Francisco Castejón
Miembro de Acción en Red-Madrid
Desde luego, el problema principal a que se enfrenta el nuevo gobierno es el del cambio climático y los efectos que conlleva. Por suerte o por desgracia, la lucha contra el cambio climático y sus efectos tiene muchas implicaciones en diferentes campos ambientales y sociales. Se trata, por un lado, de tomar medidas que reduzcan en lo posible el calentamiento global, aun sabiendo que la reducción de emisiones debe ser a nivel mundial para ser efectiva, y, por otro, de desarrollar políticas que permitan sobrellevar los efectos del cambio climático.
En la toma de medidas y la adopción de políticas mitigadores de los efectos del cambio climático, el gobierno se las tendrá que ver muy a menudo con las comunidades autónomas y ayuntamientos, que tienen transferidas competencias sobre medio ambiente y urbanismo. Y, dado el reparto de poder territorial, este gobierno no lo tendrá fácil. Ejemplos de esto fue el pulso para mantener las restricciones al tráfico en el centro de Madrid o las tensiones con los regadíos ilegales en las cercanías de Doñana.
En la lucha contra el cambio climático hay que realizar una transición hacia una economía descarbonizada y circular. La descarbonización se traduce en las transformaciones tecnológicas necesarias para ir eliminando los combustibles fósiles. Para ello es necesario una transición energética muy ambiciosa, una transformación profunda del transporte y una transformación industrial. Estos objetivos están recogidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), un plan que fija una reducción de emisiones de gases de invernadero del 32% con respecto a 1990 y una generación renovable del 48% de la energía total en 2030, para alcanzar la descarbonización total en 2050. Las inversiones necesarias ascienden a 290.000 millones de euros.
El presente gobierno comenzó estas tres transiciones en las anteriores legislaturas. Pero además del desafío tecnológico y financiero que implican, y más allá del iportante debate de si deberían ser más ambiciosas, el gobierno no debe olvidar las tensiones sociales que están despertando, por la forma en que se hacen.
Para empezar, las medidas de expansión de renovables deben ir acompañadas de otras que promuevan el ahorro y la eficiencia. Pero esto no solo se consigue con cambios tecnológicos, sino también promoviendo la austeridad en las formas de vida. Ya sabemos que esto es remar en contra de los tiempos: no hay más que ver el consumo desbocado que se desata, por ejemplo, en las fechas navideñas. Sin embargo, es importante avanzar hacia un cambio cultural que saque el consumo del centro de nuestras vidas. Este cambio debe incluir un cambio en la dieta, en que consumamos menos proteínas animales y productos de temporada y de km 0.
Es imprescindible vigilar los impactos ambientales y sociales, o la transición hacia una sociedad más ecológica se hará en contra de las mayorías. No solo eso, sino que la pérdida de apoyo social es una coartada perfecta para la reacción política y de los agentes económicos en contra de la transición, lo que se traduciría en un freno muy costoso ambientalmente. El Gobierno debe garantizar que la expansión de renovables no se hace invadiendo tierras productivas ni violentando la voluntad de los propietarios del suelo. Asimismo, el despliegue de paneles solares debería empezar por los tejados de zonas habitadas y por polígonos industriales.
La reconversión del transporte es otra de las tareas a emprender. Es necesario electrificar el transporte basándose en la promoción del transporte público. Disminuir los viajes en vehículo movilidad ciudadana el uso de la bicicleta, además del uso de los transportes públicos, son medidas básicas para esa reconversión del transporte. Se debe primar la accesibilidad sobre la movilidad, mediante una adecuada planificación urbanística, y se potenciará también el caminar. Una planificación urbanística adecuada ha de minimizar los desplazamientos necesarios tanto para trabajar, como para el ocio. Por cierto, que todas estas medidas de disminución del tráfico en las ciudades, conllevarán una mejora de la calidad del aire, que es otro de los desafíos importantes para la salud y el medio ambiente.
Una tarea que mejora la calidad de vida de la ciudadanía es la naturalización de las ciudades, creando zonas de arbolado, techos verdes, ríos vivos, huertos urbanos, defendiendo los espacios rurales cercanos o dentro de las ciudades como las vegas y huertas,… Por otra parte, una buena ordenación del territorio generaría oportunidades de trabajo y de realización de forma descentralizada y evitaría las migraciones internas. Aunque estas medidas se deben tomar a nivel municipal y autonómico, el gobierno las puede favorecer con apoyos fiscales o con la emisión de leyes.
