Un ensayo donde se explican las características de esa reforma regresiva todavía en vigor, la respuesta cívica y sindical frente ella y su influencia en el proceso actual de su derogación.
Respuestas a la reforma laboral del PP, por Antonio Antón. Lee aquí el artículo completo.
Artículo de Francisco Castejón publicado en Berrituz, nº 71
Dadme el poder y os daré una alternativa
Miren Etxezarreta
En numerosas zonas del territorio español se están produciendo protestas de grupos ecologistas frente al despliegue masivo de renovables por la forma en que este se produce. Se llega a pedir la moratoria de la construcción de nuevos parques con la consigna de “Renovables sí, pero no así”. Creo que hay que ser cuidadosos a la hora de adoptar estas posturas por los efectos negativos que conlleva retrasar el despliegue de renovables.
El último informe sobre el cambio climático emitido por el Grupo I del IPCC (Panel Intergubernamental para el Cambio Climático) ha supuesto una importante llamada de atención sobre lo avanzados que están ya los efectos del calentamiento global. En resumen, se puede decir que la temperatura ha aumentado ya 1º respecto a la media entre 1890 y 1990 y que se multiplican los fenómenos extremos como inundaciones e incendios provocados por olas de calor. Asimismo se observa cómo se derrite el permafrost, se alcanzan temperaturas record en el Ártico o aumenta la acidificación de los mares. Y todos estos fenómenos correlacionan totalmente con las altas concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera emitidos por los humanos. Esta situación resulta alarmante, pero no ha sido suficiente para que los estados tomen las medidas necesarias, puesto que las políticas comprometidas por los países miembros de las COP garantizan que la temperatura ascenderá 2,7º a finales del siglo XXI. Recordemos que el IPCC recomienda no aumentar la temperatura más de 1,5º a finales de siglo, límite que se aceptó en el acuerdo de París. Pues bien, el aumento de la temperatura puede superar los 1,5º antes de 2030 y, si no se toman medidas, este aumento superará con creces los 3º a final de siglo. Significa esto que hay actuar urgentemente, que no hay tiempo que perder.
Cuando escribo estas líneas se va a inaugurar la cumbre COP25 de Glasgow, que es una nueva oportunidad para avanzar hacia compromisos concretos que permitan evitar estos aumentos de temperatura. Pero la situación mundial tras la pandemia, con todos los países deseosos de relanzar sus economías, no permite abrigar muchas esperanzas.
Ante el avance del cambio climático, la UE obligó a los estados miembros a presentar paquetes de medidas para reducir sus emisiones en el horizonte de 2030. El Gobierno de España ha presentado el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Además del PNIEC, el parlamento ha aprobado recientemente una Ley de Cambio Climático.
En este marco de urgencia, el PNIEC pone en marcha medidas para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que afectan a todos los sectores contaminantes. Pero de entre todos ellos, dos son los que más emiten: el transporte y la generación de electricidad. Se trataría de electrificar el transporte, o de alimentarlo con hidrógeno u otros combustibles generados con energías renovables, y de modificar la estructura de generación eléctrica para basarla en las renovables y para que sea capaz de alimentar al transporte. En la actualidad, este último se basa en los derivados del petróleo en un 90%, por lo que nos enfrentamos a un desafío de primer orden: hay que modificar el transporte de carretera, de las ciudades, marítimo y el transporte aéreo, salvando las resistencias de quienes hoy hacen negocio con él y modificando la cultura de transportarnos que tenemos.
El PNIEC lanzado por el gobierno avanza en este sentido y planea que en 2030 el 40% de toda la energía consumida sea de origen renovable y que la neutralidad en carbono se alcance en 2050. Este plan avanza, por tanto, en la transformación del sector energético de nuestro país. Hay que prescindir de cuatro de las cinco grandes fuentes de energía que se consumían en los 80, petróleo, carbón, gas y nuclear, y sustituirlas por renovables al ritmo necesario para cumplir con el Acuerdo de París. El despliegue de renovables requiere, además, de una energía de respaldo lo suficientemente flexible para entrar en la red cuando no hay suficiente potencia renovable disponible, o bien de un sistema de almacenamiento energético suficiente.
