Hace 75 años, en 1947, la ONU cometió un gran error al proponer crear dos estados en Palestina, contra la voluntad de la mayoría de la población autóctona, palestina, que no quería su división.
En 1947 la ONU cometió un grave error al aprobar por mayoría una resolución de partición territorial de Palestina, que estipulaba vinculación económica entre dos partes–Estado, pero no vinculación política ni administrativa.
La ONU, por error, violó su propia resolución de partición de Palestina, cuyo preámbulo proclamaba que se respetarían los derechos de la población árabe.
En noviembre de ese año la ONU cometió, por mayoría, el craso error de asignar para solo uno de los dos futuros Estados de Palestina (el que llamó “Estado judío de Palestina”) grandes extensiones de territorios, propiedades y recursos desposeyendo de ellos a sus propietarios no judíos.
Ese 29 de noviembre de 1947 la ONU aprobó un mapa que creaba, por error, las “islas territoriales” de Gaza y Yafa, zonas de Palestina que eran claves por su actividad intercambiadora.
Y añadió otro error al constituirse en administradora de una tercera parte de Palestina (Jerusalén y su entorno), clave para la interrelación poblacional.
Y a ese error añadió otro: no aseguró de facto el funcionamiento de las Comisiones de reparto y el cumplimiento de las indemnizaciones.
A más error, la ONU aceptó como Estado al autoproclamado Estado Tierra de Israel, el cual no había cumplido las normas de la ONU pues no indemnizó bajo supervisión de la comisión de la ONU, sino que se apropió por la fuerza y la violencia de lo que se le había asignado en la ONU y demás territorios y recursos no asignados.
La ONU, por error, no toma medidas para que Israel indemnice a los desposeídos, ni para que devuelva a la ONU la administración de Jerusalén y su entorno.
La ONU, a más error, sólo ha reconocido al Estado de Palestina con estatus de observador.
¡Qué error de la ONU pensar que Palestina y los palestinos no iban a reclamar sus derechos nacionales y a luchar por su propiedades, su dignidad y su libertad! Son más que errores, son graves hechos de injusticia, actos que vulneran la Carta de la propia ONU. Injusticias y errores que claman al cielo. Pero desde el cielo llegan bombas. La prisión en que se ha convertido toda Gaza es una gran cámara de gas. “¡Ay almas de los muertos en los presidios nazis, si vosotros supierais!”, advirtió hace décadas un poeta palestino.
Estas Jornadas han reunido a 400 personas en el auditorio y algunas más por streaming. La asistencia estuvo compuesta por gente bastante joven y por supuesto mayoritariamente por mujeres, de todas las edades. La grabación estará disponible en la página web del Museo Reina Sofía.
Las mesas han estado presentadas por feministas de largo recorrido como Cristina Garaizabal y Paloma Uría, a las que se han sumado voces más jóvenes como Clara Serra, Laura Macaya, Miquel Missé. Entre los invitados de diferentes profesiones, estaban Carme Guil (jurista), Sara Rodríguez (pedagoga), Mª Antonia Caro (educadora social), Santiago Alba Rico (filósofo y ensayista), Gerard Coll (sociólogo), Noemí Parra (doctora estudios de género), Josetxu Riviere, (especialista en igualdad, género y masculinidades). El programa completo se puede encontrar en www.alianzasrebeldes.org. Antes de poner mis notas sobre lo que se habló, creo que es necesario contextualizar los debates feministas en el momento actual.
