COP29: de Bakú a Valencia

Francisco Castejón

Acción en Red Madrid

Cuando escribo estas líneas se está celebrando en Bakú (Azerbaiyán) la cumbre número 29 contra el cambio climático, la COP-29. Aún no ha acabado la COP-29 y ni siquiera se intuye por donde van las negociaciones, pero todo indica que no se va a producir ningún avance en esta cumbre con vistas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

La última COP que arrojó algún resultado positivo fue la de París, la COP-21, que tuvo lugar en 2015. En ella se fijó el límite de la concentración de gases de invernadero en la atmósfera que garantiza que el aumento de temperatura que se podía alcanzar a finales de este siglo no fuera superior a 1,5º. Por encima de esta temperatura se desencadenarían una serie de fenómenos que podrían disparar un aumento mucho mayor de temperatura, lo que, a su vez, generaría una serie de fenómenos atmosféricos extremos que serían catastróficos para la humanidad. Estamos hablando de olas de calor, sequías extremas, huracanes, tornados y precipitaciones intensas que pueden dar lugar a inundaciones. Inundaciones como la que se produjo en Valencia a partir del día 29 de octubre.

Estamos acostumbrados a sufrir gotas frías, que luego recibieron el nombre más científico y descriptivo de DANA (Depresión Aislada a Niveles Altos), pero lo ocurrido en Valencia, y en menor medida en Albacete, en esta DANA supera con mucho todas las tragedias vividas en las anteriores. El número de víctimas y la destrucción sufrida no tiene precedentes. Más allá de las consideraciones sobre la gestión de la emergencia, que merecerían la dimisión del presidente de la Generalitat Valenciana y de al menos dos consejeras, así como el rechazo del urbanismo insensato desarrollado en la zona, hay que buscar la explicación de lo sucedido en los fenómenos climáticos generados por el calentamiento excesivo del Mediterráneo. Este dio lugar a una enorme evaporación de agua que topó con una masa de aire frío lo que produjo una precipitación sin precedentes en cotas altas del territorio que fueron desaguadas a través de los barrancos de la zona, especialmente el del Poyo y el del Magro, por los que siempre había fluido, e inundó los terrenos aledaños con gran impacto y sufrimiento. La dinámica de los acontecimientos permite aseverar que el calentamiento global ha sido el causante de que esta DANA fuera más intensa que las precedentes.

A pesar de estos y otros sucesos que muestran palmariamente que el cambio climático avanza por el aumento de las emisiones de gases de invernadero, las previsiones sobre la COP no son nada halagüeñas. Se calcula que el número anual de víctimas que se producen por fenómenos atmosféricos extremos atribuibles al cambio climático es de unas 300.000, lo que debería ser suficiente para motivar un cambio en las políticas energéticas y de emisión de gases de invernadero.

La victoria de Trump en las últimas elecciones de EEEUU es un resultado más de la ola reaccionaria que recorre el mundo: la extrema derecha, en sus múltiples formas, está aumentando su influencia social, lo que le permite alcanzar mayor poder político y económico. Y en EEUU y Europa lo hace utilizando las estructuras e instituciones creadas por la democracia liberal, que a su vez peligran por la irrupción de estos partidos.

Una de las características identitarias de esta ultraderecha es el negacionismo de muchos conocimientos científicos, como que el cambio climático actual está generado por las emisiones humanas de gases de efecto invernadero. Por tanto, no es previsible que la posición occidental en la COP sea precisamente muy exigente para marcar objetivos de reducción emisiones.

El principal país emisor mundial de gases de invernadero, con un 30% de todas las emisiones, es China. Si EEUU no demuestra un compromiso firme en las negociaciones, China tampoco lo hará y los resultados de la COP serán claramente insatisfactorios. A diferencia de los demócratas, los republicanos americanos tienen un bajo interés en la multilateralidad internacional y apuestan por una mayor autarquía en los EEUU.

En estos momentos, la humanidad ha emitido ya suficientes gases de invernadero para superar el aumento de 1,5º de temperatura a final de siglo y, peor aún, los compromisos de reducción de emisiones no garantizan que las temperaturas aumenten menos de 2,6º a finales de 2100.  Dados los cambios en el clima que ya estamos viviendo y que han llegado para quedarse, se afirma, con razón, que estamos viviendo ya en un nuevo clima. En el caso español, esto implica que las DANAs extremas, las olas de calor del verano, las sequías, los episodios de lluvias y granizos intensos o algunos inviernos extremadamente fríos, han venido para quedarse.

Entre los acuerdos de París, se fijó la creación de un fin de 100.000 millones de dólares para ayudar a los países menos pudientes a avanzar en la reducción de emisiones y en la mitigación de los efectos del cambio climático. Sin embargo, no se ha avanzado hasta la fecha en la creación de dicho fondo y en su distribución. En la COP-29 habrá, por tanto, multitud de negociaciones financieras. Si la COP de Bakú no avanza, estamos condenados a sufrir cada vez más duros efectos del cambio climático.

