¿De verdad son un problema los MENAs?

Francisco Castejón

Miembro de Acción en Red-Madrid

Publicado en Berrituz, nº 83 octubre 2024

 

Durante el verano de 2024 hemos tenido un océano Atlántico muy tranquilo y un continente africano convulso, así que la ruta migratoria de Canarias se ha visto muy transitada. El resultado final ha sido una acumulación de inmigrantes africanos en las Islas Canarias, por encima de la capacidad actual de acogida digna de este territorio. Una parte de este flujo migratorio lo han constituido los MENAS, Menores no Acompañados, que sumaban un total de 5.524 el día 8 de septiembre.

Tras el aséptico nombre de MENAS encontramos a niños y adolescentes que están totalmente desvalidos, sin progenitores que los cuiden o acompañen y sin ningún apoyo afectivo, en un país extraño cuyo idioma y cultura no comprenden. Una sociedad civilizada debería enternecerse y movilizarse ante la visión de estos niños y adolescentes abandonados, sin familiares que se ocupen de sus cuidados, y hacerse cargo de ellos por motivos éticos y humanitarios.

Pero no solo eso. Existe numerosa legalidad nacional e internacional que protege los derechos del menor y que nos obliga como sociedad y como estado a ocuparnos de ellos. La Convención de los Derechos del Niño de la ONU, firmada por el Estado español, es la piedra clave de la protección a la infancia y está basada en cuatro principios básicos: la no discriminación; el interés superior del menor; el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; y el derecho a la participación. Solo hay tres países que no han firmado esta convención: EEUU, Somalia y Sudán del Sur.

Es decir, España ha desarrollado leyes propias de protección al menor siguiendo los principios de esta convención. Estas son algunas leyes que desarrollan esta convención en nuestro país:

Como se ve, algunas de estas leyes son específicas y oras, como la propia Constitución, recogen parcialmente estos derechos.

Siguiendo el espíritu de la convención, todas nuestras comunidades autónomas deberían recibir una parte de estos menores migrantes y tratarlos convenientemente. Sin embargo, nos hemos encontrado con que este ha sido otro campo de confrontación política elegido por la derecha del PP y la extrema derecha de Vox y SALF para enfrentarse al gobierno de coalición.

Según estos partidos, los MENAS son delincuentes, futuros o presentes, capaces de desestabilizar cualquier barrio donde se les acoja. La propiedad privada y la honra de nuestras mujeres peligrarían en esos barrios según sus proclamas.

Estos discursos despiadados y sin empatía alimentan la creciente desconfianza de la sociedad frente a los MENAS y aumentan las dificultades para hacerse cargo de ellos. En particular, fomentan las reticencias políticas para facilitar su reparto en las diferentes comunidades autónomas. Y una parte no desdeñable de la sociedad acaba ver una amenaza en estos pocos miles de niños y adolescentes desamparados.

En este reparto cada comunidad autónoma debería acoger solo a unos cientos de menores. Pero la Ley de Extranjería no permite un reparto obligatorio y este solo sería posible si los MENAS  son aceptados de forma voluntaria por las administraciones autonómicas. La reforma de esta Ley en el sentido de permitir el reparto fue tumbada por el PP, VOX y Junts el 25 de julio pasado.

El PP está dificultando este reparto pues está asumiendo el discurso de la extrema derecha fomentando el odio a los inmigrantes y a los MENAS en particular. En enero de este año hemos podido oír a Isabel Díaz Ayuso acusar a los menores de un centro de acogida de Alcalá de Henares de participar en reyertas, de varias agresiones sexuales a mujeres de la zona y hasta de ser transmisores de un brote de sarna. Sin embargo, el único delito cometido por algunos de estos menores fue un intento de robo del bolso a una mujer en la estación de cercanías. Y el brote de sarna nada tuvo que ver con este centro de acogida. Más recientemente, sectores de extrema derecha acusaron a menores migrantes del asesinato de un niño en Mocejón (Toledo), que se produjo el 18 de agosto de 2024. Parece que todo vale para el enfrentamiento político con el gobierno y para crear en la sociedad una cultura del odio y la radicalidad que dificulta resolver los problemas de integración que pueden generar los flujos migratorios.

Sin embargo, desde el Ministerio de Infancia se asegura que se está negociando con el PP un sistema de reparto de MENAS basado en un catálogo de recursos para acoger a estos niños y otros criterios como el PIB y la población de la comunidad. A fecha 16 de septiembre solo faltaría Andalucía por facilitar el catálogo de recursos. Las declaraciones sobre este punto van y vienen en el PP y a menudo se pronuncian en contra del reparto que el gobierno impulsa: si se alcanza un acuerdo, será de forma discreta, pues el PP no va a desperdiciar esta oportunidad de aumentar la tensión política. La extrema derecha queda fuera de cualquier propuesta constructiva. Así que nos encontramos por un lado con una política pragmática que pueda aligerar la carga que tiene Canarias en este momento, cogobernada por el PP, no lo olvidemos, y por otro lado con declaraciones beligerantes contra cualquier intento de solución.