En el año 2018 el gobierno impidió la inscripción legal del Sindicato de Trabajadoras Sexuales (OTRAS). De esta forma, dejaba como únicas alternativas a la prostitución la abolición o la legalización. Cristina Garaizabal escribía en el diario El País un artículo sobre esta cuestión, con el título “Este feminismo no es el mío”, donde señala que considerar a las mujeres “víctimas obligadas a ejercer la prostitución implica invisibilizar a todas las que se consideran trabajadoras… Escucharlas es imprescindible para acertar en las medidas políticas”. Otra polémica importante es sobre la cuestión de las personas trans, y su papel en el movimiento feminista . Miquel Missé escribe en El País (2019) con el título “No ofende quien quiere” y señala que fue en EEUU “cuando una corriente feminista señaló la transexualidad como un caballo de Troya en el feminismo”. Entre otras cosas destaca en el artículo dos derivas importantes de algunas feministas, el “identitarismo” y el “victimismo”. La siguiente cuestión objeto de debate ha sido la aprobación de la “ley del solo sí es sí”. En un artículo del El País, (2022) escrito por Clara Serra, Paloma Uría y Noemí Parra, entre otras, con el título “La ley del solo sí es sí: los árboles y el bosque”, señalan que “la polémica sobre la rebaja de penas por abuso sexual sitúa una vez más el debate sobre la violencia machista en el ámbito penal y ha puesto a la sociedad a pedir penas más duras en lugar de aportar soluciones más eficaces para las mujeres “.
Aforo de las Jornadas Alianzas Feministas Madrid 2023
Por último, Clara Serra en El País (2023) escribe un artículo “La verdad del deseo”, donde indica, en un posición crítica, que entre algunas feministas hay la idea de proponer el deseo sobre el consentimiento de las mujeres. Escribe con ironía que eso es tomar al deseo “como un ideal, libre de intoxicaciones patriarcales”. Continua diciendo que esta “mistificación del deseo” ha procurado el abandono del lema “no es no” por el “slogan sólo sí es sí”. Ahora paso a contar lo que me pareció más relevante.
Los ejes de trabajo han girado sobre los artículos reseñados más arriba: 1º) “sexualidad, deseo y consentimiento”; 2º) “cuando todo es violencia, nada es violencia; 3º) “la sociedad civil, el Estado y las políticas públicas”; 4º) “malestares de género en la adolescencia: transiciones, tensiones y fugas”. Al inicio Mamen Briz, también activista con años de experiencia, dijo que en estas Jornadas se trataba de “explorar en voz alta las contradicciones, reivindicar el derecho a confundirse” y también a “hablar desde el desacuerdo entre feminismos”. Efectivamente, fue una declaración de intenciones del tono de la Jornada, se trató más de exponer problemas, dificultades e impasses, que de dar soluciones fáciles. En el primer punto (deseo y consentimiento) Cristina Garaizabal dijo que el “psicoanálisis da pistas” sobre el tema del deseo en la medida que existe un “vínculo entre deseo y satisfacción”. El deseo y lo deseable no puede ser objeto de legislación o contrato. Lo diferenció del consentimiento entendido como una manera clara de expresar la voluntad, como ejercicio racional, diferenciándolo del deseo como “irracional”. Puntualizó también que deseo y voluntad no tienen porqué coincidir. Se trataría de una “ética sexual que permita la ambivalencia”.
Presentación de la ponencia de Josetxu Riviere y Miquel Missé, por Mamen Briz.
Clara Serra destacó que el slogan “el sí es sí” no resuelve los problemas de la violencia de género, señalando que lo contractual puede ser tramposo en la medida en que el contrato se puede establecer en lugares donde existe el poder y la violencia. Quien legisla es el Estado y esto hace que pueda no otorgar la misma validez a todos los sujetos; se preguntó por qué el Estado no reconoce el consentimiento de las trabajadoras sexuales o de las actrices porno, o incluso si vestir con el hyjab o no. Vinculó la validez del consentimiento a poder decir si y también decir no. Laura Macaya se situó del lado del feminismo antipunitivista, habló de las actuales políticas neoliberales que apuestan por la “particularización del riesgo” y dejan fuera del discurso lo que tiene que ver con políticas sociales y económicas, insistiendo en la idea que circula mayoritariamente de “alguien te hará daño”, que genera una “venganza expresiva” y legitima marcos punitivos. Carme Guil, además de fiscal es presidenta de la Asociación GEMME que apoya la justicia restaurativa. Habló de los efectos del proceso penal en las denuncias por delitos de género, donde debido al tipo de proceso penal se cuestiona y se revisa la vida personal de las víctimas, no hay lugar para preguntarle cómo se sienten. Apuesta por la justicia restaurativa para tratar este y otros tipos de delito.
