Fernando Cerezal
Acción en Red Madrid
13 de septiembre de 2024
Valla con alambre de espino y concertinas. LINNAEA MALLETE (CCO 1.0)
La inmigración y el asilo están siendo contemplados como un grave problema por un enfoque dramatista de las derechas a través de ciertosmedios de comunicación y de bulos, enfoque que está extendiéndose a la mayoría de los gobiernos de la Unión Europea y a la propia UE al orientar sus políticas hacia el control de fronteras, la securitizacióny la externalización a otros países sin garantías democráticas.Todo ello con un enorme desprecio de los derechos humanos y generando miedos, racismo y división entre las clases populares.
Nos encontramos, especialmente en redes sociales y ciertos medios, con un conjuntode mensajes  racistas y xenófobos que promueven el odio, la discriminación, así comola división de las personas entre “nosotros y ellos”, unos ciudadanos de plenos derechos, socialmente superiores, y “ellos” como personas de segunda y en potencial riesgo de exclusión, a los que se les estigmatiza y criminalizaresponsabilizándoles de un supuesto aumento de la inseguridad ciudadana y el deterioro de las condiciones sociales y laborales, sin datos que lo avalen. Es decir, se sobredimensionan y tergiversan algunos datos en los que basar esta discriminación y se arropa en una ofensiva cultural reaccionaria. Esta consideración social es un excelente marco para la explotación laboral y socialy para el avance del racismo (véase “Racismo estructural”).

La separación entre la inmigración económica y el asilo o protección internacional subsidiaria es realmente fina. Una parte importante de los inmigrantes llegan huyendo de situaciones de pobreza y hambrunas, falta de oportunidades, represiones diversas, guerras, discriminación y violencia de género, deterioro medioambiental… Estas son razones poderosas para contemplar la migración y el asilo como necesidades y derechos humanos, recogidos en el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.

Los datos son apabullantes: según el informe de ACNUR de 2024 los desplazados internos y solicitantes de asilo obligados a abandonar sus hogares eran120 millones en 2023, de los que el 75 % se desplazan a países de renta baja o media, mayoritariamente a países limítrofes, y un 30% son niños (véase “El retroceso imparable de un derecho imprescindible). Un dato de interés es saber que sólo el 5% de la migración accede por la frontera Sur española, a lo que se le dedica mucha más atención que al 95% que accede regularmente.
Esta realidad debe ser analizada respecto a una serie de indicadores para entender mejor el fenómeno migratorio, especialmente hacia España y la UE (véase F. Luengo). En primer lugar, la disparidad de renta por habitante: en 1971en el África subsahariana era el 9,5% de la europea y medio siglo después tan sólo representaba el 4,1%en 2021. En segundo lugar, hay que considerar
la pobreza absoluta, que el BM la calcula en base a los ingresos por persona (inferior a 2,15, 3,65 o 6,85 dólares día dependiendo de la zona), aunque esa valoración hay que ampliarla con el índice de Pobreza Multidimensional. Significa que en 2019el 36,7% de la población subsahariana, lo que supone 411 millones de personas, sobrevivían en situación de extrema pobrezacon menos de 2,15 dólares día. A la pobreza se unen 284 millones de personas que padecen enfermedades crónicas y carecen de servicios
esenciales para la vida (como el agua corriente y la electricidad).
Un tercer indicador son los efectos de la crisis climática con sus graves efectos devastadores: sequías, inundaciones…, a pesar de que África sólo emite el 10 % de CO2mundial. Finalmente, la deuda externaha aumentado de manera sustancial en los últimos años, del 21,8% del PIB en 2008, hasta el 46,6% en 2023. Algunas economías subsaharianasse han tenido que declarar en suspensión de pagos.
Estas son las razones fundamentales de las migraciones dentro de África o hacia Europa.La demostración de la siempre desigualdad entre el Norte y el Sur globales. ¿Qué muros van a impedir que decenas de miles de personas se lancen peligrosamente para alcanzar una vida mejor en Europa?