El propio PSOE ha estado haciendo un discurso meramente económico en torno la inmigración, defendiendo el control de flujos en los países de origen y la convivencia de recibir migrantes que nos proporcionan mano de obra y nos fomentan la natalidad. Dentro de esta lógica se han producido grandes regularizaciones en el pasado y se inscribía la regularización de unos 600.000 inmigrantes irregulares que pretende impulsar una reciente ILP. Regularización que, en estos momentos, se encuentra paralizada.

Si bien es cierto que es necesario este enfoque económico, se echa de menos un juicio humanitario que ponga los derechos humanos en el centro del debate.

El Primer Ministro británico, el laborista Keir Starmer, ha ido más allá y ha visitado a la neofascista italiana Giorgia Meloni para aprender de sus métodos para “gestionar” la inmigración, el día 16 de septiembre. Seguramente inspirado por esta visita el propio Núñez Feijoo ha visitado también a la líder italiana el 18 de septiembre para aprender de sus métodos. Métodos que, no lo olvidemos, dan lugar a deportaciones masivas de personas, violan los tratados internacionales del mar y condenan a morir ahogadas en el Mediterráneo a miles de personas.

Sea cual sea el reparto final de MENAS, la derecha y la ultraderecha habrán conseguido el objetivo de hacer que la sociedad evolucione a posturas más reaccionarias, donde la solidaridad y los derechos humanos no cuenten, y el odio hacia lo diferente campe a sus anchas. Y estamos hablando de distribuir solo unos pocos miles de menores en el territorio.

Se trata de un problema de solución relativamente sencilla que, además, podría presentarse ante el mundo como un ejemplo más de la solidaridad demostrada por el pueblo español. Pero tal como se está tratando por la derecha y la extrema derecha habrá servido para aumentar el odio y las tendencias reaccionarias de nuestra sociedad.

Esto mismo ocurre en Europa y otras partes del mundo, con un aumento de la ola reaccionaria que amenaza con arrasar los avances en derechos sociales y en convertir nuestras sociedades en algo odioso. Los resultados electorales con los avances de la extrema derecha que atraen a las derechas tradicionales a sus discursos reaccionarios son una muestra poco alentadora de cómo avanza este discurso xenófobo en la vieja Europa. Y el PP no es una excepción.

Estamos, por tanto, ante una nueva batalla cultural en la que se usan todo tipo de bulos y se recurre a los sentimientos más bajos de la sociedad. Y la socialdemocracia europea solo esgrime contra esto argumentos económicos, con lo que solo nos quedamos en la parte pragmática del debate.

Creo que la izquierda debe emplearse a fondo en el combate contra los bulos y, sobre todo, en el desarrollo de argumentos basados en principios éticos y en los derechos humanos. Los debates sobre regeneración democrática que están teniendo lugar a raíz del retiro de 4 días de Pedro Sánchez contemplan la posibilidad de no dar pábulo a los bulos, lo cual sería positivo. Pero, además, no se debería olvidar en la argumentación el punto de vista ético y de derechos humanos para contrarrestar esa ola egoísta y de odio que avanza en Europa. Ya hemos tenido sangrientas experiencias en el mundo provocadas por el avance de estas ideas.

Una mirada sobre lo invisible. Proyecto de voluntariado con personas en situación de sin hogar.

  Nahir Subelzú

                                                                               Activista y voluntaria en Acción en Red Madrid

El pasado 24 de octubre se conmemoraba el Día Mundial de las Personas Sin Hogar con la finalidad de concienciar sobre la situación de un colectivo tan vulnerable como olvidado. En el marco de esta celebración, el Ayuntamiento de Madrid lanzó la primera campaña de sensibilización sobre este problema que atañe a toda la sociedad. Sí, lo que lees, la PRIMERA campaña de sensibilización sobre el sinhogarismo.

La exclusión social es una situación por la cual las personas se ven fuera de la vida comunitaria, económica y cultural de la sociedad a la que pertenecen. Las personas en situación de sinhogarismo son el ejemplo más extremo de la exclusión.

Que en el año 2024 se haya conseguido por vez primera lanzar una campaña tan necesaria, nos habla del olvido y la indiferencia con que la sociedad en general trata a estas personas.

Vivir en la calle estigmatiza: La percepción social que hay sobre las personas sin hogar suele responder a estereotipos y prejuicios.

Las personas que viven en estricta situación de calle sufren una soledad total. Resulta paradójico que aquellos que están las veinticuatro horas del día expuestos a los ojos del viandante, estén tan completamente aislados del resto de la población. Por norma general, solo se relacionan con otras personas en su misma situación o con trabajadores de las instituciones: policía, personal de limpieza, trabajadores sociales, personal médico, etc. La sociedad los considera extraños, ajenos, siempre son “los otros” y sin embargo podríamos ser cualquiera de nosotros si tuviésemos que atravesar por sus mismos procesos vitales y sus circunstancias. Su situación no es más que el resultado de una serie de eventos, la mayoría de las veces azarosos, de dinámicas sociales desfavorecedoras y del abandono por parte del sistema y las instituciones.

Las personas que viven en situación de sinhogarismo no son como la gente cree. Sus vidas están siempre atravesadas por el estigma y los prejuicios. El estigma hacia ellas está presente en nuestra sociedad a través de numerosas actitudes individuales como son la invisibilización, el deseo de distancia o el uso de un vocabulario despectivo para nombrarlas, pero también se manifiesta en una esfera más comunitaria a través de un trato discriminatorio en medios de comunicación o en la falta de estudios o datos estadísticos de calidad que permitan calibrar el problema y avanzar en la búsqueda de soluciones eficaces.