Por otra parte, estos efectos son muy desiguales entre unas zonas y otras y entre unas poblaciones y otras. Por ejemplo, el Mediterráneo es una de las zonas donde el cambio climático va a ser más intenso y las inundaciones valencianas son un claro ejemplo. Pero no solo la posición geográfica es una fuente de desigualdad, también lo son los diferentes medios para combatir los efectos del cambio climático con que cuentan los países y las poblaciones de estos. Podemos considerar de nuevo el ejemplo de la DANA en Valencia y los enormes costes de la reconstrucción, así como la forma en que se producirá esta: habrá que prepararse para nuevos fenómenos como las recientes inundaciones y, en particular, no construir en el dominio público hidráulico. Estos costes no están, desde luego, al alcance de cualquier país ni de cualquier población.

Con toda precisión se puede hablar de injusticia climática y es imprescindible que los países y capas de población más ricas pongan más de su parte para combatir el cambio climático reduciendo sus emisiones y ayudando económicamente a los más débiles.

Una UE de Derechos Humanos frente a una Europa fortaleza

Fernando Cerezal
Acción en Red Madrid
13 de septiembre de 2024
Valla con alambre de espino y concertinas. LINNAEA MALLETE (CCO 1.0)
La inmigración y el asilo están siendo contemplados como un grave problema por un enfoque dramatista de las derechas a través de ciertosmedios de comunicación y de bulos, enfoque que está extendiéndose a la mayoría de los gobiernos de la Unión Europea y a la propia UE al orientar sus políticas hacia el control de fronteras, la securitizacióny la externalización a otros países sin garantías democráticas.Todo ello con un enorme desprecio de los derechos humanos y generando miedos, racismo y división entre las clases populares.
Nos encontramos, especialmente en redes sociales y ciertos medios, con un conjuntode mensajes  racistas y xenófobos que promueven el odio, la discriminación, así comola división de las personas entre “nosotros y ellos”, unos ciudadanos de plenos derechos, socialmente superiores, y “ellos” como personas de segunda y en potencial riesgo de exclusión, a los que se les estigmatiza y criminalizaresponsabilizándoles de un supuesto aumento de la inseguridad ciudadana y el deterioro de las condiciones sociales y laborales, sin datos que lo avalen. Es decir, se sobredimensionan y tergiversan algunos datos en los que basar esta discriminación y se arropa en una ofensiva cultural reaccionaria. Esta consideración social es un excelente marco para la explotación laboral y socialy para el avance del racismo (véase “Racismo estructural”).

La separación entre la inmigración económica y el asilo o protección internacional subsidiaria es realmente fina. Una parte importante de los inmigrantes llegan huyendo de situaciones de pobreza y hambrunas, falta de oportunidades, represiones diversas, guerras, discriminación y violencia de género, deterioro medioambiental… Estas son razones poderosas para contemplar la migración y el asilo como necesidades y derechos humanos, recogidos en el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.