Pero ¿cuál es la respuesta política de los países de la UE? Lamentablementela política que va tomando cada vez más peso en la UE está dominada por un enfoque securitario: control policial de fronteras, restricción de inmigrantes y solicitantes de asilo, deportaciones, así como por la externalización hacia terceros países y la militarización ya sea en los países emisores o en las
zonas de “paso” (Frontex). Política de las extremas derechas que han ido asumiendo un buen número de gobiernos europeos, que no se atienea la Declaración de DDHH, al Derecho Internacional de la Convención de Ginebra de 1951 ni al Protocolo de Nueva York de 1966 y que contempla la migración como fondo de reserva de mano de obra en condiciones de explotación, como una “industria del desecho humano”.
Más allá, incluso, la UE considera las migraciones como una “amenaza híbrida”, una combinación de “actividadesmilitares y no–militares convencionales y noconvencionales […] para lograr objetivos políticos” y considera la relación con terceros países
para “combatir el crimen organizado, terrorismo, la inmigración irregular y el tráfico de armas”. España ha solicitado la inclusión de la migración irregular como amenaza híbrida en el nuevo Concepto Estratégico de la OTAN. Muy claro, el derecho humano a migrar y al asilo se contempla a la altura de criminales de diversos pelaje y justifican las diversas medidas de control y violencia (véase Externalización).
La externalización del control de migrantestiene dos variantes: 1) en países terceros para acoger,  detener y obstruirla salida hacia Europa (Turquía, Marruecos, Túnez, Libia, Mauritania, Gambia, Senegal…), con escasas o nulas garantías democráticas, y por ello reciben millones de euros(más de 9.344 millones de 2004 a 2024, a veces enmascarados como ayuda al desarrollo) por tratados de retorno. Esas aportaciones no van dirigidas a la atención demigrantes sino a la represión, deportaciones o a la corrupción, afectandola vida social de esos países y el aumento de la discriminación y el racismo hacia los migrantes. 2) La deportación a terceros países en centros especiales o cárceles, supuestamente mientras se gestiona su aceptación de entrada (Ruanda por Gran Bretaña, Turquía, Albania por Italia, Australia, EEUU, México…) (véase).
El enfoque securitario no se sostiene sólo en prejuicios racistas, supremacistas y xenófobos, en el rechazo a los desposeídos la aporofobia– (que no se aplican a personas enriquecidas de algunos otros países), sino que hay que destacar toda la industria dedicadosal control migratorio.
La UE, ante esa concepciónde amenaza híbrida, viene apoyando y justificando la Industria del Control Migratorio, que engloba todas las actividades para frenar los flujos migratorios y supone un negocio de miles de millones de dinero público europeo.Esta Industria tiene su antecedente más claro desde 2015 en el Plan de Acción Conjunto de La Valeta para frenar los flujos desde
África y para ello se aprobó el Fondo Fiduciario de Emergencias de la UE con 5.000 millones de euros y, posteriormente, el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible de 4.500 millones en 2017. Esos fondos han ido dirigidos al control migratorio suministrando herramientas para la identificación y vigilancia, como vehículos, aviones y helicópteros (Babcock Mission), drones, satélites, guardias de seguridad, atención acentros de acogidaDiversas organizaciones privadas y lobbies actúan en este campo de la securitización, como la Asociación Europea AeroEspacial y de Defensa, líneas aéreas para las deportaciones, empresas tecnológicas y en España la Asociación de Empresas de Seguridad, Telefónica, Eulen y especialmente INDRA (D. Dominguez).
En abril de 2024 el Parlamento europeo aprobóel Pacto de Emigración y Asilo (debe entrar en vigor en enero de 2026) que supone un estrechamiento de los derechos de migrantes al no garantizar la asistencia legal y al acelerar las deportaciones, sin consideración a sus derechos.Un posicionamiento ante la situación cada vez más grave en un buen número de países africanos, a los que se les está planteando convenios de “cooperación” para restringir salidas y aceptar retornos de migrantes (la reciente gira africana del presidente Sánchez va en esta dirección). Significa realmente una claudicación de Von der Leyen y los gobiernos europeos, incluido el español, ante el programa de la extrema derecha: abandono de los Derechos Humanos y mano
dura contra la migración.
Un avance más en este proceso securitario fue la coordinación del control de las fronteras exteriores conla Agencia de Fronteras y Costas Frontex, a disposición de los países que lo soliciten, para aportar nuevas tecnologías fronterizas. Frontex se ha destacado por las deportaciones a terceros países como una forma de disuadir la migración. De 2009 a 2019 deportó
a 60.135 personas en 1.437 operaciones. Frontex goza de autonomía respecto a los Estados y mucha opacidad, denunciada en el Parlamente europeo (véase Externalización).
