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Artículo de Francisco Castejón publicado en Berrituz, nº 71

Dadme el poder y os daré una alternativa
Miren Etxezarreta

En numerosas zonas del territorio español se están produciendo protestas de grupos ecologistas frente al despliegue masivo de renovables por la forma en que este se produce. Se llega a pedir la moratoria de la construcción de nuevos parques con la consigna de “Renovables sí, pero no así”. Creo que hay que ser cuidadosos a la hora de adoptar estas posturas por los efectos negativos que conlleva retrasar el despliegue de renovables.

El último informe sobre el cambio climático emitido por el Grupo I del IPCC (Panel Intergubernamental para el Cambio Climático) ha supuesto una importante llamada de atención sobre lo avanzados que están ya los efectos del calentamiento global. En resumen, se puede decir que la temperatura ha aumentado ya 1º respecto a la media entre 1890 y 1990 y que se multiplican los fenómenos extremos como inundaciones e incendios provocados por olas de calor. Asimismo se observa cómo se derrite el permafrost, se alcanzan temperaturas record en el Ártico o aumenta la acidificación de los mares. Y todos estos fenómenos correlacionan totalmente con las altas concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera emitidos por los humanos. Esta situación resulta alarmante, pero no ha sido suficiente para que los estados tomen las medidas necesarias, puesto que las políticas comprometidas por los países miembros de las COP garantizan que la temperatura ascenderá 2,7º a finales del siglo XXI. Recordemos que el IPCC recomienda no aumentar la temperatura más de 1,5º a finales de siglo, límite que se aceptó en el acuerdo de París. Pues bien, el aumento de la temperatura puede superar los 1,5º antes de 2030  y, si no se toman medidas, este aumento superará con creces los 3º a final de siglo. Significa esto que hay actuar urgentemente, que no hay tiempo que perder.

Cuando escribo estas líneas se va a inaugurar la cumbre COP25 de Glasgow, que es una nueva oportunidad para avanzar hacia compromisos concretos que permitan evitar estos aumentos de temperatura. Pero la situación mundial tras la pandemia, con todos los países deseosos de relanzar sus economías, no permite abrigar muchas esperanzas.

Ante el avance del cambio climático, la UE obligó a los estados miembros a presentar paquetes de medidas para reducir sus emisiones en el horizonte de 2030. El Gobierno de España ha presentado el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Además del PNIEC, el parlamento ha aprobado recientemente una Ley de Cambio Climático.

En este marco de urgencia, el PNIEC pone en marcha medidas para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que afectan a todos los sectores contaminantes. Pero de entre todos ellos, dos son los que más emiten: el transporte y la generación de electricidad. Se trataría de electrificar el transporte, o de alimentarlo con hidrógeno u otros combustibles generados con energías renovables, y de modificar la estructura de generación eléctrica para basarla en las renovables y para que sea capaz de alimentar al transporte. En la actualidad, este último se basa en los derivados del petróleo en un 90%, por lo que nos enfrentamos a un desafío de primer orden: hay que modificar el transporte de carretera, de las ciudades, marítimo y el transporte aéreo, salvando las resistencias de quienes hoy hacen negocio con él y modificando la cultura de transportarnos que tenemos.

El PNIEC lanzado por el gobierno avanza en este sentido y planea que en 2030 el 40% de toda la energía consumida sea de origen renovable y que la neutralidad en carbono se alcance en 2050. Este plan avanza, por tanto, en la transformación del sector energético de nuestro país. Hay que prescindir de cuatro de las cinco grandes fuentes de energía que se consumían en los 80, petróleo, carbón, gas y nuclear, y sustituirlas por renovables al ritmo necesario para cumplir con el Acuerdo de París. El despliegue de renovables requiere, además, de una energía de respaldo lo suficientemente flexible para entrar en la red cuando no hay  suficiente potencia renovable disponible, o bien de un sistema de almacenamiento energético suficiente.

La opción española para transformar la generación eléctrica fue prescindir en primer lugar del fuel, dado su alto precio, en segundo lugar del carbón, por sus altas emisiones, y a continuación la nuclear (la última central parará en 2035) y el gas, que será la verdadera energía de respaldo de las renovables. La potencia renovable planeada para 2030 alcanza 122.677 MW, destacando la potencia eólica con 50.333 MW y la fotovoltaica con 39.181 MW. En 2020 la potencia renovable instalada ascendía a 57.374 MW, de los que la eólica suponía 28.033 MW y la fotovoltaica aportaba 9.071 MW. Es decir, la potencia renovable total y la eólica casi tienen que duplicarse de aquí a 2030 y la fotovoltaica instalada tiene que multiplicarse por más de 4. Y todo ello ha de suceder en una década para cumplir el poco ambicioso objetivo de llegar al 40% de energías renovables, lo que implica un rapidísimo crecimiento. De hecho, en 2019 se produjo el record de instalación de renovables, que alcanzó los 6.456 MW entre todas las tecnologías.