Los datos son apabullantes: según el informe de ACNUR de 2024 los desplazados internos y solicitantes de asilo obligados a abandonar sus hogares eran120 millones en 2023, de los que el 75 % se desplazan a países de renta baja o media, mayoritariamente a países limítrofes, y un 30% son niños (véase “El retroceso imparable de un derecho imprescindible”). Un dato de interés es saber que sólo el 5% de la migración accede por la frontera Sur española, a lo que se le dedica mucha más atención que al 95% que accede regularmente.
Esta realidad debe ser analizada respecto a una serie de indicadores para entender mejor el fenómeno migratorio, especialmente hacia España y la UE (véase F. Luengo). En primer lugar, la disparidad de renta por habitante: en 1971en el África subsahariana era el 9,5% de la europea y medio siglo después tan sólo representaba el 4,1%en 2021. En segundo lugar, hay que considerar
la pobreza absoluta, que el BM la calcula en base a los ingresos por persona (inferior a 2,15, 3,65 o 6,85 dólares día dependiendo de la zona), aunque esa valoración hay que ampliarla con el índice de Pobreza Multidimensional. Significa que en 2019el 36,7% de la población subsahariana, lo que supone 411 millones de personas, sobrevivían en situación de extrema pobrezacon menos de 2,15 dólares día. A la pobreza se unen 284 millones de personas que padecen enfermedades crónicas y carecen de servicios
esenciales para la vida (como el agua corriente y la electricidad).
Un tercer indicador son los efectos de la crisis climática con sus graves efectos devastadores: sequías, inundaciones…, a pesar de que África sólo emite el 10 % de CO2mundial. Finalmente, la deuda externaha aumentado de manera sustancial en los últimos años, del 21,8% del PIB en 2008, hasta el 46,6% en 2023. Algunas economías subsaharianasse han tenido que declarar en suspensión de pagos.
Estas son las razones fundamentales de las migraciones dentro de África o hacia Europa.La demostración de la siempre desigualdad entre el Norte y el Sur globales. ¿Qué muros van a impedir que decenas de miles de personas se lancen peligrosamente para alcanzar una vida mejor en Europa?
Pero ¿cuál es la respuesta política de los países de la UE? Lamentablementela política que va tomando cada vez más peso en la UE está dominada por un enfoque securitario: control policial de fronteras, restricción de inmigrantes y solicitantes de asilo, deportaciones, así como por la externalización hacia terceros países y la militarización ya sea en los países emisores o en las
zonas de “paso” (Frontex). Política de las extremas derechas que han ido asumiendo un buen número de gobiernos europeos, que no se atienea la Declaración de DDHH, al Derecho Internacional de la Convención de Ginebra de 1951 ni al Protocolo de Nueva York de 1966 y que contempla la migración como fondo de reserva de mano de obra en condiciones de explotación, como una “industria del desecho humano”.
Más allá, incluso, la UE considera las migraciones como una “amenaza híbrida”, una combinación de “actividadesmilitares y no–militares convencionales y no–convencionales […] para lograr objetivos políticos” y considera la relación con terceros países
para “combatir el crimen organizado, terrorismo, la inmigración irregular y el tráfico de armas”. España ha solicitado la inclusión de la migración irregular como amenaza híbrida en el nuevo Concepto Estratégico de la OTAN. Muy claro, el derecho humano a migrar y al asilo se contempla a la altura de criminales de diversos pelaje y justifican las diversas medidas de control y violencia (véase Externalización).
La externalización del control de migrantestiene dos variantes: 1) en países terceros para acoger,  detener y obstruirla salida hacia Europa (Turquía, Marruecos, Túnez, Libia, Mauritania, Gambia, Senegal…), con escasas o nulas garantías democráticas, y por ello reciben millones de euros(más de 9.344 millones de 2004 a 2024, a veces enmascarados como ayuda al desarrollo) por tratados de retorno. Esas aportaciones no van dirigidas a la atención demigrantes sino a la represión, deportaciones o a la corrupción, afectandola vida social de esos países y el aumento de la discriminación y el racismo hacia los migrantes. 2) La deportación a terceros países en centros especiales o cárceles, supuestamente mientras se gestiona su aceptación de entrada (Ruanda por Gran Bretaña, Turquía, Albania por Italia, Australia, EEUU, México…) (véase).
El enfoque securitario no se sostiene sólo en prejuicios racistas, supremacistas y xenófobos, en el rechazo a los desposeídos –la aporofobia– (que no se aplican a personas enriquecidas de algunos otros países), sino que hay que destacar toda la industria dedicadosal control migratorio.
La UE, ante esa concepciónde amenaza híbrida, viene apoyando y justificando la Industria del Control Migratorio, que engloba todas las actividades para frenar los flujos migratorios y supone un negocio de miles de millones de dinero público europeo.Esta Industria tiene su antecedente más claro desde 2015 en el Plan de Acción Conjunto de La Valeta para frenar los flujos desde
África y para ello se aprobó el Fondo Fiduciario de Emergencias de la UE con 5.000 millones de euros y, posteriormente, el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible de 4.500 millones en 2017. Esos fondos han ido dirigidos al control migratorio suministrando herramientas para la identificación y vigilancia, como vehículos, aviones y helicópteros (Babcock Mission), drones, satélites, guardias de seguridad, atención acentros de acogida… Diversas organizaciones privadas y lobbies actúan en este campo de la securitización, como la Asociación Europea AeroEspacial y de Defensa, líneas aéreas para las deportaciones, empresas tecnológicas y en España la Asociación de Empresas de Seguridad, Telefónica, Eulen y especialmente INDRA (D. Dominguez).