Hay muchas consecuencias de esta política de la UE:
–Rutas migratorias más peligrosas y peligro de devoluciones a zonas lejanas o desérticas.
Apoyo a dictaduras y a la represiónde los países de origen y tránsito migrante.
Abandono de los ideales de solidaridad y Derechos Humanos y prioridad a la securitización y la militarización.
Relación desigual con los países africanos, a los que se les pide colaboración mientras se mantienen unas relaciones comerciales leoninas o una supuesta cooperación interesada.
Esta política de los países receptores de migrantes, unida a los mensajes de odio y manipulaciones, es un caldo de cultivo de ideología racista y fascista. Los ataques y progromos promovidos por la extrema derecha que se han producido en Gran Bretaña contra la población inmigrante y musulmana a raíz del asesinato de dos niñas, que fueron contrarrestados por amplias movilizaciones antirracistas, mientras hubo cierta pasividad institucional y policial. Las extremas derechas europeas, por un lado, influyen en la deriva reaccionaria de laspolíticas de migración y asilo para legitimarse social y políticamente y, por otro, utilizan el deterioro socioeconómico de las clases populares y los privilegios raciales y culturales para inculpar a las minorías inmigrantes. “El racismo es una expresiónsupremacista de una colectividad para imponer y justificar la discriminación de grupos sociales racializados o por motivos étnicosnacionales, que lleva a la segregación y su subordinación frente a las ventajas de los autóctonos, desde una visión uniforme y jerarquizada de la sociedad” (Antón). En España la presencia de población inmigrada(unos 4 millones de personas, un 10% respecto a la población nativa)es muy inferior a otros países europeos, pero la extrema derecha lanza mensajes de odio, en especial contra los menores no acompañados, cargados de mentiras y bulos, presentados como “hechos alternativos” sin ningún sustento real. Todo ello como concreciones de su falsa idea del reemplazo étnico y cultural de la población autóctona por las poblaciones migrantes.
El asunto es cómo trabajar para conseguir una respuesta garantista y de derechos humanos por el Gobierno de España y la UE.Concreto algunas propuestas basadas en CEAR que tienen validez para el conjunto de la migración y asilo.
1. Promover vías legales y seguras para quienes necesitan protección.
2. España está obligada a garantizar los derechos de todas las personas, independiente de su acceso, unas condiciones dignas en centros de acogida, así como la identificación y la evaluación de sus necesidades sin discriminación de nacionalidad.
3. Asegurar que mientras se hace el triaje no se prive de libertad a los migrantes.
4. Respetar el principio de no devolución.
5. Contribuir a la solidaridad con medidas centradas en las personas.
CEAR también hace algunas propuestas para enfrentar los delitos de odio y racismo:
* Aprobar un Pacto social y político contra los discursos de odio, así como promocionar la igualdad y la construcción de sociedades inclusivas.
* Desarrollar planes de convivencia intercultural, inclusión social y no discriminación.
* Aplicar la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación en el acceso y condiciones de trabajo,  la promoción profesional y la formación para el empleo: Nadie podrá ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad o condición de salud, estado serológico y/o predisposición genética a sufrir patologías y trastornos lengua, situación socio económica o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
*Integrar programas educativos en los centros escolares que aborden de la inmigración con un enfoque de derechos.
*Trabajar en red con actores claves en la generación de conocimiento y la sensibilización para atajar el racismo y la xenofobia.
En definitiva, y como conclusión, se necesita un enfoque claroy decidido por la defensa de los derechos humanos (priorizándolos a los económicos que habitualmente se defienden) en la perspectiva de una  sociedad con diálogo interculturalque reconozca “la diversidad étnica y el pluralismo sociocultural y, al mismo tiempo, conformar una dinámica unitaria y
solidaria de deliberación democrática y de ciudadanía política y social compartida. Y todo ello con unos principios básicos comunes de nodiscriminación, respeto a la propia voluntad individual o colectiva y diálogo y negociación cultural” (A.Antón).
Enfoque de derechos que debemos exigir a la UE, a cada uno de los gobiernos y, por supuesto, al gobierno español.