Francisco Castejón
Miembro de Acción en Red-Madrid
- LA VIVIENDA A DEBATE
Uno de los efectos positivos de la Ley de Vivienda promulgada por el gobierno y de las discusiones que se produjeron en la coalición gubernamental es que el problema de la vivienda en España está, al fin, bajo los focos. De hecho, la vivienda es el problema que más preocupa a los españoles (28%), seguida de la crisis económica (22,1%) y los problemas políticos en general (22%), según el barómetro de enero de 2025 del CIS.
La acumulación de sufrimientos y dificultades para conseguir un techo en nuestro país no ha podido ser ya ignorada y la vivienda ha pasado a ser un elemento central del debate político. En el número 82 de Berrituz escribí un artículo donde esbozaba los problemas de la vivienda en España y cómo habíamos llegado hasta esta situación. Desde aquel momento hemos podido conocer nuevas propuestas de los partidos políticos y podemos ver lo que cada uno de ellos ofrece.
La lucha política no podía ser ajena a un elemento como este, central en las preocupaciones de la gente, pero el debate está teñido de los mismos vicios que el resto de los debates políticos que vivimos hoy: está plagado de bulos, falsedades y mentiras, sobre todo procedentes de la derecha política. 
En aquel artículo que he citado ponía como ejemplo a seguir, al igual que hacen hoy muchos opinadores, la política de vivienda de Viena. El problema es que la ventajosa situación de dicha ciudad se ha alcanzado después de más de 100 años de incidir en el mercado de la vivienda con una serie de buenas prácticas, pues las primeras actuaciones datan de 1920, después de la Primera Guerra Mundial. Para llegar, como ocurre en Viena, a tener una empresa municipal de la vivienda que posea más de 220.000 pisos y a disponer de otros 200.000 pisos de alquiler barato, son necesarios muchos años de realizar promociones públicas, de recomprar vivienda y de mantener en posesión de las autoridades públicas un parque de viviendas que se pueden ofrecer en alquiler a buen precio.
El camino a largo plazo está ya marcado y no es técnicamente complicado diseñar estas políticas. Pero es bueno saber que estas medidas chocarán con los intereses de todos aquellos que ven en la vivienda un nicho de negocio. Unas políticas que desincentiven la especulación en la vivienda tendrán efectos beneficiosos para la población y acabarán con un mecanismo de enriquecimiento de múltiples actores, que no lo aceptarán de buen grado y plantarán batalla, como de hecho ya sucede. La extensión de bulos sobre el tema que ya estamos viendo, forma parte de esa batalla.
Dado que los beneficios de estas políticas se harán notar gradualmente y serán efectivas a largo plazo, hay que estar preparados para ataques furibundos a quien las propone, basados en la mentira y en el largo lapso de tiempo en que podremos disfrutar de un parque de vivienda pública que otorgue a las autoridades la capacidad de actuar sobre los precios. Estas políticas a largo plazo son imprescindibles y deben ponerse en marcha ya.
Pero mientras surten efecto las políticas sensatas a largo plazo, es necesario adoptar otras que tengan efectos a corto plazo para paliar siquiera el enorme problema que sufrimos, pues tenemos un problema urgente.
- LAS PROPUESTAS DE LA DERECHA
Bien por la ideología que conlleva la fe en el mercado, ignorando todas las limitaciones y vicios que este tiene, bien por la simple búsqueda del beneficio, las políticas de derecha tienen un punto en común que es aumentar la oferta. No necesariamente de vivienda pública, aunque siempre puede haber una fracción de esta en sus propuestas.
Las políticas de vivienda realizadas en nuestro país durante estos 50 años han consistido en liberar suelo público para construir mediante promociones privadas o cooperativas, con anecdótica promoción de vivienda pública. La compra de vivienda ha sido además potenciada mediante las hipotecas baratas que se dieron durante los 90 y los 2000 y la desgravación de un 15%. Esta fiesta de hipotecas produjo la burbuja inmobiliaria, que condujo a la dura crisis de 2008. 
Los alquileres se desincentivaron por el llamado Decreto Boyer que liberalizó el precio, haciendo que los costes del alquiler fueran similares a los de una hipoteca. De esta manera se favoreció aún más la compra de vivienda adelgazando drásticamente la oferta de alquiler.