En abril de 2024 el Parlamento europeo aprobóel Pacto de Emigración y Asilo (debe entrar en vigor en enero de 2026) que supone un estrechamiento de los derechos de migrantes al no garantizar la asistencia legal y al acelerar las deportaciones, sin consideración a sus derechos.Un posicionamiento ante la situación cada vez más grave en un buen número de países africanos, a los que se les está planteando convenios de “cooperación” para restringir salidas y aceptar retornos de migrantes (la reciente gira africana del presidente Sánchez va en esta dirección). Significa realmente una claudicación de Von der Leyen y los gobiernos europeos, incluido el español, ante el programa de la extrema derecha: abandono de los Derechos Humanos y mano
dura contra la migración.
Un avance más en este proceso securitario fue la coordinación del control de las fronteras exteriores conla Agencia de Fronteras y Costas –Frontex–, a disposición de los países que lo soliciten, para aportar nuevas tecnologías fronterizas. Frontex se ha destacado por las deportaciones a terceros países como una forma de disuadir la migración. De 2009 a 2019 deportó
a 60.135 personas en 1.437 operaciones. Frontex goza de autonomía respecto a los Estados y mucha opacidad, denunciada en el Parlamente europeo (véase Externalización).
Hay muchas consecuencias de esta política de la UE:
–Rutas migratorias más peligrosas y peligro de devoluciones a zonas lejanas o desérticas.
–Apoyo a dictaduras y a la represiónde los países de origen y tránsito migrante.
–Abandono de los ideales de solidaridad y Derechos Humanos y prioridad a la securitización y la militarización.
–Relación desigual con los países africanos, a los que se les pide colaboración mientras se mantienen unas relaciones comerciales leoninas o una supuesta cooperación interesada.
Esta política de los países receptores de migrantes, unida a los mensajes de odio y manipulaciones, es un caldo de cultivo de ideología racista y fascista. Los ataques y progromos promovidos por la extrema derecha que se han producido en Gran Bretaña contra la población inmigrante y musulmana a raíz del asesinato de dos niñas, que fueron contrarrestados por amplias movilizaciones antirracistas, mientras hubo cierta pasividad institucional y policial. Las extremas derechas europeas, por un lado, influyen en la deriva reaccionaria de laspolíticas de migración y asilo para legitimarse social y políticamente y, por otro, utilizan el deterioro socioeconómico de las clases populares y los privilegios raciales y culturales para inculpar a las minorías inmigrantes. “El racismo es una expresiónsupremacista de una colectividad para imponer y justificar la discriminación de grupos sociales racializados o por motivos étnicos–nacionales, que lleva a la segregación y su subordinación frente a las ventajas de los autóctonos, desde una visión uniforme y jerarquizada de la sociedad” (Antón). En España la presencia de población inmigrada(unos 4 millones de personas, un 10% respecto a la población nativa)es muy inferior a otros países europeos, pero la extrema derecha lanza mensajes de odio, en especial contra los menores no acompañados, cargados de mentiras y bulos, presentados como “hechos alternativos” sin ningún sustento real. Todo ello como concreciones de su falsa idea del reemplazo étnico y cultural de la población autóctona por las poblaciones migrantes.
El asunto es cómo trabajar para conseguir una respuesta garantista y de derechos humanos por el Gobierno de España y la UE.Concreto algunas propuestas basadas en CEAR que tienen validez para el conjunto de la migración y asilo.
1. Promover vías legales y seguras para quienes necesitan protección.
2. España está obligada a garantizar los derechos de todas las personas, independiente de su acceso, unas condiciones dignas en centros de acogida, así como la identificación y la evaluación de sus necesidades sin discriminación de nacionalidad.
3. Asegurar que mientras se hace el triaje no se prive de libertad a los migrantes.
4. Respetar el principio de no devolución.
5. Contribuir a la solidaridad con medidas centradas en las personas.
CEAR también hace algunas propuestas para enfrentar los delitos de odio y racismo:
* Aprobar un Pacto social y político contra los discursos de odio, así como promocionar la igualdad y la construcción de sociedades inclusivas.
* Desarrollar planes de convivencia intercultural, inclusión social y no discriminación.
* Aplicar la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación en el acceso y condiciones de trabajo,  la promoción profesional y la formación para el empleo: Nadie podrá ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad o condición de salud, estado serológico y/o predisposición genética a sufrir patologías y trastornos lengua, situación socio económica o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
*Integrar programas educativos en los centros escolares que aborden de la inmigración con un enfoque de derechos.
*Trabajar en red con actores claves en la generación de conocimiento y la sensibilización para atajar el racismo y la xenofobia.
En definitiva, y como conclusión, se necesita un enfoque claroy decidido por la defensa de los derechos humanos (priorizándolos a los económicos que habitualmente se defienden) en la perspectiva de una  sociedad con diálogo interculturalque reconozca “la diversidad étnica y el pluralismo sociocultural y, al mismo tiempo, conformar una dinámica unitaria y
solidaria de deliberación democrática y de ciudadanía política y social compartida. Y todo ello con unos principios básicos comunes de no–discriminación, respeto a la propia voluntad individual o colectiva y diálogo y negociación cultural” (A.Antón).
Enfoque de derechos que debemos exigir a la UE, a cada uno de los gobiernos y, por supuesto, al gobierno español.

