Migración y Asilo que cuestiona el derecho de asilo y no garantiza los derechos humanos de las personas migrantes, a las que contribuye a criminalizar. En los próximos meses deberá ser aprobado formalmente por el Consejo Europeo y el PE, ¿qué supondría su ratificación definitiva sin cambiar nada?.
3º. No existe una política comunitaria de seguridad y defensa. ¿Es necesaria? ¿Cuál debería ser su objetivo? ¿Convertir a la UE en una tercera potencia militar mundial? ¿Confirmar la actual situación de subordinación militar a EEUU? ¿Ganar autonomía estratégica para impulsar soluciones diplomáticas y avanzar en la coordinación de una fuerza disuasoria que responda a la demanda ciudadana de seguridad?.
4º. La UE demostró en 2020 capacidad de responder a los muy graves problemas desencadenados por la crisis del Covid-19 con medidas audaces e innovadoras: suspensión de las reglas fiscales; fondos comunes de recuperación y transformación; fórmulas de mutualización de deuda pública y riesgos; inversiones comunitarias con fondos europeos… ¿Cómo aprovechar sus enseñanzas e impedir la vuelta hacia políticas ineficaces y contraproducentes como las impuestas en 2010?.
5º ¿Puede el BCE seguir siendo estatutariamente ajeno a los requerimientos macroeconómicos asociados a su mandato de estabilidad de precios o reducirlo al objetivo arbitrario y de otra época de mantener la tasa de inflación alrededor del 2%?
Aún se está a tiempo de avanzar en un modelo progresista de Europa con los pies bien asentados en la tierra firme de los derechos humanos y los intereses y aspiraciones de la mayoría social. Depende en parte del voto del 9 de junio.