Deberíamos tener claro que cuando hablamos de personas en situación de calle hablamos de individuos; son individuos con circunstancias muy diversas que sin embargo suelen ser considerados como un todo: el colectivo de las personas sin hogar, sin tener en cuenta las enormes diferencias que existen entre unas y otras: edad, género, procedencia, nivel de estudios, problemas de salud, situación laboral, aspiraciones, necesidades, gustos personales y un largo etcétera. Sucede entonces que cuando colectivizamos y simplificamos haciendo referencia a ellas como si de un grupo homogéneo se tratase, lo que provocamos es la invisibilización, la infantilización y banalización de una de las situaciones más duras a las que puede enfrentarse el ser humano.

Una problemática compleja que requiere de soluciones adaptadas a la individualidad

Las causas por las que una persona puede verse en situación de calle son diversas y complejas, y abarcan una amplia serie de factores:

Factores estructurales: dificultades de acceso a la vivienda o pérdida de la misma, situación económica del país, desempleo, etc.

Factores institucionales: ausencia de coordinación en las políticas públicas, ayuda pública deficiente, etc.

Factores relacionales/sociales: ruptura de la red social, separación de su comunidad habitual, una sociedad excluyente, etc.

Y factores personales: mala situación familiar, adicciones, enfermedades mentales o físicas, etc.

A cada uno de los factores anteriormente expuestos les llamamos “sucesos vitales estresantes”. Los estudios indican que las personas en situación de calle han sufrido tres o cuatro de estos sucesos en periodos cortos de tiempo: uno o dos años. Esto supone que en muchas ocasiones las personas no han sido capaces de recuperarse de un golpe cuando ya tienen que enfrentarse a otro, y a otro… Otro dato esclarecedor y a la vez preocupante es que el 50% había sufrido hasta cuatro sucesos vitales estresantes en la infancia, y que muchas veces estos sucesos están relacionados a la violencia y los abusos.

La complejidad y diversidad de situaciones requiere que las administraciones hayan tenido que ir adaptando su trabajo para poder abordar la búsqueda de soluciones enfocándose en las personas y sus individualidades. En la actualidad, desde el Departamento de Prevención del Sinhogarismo y Atención a las Personas sin Hogar del Ayuntamiento de Madrid se trabaja en ese sentido y, aunque los recursos son insuficientes, se ha desarrollado un plan de actuación, “Estrategia Dignitas”, y se han ido consiguiendo algunos logros. La campaña de sensibilización con la que iniciaba este artículo es prueba de ello.

Vivir en la calle: Exposición a la violencia y pérdida de derechos

Por si tener que vivir en la calle fuera poco, por si no bastara con vivir sin ninguna intimidad, a la vista de todos, sin los más mínimos recursos necesarios para una vida digna y sufriendo la invisibilización y el estigma, vivir en la calle supone una exposición constante a la violencia.

El 47% de las personas en situación de sinhogarismo han sufrido algún delito de odio en la calle. Dichos episodios suelen suceder por la noche y en los lugares donde duermen. Este porcentaje sube hasta un 60% en el caso de las mujeres y en su caso, además, muchos de esos delitos son agresiones sexuales y violaciones.

Por otro lado, es necesario destacar que casi el 90% de estos delitos no se denuncian, ya sea por miedo a represalias o por pérdida de confianza en el sistema. Y un dato aún más espeluznante, que debería hacernos reflexionar como sociedad, es que en el 70% de los casos en que una persona que vive en calle es agredida, los testigos no intervienen.

Nunca podemos perder de vista que, por regla general, las personas sin hogar solo han recibido violencia y desprecio en múltiples formas. Viven con miedo al rechazo y al fracaso y esto les hace especialmente vulnerables.

A todo ello hay que añadir la pérdida de derechos, desde los más básicos como el derecho a la intimidad, a la vivienda, a la educación o la salud hasta el derecho al voto, a las prestaciones sociales o a las ayudas económicas que en muchos casos por desconocimiento, por falta de asesoramiento o ayuda para obtener la documentación necesaria, resultan inaccesibles para todas estas personas. Sin dejar de considerar, por supuesto, que la financiación destinada a la solución de esta problemática siempre queda por debajo de lo necesario.

 

Vivir en la calle supone un deterioro importante en la salud física y mental

Cuando decimos que la calle mata no es una exageración, es la constatación de una cruda realidad que pasa delante de nuestros ojos y que rara vez percibimos. La esperanza de vida para las personas sin hogar puede reducirse entre 20 y 30 años, según diferentes estudios. Asimismo los datos nos dicen que el 30% de las personas en situación de calle sufren enfermedades graves, que el 31% ha intentado suicidarse en alguna ocasión y que en el caso de las mujeres ese porcentaje asciende al 49%.

La prevalencia de problemas de salud mental en la población normalizada asciende al 15%. En el caso de las personas sin hogar sube hasta un 67%. Y es que cuando la trayectoria en calle se extiende en el tiempo, las probabilidades de desarrollar algún tipo de enfermedad mental se multiplican. A su vez, las personas con algún problema de salud mental tienen más probabilidades de llegar a una situación de pobreza y exclusión social.