La opción española para transformar la generación eléctrica fue prescindir en primer lugar del fuel, dado su alto precio, en segundo lugar del carbón, por sus altas emisiones, y a continuación la nuclear (la última central parará en 2035) y el gas, que será la verdadera energía de respaldo de las renovables. La potencia renovable planeada para 2030 alcanza 122.677 MW, destacando la potencia eólica con 50.333 MW y la fotovoltaica con 39.181 MW. En 2020 la potencia renovable instalada ascendía a 57.374 MW, de los que la eólica suponía 28.033 MW y la fotovoltaica aportaba 9.071 MW. Es decir, la potencia renovable total y la eólica casi tienen que duplicarse de aquí a 2030 y la fotovoltaica instalada tiene que multiplicarse por más de 4. Y todo ello ha de suceder en una década para cumplir el poco ambicioso objetivo de llegar al 40% de energías renovables, lo que implica un rapidísimo crecimiento. De hecho, en 2019 se produjo el record de instalación de renovables, que alcanzó los 6.456 MW entre todas las tecnologías.
Más allá de la discusión pertinente sobre si se introducen suficientes medidas de ahorro, eficiencia y reducción del consumo, es necesario desplegar renovables muy deprisa, si queremos reducir al ritmo necesario las emisiones de gases de invernadero. Los problemas aparecen cuando queremos efectuar esa transición en nuestro país, donde tenemos un sistema eléctrico dominado por cinco compañías, de las cuales tres son las predominantes (ENDESA, Iberdrola y Naturgy). Para ellos se trata de posicionarse con ventaja en el nuevo escenario de producción energética, sin dejar de hacer negocio con el sistema eléctrico actual. La capacidad del gobierno para pilotar esta transición es, paradójicamente, limitada. Por un lado está atado por la legislación europea, que le obliga a mantener el sistema liberalizado que se puso en marcha en el año 2000, por otro, no cuenta con el interesante mecanismo de poseer una empresa eléctrica pública saneada para influir sobre el sistema eléctrico. Este último factor podría repararse por la vía de que fuera el propio estado el que invirtiera en renovables y servicios energéticos.
La transición energética urgente solo puede hacerse desde dos flancos. Por una parte ha de ser impulsada por este sector eléctrico, y por otra parte por el impulso de pequeños inversores que pongan en marcha proyectos de autoconsumo o de generación a pequeña escala. Por cierto que la regulación es muy importante para facilitar el impulso de los pequeños inversores y también para poner en marcha mecanismos legales de control que puedan introducir algo de racionalidad en el despliegue masivo de renovables
Ambos impulsos caben, pero me temo que el impulso empresarial es mucho más potente en el sistema legal y económico que tenemos en la actualidad. El gobierno debería favorecer el crecimiento de la potencia instalada en medios ya humanizados como ciudades o polígonos industriales. Pero esto no sería suficiente, en estas escalas de tiempo, para alcanzar los objetivos de instalación de renovables.
Por eso es imprescindible ese veloz despliegue de renovables. En mi opinión, cabe reclamar la planificación y que se respeten los lugares de cierto valor natural, pero no creo que sea una buena idea solicitar una moratoria que puede retardar demasiado el necesario despliegue. Se trata de ir sustituyendo tecnologías sucias por potencia renovable, para poder tener un sistema lo menos impactante posible y luchar contra el cambio climático con todas nuestras capacidades.
Sería deseable tener los medios políticos y económicos para realizar esta transición energética según nuestras criterios: descenso drástico del consumo energético usando máximas medidas de ahorro y eficiencia, potenciación al máximo del transporte público, despliegue de renovables en zonas humanizadas con tecnologías de generación distribuida, planificación de los lugares en que han de instalarse el resto de renovables,… Sin embargo no contamos con dichos medios.
