Francisco Castejón
Miembro de Acción en Red-Madrid
Publicado en Berrituz, nº 83 octubre 2024
Durante el verano de 2024 hemos tenido un océano Atlántico muy tranquilo y un continente africano convulso, así que la ruta migratoria de Canarias se ha visto muy transitada. El resultado final ha sido una acumulación de inmigrantes africanos en las Islas Canarias, por encima de la capacidad actual de acogida digna de este territorio. Una parte de este flujo migratorio lo han constituido los MENAS, Menores no Acompañados, que sumaban un total de 5.524 el día 8 de septiembre.
Tras el aséptico nombre de MENAS encontramos a niños y adolescentes que están totalmente desvalidos, sin progenitores que los cuiden o acompañen y sin ningún apoyo afectivo, en un país extraño cuyo idioma y cultura no comprenden. Una sociedad civilizada debería enternecerse y movilizarse ante la visión de estos niños y adolescentes abandonados, sin familiares que se ocupen de sus cuidados, y hacerse cargo de ellos por motivos éticos y humanitarios.
Pero no solo eso. Existe numerosa legalidad nacional e internacional que protege los derechos del menor y que nos obliga como sociedad y como estado a ocuparnos de ellos. La Convención de los Derechos del Niño de la ONU, firmada por el Estado español, es la piedra clave de la protección a la infancia y está basada en cuatro principios básicos: la no discriminación; el interés superior del menor; el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; y el derecho a la participación. Solo hay tres países que no han firmado esta convención: EEUU, Somalia y Sudán del Sur.
Es decir, España ha desarrollado leyes propias de protección al menor siguiendo los principios de esta convención. Estas son algunas leyes que desarrollan esta convención en nuestro país:
- Constitución Española
- Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor
- Ley Orgánica de modificación del sistema de protección a la infancia
- Ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia
- Ley Orgánica del derecho al honor, la intimidad personal, familiar y a la propia imagen
- Ley Orgánica de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia
- Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia
- Comisión de seguimiento de Ley Orgánica de protección integral de la infancia y adolescencia
Como se ve, algunas de estas leyes son específicas y oras, como la propia Constitución, recogen parcialmente estos derechos.
Siguiendo el espíritu de la convención, todas nuestras comunidades autónomas deberían recibir una parte de estos menores migrantes y tratarlos convenientemente. Sin embargo, nos hemos encontrado con que este ha sido otro campo de confrontación política elegido por la derecha del PP y la extrema derecha de Vox y SALF para enfrentarse al gobierno de coalición.
Según estos partidos, los MENAS son delincuentes, futuros o presentes, capaces de desestabilizar cualquier barrio donde se les acoja. La propiedad privada y la honra de nuestras mujeres peligrarían en esos barrios según sus proclamas.
Estos discursos despiadados y sin empatía alimentan la creciente desconfianza de la sociedad frente a los MENAS y aumentan las dificultades para hacerse cargo de ellos. En particular, fomentan las reticencias políticas para facilitar su reparto en las diferentes comunidades autónomas. Y una parte no desdeñable de la sociedad acaba ver una amenaza en estos pocos miles de niños y adolescentes desamparados.
En este reparto cada comunidad autónoma debería acoger solo a unos cientos de menores. Pero la Ley de Extranjería no permite un reparto obligatorio y este solo sería posible si los MENAS son aceptados de forma voluntaria por las administraciones autonómicas. La reforma de esta Ley en el sentido de permitir el reparto fue tumbada por el PP, VOX y Junts el 25 de julio pasado.
El PP está dificultando este reparto pues está asumiendo el discurso de la extrema derecha fomentando el odio a los inmigrantes y a los MENAS en particular. En enero de este año hemos podido oír a Isabel Díaz Ayuso acusar a los menores de un centro de acogida de Alcalá de Henares de participar en reyertas, de varias agresiones sexuales a mujeres de la zona y hasta de ser transmisores de un brote de sarna. Sin embargo, el único delito cometido por algunos de estos menores fue un intento de robo del bolso a una mujer en la estación de cercanías. Y el brote de sarna nada tuvo que ver con este centro de acogida. Más recientemente, sectores de extrema derecha acusaron a menores migrantes del asesinato de un niño en Mocejón (Toledo), que se produjo el 18 de agosto de 2024. Parece que todo vale para el enfrentamiento político con el gobierno y para crear en la sociedad una cultura del odio y la radicalidad que dificulta resolver los problemas de integración que pueden generar los flujos migratorios.