Algunos datos para combatir los prejuicios

Llegados a este punto, consideramos que es imprescindible abordar como sociedad la lucha contra los prejuicios y el estigma. Superar esos prejuicios ayudará a visibilizar el problema y a darle la importancia que merece. Solo haciéndonos todos y todas conscientes de que las personas sin hogar son, simplemente, PERSONAS, estaremos preparados para luchar por sus derechos. Y como la mejor manera de combatir los prejuicios es con datos, aquí dejamos algunos muy reveladores:

  • El 86% de las personas que viven en situación de sinhogarismo no consume alcohol o lo hace de forma moderada.
  • El 62% nunca ha consumido drogas
  • El 15% tiene estudios superiores
  • El 31% trabaja, pero no puede acceder a una vivienda

¿Pero es verdad que hay quienes quieren vivir en la calle?

La respuesta es un NO rotundo. Nadie vive en la calle por decisión propia. Cierto es que hay quienes rechazan la oferta de un recurso, pero es que a veces las circunstancias son más complejas de lo que desde afuera pensamos. Hay muchas razones por las cuales alguien que vive en situación de calle puede rechazar una solución habitacional:

  • Porque no son espacios íntimos donde poder disfrutar de una vida “normal”.
  • En muchos casos sólo ofrecen un lugar donde dormir en dormitorios colectivos.
  • Porque la mayoría no permiten el acceso con animales.
  • Segregan por sexo, por lo que no puedes dormir con tu pareja o un familiar.
  • Hay que adaptarse a un reglamento y unos horarios, a veces muy estrictos.
  • Suelen estar alejados del centro por lo que es más complicado acceder a ellos para hacer el resto de tu vida.

Programa de voluntariado contra la exclusión social de Acción en Red Madrid

El grupo de lucha contra la exclusión social de Acción en Red trabajamos en el acompañamiento y atención a personas en situación de calle, en la zona centro de la ciudad de Madrid, desde hace más de 25 años. El programa de voluntariado exige una formación constante que consideramos imprescindible para conocer la situación, los recursos, los estudios y las experiencias de otras entidades afines. Este conocimiento nos permite evaluar nuestro trabajo, adaptarnos a las necesidades, adecuar nuestra actuación a los protocolos de las instituciones e implementar continuamente planes de mejora.

Nuestra intervención consiste en dos ejes: las rutas (eje principal) y el programa Recrea.

La experiencia y los datos obtenidos en estas dos actividades, especialmente en las rutas, se vuelcan después en los grupos de trabajo organizados desde el Departamento de Prevención del Sinhogarismo y Atención a las Personas sin Hogar en los que nos integramos con otras entidades y en los que participamos activamente.

No salvamos vidas, no está en nuestras manos. Y tampoco hacemos caridad.

El objetivo de las rutas es principalmente acercarnos a las personas que viven en situación de calle y hablar con ellas, sobre todo escuchar activamente y compartir un rato como lo haríamos con cualquier otro vecino con el que nos encontráramos una mañana de camino al mercado, construir un vínculo que rompa la separación entre el “ellos” y el “nosotros”.

El acercamiento es siempre de forma horizontal. No repartimos comida ni abrigo. Es verdad que ofrecemos un café o una taza de caldo, pero no es un fin en sí mismo, sino una mera herramienta de acercamiento amable. No hacemos rutas para salvar la vida a nadie, no tenemos esa capacidad y creerlo solo conduciría a la frustración.

Escuchar con la mente abierta y sin hacer juicios de valor, ni pasarlo por el filtro de nuestras vidas normalizadas es importante para las personas a las que acompañamos y también para nuestro propio cuidado.

Enfocamos el voluntariado desde la humildad y la consciencia de que salimos a la calle principalmente para que las personas a las que acompañamos, durante un rato, se sientan vistas y escuchadas. Conseguirlo, ya es un logro en sí mismo, porque, como decíamos anteriormente, las personas sin hogar, en su mayoría, sólo se relacionan con otras personas sin hogar, y esa falta de contacto con el resto de la población las excluye aún más. Es en estos aspectos donde cobran importancia los cuidados como sociedad: en cómo tratamos a los eslabones más débiles.

Además, como añadido, complementamos este enfoque intentando ayudar de forma práctica: facilitando información acerca de los servicios del Ayuntamiento, explicando cómo y a qué distintos recursos se puede acceder o con quién se debe contactar para ello.

A veces nuestro trabajo no da frutos más allá de ofrecer un rato de compañía y conversación, que ya es mucho, pues las personas lo agradecen especialmente. Otras veces nuestra labor sirve de enlace para que las personas en situación de calle confíen en los equipos de la red municipal y accedan a un acercamiento a las instituciones. Es un primer paso muy importante en la búsqueda de soluciones a cada caso y es para nosotras una gran satisfacción cuando conseguimos, a través de nuestra actuación, alguna mejora en la vida de estas personas. Ofrecemos además información actualizada y constante a las instituciones y estamos en permanente contacto haciendo seguimiento de los casos más vulnerables.

