Como continuación a su reciente Auto de fecha 27 de mayo, la titular de dicho juzgado ha emitido un nuevo Auto en el que se pronuncia sobre numerosas quejas formuladas por los internos y las ONG, asi como del resultado de las investigaciones realizadas a partir de sus visitas al Centro los días 30 de abril, 6 y 8 de mayo.
Vuelve a iniciarse investigación por posibles delitos de tortura ante la agresión sufrida por un interno en su celda el día 27 de abril, señalando la jueza que “existen indicios de que un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado ha sometido a un interno a sufrimiento físico, causándole incluso lesiones”. Igualmente, pone de relieve que el CIE no comunicara estos graves hechos a pesar de conocerlos, estando al tanto la Cruz Roja y el servicio médico, que tampoco remitió informe al juzgado tal y como viene obligado. Esto no es más que un reflejo de la opacidad que reina en estos centros.
Además, la jueza ha tenido que recordar al Sr. Director del CIE que cumpla con su función de garante de todos los derechos que mantienen las personas internadas bajo su custodia en este Centro, en el que solo está limitado el derecho deambulatorio. Para ello, requiere que se adopten, entre otras, medidas para que se cumpla lo establecido judicialmente a la hora de informar de la ejecución de la expulsión y para garantizar acceso al procedimiento de solicitud de protección internacional todos los días sin limitaciones. También cuestiona la gestión policial, pronunciándose sobre la proporcionalidad que deben tener las medidas de seguridad y la obligación de los agentes de policía de llevar placa reglamentaria identificativa.
Las ONG con presencia en el CIE de Aluche llevamos años constatando la práctica de algunos juzgados que autorizan el internamiento de personas con graves afecciones psíquicas o físicas, que hacen aun más penosa su estancia en el Centro. Tanto es así, que la magistrada ha considerado que el internamiento de estas personas especialmente vulnerables, se tiene que poner inmediatamente en conocimiento de los Juzgados de Control, para que éstos puedan velar por la garantía de sus derechos fundamentales.
Se continúa detectando por los juzgados prácticas muy graves en el CIE de Madrid. El ambiente carcelario y la gestión policial marcada por criterios únicamente securitarios no hace más que generar víctimas y situaciones de profunda injusticia dentro de los Centros de Internamiento de Extranjeros. La incesante vulneración de derechos en los CIE nos lleva a insistir en la necesidad que los responsables últimos de su existencia tomen las medidas que consideren para cesar en la vulneración de derechos que se producen en ellos y den los pasos necesarios para proceder definitivamente a su cierre.