Sin embargo, desde el Ministerio de Infancia se asegura que se está negociando con el PP un sistema de reparto de MENAS basado en un catálogo de recursos para acoger a estos niños y otros criterios como el PIB y la población de la comunidad. A fecha 16 de septiembre solo faltaría Andalucía por facilitar el catálogo de recursos. Las declaraciones sobre este punto van y vienen en el PP y a menudo se pronuncian en contra del reparto que el gobierno impulsa: si se alcanza un acuerdo, será de forma discreta, pues el PP no va a desperdiciar esta oportunidad de aumentar la tensión política. La extrema derecha queda fuera de cualquier propuesta constructiva. Así que nos encontramos por un lado con una política pragmática que pueda aligerar la carga que tiene Canarias en este momento, cogobernada por el PP, no lo olvidemos, y por otro lado con declaraciones beligerantes contra cualquier intento de solución.
El propio PSOE ha estado haciendo un discurso meramente económico en torno la inmigración, defendiendo el control de flujos en los países de origen y la convivencia de recibir migrantes que nos proporcionan mano de obra y nos fomentan la natalidad. Dentro de esta lógica se han producido grandes regularizaciones en el pasado y se inscribía la regularización de unos 600.000 inmigrantes irregulares que pretende impulsar una reciente ILP. Regularización que, en estos momentos, se encuentra paralizada.
Si bien es cierto que es necesario este enfoque económico, se echa de menos un juicio humanitario que ponga los derechos humanos en el centro del debate.
El Primer Ministro británico, el laborista Keir Starmer, ha ido más allá y ha visitado a la neofascista italiana Giorgia Meloni para aprender de sus métodos para “gestionar” la inmigración, el día 16 de septiembre. Seguramente inspirado por esta visita el propio Núñez Feijoo ha visitado también a la líder italiana el 18 de septiembre para aprender de sus métodos. Métodos que, no lo olvidemos, dan lugar a deportaciones masivas de personas, violan los tratados internacionales del mar y condenan a morir ahogadas en el Mediterráneo a miles de personas.
Sea cual sea el reparto final de MENAS, la derecha y la ultraderecha habrán conseguido el objetivo de hacer que la sociedad evolucione a posturas más reaccionarias, donde la solidaridad y los derechos humanos no cuenten, y el odio hacia lo diferente campe a sus anchas. Y estamos hablando de distribuir solo unos pocos miles de menores en el territorio.
Se trata de un problema de solución relativamente sencilla que, además, podría presentarse ante el mundo como un ejemplo más de la solidaridad demostrada por el pueblo español. Pero tal como se está tratando por la derecha y la extrema derecha habrá servido para aumentar el odio y las tendencias reaccionarias de nuestra sociedad.
Esto mismo ocurre en Europa y otras partes del mundo, con un aumento de la ola reaccionaria que amenaza con arrasar los avances en derechos sociales y en convertir nuestras sociedades en algo odioso. Los resultados electorales con los avances de la extrema derecha que atraen a las derechas tradicionales a sus discursos reaccionarios son una muestra poco alentadora de cómo avanza este discurso xenófobo en la vieja Europa. Y el PP no es una excepción.
Estamos, por tanto, ante una nueva batalla cultural en la que se usan todo tipo de bulos y se recurre a los sentimientos más bajos de la sociedad. Y la socialdemocracia europea solo esgrime contra esto argumentos económicos, con lo que solo nos quedamos en la parte pragmática del debate.
Creo que la izquierda debe emplearse a fondo en el combate contra los bulos y, sobre todo, en el desarrollo de argumentos basados en principios éticos y en los derechos humanos. Los debates sobre regeneración democrática que están teniendo lugar a raíz del retiro de 4 días de Pedro Sánchez contemplan la posibilidad de no dar pábulo a los bulos, lo cual sería positivo. Pero, además, no se debería olvidar en la argumentación el punto de vista ético y de derechos humanos para contrarrestar esa ola egoísta y de odio que avanza en Europa. Ya hemos tenido sangrientas experiencias en el mundo provocadas por el avance de estas ideas.