El movimiento ecologista ha conseguido vencer todas las reticencias que existían sobre la capacidad técnica de las renovables para satisfacer la demanda y podemos ver que los precios de estas han bajado lo suficiente para competir ventajosamente con las energías sucias. Esta bajada de precios se ha producido gracias al mecanismo que defendimos, la puesta en acción de la llamada curva de aprendizaje: según se despliega una tecnología, su precio irá bajando pues cada vez se conseguirán los servicios de forma más eficiente. La disponibilidad de potencia renovable hace que los impactos de la producción de energía, en particular el cambio climático, se reduzcan sustancialmente. Si bien es verdad que siempre habrá efectos negativos: tendremos ocupación del territorio por los paneles solares, impacto paisajístico y de las pistas para trasladar los aerogeneradores, habrá también nuevas subestaciones para extraer la potencia. Sin embargo, estos impactos son mucho menos duros que los de las energías sucias. Por poner un ejemplo, un río como el Ebro tiene una central nuclear en su cabecera, ahora en desmantelamiento, seis centrales térmicas, dos reactores nucleares activos, y toda la industria petroquímica y de refino. El despliegue de aerogeneradores en esta zona tan ventosa permitirá la eliminación paulatina de estas instalaciones. Sin duda una ganancia.
Por otra parte, las renovables compiten bien con las energías tradicionales y permiten abaratar el precio del kWh. La transición energética favorecerá el control del precio de la electricidad. Si bien la energía es un bien escaso y no habría que esperar una bajada de precios en el futuro.
No podemos esperar a que se produzcan las deseables reformas del sistema energético español para desplegar las renovables. El cambio climático no nos da respiro ni la posibilidad de elaborar y poner en práctica un programa. Miren Etxezarreta, una economista alternativa, participó en una mesa sobre el capitalismo en las jornadas de Pensamiento Crítico. Preguntada sobre la puesta en marcha de sistemas económicos más humanos y al servicio de las personas, y sobre cómo se podría construir una alternativa, dijo: “dadme el poder y os daré una alternativa”. En este caso estamos en una situación parecida: no tenemos el poder y ni siquiera el gobierno lo tiene del todo. Pero sí podemos influir, tal como llevamos décadas haciéndolo para que las cosas se hagan lo mejor posible. La alternativa no es del todo de nuestro gusto, pero supone un avance respecto a lo que hay.
Van a pasar unos cuantos años después de la crisis financiera de 2008 hasta que se comience a hablar de recuperación económica. Los estados europeos van a tardar entres seis y nueve años en recuperar el Producto Interior Bruto (PIB) per capita previo al crack. Cuando finalmente el PIB vuelve a crecer y se materializan los esperados “brotes verdes”, el optimismo de los inversores y del mundo de los negocios contrastaba con la situación de pobreza en la que habían quedado anclados los sectores de población con menor nivel de renta.
Según el Informe FOESSA de 2019, publicación de referencia en el análisis de la pobreza, el número de personas en situación de exclusión social en el estado español era en aquel momento de 8,5 millones, 1,2 millones de personas más que en 2007. Los autores del informe alertaban ya en 2019 que un tercio de la sociedad española se encontraba en una situación crónica de inseguridad económica y que su resiliencia ante una nueva crisis era mínima.[1]
Después de la crisis de 2018, el PIB vuelve a crecer en Cataluña a partir de 2014, aunque indicadores como la tasa de pobreza o el número de hogares en situación de privación material, no han vuelto a las cifras previas a la crisis financiera. Doce años y 130.000 desahucios después, los problemas para pagar la vivienda, para hacer frente a gastos e imprevistos o para llegar a final de mes —gastar lo mismo o menos de lo que se ingresa sin gastar ahorros o endeudarse— afectan a una cuarta parte de la población catalana[2].
