Los Gobiernos español y marroquí han llegado a un acuerdo que permitiría a Salvamento Marítimo desembarcar a personas migrantes auxiliadas independientemente de dónde hayan sido rescatadas en puertos marroquíes, teniendo tan sólo en cuenta un criterio de puerto más cercano sin valorar si se trata de un puerto seguro o no. Desde diciembre las organizaciones sociales en defensa de los derechos humanos de las personas que migran hemos podido constatar el desmantelamiento progresivo del hasta entonces servicio de Salvamento Marítimo. Un cambio de modelo que transita de un modelo público y civil hacia un modelo cada vez más militarizado con intentos de privatización. Un modelo que amplía el margen de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que permita actuaciones como las devoluciones a través del mar a un país vecino o los bloqueos como los que en otras ocasiones se han dado. Esta medida forma parte junto a otras del plan del Ministerio de Interior para reducir en un 50% las llegadas por mar a las costas españolas. Incluso si eso implica poner en peligro la vida y la integridad de las personas que se encuentran en el mar.
Nos encontramos ante una clara violación del “principio de no-devolución”. El Estado español no puede devolver a personas migrantes rescatadas a un país que vulnera los Derechos Humanos y que no respeta la prohibición de la tortura. Existen sentencias que contradicen la legalidad de esta medida y que prohíben las expulsiones colectivas entendiendo estas por todas aquellas expulsiones en las que no medie un expediente individualizado y la violación del artículo 13 CEDH, que vulnera el derecho a un recurso efectivo.
Por ello, porque #SalvamentoNoEsFrontex, debemos actuar para frenar la España Fortaleza que quieren construir.