Por si esto fuera poco, se produjo la irrupción de fondos buitre que compraron vivienda social y alquileres de renta antigua, lo cual encareció aún más los alquileres. En Madrid, se vendieron más de 1800 viviendas sociales al fondo Blackstone siendo alcaldes Ana Botella.
Esta ha sido la política de vivienda hasta hoy, cuyos nefastos efectos deben ser contrarrestados por políticas de vivienda decentes. Un primer paso ha sido la Ley de Vivienda, que declara zonas tensionadas de actuación preferente.
Dado que la vivienda está en el centro del debate político, el mismo PP ha puesto sobre la mesa sus propuestas. El PP aduce que la Ley de Vivienda ha fracasado y que hay que buscar alternativas, cuando en realidad esta ley solo se ha podido poner en práctica de forma limitada por la oposición de los gobiernos autonómicos del PP.
Básicamente, este partido promueve la construcción de más y más viviendas de tal forma que se aumente la oferta. Para ello plantean flexibilizar los controles urbanísticos, bastando una declaración responsable del promotor para poder construir. También plantean cambiar usos de suelo público planeado para servicios que no han llegado a ejecutarse para cederlo a promotores privados de vivienda, haciendo una interpretación torticera del paradigma que se ha puesto de moda: “la colaboración público-privada”. Estas propuestas conducentes a aumentar la oferta privada de vivienda las complementa el PP con una batería de incentivos, avales, ayudas a las hipotecas y ampliación del bono joven de alquiler. Todas estas ayudas no son sino una forma de bombear dinero público a las manos privadas que hoy pueden alquilar o vender pisos.
También dedica una batería de medidas a luchar contra la ocupación, como si este fuera el principal problema al que se enfrentan los arrendadores. Los datos que son asequibles a cualquier persona que busque en internet demuestran que la ocupación es anecdótica y no es de ninguna manera un problema estadísticamente relevante.
Como ejemplos de puesta en marcha de promociones de vivienda bajo colaboración público-privada, citan el Plan Vive de Madrid, con 6.600 viviendas construidas. Sin embargo, estas viviendas han sido rechazadas por muchos de los primeros adjudicatarios, sencillamente porque los alquileres estaban en torno a los 1.200 euros mensuales.
En actuaciones sobre la vivienda, Madrid es un experimento de políticas neoliberales. Los efectos empiezan ya a notarse en forma de aumento de las desigualdades.
¿Por qué la política que propugna el PP de aumentar la oferta de vivienda de precio libre iba a dar mejores resultados de lo que ha hecho hasta la fecha? Como se ha dicho, la experiencia de aumento desbocado de la oferta y de las hipotecas a bajo interés condujo a la burbuja inmobiliaria y a la crisis de 2008. No sería, por tanto, buena idea repetir la experiencia.
- POLÍTICAS DECENTES
Una política de vivienda decente debe estar pensada para satisfacer el derecho a la vivienda que consagra nuestra constitución y debe evitar que la vivienda sea un negocio, como ocurre hoy en día. Por eso, la venta de viviendas se debe reducir a aquellas que van a ser habitadas y no deben venderse a compradores que las usen con fines especulativos.
Asimismo, el alquiler de uso turístico debería ser suprimido. Entretanto, debe ser considerado como una actividad económica más y ser gravada con impuestos, en particular con el IVA.
Las administraciones públicas pueden actuar como promotores de vivienda. Pero dado que la construcción requiere tiempo, se puede recurrir a la compra y, cuando sea necesario, a la rehabilitación de vivienda. De hecho, en España hay unas 1.100.000 viviendas vacías en localidades de más de 50.000 habitantes. Se trata de un parque que debería ponerse a disposición de la ciudadanía mediante oferta de alquiler barato. De esta manera, usando la compra y la construcción, se irá disponiendo de un parque de vivienda pública que permitirá a las administraciones actuar sobre el mercado. Estas actuaciones obligan a un desembolso importante. El pacto de gobierno Sumar-PSOE obligaba al gobierno a dedicar el 1% del PIB a este fin. En estos momentos, el parque público de vivienda en España es del 2%, frente al 9,3% en Europa.
La vivienda pública, por cierto, debe ser de calidad. No sirve la práctica del chabolismo vertical. La eficiencia energética de los edificios debe ser un elemento imprescindible, con el doble fin de luchar contra el cambio climático y para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, como corresponde a cualquier política de vivienda decente.