Y con esta disociación entre indicadores y situación social, llega la pandemia de la COVID-19, una nueva crisis que no está teniendo el mismo impacto en toda la sociedad. Los eslóganes de las primeras semanas de pandemia, que daban a entender que el virus no entiende de nivel de renta y saldríamos juntas y juntos, van a dar paso a la constatación de que los distintos grupos de población presentaban tasas de contagio muy diferentes. La exposición al virus de la COVID-19 depende de factores como el tamaño de los hogares, la cantidad de personas que comparten vivienda, la calidad de los espacios y la posibilidad de mantener las condiciones de distancia. A los factores relacionados con las condiciones habitacionales, se suman las opciones de teletrabajar, de modificar las rutinas laborales o de prescindir del transporte público masificado.
La crisis sanitaria entonces, sí que entiende de desigualdades socioeconómicas. Los ingresos de los hogares más empobrecidos dependen de prestaciones no contributivas, de ayudas de los servicios sociales y, sobre todo, de actividades económicas inestables y precarias, a menudo irregulares. Las consecuencias de la crisis sanitaria de la COVID-19 sobre la población con menor renta, van a ser inmediatas. La parada de la actividad de sectores como la hostelería, el turismo o el servicio doméstico, en cuestión de pocos días va a hacer evidente la pobreza en forma de colas para obtener alimentos. Por rápida o ágil que sea la recuperación económica post-COVID-19, las consecuencias sobre la población con rentas bajas que ocupa las posiciones más inseguras del mercado laboral, serán muy visibles.
Según la encuesta financiera de las familias de 2017, la riqueza neta del 25% de los hogares españoles más pobres era negativa en 200 euros, mientras que en 2011 era positiva en 13.000 euros.[3] La sacudida de la pandemia llega después de una década de reducción de la capacidad de ahorro de las familias y de grandes esfuerzos de las economías domésticas para mantener la vivienda y otras necesidades básicas, y traerá una ola de empobrecimiento que ya se está dejando entrever en el incremento de la actividad de los servicios sociales y de las entidades de acción social.
Los medios de comunicación se han hecho eco de las primeras consecuencias de la crisis social desencadenada por la pandemia mostrando las dificultades de los hogares más empobrecidos para cubrir necesidades básicas como la alimentación. Reportajes y fotografías se han centrado en lo que han denominado las “colas del hambre” a las puertas de los centros de distribución de alimentos. Se extiende la preocupación por el previsible incremento de número de hogares en situación de pobreza por las enormes dificultades para pagar la vivienda, a las que se enfrenta un número de familias todavía indeterminado y por el crecimiento del paro una vez que muchos Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) se conviertan en Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).
Corremos el riesgo de que la pobreza centre los debates alrededor de las políticas sociales. Con pandemia o sin ella, la pobreza y sus manifestaciones más extremas, como pasar hambre o vivir en situación de calle, no están causadas porque no haya recursos. Nuestras sociedades generan riqueza suficiente como para satisfacer holgadamente las necesidades de toda la población mundial. El 30% de los alimentos que se producen en Europa acaba en la basura porque se estropean a lo largo de la cadena de distribución, no tienen el aspecto esperado para llenar las estanterías de los supermercados o se destruyen antes de ser comercializados porque han perdido el valor en unos mercados sometidos a constantes altibajos especulativos. Cifras desorbitadas de viviendas vacías o infrautilizadas conviven con miles de desahucios diarios y un aumento sin tregua del número de personas sin hogar en las ciudades más ricas del planeta.
En general, las desigualdades y la concentración de recursos en manos de unas pocas personas no están en el centro de los debates públicos. Sabemos que las 26 personas más ricas del mundo acumulan la misma riqueza que 3.800 millones de personas,[4] mientras el objetivo de las políticas públicas es abordar formas concretas de estas desigualdades como son la pobreza, la precariedad, la falta de vivienda o el desempleo. Vemos la pobreza como un problema pero no la desigualdad, cuando la primera es consecuencia de una institucionalidad y de unas políticas que favorecen la acumulación de la riqueza. El egoísmo hace posible la normalización de este crecimiento de las desigualdades, de la convivencia de la opulencia más extrema que el mundo ha vivido jamás, con formas de miseria que afectan a centenares de millones de personas.