GREEN BORDER La guerra oculta de Europa

Crítica de la película GREEN BORDER La guerra oculta de Europa

Rafael Arias Carrión Miembro de Acción en Red.

1. Antecedentes

Las imágenes cinematográficas sobre los migrantes en los últimos treinta años han variado aunque la dureza de su contenido, esencialmente, se ha mantenido. En Lamerica (Gianni Amelio, 1994), los migrantes albaneses, tras la caída del comunismo y la entrada de un salvaje capitalismo que, como una motosierra, cercenó a una parte de la sociedad y la obligó a huir, vislumbraban su esperanza en la cercana Italia. Migrantes albaneses se embarcaban apretados unos contra otros, abarrotados y hacinados pero esperanzados(1). El futuro no era ideal, pero la frontera estaba abierta. En 2002, el director británico Michael Winterbottom filmaba, cámara en mano, In This World, la odisea de dos jóvenes afganos que huyen de un país bombardeado por los Estados Unidos, en respuesta a los atentados del 11S, y que ocuparon durante 20 años para finalmente permitir a los talibanes, los mismos que gobernaban en 2002, regresar al poder, con las brutales consecuencias sobre las mujeres que ya sabíamos. Estos chicos de la película tienen como deseo llegar a Gran Bretaña y la cámara del director los acompañará, encontrando odio, cariño, comprensión y redes de ayuda a partes iguales en su travesía. El futuro no era ideal, las fronteras europeas ya no estaban abiertas, pero los agujeros para entrar eran evidentes. Las mafias ocuparon un nicho e hicieron su negocio. En 2023, la directora polaca Agnieszka Holland documentó la crisis fronteriza de 2021 entre Bielorrusia y la Unión Europea. Resumiendo, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko, en el poder desde 1994, utilizó a los migrantes como respuesta ante las sanciones impuestas por la UE, que no reconoció su victoria en las elecciones de 2020. Bielorrusia promovió la entrada de migrantes por Polonia, compañías aéreas del país y de otros cercanos atraían emigrantes de otros países (principalmente procedentes de Siria y Afganistán) quienes, tras pagar precios de lujo, los colocaban frente a concertinas y los hacían pasar al otro lado. Ya no estaban en Bielorrusia, ya estaban en Polonia, en la UE, frente a un inmenso bosque verde por donde es difícil orientarse.

2. La película

Hay películas necesarias y urgentes (como lo fueron las citadas Lamerica e In This World). Green Border lo es y su veterana directora Agnieszka Holland (nacida en 1948) ha demostrado una inusual capacidad para adentrarnos en lo que significa ese estado de tránsito entre países, ese vivir atemorizados, estemos en Polonia o en Bielorrusia. Para ello su directora ha utilizado un blanco y negro, que imprime a las imágenes una textura rugosa que lo acerca al documento. Pero también esa elección del blanco y negro contiene ecos del pretérito. Estoy seguro que la directora pensó en el pasado polaco durante la Segunda Guerra Mundial, y los campos de exterminio y la ocupación del país por los nazis durante dicha guerra. Los recuerdos de la misma, muchas veces provenientes de documentales, ficciones y fotografías, son en blanco y negro. Hay algo más allá de lo estético en la elección de la directora por el blanco y negro, está el interés de poner el foco en algo muy concreto. De esta forma la película es franca y directa, cristalina en su retrato y transparente en sus elecciones formales. Alejándose de las cámaras en mano, los desenfoques y un paisaje sonoro ensordecedor, Green Border es claridad conceptual. Los planos son precisos, lo que se ve y lo que no se ve no deja lugar a la duda, el ritmo, impreciso a veces, viene marcado por los capítulos en que se divide la película que llevan título propio.

Esos capítulos que dividen la película contiene los diversos espejos donde mirar(nos). Emigrantes, ejército, activistas humanitarios, son las tres caras que nos ofrece su directora. Su análisis es devastador. Green Border muestra sin tapujos lo que es “estar” en el mundo sin derechos de ningún tipo. La familia siria, compuesta por seis miembros entre adultos y niños, con familia en Suecia (es decir, con un destino claro) y la profesora afgana, con derecho a pedir asilo en Polonia, que son a quienes su directora nos acerca, sufren literalmente en sus carnes el desprecio más absoluto de unos militares (tanto bielorrusos, que maltratan, se mofan y llegan a cobrar 50 euros por una botella de agua; y los polacos que utilizan a los migrantes como sacos de boxeo, sin miramientos de ningún tipo, ni edad, ni sexo…). Y el problema de las “devoluciones en caliente”: más allá de saltarse las leyes comunitarias son el germen de la deshumanización de los encargados de hacerlo. Tal como aparecía en una magnífica película La cuestión humana, las palabras importan y cuando las neutralizamos, deshumanizamos a quienes nos dirigimos. Si los nazis hablaban de piezas o de cargas para referirse a quienes iban en camiones o trenes camino de los campos de exterminio, los soldados polacos no hablan de seres humanos o de personas para referirse a quienes traspasan una frontera en precario estado, los citan como piezas. Dejan de ser seres humanos, son piezas y podemos maltratarlas; al fin y al cabo, una pieza no sufre, no padece, la podemos zarandear, amenazar, golpear… Ese acento lo marca la directora de su país, Polonia, que en 2021, momento de los hechos mostrados, llevaba gobernada por la extrema derecha desde 2015.