El programa RECREA es la otra vertiente de este voluntariado. Se trata de un proyecto más joven y con mucho camino por delante que llevamos a cabo con otras entidades: Solidarios para el Desarrollo. Es una propuesta que reivindica la necesidad de las personas de acceder a un ocio de calidad, dándole a este la importancia que tiene y utilizándolo como herramienta de inclusión.

Porque el ocio compartido es una de las mejores maneras de socializar y relacionarnos. Poder disfrutar del ocio en un espacio normalizado, asistir al teatro, a una visita guiada, a un museo, a un concierto, dignifica, empodera y favorece la integración. Es un proyecto dirigido, en principio, a personas que están en recursos de la red de atención. Un grupo habitual de voluntarios y de usuarios de la red se reúnen una o dos veces al mes para compartir una actividad previamente acordada, como un grupo de amigos que quedan para disfrutar juntos, sin más, sin distinciones entre voluntarios y usuarios de la red.

Mi nombre es Nahir y llegué al grupo de lucha contra la exclusión de Acción en Red hace ya algunos años. Venía cargada de buenas intenciones y con ganas de aportar algo positivo a la sociedad en la que vivo, pero también llena de ideas preconcebidas y prejuicios, porque, seamos sinceros, nadie está libre de prejuicios. En la lucha por erradicarlos, de mí misma y de la comunidad a la que pertenezco, sigo intentando profundizar. En estos años, gracias a mis compañeras de equipo, he aprendido a mirar a la ciudad con otros ojos. He comprendido que la lucha por los derechos de las personas es la única herramienta que nos permitirá crear una sociedad más justa y que esta nunca será posible si dejamos a nuestros semejantes atrás. Porque una persona en situación sin hogar es una PERSONA. Igual que yo. Igual que tú.

Agradecimientos: Marian Bardal y Pablo Javalones que colaboraron activamente en la documentación y elaboración de este artículo. A todas las voluntarias y voluntarios del colectivo contra la exclusión social de Acción en Red Madrid por su incansable labor y su entrega infinita.

COP29: de Bakú a Valencia

Francisco Castejón

Acción en Red Madrid

Cuando escribo estas líneas se está celebrando en Bakú (Azerbaiyán) la cumbre número 29 contra el cambio climático, la COP-29. Aún no ha acabado la COP-29 y ni siquiera se intuye por donde van las negociaciones, pero todo indica que no se va a producir ningún avance en esta cumbre con vistas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

La última COP que arrojó algún resultado positivo fue la de Parías, la COP-21, que tuvo lugar en 2015. En ella se fijó el límite de la concentración de gases de invernadero en la atmósfera que garantiza que el aumento de temperatura que se podía alcanzar a finales de este siglo no fuera superior a 1,5º. Por encima de esta temperatura se desencadenarían una serie de fenómenos que podrían disparar un aumento mucho mayor de temperatura, lo que, a su vez, generaría una serie de fenómenos atmosféricos extremos que serían catastróficos para la humanidad. Estamos hablando de olas de calor, sequías extremas, huracanes, tornados y precipitaciones intensas que pueden dar lugar a inundaciones. Inundaciones como la que se produjo en Valencia a partir del día 29 de octubre.

Estamos acostumbrados a sufrir gotas frías, que luego recibieron el nombre más científico y descriptivo de DANA (Depresión Aislada a Niveles Altos), pero lo ocurrido en Valencia, y en menor medida en Albacete, en esta DANA supera con mucho todas las tragedias vividas en las anteriores. El número de víctimas y la destrucción sufrida no tiene precedentes. Más allá de las consideraciones sobre la gestión de la emergencia, que merecerían la dimisión del presidente de la Generalitat Valenciana y de al menos dos consejeras, así como el rechazo del urbanismo insensato desarrollado en la zona, hay que buscar la explicación de lo sucedido en los fenómenos climáticos generados por el calentamiento excesivo del Mediterráneo. Este dio lugar a una enorme evaporación de agua que topó con una masa de aire frío lo que produjo una precipitación sin precedentes en cotas altas del territorio que fueron desaguadas a través de los barrancos de la zona, especialmente el del Poyo y el del Magro, por los que siempre había fluido, e inundó los terrenos aledaños con gran impacto y sufrimiento. La dinámica de los acontecimientos permite aseverar que el calentamiento global ha sido el causante de que esta DANA fuera más intensa que las precedentes.

A pesar de estos y otros sucesos que muestran palmariamente que el cambio climático avanza por el aumento de las emisiones de gases de invernadero, las previsiones sobre la COP no son nada halagüeñas. Se calcula que el número anual de víctimas que se producen por fenómenos atmosféricos extremos atribuibles al cambio climático es de unas 300.000, lo que debería ser suficiente para motivar un cambio en las políticas energéticas y de emisión de gases de invernadero.

La victoria de Trump en las últimas elecciones de EEEUU es un resultado más de la ola reaccionaria que recorre el mundo: la extrema derecha, en sus múltiples formas, está aumentando su influencia social, lo que le permite alcanzar mayor poder político y económico. Y en EEUU y Europa lo hace utilizando las estructuras e instituciones creadas por la democracia liberal, que a su vez peligran por la irrupción de estos partidos.