Decía Zygmunt Bauman (1925-2017) que el neoliberalismo nos obliga a buscar soluciones biográficas a contradicciones sistémicas.[5] La extensión de la precariedad, las inseguridades que nos generan los mercados de la vivienda o laboral, nos llevan a buscar salidas individuales: acumular, capitalizar, asegurar. Aunque cada vez menos personas tienen al alcance estas soluciones biográficas en forma de propiedades inmobiliarias, planes de pensiones o seguros privados.
A continuación se plantean cuatro propuestas políticas que tienen como objetivo reducir la precariedad, poniendo la desigualdad en el centro del debate. Tienen, como mínimo, dos aspectos en común: nos obligan a preguntarnos si tenemos derecho a una vida digna con independencia de nuestra relación con el mercado laboral, y comportan una redistribución de la riqueza limitando la acumulación.
La pandemia va a dar un nuevo impulso al interés por las políticas de garantía de rentas. Y en medio de un importante batiburrillo terminológico, recientemente hemos escuchado hablar de la Renta Básica Universal con una frecuencia inédita. Las definiciones de esta propuesta de política pública presentan ciertas variantes, pero según la Red Renta Básica sería un ingreso que recibiría cada ciudadano y ciudadana con independencia de su relación con el mercado del trabajo, su patrimonio, sus rentas o la configuración de su núcleo de convivencia.[6]
La RBU se diferencia de otras políticas de garantía de rentas por la incondicionalidad y la universalidad. Actualmente, en mayor o menor medida, la generosidad de los sistemas de protección social europeos depende del vínculo de las personas con el mercado laboral. Las cuantías de los subsidios por desempleo o pensiones por jubilación dependen de las contribuciones realizadas previamente a la Seguridad Social o de las rentas del trabajo percibidas durante las etapas de actividad laboral. Cuando la relación con el mercado de trabajo ha sido breve, inestable o inexistente, entran en juego los sistemas de garantía de rentas, concebidos como transferencias dirigidas a hogares sin recursos.
Los actuales sistemas de protección social refuerzan el rol estructurador de las desigualdades socioeconómicas del mercado laboral. Ideológicamente, la participación diferente en la creación de la riqueza se justifica a partir de conceptos como el esfuerzo, el talento o el mérito. Aunque la tendencia a la concentración de los ingresos y la riqueza que se constata en los estados occidentales a partir de la década de 1970, la descomposición de los mercados laborales fordistas y el crecimiento del desempleo y el trabajo precario, ya hace décadas que ponen en cuestión que el derecho a una vida digna tenga que estar vinculado a la participación en las relaciones laborales.
La defensa de la Renta Básica Universal sitúa las desigualdades socioeconómicas en la agenda de transformación de las políticas públicas, puesto que garantizar unos ingresos sin condiciones a toda la ciudadanía requiere de profundas reformas fiscales. El debate no sería acerca de con qué umbrales de renta una persona —o un hogar— tiene derecho a una prestación y qué condiciones ha de cumplir para disfrutarla, sino cómo hacer posible una recaudación tributaria suficiente para que toda la ciudadanía reciba unos recursos mínimos para vivir. O lo que es lo mismo: cómo construir una garantía de rentas universal e incondicional enmarcada en una política fiscal redistributiva.
Constatado que el crecimiento y la creación de empleo no reducen las desigualdades, la función social de las prestaciones condicionadas a la búsqueda activa de trabajo, lo que se ha venido llamando «workfare»,[7] actúan como mecanismos de sumisión al trabajo precario de los sectores empobrecidos de la población. Si el objetivo real fuese la protección social, se debería avanzar hacia sistemas de protección social no productivistas desvinculados de las posiciones de las personas en el mercado laboral.[8] A medida que se constata que el mérito y el esfuerzo poco tienen que ver con los ingresos y el patrimonio, la justicia social no puede descansar sobre el trabajo asalariado. Y todavía menos cuando uno de los principales determinantes de la desigualdad es la herencia.[9]
La evidencia empírica apunta a que el peso de las herencias en el desarrollo de la vida de las personas ha crecido en las sociedades occidentales a lo largo de las últimas cuatro décadas. En su obra, El Capital en el siglo XXI, Thomas Piketty (1971) analiza los flujos de herencias y su importancia en la acumulación de riqueza, y concluye que el capital heredado crece más rápido que la producción o los ingresos de los hogares. En consecuencia, el punto de partida en la vida de las personas va creciendo en importancia para definir sus oportunidades.