Ante esos desmanes la sociedad civil, activistas de todo tipo, ven cercenadas su capacidad de ayuda, bajo el espejo con el que la clase militar los ve, considerados por estos como criminales por prestar primeros auxilios, alimento y refugio. Ayuda necesaria, pero siempre insuficiente. A veces pereciera que estuviéramos en una distopía, en un capítulo de la excepcional serie Black Mirror. Pero no, estamos ante un fehaciente retrato de la realidad actual, de los poderes políticos para deshumanizar a las personas migrantes, para invisibilizarlas, para insensibilizar a la policía de fronteras del abuso de los derechos de las personas como solicitantes de refugio y de asilo, de la utilización de dichas personas como peones de un juego político o como pelotas de ping-pong… Peones de primera, peones de tercera. Agnieszka Holland se pregunta si los migrantes que retrata su película son mejores o peores personas que los 2 millones de ucranios y ucranias que recibió Polonia con los brazos abiertos en 2022. ¿Somos iguales? Ya he escrito que Green Border es una película necesaria. Es cine doloroso e imprescindible, retrato imperecedero de una frontera y de todas las fronteras. ¿Es exportable el drama de Green Border en 2021 a la inmigración en la frontera española en Ceuta y Marruecos, como lo sucedido en 2021 o los incidentes en la valla de Melilla que causaron la muerte de 23 inmigrantes y dos policías en 2022?

3. La directora y las amenazas de la extrema derecha

A raíz del estreno de Green Border en Polonia, el gobierno de extrema derecha planificó una estrategia de acusaciones y exacerbación del odio contra la directora en plena campaña electoral, que puso en peligro la seguridad de la directora. En una excelente entrevista en el diario Público lo narra: “Ellos decidieron usar esa película y mi persona para movilizar a los votantes de derecha, y volcaron todo su odio, así que esperaba ciertas reacciones, una guerra abierta, pero no hasta el extremo de tener que ir con escolta de seguridad en mi país. Esperaba a los medios de comunicación atacándome, pero no esperaba que el presidente del país, el primer ministro, el secretario del partido gobernante y los antiguos ministros de Justicia y de Exteriores del partido gobernante lo hicieran”.

4. Zona de interés

En su estremecedora película La zona de interés el director británico Jonathan Glazer puso el acento en dónde miramos, en cual es nuestra zona de interés. En la película vemos como vive una familia nazi pegada al muro del campo de exterminio de Auschwitz, cómo ese muro les oculta la visión de lo que hay, pero también cómo los sonidos, alarmas, gritos, disparos, no asustan a dicha familia y lo único que les incomoda es ver cenizas en el río en el que se bañan. Si como espectadores no nos incomoda dicha situación, nos ubicamos en el desenfoque de la zona de interés. El público que ha visto, y que verá Green Border, ha asistido a la inclemencia de la zona de interés. Hay que mirar allí y no desviar la mirada.

(1) Una imagen idéntica a la del buque mercante Stanbrook, que llevó a cabo la última evacuación de refugiados republicanos del puerto de Alicante el 28 de marzo de 1939.

La vivienda y sus problemas

Francisco Castejón. Miembro de Acción en Red Madrid

EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA

Tenemos un problema grave con la vivienda en nuestro país. El acceso a una vivienda es clave para tener una vida digna, y así lo reconoce la Constitución, y la dificultad para acceder a una vivienda tiene impactos importantes sobre las vidas de una gran parte de la población. No es casualidad que los jóvenes españoles tarden más que la media europea en independizarse (empiezan a vivir por cuenta propia con más de 30 años, frente a la media de 26,4 años en la UE). Asimismo, el alto precio de la vivienda no es ajeno al hecho de que el índice de la natalidad sea tan bajo en nuestro país, dada la dificultad para forjar proyectos de vida. Además, qué duda cabe de que la calidad de la vivienda a la que se accede y su ubicación está relacionada con la calidad de vida: hay que considerar el acceso a servicios cercanos y la necesidad de invertir grandes tiempos en los desplazamientos, la orientación y la luz natural de que se disfruta, los espacios disponibles y la comodidad, el aislamiento de las ventanas y paredes y el comportamiento energético, el ascensor, la calefacción, … Llama la atención que en mucho tiempo no se haya resuelto un asunto tan importante, ni siquiera, cuando han accedido al gobierno partidos de izquierda. Por el contrario, la evolución de este problema se ha dejado durante largos años al albur de las dinámicas económicas y las medidas legales y fiscales que se han tomado han contribuido a traernos al punto en el que estamos. Las políticas adoptadas hasta la fecha, incluidas las leyes del suelo y las reformas fiscales que desgravan notablemente la compra, han fomentado la idiosincrasia española en que se prefiere tener en propiedad la vivienda que se habita, en lugar de alquilarla. Por otra parte, la vivienda se considera un bien refugio para invertir los ahorros de forma segura. No es extraño que muchas capas de la población, no necesariamente ricas, posean segundas viviendas como fruto del ahorro familiar.