Una de las características identitarias de esta ultraderecha es el negacionismo de muchos conocimientos científicos, como que el cambio climático actual está generado por las emisiones humanas de gases de efecto invernadero. Por tanto, no es previsible que la posición occidental en la COP sea precisamente muy exigente para marcar objetivos de reducción emisiones.

El principal país emisor mundial de gases de invernadero, con un 30% de todas las emisiones, es China. Si EEUU no demuestra un compromiso firme en las negociaciones, China tampoco lo hará y los resultados de la COP serán claramente insatisfactorios. A diferencia de los demócratas, los republicanos americanos tienen un bajo interés en la multilateralidad internacional y apuestan por una mayor autarquía en los EEUU.

En estos momentos, la humanidad ha emitido ya suficientes gases de invernadero para superar el aumento de 1,5º de temperatura a final de siglo y, peor aún, los compromisos de reducción de emisiones no garantizan que las temperaturas aumenten menos de 2,6º a finales de 2100.  Dados los cambios en el clima que ya estamos viviendo y que han llegado para quedarse, se afirma, con razón, que estamos viviendo ya en un nuevo clima. En el caso español, esto implica que las danas extremas, las olas de calor del verano, las sequías, los episodios de lluvias y granizos intensos o algunos inviernos extremadamente fríos, han venido para quedarse.

Entre los acuerdos de París, se fijó la creación de un fin de 100.000 millones de dólares para ayudar a los países menos pudientes a avanzar en la reducción de emisiones y en la mitigación de los efectos del cambio climático. Sin embargo, no se ha avanzado hasta la fecha en la creación de dicho fondo y en su distribución. En la COP-29 habrá, por tanto, multitud de negociaciones financieras. Si la COP de Bakú no avanza, estamos condenados a sufrir cada vez más duros efectos del cambio climático.

Por otra parte, estos efectos son muy desiguales entre unas zonas y otras y entre unas poblaciones y otras. Por ejemplo, el Mediterráneo es una de las zonas donde el cambio climático va a ser más intenso y las inundaciones valencianas son un claro ejemplo. Pero no solo la posición geográfica es una fuente de desigualdad, también lo son los diferentes medios para combatir los efectos del cambio climático con que cuentan los países y las poblaciones de estos. Podemos considerar de nuevo el ejemplo de la DANA en Valencia y los enormes costes de la reconstrucción, así como la forma en que se producirá esta: habrá que prepararse para nuevos fenómenos como las recientes inundaciones y, en particular, no construir en el dominio público hidráulico. Estos costes no están, desde luego, al alcance de cualquier país ni de cualquier población.

Con toda precisión se puede hablar de injusticia climática y es imprescindible que los países y capas de población más ricas pongan más de su parte para combatir el cambio climático reduciendo sus emisiones y ayudando económicamente a los más débiles.

Una UE de Derechos Humanos frente a una Europa fortaleza

Fernando Cerezal
Acción en Red Madrid
13 de septiembre de 2024
Valla con alambre de espino y concertinas. LINNAEA MALLETE (CCO 1.0)
La inmigración y el asilo están siendo contemplados como un grave problema por un enfoque dramatista de las derechas a través de ciertosmedios de comunicación y de bulos, enfoque que está extendiéndose a la mayoría de los gobiernos de la Unión Europea y a la propia UE al orientar sus políticas hacia el control de fronteras, la securitizacióny la externalización a otros países sin garantías democráticas.Todo ello con un enorme desprecio de los derechos humanos y generando miedos, racismo y división entre las clases populares.
Nos encontramos, especialmente en redes sociales y ciertos medios, con un conjuntode mensajes  racistas y xenófobos que promueven el odio, la discriminación, así comola división de las personas entre “nosotros y ellos”, unos ciudadanos de plenos derechos, socialmente superiores, y “ellos” como personas de segunda y en potencial riesgo de exclusión, a los que se les estigmatiza y criminalizaresponsabilizándoles de un supuesto aumento de la inseguridad ciudadana y el deterioro de las condiciones sociales y laborales, sin datos que lo avalen. Es decir, se sobredimensionan y tergiversan algunos datos en los que basar esta discriminación y se arropa en una ofensiva cultural reaccionaria. Esta consideración social es un excelente marco para la explotación laboral y socialy para el avance del racismo (véase “Racismo estructural”).

La separación entre la inmigración económica y el asilo o protección internacional subsidiaria es realmente fina. Una parte importante de los inmigrantes llegan huyendo de situaciones de pobreza y hambrunas, falta de oportunidades, represiones diversas, guerras, discriminación y violencia de género, deterioro medioambiental… Estas son razones poderosas para contemplar la migración y el asilo como necesidades y derechos humanos, recogidos en el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.