Este análisis refuta la idea —cada vez más cuestionada— de que las diferencias de ingresos y patrimonio se justifican por méritos o esfuerzo individuales en el mercado laboral o en la economía productiva. La mayor parte de las personas ricas lo son por haber nacido en una familia rica. Y el avance del capitalismo financiero ofrece cada vez rendimientos más elevados a las grandes fortunas, que son administradas por especialistas que disponen de información privilegiada respecto al resto de agentes económicos.
Ante esta crisis del mito de la igualdad de oportunidades, hace años que se debate acerca de la propuesta de una herencia ciudadana,[10] propuesta que últimamente ha recogido y popularizado Piketty.[11] La propuesta consistiría en que todas las ciudadanas y ciudadanos recibiesen el equivalente al 60% del patrimonio medio de su país al cumplir 25 años, equivalente a 120.000 euros en los países europeos. El pago se haría de una sola vez y se financiaría con los impuestos sobre la transmisión de bienes y las herencias. De esta manera se igualarían las desigualdades generadas por el traspaso de las fortunas personales de generación en generación.
Después de la década de 2010 en la que se cronificó la crisis habitacional, el acceso a una vivienda estable se convirtió en un factor determinante en la definición de las oportunidades vitales de los jóvenes. En toda Europa, el precio de la vivienda se convirtió en un problema para los sectores de rentas bajas de las ciudades. En Cataluña, entre 2015 y 2019, el precio medio de alquiler aumentó de 572 euros al mes a 735 y el precio de compra pasó de 1.782 a 2.193 euros por metro cuadrado. El aumento va a ser mucho más acusado en las zonas urbanas.
Disponer de ahorros para acceder a los recursos financieros que hacen posible la adquisición de un inmueble, marca la diferencia. Recibir una vivienda —o más— por herencia, se ha convertido en una soñada vía de estabilización residencial para quien desea y puede permitirse huir de un mercado de alquiler en el que las inquilinas y los inquilinos se encuentran desprotegidos antes finalizaciones de contratos y subidas de precios. La consecuencia de esta dinámica de los mercados de propiedad y alquiler lleva a los hogares de rentas bajas a hacer un esfuerzo económico casi imposible para mantener la vivienda.
En el estado español, esta situación ha estado favorecida por unas políticas de vivienda que en el pasado se van a centrar en incentivar la construcción y que desde la crisis de 2008 se han focalizado en resolver los problemas financieros de la banca en alquiler en lugar de orientarse a hacer posible la vida cotidiana de las familias.[12] Una muestra de estas prioridades es el marco tributario: una persona que compre una vivienda para utilizarla como primera residencia ha de pagar entre un 4 y un 10% de impuesto de transmisiones, mientras que las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (SOMICI) obtienen bonificaciones del 95%.