La escasez de vivienda no es homogénea en el territorio y es más grave en las zonas en que hay mayor demanda por la alta actividad económica o turística. El problema se agrava cuando una parte no desdeñable de las viviendas se dedican al alquiler turístico, por ser este mucho más rentable que el alquiler a largo plazo para uso habitual. En 2023, los alquileres turísticos han aumentado un 15% llegando a un total de 315.238 en España. En el distrito Centro de Madrid, por ejemplo, de los 16.000 pisos que se ofrecen en alquiler, 12.000 se dedican al alquiler turístico. Esto hace que el número de viviendas ofrecidas en alquiler para vivienda habitual sea menor, pero además provoca un alza de los precios del alquiler: estos se han duplicado en los últimos 10 años.

Por estos resultados se ha dado en calificar estas zonas como tensionadas: aquellas en que existe una gran demanda de vivienda bien por una actividad económica que genera más puestos de trabajo y, por tanto, más necesidades de alojamientos a largo plazo, bien por el acceso turístico. En estas zonas, la actuación del poder político es indispensable y urgente para controlar los precios. Existe un problema adicional y es que las competencias en vivienda y urbanismo están compartidas entre ayuntamientos, comunidades autónomas y gobierno central. Los ayuntamientos pueden planificar y emitir Ordenanzas Municipales, las autonomías poseen las competencias en urbanismo. El Gobierno Central puede emitir leyes, pero sin invadir esas competencias.

VIVIENDAS DISPONIBLES: EL MERCADO FUNCIONA

Pero, ¿es que faltan viviendas?, ¿no era que a mediados de la década de los dos mil se había enladrillado el territorio de nuestro país? Lo cierto es que según el INE existen en España más de 3,8 millones de viviendas que no están habitadas a tiempo completo, el 14,4% del total del parque. De ellas, 2,5 millones son segundas viviendas utilizadas con más o menos frecuencia por sus propietarios, a menudo para fines vacacionales. Esto nos deja más de 1,3 millones de viviendas desocupadas. Estos datos se obtienen de forma objetiva a través del consumo de electricidad y no tienen en cuenta, lógicamente, las intenciones de los propietarios, ni si estos son pequeños propietarios, grandes tenedores o fondos de inversiones. De estas viviendas semiocupadas, casi el 30% están en localidades de más de 50.000 habitantes y solo el 11% están en localidades grandes, de más de 250.000 habitantes, que es donde hoy más se necesitan. La alta demanda no es capaz de motivar a los propietarios para sacar esas viviendas al mercado. En parte porque la vivienda es, como ya se ha dicho, un bien donde la gente invierte sus ahorros que no pierde valor con el tiempo, sino que normalmente se revaloriza más que el ahorro monetario. Y porque los gastos que implica mantener la vivienda cerrada son asumibles. No es ajeno a esta situación el problema del uso de este parque de vivienda de forma especulativa, esperando el alza de precios para ponerla a la venta o en alquiler.

A pesar de las numerosas campañas alarmistas, la supuesta amenaza de la ocupación ilegal tampoco es capaz de motivar a los propietarios para poner estas viviendas en circulación. Seguramente porque esta no es una amenaza importante, según muestran los datos. En 2022, se produjeron 16.726 denuncias en España, una por cada 1553 viviendas, un 20% menos que en 2021. Solo 2785 de estos casos llegaron a juicio oral. Cataluña se llevó la palma con el 41,9% del total estatal de denuncias. 

Le siguen Andalucía, con el 15% de denuncias y la Comunidad Valenciana con el 12,1%. La Comunidad de Madrid, por su parte, se situó lejos de los registros de Cataluña al contabilizar el 9% del total nacional. En Navarra se ocuparon 119 viviendas en 2022, casi las mismas que en 2021, y son el 0,7% del total. De ellas solo 4 llegaron a juicio.

El mero aumento de la oferta, construyendo más viviendas sin otras medidas que lo acompañen no va a solucionar el problema y, además, va a tener un impacto ambiental directo sobre la ocupación del territorio y va suponer un consumo tambiéndirecto de materiales y energía para construir esos nuevos edificios. A esto que hay que añadir los indirectos, con el consumo de recursos para dotar de servicios a esos nuevos barrios. La nueva Ley del Suelo que quería poner en marcha el PSOE, y fue rechazada en el Parlamento, adolecía del problema de la reducción de garantías ambientales y administrativas que se exigen a los nuevos planes, con la supuesta finalidad de aumentar la oferta. Son necesarias medidas que acompañen ese aumento del parque de viviendas en el mercado.