La escasez de agua es uno de los problemas históricos de nuestro país, que ahora se ve agravado sobre todo por el cambio climático y por un desarrollo insensato de los regadíos agrícolas. Es imprescindible ordenar el territorio para reducir el consumo de agua, aumentar la eficiencia de los regadíos y reducir la extensión de estos últimos. Esto se hará bien planificadamente o de forma brusca y forzada cuando deje de haber agua disponible para esta extensa actividad. Los regadíos suponen el 80% del consumo de agua. Es imprescindible trabajar para construir una nueva cultura del agua, tal como proclama el Foro del mismo nombre, que permita unos usos más sensatos que, a su vez, permitan a nuestros ríos recuperar su función de fortalecer y albergar ecosistemas.
La desertificación es también otro problema histórico que, al igual que la sequía, se ve aumentada por el efecto del cambio climático. La deforestación, el uso abusivo del suelo y la falta de agua han hecho avanzar el desierto, con un cambio progresivo del clima de la península que hace avanzar las zonas áridas. La reforestación con especies autóctonas es una herramienta para luchar contra este problema.
Los incendios forestales son una verdadera lacra en nuestro país. Los veranos tórridos, la falta de precipitaciones y la insuficiente conciencia social hacen que cada verano perdamos cientos de hectáreas de bosque o de monte bajo, dada la complejidad del fenómeno, que algunos casos se ve reforzado por tradiciones locales, no será fácil ponerle coto.
La defensa y extensión de los espacios naturales protegidos debe ser potenciada frente a la voracidad urbanística y la explotación turística. La lamentable situación del Mar Menor es un problema emblemático, pero también lo son las amenazas a las montañas en forma de la construcción de pistas de esquí a cotas cada vez más altas para conseguir que haya nieve más a menudo. Nieve que se está retirando según avanza el calentamiento global. Los proyectos de construir pistas en el Valle de la Canal Roya o en la zona de Parzán en el Pirineo son algunos ejemplos.
La defensa de la biodiversidad es otro gran desafío que requiere de una multitud de acciones, entre las que hay que contar la ya citada protección de espacios naturales donde pueden vivir las especies salvajes. Pero es imprescindible también establecer la protección de especies emblemáticas que, a menudo, se desplazan grandes distancias en el territorio y no se confinan en un espacio dado. El programa de recuperación del lince va poco a poco dando sus frutos y no genera graves contradicciones con sectores sociales. La protección del lobo, sin embargo, es también perentoria dado el bajo censo de población del mamífero depredador ibérico que está en la cima de nuestra pirámide biológica. Como se ha visto, este es un tema mucho más polémico porque ha chocado con los intereses ganaderos. Está clara la necesidad de mantener un depredador como el lobo para mantener un equilibrio ecológico, sin embargo también es necesario compensar a los pastores por los daños recibidos.
Dentro de la protección de la diversidad está el capítulo de la lucha contra las especies invasoras. De nuevo estamos ante un problema difícil porque existe el problema ético del sacrificio de animales y porque, a menudo, resulta técnicamente muy complicada la erradicación de estas especies.
Otro desafío es la remediación de terrenos contaminados tanto química como radiactivamente debido a las actividades industriales o de vertidos cuyos responsables están a menudo desaparecidos. Un ejemplo paradigmático, pero no el único, son los terrenos contaminados de Palomares (Almería) contaminados por plutonio tras el accidente durante el repostaje de un bombardero estratégico B-52 de los EEUU en 1966. Y tratando de contaminación, no hay que olvidar el estado de nuestros mares y ríos. En muchos casos los encontramos llenos de sustancias tóxicas y plásticos.
Como hemos visto, el gobierno tiene muchos desafíos por delante. Y con unas circunstancias políticas desfavorables y con unos poderes económicos que no se lo van a poner fácil. Es muy importante atacar esos problemas con voluntad y hacer mucha pedagogía y fortalecer la educación para generar conciencia ecológica y contar así con los apoyos sociales necesarios. Los problemas ambientales son de los más importantes que el Gobierno debe afrontar, y debe por tanto colocarlos en el centro del debate político.