Belén González, Cristina Garaizábal y Clara Serra.
Santiago Alba Rico dijo sumarse a lo que también enunció Cristina Garaizábal como “declaración de incertidumbre”; le preocupa que se imponga un pensamiento que se toma del modelo autoritario dar respuestas tajantes a preguntas complejas y fundamentales. Habló del ser humano analógico, vulnerable y visible que se parece a los otros y que no es idéntico a sí mismo. Por último Miquel Missé se preguntaba desde dónde pensar lo trans como “fenómeno moderno” del que por el momento hay “poca literatura seria”. “Ahora tocaría “proponer algo nuevo”. Dijo que “los discursos dominante actuales son esencialistas” y pretenden que “pre-exista lo innato, la verdad del individuo, cuando en realidad el género tiene poco que ver con como se nace” . Señalaba que desde su perspectiva feminista “es una experiencia legítima que se debe acompañar”. Ya que considera que lo “trans es una fórmula para encontrar un lugar y elaborar el malestar de género”. Sería una “reacción al modelo normativo al que se suman los feminismos que se colocan del lado del “esencialismo en las normas de género”. “Los feminismos de la culpa”.
Defendió la “experiencia trans frente a la identidad trans”, destacando que “no es natural ni lo femenino ni lo masculino”. Fue crítico con las hormonas que se suministran a los adolescentes con la idea de “aliviar el malestar frente a la urgencia de la adolescencia”. También destacó que se están recibiendo en la asociación en la que trabaja sujetos muy jóvenes que se mueven en otras “coordenadas, no se identifican con las normas de género y harían un uso de lo trans para impugnar el poder normativo, no buscan hormonas, no hay itinerario, hay malestar”. Lo define como un “movimiento contracultural” y dice “que cuando se escucha aparecen otras cosas”. Me he limitado especialmente a entrecomillar lo que escuché porque me parece que se explican bastante bien y dan cuenta de un momento rico en argumentos y también de un talante no moralizante y espíritu crítico que se agradece.
Paloma Uria, Gerard Coll y Santiago Alba Rico
Mari Cruz Fernández Psicóloga Clínica – Psicoanalista Socia de Acción en Red Madrid.
El 23J nos jugamos mucho en la nueva cita electoral que nos espera. No hay más que ver los efectos de las elecciones locales del 28M, con la irrupción de la extrema derecha en las Instituciones y la aplicación de su ideología y de su programa.
Los resultados de estas elecciones locales, han mostrado, a las claras, lo que podría pasar a nivel estatal si ganara el bloque de derechas: tendríamos una coalición PP-VOX en el gobierno y el país retrocedería décadas en derechos conquistados, en libertades y en avances sociales.
Durante esta legislatura se han aprobado leyes muy necesarias y progresistas como la ley de regulación de la eutanasia, la ley de derechos sexuales y reproductivos y de interrupción voluntaria de embarazo, la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, …
Si bien todo es mejorable, hay que reconocerle al Gobierno de coalición PSOE-UP algunos avances importantes en materia laboral, económica, social y medioambiental.
Los temas laborales son, seguramente, las medidas estrella de este gobierno. Ha habido una contribución nada desdeñable a la mejora de la vida de las clases trabajadoras: aumento del salario mínimo, introducción de los ERTE (para que no se despidan trabajadores durante épocas de crisis, como la pandemia, la reforma laboral, … ) Pero no son los únicos avances de este gobierno: la igualdad de derechos ha ido abriéndose paso y cada vez se reconocen más libertades; los avances en fiscalidad a las eléctricas y grandes empresas; el despliegue de renovables que significa una apuesta por la transición energética; la excepción ibérica para limitar la escalada de precios de la electricidad, …
Es necesario seguir prestando atención a los más desfavorecidos para mejorar su calidad de vida. Especialmente a las personas excluidas o en riesgo de exclusión
Hemos conseguido avances; pero queda mucho por hacer:
Que la educación sea pública, laica y de calidad. La educación pública debe ser un ascensor social que permita la igualdad de oportunidades entre todas las personas.