Los datos son apabullantes: según el informe de ACNUR de 2024 los desplazados internos y solicitantes de asilo obligados a abandonar sus hogares eran120 millones en 2023, de los que el 75 % se desplazan a países de renta baja o media, mayoritariamente a países limítrofes, y un 30% son niños (véase “El retroceso imparable de un derecho imprescindible”). Un dato de interés es saber que sólo el 5% de la migración accede por la frontera Sur española, a lo que se le dedica mucha más atención que al 95% que accede regularmente.
Esta realidad debe ser analizada respecto a una serie de indicadores para entender mejor el fenómeno migratorio, especialmente hacia España y la UE (véase F. Luengo). En primer lugar, la disparidad de renta por habitante: en 1971en el África subsahariana era el 9,5% de la europea y medio siglo después tan sólo representaba el 4,1%en 2021. En segundo lugar, hay que considerar
la pobreza absoluta, que el BM la calcula en base a los ingresos por persona (inferior a 2,15, 3,65 o 6,85 dólares día dependiendo de la zona), aunque esa valoración hay que ampliarla con el índice de Pobreza Multidimensional. Significa que en 2019el 36,7% de la población subsahariana, lo que supone 411 millones de personas, sobrevivían en situación de extrema pobrezacon menos de 2,15 dólares día. A la pobreza se unen 284 millones de personas que padecen enfermedades crónicas y carecen de servicios
esenciales para la vida (como el agua corriente y la electricidad).
Un tercer indicador son los efectos de la crisis climática con sus graves efectos devastadores: sequías, inundaciones…, a pesar de que África sólo emite el 10 % de CO2mundial. Finalmente, la deuda externaha aumentado de manera sustancial en los últimos años, del 21,8% del PIB en 2008, hasta el 46,6% en 2023. Algunas economías subsaharianasse han tenido que declarar en suspensión de pagos.
Estas son las razones fundamentales de las migraciones dentro de África o hacia Europa.La demostración de la siempre desigualdad entre el Norte y el Sur globales. ¿Qué muros van a impedir que decenas de miles de personas se lancen peligrosamente para alcanzar una vida mejor en Europa?
Pero ¿cuál es la respuesta política de los países de la UE? Lamentablementela política que va tomando cada vez más peso en la UE está dominada por un enfoque securitario: control policial de fronteras, restricción de inmigrantes y solicitantes de asilo, deportaciones, así como por la externalización hacia terceros países y la militarización ya sea en los países emisores o en las
zonas de “paso” (Frontex). Política de las extremas derechas que han ido asumiendo un buen número de gobiernos europeos, que no se atienea la Declaración de DDHH, al Derecho Internacional de la Convención de Ginebra de 1951 ni al Protocolo de Nueva York de 1966 y que contempla la migración como fondo de reserva de mano de obra en condiciones de explotación, como una “industria del desecho humano”.
Más allá, incluso, la UE considera las migraciones como una “amenaza híbrida”, una combinación de “actividadesmilitares y no–militares convencionales y no–convencionales […] para lograr objetivos políticos” y considera la relación con terceros países
para “combatir el crimen organizado, terrorismo, la inmigración irregular y el tráfico de armas”. España ha solicitado la inclusión de la migración irregular como amenaza híbrida en el nuevo Concepto Estratégico de la OTAN. Muy claro, el derecho humano a migrar y al asilo se contempla a la altura de criminales de diversos pelaje y justifican las diversas medidas de control y violencia (véase Externalización).
La externalización del control de migrantestiene dos variantes: 1) en países terceros para acoger,  detener y obstruirla salida hacia Europa (Turquía, Marruecos, Túnez, Libia, Mauritania, Gambia, Senegal…), con escasas o nulas garantías democráticas, y por ello reciben millones de euros(más de 9.344 millones de 2004 a 2024, a veces enmascarados como ayuda al desarrollo) por tratados de retorno. Esas aportaciones no van dirigidas a la atención demigrantes sino a la represión, deportaciones o a la corrupción, afectandola vida social de esos países y el aumento de la discriminación y el racismo hacia los migrantes. 2) La deportación a terceros países en centros especiales o cárceles, supuestamente mientras se gestiona su aceptación de entrada (Ruanda por Gran Bretaña, Turquía, Albania por Italia, Australia, EEUU, México…) (véase).
El enfoque securitario no se sostiene sólo en prejuicios racistas, supremacistas y xenófobos, en el rechazo a los desposeídos –la aporofobia– (que no se aplican a personas enriquecidas de algunos otros países), sino que hay que destacar toda la industria dedicadosal control migratorio.
La UE, ante esa concepciónde amenaza híbrida, viene apoyando y justificando la Industria del Control Migratorio, que engloba todas las actividades para frenar los flujos migratorios y supone un negocio de miles de millones de dinero público europeo.Esta Industria tiene su antecedente más claro desde 2015 en el Plan de Acción Conjunto de La Valeta para frenar los flujos desde
África y para ello se aprobó el Fondo Fiduciario de Emergencias de la UE con 5.000 millones de euros y, posteriormente, el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible de 4.500 millones en 2017. Esos fondos han ido dirigidos al control migratorio suministrando herramientas para la identificación y vigilancia, como vehículos, aviones y helicópteros (Babcock Mission), drones, satélites, guardias de seguridad, atención acentros de acogida… Diversas organizaciones privadas y lobbies actúan en este campo de la securitización, como la Asociación Europea AeroEspacial y de Defensa, líneas aéreas para las deportaciones, empresas tecnológicas y en España la Asociación de Empresas de Seguridad, Telefónica, Eulen y especialmente INDRA (D. Dominguez).