Garantizar el derecho a la vivienda requiere tres líneas de actuación: disponer de un parque de vivienda pública, aumentar las transferencias públicas hacia las familias para pagar la vivienda y controlar los precios. Una experiencia exitosa en la reducción drástica de la exclusión residencial es la de Finlandia. En este país nórdico, un gran acuerdo de estado entre los partidos con representación parlamentaria a finales de los años 80, va a dar lugar a una política de creación de vivienda pública para uso social que a estas alturas constituye más del 30% del parque total del país. El acuerdo de estado comporta también el desarrollo de mecanismos de protección basados en prestaciones para que personas y familias que presentan todo tipo de vulnerabilidades sociales puedan conservar la vivienda.[13]
En mayo de 2020 se van a impulsar diversas iniciativas para pedir una regularización extraordinaria de vecinos y vecinas que vivían en el estado español y que lo hacían sin permiso de residencia ni de trabajo. La campaña «#RegularizaciónYa» va a unir a 900 organizaciones de todo el estado en la reivindicación de una regularización permanente de todas las personas migradas y refugiadas. Estas entidades cifraban en 600.000 las personas en situación de irregularidad y expresaban en una carta al gobierno español que la pandemia estaba demostrando que muchas de las tareas imprescindibles para el sostenimiento de la sociedad durante la COVID-19, estaban siendo sostenidas por gente de orígenes diversos que se encontraban en situación de extrema vulnerabilidad a causa de la exclusión administrativa.
En Cataluña, la plataforma Casa Nostra Casa Vostra, se va a sumar a la reivindicación con una campaña titulada «Para que nadie quede atrás: papeles para todos». Entre las desigualdades potenciadas por la pandemia, las provocadas por el sistema de control migratorio van a hacerse muy visibles desde el primer momento. La parada de las actividades económicas informales o los abusos a los que se van a ver sometidos trabajadores y trabajadoras migrantes que subsisten gracias a estas actividades, fueron el primer síntoma del desigual impacto de la nueva crisis.
Porque la pandemia de la COVID-19 también va a contribuir a hacer más visible que hay personas que van por la calle con miedo a que les pare la policía, que no tienen una cobertura sanitaria completa, que no pueden pedir a quien les paga por limpiarle la casa que pida un ERTE o que les continúe pagando una parte del sueldo a pesar de no necesitar unos servicios que hace años que malpagan, que no pueden aspirar a ninguna protección social porque administrativamente no existen.
El sistema de control migratorio que constituye el motor de este profundo eje de desigualdad es algo históricamente nuevo. Los visados, los permisos y las situaciones de irregularidad no eran, ni de lejos, la principal preocupación de los más de 60 millones de europeos y europeas que entre 1870 y 1930, van a abandonar el viejo continente para instalarse en territorios de ultramar.[14] Es durante el siglo XX que los estados del centro del sistema económico —las potencias coloniales— establecen mecanismos de control del flujo de personas y mano de obra, mecanismo que se va a endurecer a medida que avanza la globalización dando lugar a una aparente paradoja: mientras la movilidad de capitales y mercancías crece, la de personas se ve limitada por los estados.[15]
Las restricciones de los derechos de las personas migradas se justifica por la necesidad de control sobre unos mercados laborales alejados de la plena ocupación que caracterizaba la parte central del siglo XX, y con argumentos identitarios. Los estados utilizan sus herramientas administrativas para definir un régimen de segregación en el que las personas migradas viven en una constante situación de excepcionalidad. La criminalización de la irregularidad administrativa —a menudo vinculada a la racionalización— genera un grupo social que ostenta el estatus de indocumentado o irregular y que constituye un volumen cada vez más grande de fuerza laboral barata, con acceso limitado a los servicios públicos y a cualquier tipo de protección, incluyendo la judicial.[16]
Hay muchos indicadores que ilustran las consecuencias de esta segregación y su creciente impacto. En Barcelona ciudad, como en la mayor parte de las grandes ciudades europeas, el peso de la situación de extranjería entre las personas en situación de exclusión social severa no ha hecho más que aumentar en los últimos años. Mientras que en 2008, el 42% de las personas sin hogar que dormían en las calles de la ciudad eran de nacionalidad española, en 2018: esta proporción se redujo al 25%.[17]
Hay sobrada evidencia empírica respecto a la incapacidad de las políticas de control migratorio a la hora de limitar la movilidad. Los movimientos migratorios se producen y las fronteras pretendidamente más impermeables no los paran, aunque alimentan la exclusión social y administrativa de las personas migradas. Si alguien con nacionalidad española prueba suerte en Alemania y se encuentra en medio de Berlín sin ingresos ni red social de soporte, volverá a casa, al menos temporalmente. Sabe que podrá intentar un nuevo proyecto migratorio en el futuro. No vive la posibilidad de retorno de la misma manera un mejicano en los Estados Unidos o un senegalés en Cataluña. Mientras el foco mediático y las turbulencias políticas se sitúan en las fronteras y en conceptos como «el efecto llamada», la encuesta de variaciones residenciales del INE muestra que en 2019 se establecen en el territorio español 784.000 personas de manera legal. También muestra el flujo de salida, que sube a unas 300.000 personas anuales.