LAS SOLUCIONES

Una primera idea, poco explorada, es actuar sobre las zonas tensionadas para reducir la demanda. Tal como muestra la estadística de viviendas ocupadas a tiempo parcial, el 70% están localizadas en poblaciones de menos de 50.000 habitantes, luego si la población se repartiera mejor, los problemas de escasez serían menores. Por un lado, es necesario actuar sobre la ordenación del territorio para distribuir las inversiones y la riqueza y evitar las acumulaciones de población en unos pocos lugares, manteniendo casi vacío el resto del suelo. Existe una dificultad evidente para llevar a cabo medidas de este tipo: la concentración de riqueza atrae más y favorece que algunas élites aumenten sus ganancias y su poder. No podemos olvidar cómo, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso acusaba al gobierno de coalición de atacar a Madrid, por el mero hecho de querer instalar algunas instituciones fuera del centro del estado. Sin embargo, no deberíamos renunciar a una mejor ordenación del territorio y a una distribución de la inversión y la riqueza y mostrar la injusticia de esta construcción radial del estado. Por otro lado, es necesaria una reflexión sobre el turismo y sus efectos. Es verdad que esta actividad genera el 13% del PIB español, pero también lo es que los beneficios que produce no están bien distribuidos, porque los empleos que genera son de baja calidad. Se precisan medidas para reducir la presión turística sobre ciertas zonas del territorio y potenciar los valores culturales y paisajísticos que otras zonas presentan. El turismo impacta severamente contra el centro histórico de las ciudades, reduciendo el atractivo que tienen, puesto que expulsa a sus habitantes y a las actividades ajenas al turismo. Al final, los centros históricos de las ciudades se convierten en parques temáticos pensados para turistas, sin habitantes de la ciudad que doten a estas zonas de personalidad propia.

Además de las actuaciones sobre las zonas más tensionadas, cuyo efecto se verá a largo plazo, es necesario que la vivienda disponible sea asequible a los habitantes de las ciudades. Debería tenerse como meta que no más del 30% de la renta se destine a la comprar o alquiler de una vivienda. Para ello son necesarias políticas urgentes.

En realidad, no hay más que ver las políticas que se realizan en otras ciudades para explorar soluciones a corto plazo. Viena se ha puesto, con justicia, como ejemplo de políticas a aplicar: existe un parque de 220.000 vivienda públicas de precio controlado, pertenecientes a la empresa municipal de vivienda; el 50% de las viviendas son de protección oficial o construidas por cooperativas; el 78% de la población vive en alquiler; y en cada nueva promoción de vivienda, sea pública o privada e independientemente de la localización de la edificación en la ciudad, se dedica el 25% de las viviendas a protección oficial.

La nueva ley de vivienda pactada en el ejecutivo precedente al 23J tiene aspectos positivos como la nueva definición de grandes tenedores o la limitación de precios en zonas tensionadas, pero tiene el problema fundamental de que depende de la colaboración de las Comunidades Autónomas, muchas de ellas en manos del PP, que se han negado a aplicar la ley.

Es necesario que el Estado tome cartas en el asunto y para ello debe convertirse en promotor de vivienda pública social, bien para la venta, bien para el alquiler. Para ello, además de construir, se deberían movilizar los activos de la SAREB para aumentar la oferta de vivienda pública. En España el parque público de vivienda solo alcanza el 2% del total, frente a la media europea del 9,3%.

También debería actuar sobre la fiscalidad para favorecer el alquiler frente a la compra. Sería necesario también gravar las viviendas vacías y forzar su puesta en el mercado, así como mejorar la fiscalidad del alquiler. Actuar sobre la demanda es un buen instrumento: limitar el uso de los pisos para actividades que no sean la residencia habitual, reduciendo el uso de pisos turísticos. La eliminación de las llamadas Golden Visas ha sido un paso positivo que, si bien no impacta fuertemente sobre el mercado, sí elimina una discriminación económica importante. Se podría también regular la compra-venta de viviendas para garantizar que se va a vivir en ellas y no se les va a dar otro uso, al menos en las zonas tensionadas. Como se ve, existen experiencias y estudios que nos permiten diseñar buenas políticas de vivienda que permitan el acceso de la mayor parte de la población. Además, tenemos un parque de viviendas extenso que nos permite tomar medidas urgentes. Pero es necesaria una voluntad política fuerte para enfrentarse a los poderosos intereses que ven en la vivienda un ventajoso negocio.

(Pendiente de publicar en Berrituz, nº 82)