EL CIERRE DEFINITIVO DE GAROÑA Y LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS RADIACTIVOS
Francisco Castejón
La central nuclear de Santa María de Garoña no debería reabrirse, por motivos de seguridad y también para no incrementar el volumen de residuos a gestionar, especialmente los de alta actividad.
Lo sensato sería proceder al desmantelamiento lo antes posible. Para ello hay que terminar de construir el Almacén Temporal Individualizado (ATI) que debe usarse solo para eso, para el desmantelamiento. El volumen del ATI ha de dimensionarse para que solo quepan los residuos de alta que ya existen en Garoña.
Tras Garoña, sería necesario paralizar y desmantelar el resto de las centrales nucleares, según expiren sus permisos de explotación.
Según el 6º Plan General de Residuos Radiactivos, y la actualización por ENRESA, los costes de gestión de los residuos hasta 2085 ascienden a 19.700millones de euros, a los que hay que sumar el desfase detectado por el Tribunal de Cuentas, lo que arroja la cifra de unos 20.500 millones de euros. De ellos, la mitad aproximadamente va a la gestión del combustible gastado. A Garoña se le podría imputar el 10% de todo ello, es decir unos 1000 millones de euros. Pero eso sólo hasta 2085 y según las previsiones del 6º Plan, que prevé la construcción de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) en el entorno de 2010.
Claramente no se han cumplido los planes de ENRESA y el ATC no va a estar disponible en los próximos años, por lo que habrá que cambiar estos cálculos. También hay que tener en cuenta que esos cálculos abarcan sólo hasta 2085. A partir de ese año habrá que rehacer las cuentas, puesto que hablamos de sustancias que han de estar confinadas durante decenas de miles de años, y es imposible conocer el coste final porque se ignora la forma de gestión que se adoptará. Pero es claro que hablamos de miles de millones que habrán de pagar las generaciones futuras que no han usado la electricidad generada por las centrales nucleares.
Si se barajara la opción a largo plazo del enterramiento, el coste de la instalación es de unos 3000 millones de euros (presupuestado en Onkalo, Finladia). A esto habrá que añadir los salarios de las personas que cuiden y mantengan la instalación durante unos 100.000 años. Si hablamos de unas treinta personas con sueldos españoles, esta cifra ascendería a la cifra alucinante de unos 120.000 millones de euros más, siempre que no hubiera accidentes ni reparaciones imprevistas.
Se trata, por tanto, de un extraño caso en economía: es imposible conocer el precio final del producto.
Lo más sensato es reducir el problema a su mínima expresión y establecer un calendario de cierre de centrales nucleares. Tras este calendario se conocería perfectamente el volumen de residuos a gestionar y se podría abrir un debate técnico y ciudadano sobre la forma de gestión menos dañina para el medio y para la sociedad. Con el cierre de nucleares sería más sencillo conseguir un consenso sobre la forma de gestión de los residuos.
La gestión de los residuos debe hacerse de forma segura y socialmente admisible. Hay que aceptar de entrada que es imposible conseguir una forma rentable. El coste típico de fabricación de un ATI sencillo es de unos 20 millones de euros, a lo que habrá que sumar los costes de operación y mantenimiento durante el uso de esta instalación.
La mayor parte de las centrales tienen ATIs operativos (Zorita, Trillo, Ascó I y II) o se enfrentan ya a la construcción de ATIs (Cofrentes, Alamaraz I y II y Garoña). Sólo Vandellós II no tiene planes todavía para la construcción. Teniendo en cuenta todo esto, lo más sensato sería establecer ese calendario de cierre y proceder al desmantelamiento usando ATIs. Entretanto sería posible establecer ese debate nacional para decidir una forma de gestión. En otras palabras, el ATC no debería empezar a construirse hasta que ese proceso finalice.
La gestión de los residuos de alta actividad cambia de un país a otro. La diversidad de las opciones no es sino una muestra del desconcierto ante la ausencia de una solución técnica satisfactoria. En todos los casos, la mayor parte del combustible gastado se almacena todavía en las piscinas de las centrales. Pero tenemos ya el caso de Holanda que ha construido un ATC en seco de bóvedas, similar al que se quiere construir en Villar de Cañas (Cuenca), pero 10 veces menor. En Suecia disponen de un ATC en piscina, en Clab. En Alemania se han hecho pruebas en el domo salino de Göerleben con la intención de depositar los residuos en Asse, pruebas que han resultado fallidas. En Francia se combinan ATIs con piscinas. El único país europeo que ha optado por la gestión definitiva en un Almacén Geológico Profundo (AGP) ha sido Finlandia, que opta por enterrar sus residuos en Onkalo.
Respecto a los residuos de media y baja, se depositan en cementerios de media y baja como el de El Cabril en España. Sin embargo, esta instalación está también próxima a saturarse y habrá que ver qué solución se adopta.
El ATC está hoy detenido. El Tribunal Supremo sólo ha suspendido la extensión de la ZEPA de la Laguna de El Hito por la Junta mientras se pronuncia el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Pero esto no implica dar luz verde al proyecto puesto que carece de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva y no tiene luz verde en tanto no tenga DIA positiva y el Ayto. tenga un nuevo Plan Urbanístico aprobado. La emisión de una DIA positiva por parte del Ministerio de Medio Ambiente no acaba de producirse, probablemente porque se enfrentan al impacto ambiental que esta instalación tiene sobre la ZEPA que el Gobierno de Castilla-La Mancha protegió. Las Normas Urbanísticas de Villar de Cañas que permitirían la construcción del ATC están invalidadas por la Junta de Castilla-La Mancha y este Ayuntamiento habrá de emitir otras normas para que sean aprobadas por la Junta.
La construcción del ATC no es necesaria. El almacenamiento intermedio de los residuos en tanto se decide su forma de gestión definitiva puede realizarse en los mismos ATIs que se habiliten para el desmantelamiento. Y durante ese proceso se puede llegar a un consenso sobre la forma de gestión.
El ATI de Almaraz ya cuenta con la DIA positiva, declaración contra la que presentamos alegaciones, y con la autorización del Ministerio de Energía, que abre las puertas ya a la construcción. De hecho, ya hay trabajadores en el recinto de la central nuclear para proceder a esta construcción.
He de decir que me opongo a la construcción del ATI de Almaraz porque está pensado para prolongar el funcionamiento de la central hasta los 60 años, lo que considero una temeridad. Para frenar esta obra, presentamos un Recurso de Alzada contra la decisión del Ministerio, basado en que no se informó ni se tuvo en cuenta la opinión de Portugal, violando así varios convenios internacionales (Kiev, Aahrus y Aspoo), de los que España es firmante y varias Directivas Europeas.
La construcción del ATI es aceptable en el marco del desmantelamiento de la central, no para permitir la prolongación de su funcionamiento hasta unos extremos en que la inseguridad aumente de forma inaceptable.