Poner freno a las situaciones de irregularidad sobrevenida por la pérdida de trabajo y una mayor flexibilidad en la regularización tendrán como consecuencia una reducción de la exclusión, la explotación y la desigualdad.[18]
Materializar estas propuestas, convirtiéndolas en políticas públicas, reduciría substancialmente la pobreza, aunque también la capacidad de acumulación de riqueza y de extracción de rentas a través del mercado laboral, del mercado de la vivienda y de los mercados financieros. Todas ellas tienen fervientes defensores y detractores, desde personas que las consideran imprescindibles para la sostenibilidad de nuestras sociedades, hasta quien las ve completamente irrealizables. Su valor no radica únicamente en la viabilidad, sino en el debate que provocan.
El reconocimiento del derecho a la subsistencia o el derecho a migrar con independencia de nuestra relación con el sistema productivo y el mercado laboral, puede guiar las políticas públicas aunque no existan los consensos sociales y políticos para la aplicación de una Renta Básica Universal o la libre circulación global. Desde los diferentes ámbitos de la administración se puede avanzar hacia la condicionalidad de las transferencias públicas y hacia facilitar el arraigo de vecinos y vecinas en situación de irregularidad. Debatir sobre la Herencia Universal o sobre la garantía efectiva del derecho a la vivienda nos lleva a desmontar el mito de la igualdad de oportunidades y nos debería orientad hacia políticas redistributivas y predistributivas. Unas políticas que han de nutrirse de sistemas tributarios más progresivos.
Y todo ello tiene una dimensión global que no podemos olvidar. Si en 1990, el Banco Mundial estimaba que un 36% de la población del planeta vivía en situación de pobreza extrema, en 2017 la cifra se situaba en el 9% de la población mundial. Globalmente, hemos pasado de 1.900 a 700 millones de personas pobres, si bien la reducción ha sido desigual dependiendo de la zona geográfica. Aunque este indicador no describe las profundas transformaciones en los sistemas productivos que han posibilitado que millones de personas pasen de no tener ingresos económicos a contar con más de 1,9 dólares al día. ¿Hasta qué punto la obrera que confecciona ropa en las fábricas de Dhaka para grandes firmas internacionales a cambio de un salario de 40 dólares mensuales es menos pobre que su abuela que vivía de la agricultura de subsistencia?
Parecería que es posible reducir la pobreza en un momento en el que la capacidad de acumulación de las grandes fortunas globales no hace más que aumentar. Pero cada vez más, voces expertas alertan que estos indicadores miden la mercantilización de la vida de la gente más que su salida de la miseria. Durante el 2020, año del inicio de la pandemia del COVID-19, la fortuna de las 20 personas más ricas del planeta, ha crecido un 24%; en términos absolutos, la fortuna de los 50 hombres más ricos, aumentó durante el mismo año, 640.000 millones de dólares.
Acabar con la pobreza requiere cambiar nuestra relación con la riqueza. Ni los mercados ni la filantropía garantizarán el acceso a la alimentación, el agua, la salud o la vivienda de 7.800 millones de personas. El camino para conseguirlo pasa por impulsar profundas reformas fiscales por la defensa global de los derechos de las personas trabajadoras, para situar los bienes imprescindibles para la vida fuera del alcance de las grandes empresas y los mercados internacionales. Medidas que limiten la capacidad de unos cuantos de enriquecerse indefinidamente y que obren horizontes más esperanzadores y sostenibles para todas.