Que tengamos una sanidad pública de calidad, que garantice el derecho universal a la mejor atención sanitaria y que trate bien a los sufridos profesionales de la salud.
Que decrezca la desigualdad de rentas y que no haya tanta diferencia entre salarios altos y bajos; que se paguen pensiones dignas que permitan vivir bien a nuestros mayores, que se han sacrificado por nosotros; que se atienda a las personas a las que la vida les ha jugado una mala pasada y se encuentran en situación de exclusión social.
No podemos vivir por encima de las posibilidades que el planeta nos permite. Tenemos que reducir el consumo y fomentar los valores de austeridad y respeto por el medio. Para conseguirlo hay que cambiar el esquema de valores de la sociedad y acometer profundos cambios culturales, de los sistemas de producción de bienes y de abastecimiento energético. Solo así conseguiremos vencer la amenaza del cambio climático.
Pero, además de los avances, nos jugamos un modelo de país.
Queremos un país donde se respeten las libertades, los derechos de los diferentes, la diversidad de expresión de género y de opción sexual. Un país inclusivo, donde los conflictos se resuelvan pacífica y democráticamente. Un país que cuide el medio ambiente y luche contra el cambio climático y que cuide a los animales. Donde se garantice la educación y sanidad gratuitas, universales y de calidad. Donde se trabaje por reducir la desigualdad y la exclusión.
Queremos seguir avanzando y no volver a un país del NODO, en blanco y negro, donde no se respete el derecho a vivir y amar como cada cual quiera. Queremos un país donde haya más amor y escucha que odio. Donde se tenga en cuenta el cuidado del medio ambiente, que es el planeta donde vivimos. Donde no se confunda la mentira con la información.
No queremos, en fin, un país donde la extrema derecha nos marque el paso a todas y todos (CASI EN SENTIDO LITERAL).
Las elecciones municipales y autonómicas son el momento que tenemos para poder decidir los modelos de ciudad y de comunidad que queremos, en aquel en que queremos que se inviertan esfuerzos y recursos. La participaciónciudadana es clave para poder devolver a las instituciones credibilidad. Como ciudadanía necesitamos recobrar la confianza en que desde los organismos públicos se pueda dar respuesta a las situaciones de vulnerabilidad que hemos sufrido desde la pandemia, donde han sido las asociaciones vecinales o los movimientos organizados los que han suplido su ausencia. Necesitamos superar el desencanto, la desesperanza y el olvido. La derecha apuesta por un modelo de servicios basado en la iniciativa privada, dejando los servicios públicos descapitalizados y de mala calidad para las gentes más desfavorecidas.
Debemos apostar por exigir que se destinen más fondos públicos para blindar el sistema público de salud, dignificando el trabajo de sus profesionales que garantice una atención de calidad y universal. La derecha de la comunidad ha conseguido que la gente de la comunidad recurra cada vez más a seguros médicos privados.
Algunos datos de sanidad: A pesar de las dos huelgas y lasmultitudinarias manifestaciones, Isabel Díaz Ayuso no ha cumplido sus compromisos con la sanidad pública. Siguen en marcha huelgas para reivindicar mejoras y compromisos reales. Un 53% de los médicos especialistas de la sanidad pública trabajan sin contrato fijo. Siguen sin cubrirse un 20% de plazasde médicos de familiay un 30% de plazas de pediatras de Atención Primaria. Como resultado de esa carencia, hay un millón de madrileños, doscientos mil de ellos niños, sin médico asignado. Es necesario invertir en formación y más profesionales para que se garantice el acceso de la ciudadanía a los derechos recogidos en las nuevas legislaciones estatales de la Eutanasia y del Aborto.