En abril de 2024 el Parlamento europeo aprobóel Pacto de Emigración y Asilo (debe entrar en vigor en enero de 2026) que supone un estrechamiento de los derechos de migrantes al no garantizar la asistencia legal y al acelerar las deportaciones, sin consideración a sus derechos.Un posicionamiento ante la situación cada vez más grave en un buen número de países africanos, a los que se les está planteando convenios de “cooperación” para restringir salidas y aceptar retornos de migrantes (la reciente gira africana del presidente Sánchez va en esta dirección). Significa realmente una claudicación de Von der Leyen y los gobiernos europeos, incluido el español, ante el programa de la extrema derecha: abandono de los Derechos Humanos y mano
dura contra la migración.
Un avance más en este proceso securitario fue la coordinación del control de las fronteras exteriores conla Agencia de Fronteras y Costas –Frontex–, a disposición de los países que lo soliciten, para aportar nuevas tecnologías fronterizas. Frontex se ha destacado por las deportaciones a terceros países como una forma de disuadir la migración. De 2009 a 2019 deportó
a 60.135 personas en 1.437 operaciones. Frontex goza de autonomía respecto a los Estados y mucha opacidad, denunciada en el Parlamente europeo (véase Externalización).
Hay muchas consecuencias de esta política de la UE:
–Rutas migratorias más peligrosas y peligro de devoluciones a zonas lejanas o desérticas.
–Apoyo a dictaduras y a la represiónde los países de origen y tránsito migrante.
–Abandono de los ideales de solidaridad y Derechos Humanos y prioridad a la securitización y la militarización.
–Relación desigual con los países africanos, a los que se les pide colaboración mientras se mantienen unas relaciones comerciales leoninas o una supuesta cooperación interesada.
Esta política de los países receptores de migrantes, unida a los mensajes de odio y manipulaciones, es un caldo de cultivo de ideología racista y fascista. Los ataques y progromos promovidos por la extrema derecha que se han producido en Gran Bretaña contra la población inmigrante y musulmana a raíz del asesinato de dos niñas, que fueron contrarrestados por amplias movilizaciones antirracistas, mientras hubo cierta pasividad institucional y policial. Las extremas derechas europeas, por un lado, influyen en la deriva reaccionaria de laspolíticas de migración y asilo para legitimarse social y políticamente y, por otro, utilizan el deterioro socioeconómico de las clases populares y los privilegios raciales y culturales para inculpar a las minorías inmigrantes. “El racismo es una expresiónsupremacista de una colectividad para imponer y justificar la discriminación de grupos sociales racializados o por motivos étnicos–nacionales, que lleva a la segregación y su subordinación frente a las ventajas de los autóctonos, desde una visión uniforme y jerarquizada de la sociedad” (Antón). En España la presencia de población inmigrada(unos 4 millones de personas, un 10% respecto a la población nativa)es muy inferior a otros países europeos, pero la extrema derecha lanza mensajes de odio, en especial contra los menores no acompañados, cargados de mentiras y bulos, presentados como “hechos alternativos” sin ningún sustento real. Todo ello como concreciones de su falsa idea del reemplazo étnico y cultural de la población autóctona por las poblaciones migrantes.
El asunto es cómo trabajar para conseguir una respuesta garantista y de derechos humanos por el Gobierno de España y la UE.Concreto algunas propuestas basadas en CEAR que tienen validez para el conjunto de la migración y asilo.
1. Promover vías legales y seguras para quienes necesitan protección.
2. España está obligada a garantizar los derechos de todas las personas, independiente de su acceso, unas condiciones dignas en centros de acogida, así como la identificación y la evaluación de sus necesidades sin discriminación de nacionalidad.
3. Asegurar que mientras se hace el triaje no se prive de libertad a los migrantes.
4. Respetar el principio de no devolución.
5. Contribuir a la solidaridad con medidas centradas en las personas.
CEAR también hace algunas propuestas para enfrentar los delitos de odio y racismo:
* Aprobar un Pacto social y político contra los discursos de odio, así como promocionar la igualdad y la construcción de sociedades inclusivas.
* Desarrollar planes de convivencia intercultural, inclusión social y no discriminación.
* Aplicar la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación en el acceso y condiciones de trabajo,  la promoción profesional y la formación para el empleo: Nadie podrá ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad o condición de salud, estado serológico y/o predisposición genética a sufrir patologías y trastornos lengua, situación socio económica o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
*Integrar programas educativos en los centros escolares que aborden de la inmigración con un enfoque de derechos.
*Trabajar en red con actores claves en la generación de conocimiento y la sensibilización para atajar el racismo y la xenofobia.
En definitiva, y como conclusión, se necesita un enfoque claroy decidido por la defensa de los derechos humanos (priorizándolos a los económicos que habitualmente se defienden) en la perspectiva de una  sociedad con diálogo interculturalque reconozca “la diversidad étnica y el pluralismo sociocultural y, al mismo tiempo, conformar una dinámica unitaria y
solidaria de deliberación democrática y de ciudadanía política y social compartida. Y todo ello con unos principios básicos comunes de no–discriminación, respeto a la propia voluntad individual o colectiva y diálogo y negociación cultural” (A.Antón).
Enfoque de derechos que debemos exigir a la UE, a cada uno de los gobiernos y, por supuesto, al gobierno español.