Más allá de la discusión pertinente sobre si se introducen suficientes medidas de ahorro,  eficiencia y reducción del consumo, es necesario desplegar renovables muy deprisa, si queremos reducir al ritmo necesario las emisiones de gases de invernadero. Los problemas aparecen cuando queremos efectuar esa transición en nuestro país, donde tenemos un sistema eléctrico dominado por cinco compañías, de las cuales tres son las predominantes (ENDESA, Iberdrola y Naturgy). Para ellos se trata de posicionarse con ventaja en el nuevo escenario de producción energética, sin dejar de hacer negocio con el sistema eléctrico actual. La capacidad del gobierno para pilotar esta transición es, paradójicamente, limitada. Por un lado está atado por la legislación europea, que le obliga a mantener el sistema liberalizado que se puso en marcha en el año 2000, por otro, no cuenta con el interesante mecanismo de poseer una empresa eléctrica pública saneada para influir sobre el sistema eléctrico. Este último factor podría repararse por la vía de que fuera el propio estado el que invirtiera en renovables y servicios energéticos.

La transición energética urgente solo puede hacerse desde dos flancos. Por una parte ha de ser impulsada por este sector eléctrico, y por otra parte por el impulso de pequeños inversores que pongan en marcha proyectos de autoconsumo o de generación a pequeña escala. Por cierto que la regulación es muy importante para facilitar el impulso de los pequeños inversores y también para poner en marcha mecanismos legales de control que puedan introducir algo de racionalidad en el despliegue masivo de renovables

Ambos impulsos caben, pero me temo que el impulso empresarial es mucho más potente en el sistema legal y económico que tenemos en la actualidad. El gobierno debería favorecer el crecimiento de la potencia instalada en medios ya humanizados como ciudades o polígonos industriales.  Pero esto no sería suficiente, en estas escalas de tiempo, para alcanzar los objetivos de instalación de renovables.
Por eso es imprescindible ese veloz despliegue de renovables. En mi opinión, cabe reclamar la planificación y que se respeten los lugares de cierto valor natural, pero no creo que sea una buena idea solicitar una moratoria que puede retardar demasiado el necesario despliegue. Se trata de ir sustituyendo tecnologías sucias por potencia renovable, para poder tener un sistema lo menos impactante posible y luchar contra el cambio climático con todas nuestras capacidades.

Sería deseable tener los medios políticos y económicos para realizar esta transición energética según nuestras criterios: descenso drástico del consumo energético usando máximas medidas de ahorro y eficiencia, potenciación al máximo del transporte público, despliegue de renovables en zonas humanizadas con tecnologías de generación distribuida, planificación de los lugares en que han de instalarse el resto de renovables,… Sin embargo no contamos con dichos medios.

El movimiento ecologista ha conseguido vencer todas las reticencias que existían sobre la capacidad técnica de las renovables para satisfacer la demanda y podemos ver que los precios de estas han bajado lo suficiente para competir ventajosamente con las energías sucias. Esta bajada de precios se ha producido gracias al mecanismo que defendimos, la puesta en acción de la llamada curva de aprendizaje: según se despliega una tecnología, su precio irá bajando pues cada vez se conseguirán los servicios de forma más eficiente. La disponibilidad de potencia renovable hace que los impactos de la producción de energía, en particular el cambio climático, se reduzcan sustancialmente. Si bien es verdad que siempre habrá efectos negativos: tendremos ocupación del territorio por los paneles solares, impacto paisajístico y de las pistas para trasladar los aerogeneradores, habrá también nuevas subestaciones para extraer la potencia. Sin embargo, estos impactos son mucho menos duros que los de las energías sucias. Por poner un ejemplo, un río como el Ebro tiene una central nuclear en su cabecera, ahora en desmantelamiento, seis centrales térmicas, dos reactores nucleares activos, y toda la industria petroquímica y de refino. El despliegue de aerogeneradores en esta zona tan ventosa permitirá la eliminación paulatina de estas instalaciones. Sin duda una ganancia.

Por otra parte, las renovables compiten bien con las energías tradicionales y permiten abaratar el precio del kWh. La transición energética favorecerá el control del precio de la electricidad. Si bien la energía es un bien escaso y no habría que esperar una bajada de precios en el futuro.

No podemos esperar a que se produzcan las deseables reformas del sistema energético español para desplegar las renovables. El cambio climático no nos da respiro ni la posibilidad de elaborar y poner en práctica un programa. Miren Etxezarreta, una economista alternativa, participó en una mesa sobre el capitalismo en las jornadas de Pensamiento Crítico. Preguntada sobre la puesta en marcha de sistemas económicos más humanos y al servicio de las personas, y sobre cómo se podría construir una alternativa,  dijo: “dadme el poder y os daré una alternativa”. En este caso estamos en una situación parecida: no tenemos el poder y ni siquiera el gobierno lo tiene del todo. Pero sí podemos influir, tal como llevamos décadas haciéndolo para que las cosas se hagan lo mejor posible. La alternativa no es del todo de nuestro gusto, pero supone un avance respecto a lo que hay.