Necesitamosproteger la educación pública, para garantizar la formación. Que los fondos públicos se inviertan en centros donde se garantice la ausencia de discriminación por sexo, independientemente de cualquier creencia religiosa. La educación pública debe ser un verdadero ascensor social que permita la igualdad de oportunidades entre ricos y pobres. Los suelos públicos deben destinarse a la construcción de escuela pública y no deben ser cedidos a empresas o instituciones privadas, como ha sucedido durante décadas.
Es precisa más inversión en educación sexual y en diversidad de género para la prevención de las violencias de género y todas las posibles discriminaciones que sigue sufriendo la ciudadanía lgtbi. Por un sistema educativo donde todas las personas puedan expresar libremente su identidad. Y que sea integral para formar ciudadanos y ciudadanas, no solo profesionales.
Necesitamos inversión en vivienda pública. Asegurar el derecho a la vivienda limitando la gentrificación de los barrios y turistización la ciudad, y el alza de los precios de los alquileres. Regular la creación de pisos turísticos que son una causa de la subida de los alquileres. La comunidad debería subvencionar, teniendo en cuenta la renta, la rehabilitación de viviendas que mejore la calidad de vida de las personas y fomente el ahorro energético. Los ayuntamientos y la comunidad deberían favorecer la creación de comunidades energéticas que faciliten la producción renovable y reduzcan así las emisiones contaminantes.
Necesitamos una ciudad más amable, construyendo una propuesta de regeneración urbana en que se puedan asegurar espacios verdes, desplazamientos asegurados por una red de transporte público eficiente y sostenible. Es imprescindible garantizar una buena planificación urbana para garantizar la accesibilidad de los servicios y al ocio a los habitantes de la ciudad sin necesidad de grandes desplazamientos motorizados. De esta manera se contribuirá, además, a luchar contra el cambio climático. Asimismo, es necesario crear espacios donde la ciudadanía pueda desarrollar su vida social: plazas, parques, locales…Deseamos una apuesta real por la red ciclista en Madrid. Reclamamos que se amplíen las vías para circular por la ciudad con seguridad, y que se garantice el acceso al servicio de Bicimad cuya contribución a la movilidad es inexistente debido al pésimo funcionamiento, que se ha visto gravemente deteriorado en los últimos meses.
Apoyamos las reivindicaciones de colectivos vecinales y asociaciones ecologistas que piden que no se tale la arboleda de Madrid Río afectada, por las obras de ampliación de la Línea 11 de metro. Creemos que es clave la preservación del arbolado en general, tan necesaria en nuestra ciudad para combatir los efectos del cambio climático, la contaminación, conservar la biodiversidad urbana y proteger la salud de la ciudadanía.
Es imprescindible una apropiada ordenación del territorio que impida la destrucción de los espacios naturales que aún quedan en nuestra comunidad, dotar a todos los municipios de los servicios apropiados y proteger las zonas rurales que todavía pueden suplir a la comunidad de sus productos.
Necesitamos una ciudad y una comunidad donde las personas sin hogar no sean invisibles y se generen espacios de acogida e inclusión. Necesitamos un urbanismo amableque convierta la ciudad en un espacio amable y vivible para todas. Espacios de encuentro y convivencia con zonas verdes, bancos, fuentes…donde los más vulnerables puedan sentirseiguales, cuidados y protegidos.
Se necesitan más recursos para socorrer a los más desfavorecidos e intentar la integración en la sociedad de los excluidos por una u otra causa. Es necesario consolidar los avances logrados en los últimos años respecto a la atención al sinhogarismo y profundizando en modelos más personalizados y que han demostrado no sólo mejores resultados sino una mayor sensibilidad respecto a las necesidades y la situación de las personas sin hogar. Hay que apostar por un mayor desarrollo de los servicios sociales de proximidad de fácil acceso que incidan en la percepción de que estos servicios como públicos y universales y no solo de aquellos más debilitados. Abrir el espacio de intervención a la ciudadaníay asociaciones, con mayor presencia en calles y plazas como forma de creación de redes comunitarias. Es necesario detectar y actuar contra las brechas digitales, que se están convirtiendo en el principal escollo de acceso a derechos y servicios.
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