POR UNA POLÍTICA (DECENTE) DE VIVIENDA

Francisco Castejón

Miembro de Acción en Red-Madrid

 

  1. LA VIVIENDA A DEBATE

Uno de los efectos positivos de la Ley de Vivienda promulgada por el gobierno y de las discusiones que se produjeron en la coalición gubernamental es que el problema de la vivienda en España está, al fin, bajo los focos. De hecho, la vivienda es el problema que más preocupa a los españoles (28%), seguida de la crisis económica (22,1%) y los problemas políticos en general (22%), según el barómetro de enero de 2025 del CIS.

La acumulación de sufrimientos y dificultades para conseguir un techo en nuestro país no ha podido ser ya ignorada y la vivienda ha pasado a ser un elemento central del debate político. En el número 82 de Berrituz escribí un artículo donde esbozaba los problemas de la vivienda en España y cómo habíamos llegado hasta esta situación. Desde aquel momento hemos podido conocer nuevas propuestas de los partidos políticos y podemos ver lo que cada uno de ellos ofrece.

La lucha política no podía ser ajena a un elemento como este, central en las preocupaciones de la gente, pero el debate está teñido de los mismos vicios que el resto de los debates políticos que vivimos hoy: está plagado de bulos, falsedades y mentiras, sobre todo procedentes de la derecha política.

En aquel artículo que he citado ponía como ejemplo a seguir, al igual que hacen hoy muchos opinadores, la política de vivienda de Viena. El problema es que la ventajosa situación de dicha ciudad se ha alcanzado después de más de 100 años de incidir en el mercado de la vivienda con una serie de buenas prácticas, pues las primeras actuaciones datan de 1920, después de la Primera Guerra Mundial. Para llegar, como ocurre en Viena, a tener una empresa municipal de la vivienda que posea más de 220.000 pisos y a disponer de otros 200.000 pisos de alquiler barato, son necesarios muchos años de realizar promociones públicas, de recomprar vivienda y de mantener en posesión de las autoridades públicas un parque de viviendas que se pueden ofrecer en alquiler a buen precio.

El camino a largo plazo está ya marcado y no es técnicamente complicado diseñar estas políticas. Pero es bueno saber que estas medidas chocarán con los intereses de todos aquellos que ven en la vivienda un nicho de negocio. Unas políticas que desincentiven la especulación en la vivienda tendrán efectos beneficiosos para la población y acabarán con un mecanismo de enriquecimiento de múltiples actores, que no lo aceptarán de buen grado y plantarán batalla, como de hecho ya sucede. La extensión de bulos sobre el tema que ya estamos viendo, forma parte de esa batalla.

Dado que los beneficios de estas políticas se harán notar gradualmente y serán efectivas a largo plazo, hay que estar preparados para ataques furibundos a quien las propone, basados en la mentira y en el largo lapso de tiempo en que podremos disfrutar de un parque de vivienda pública que otorgue a las autoridades la capacidad de actuar sobre los precios. Estas políticas a largo plazo son imprescindibles y deben ponerse en marcha ya.

Pero mientras surten efecto las políticas sensatas a largo plazo, es necesario adoptar otras que tengan efectos a corto plazo para paliar siquiera el enorme problema que sufrimos, pues tenemos un problema urgente.

 

 

 

  1. LAS PROPUESTAS DE LA DERECHA

Bien por la ideología que conlleva la fe en el mercado, ignorando todas las limitaciones y vicios que este tiene, bien por la simple búsqueda del beneficio, las políticas de derecha tienen un punto en común que es aumentar la oferta. No necesariamente de vivienda pública, aunque siempre puede haber una fracción de esta en sus propuestas.

Las políticas de vivienda realizadas en nuestro país durante estos 50 años han consistido en liberar suelo público para construir mediante promociones privadas o cooperativas, con anecdótica promoción de vivienda pública. La compra de vivienda ha sido además potenciada mediante las hipotecas baratas que se dieron durante los 90 y los 2000 y la desgravación de un 15%. Esta fiesta de hipotecas produjo la burbuja inmobiliaria, que condujo a la dura crisis de 2008.

Los alquileres se desincentivaron por el llamado Decreto Boyer que liberalizó el precio, haciendo que los costes del alquiler fueran similares a los de una hipoteca. De esta manera se favoreció aún más la compra de vivienda adelgazando drásticamente la oferta de alquiler.

Por si esto fuera poco, se produjo la irrupción de fondos buitre que compraron vivienda social y alquileres de renta antigua, lo cual encareció aún más los alquileres. En Madrid, se vendieron más de 1800 viviendas sociales al fondo Blackstone siendo alcaldes Ana Botella.

Esta ha sido la política de vivienda hasta hoy, cuyos nefastos efectos deben ser contrarrestados por políticas de vivienda decentes. Un primer paso ha sido la Ley de Vivienda, que declara zonas tensionadas de actuación preferente.

Dado que la vivienda está en el centro del debate político, el mismo PP ha puesto sobre la mesa sus propuestas. El PP aduce que la Ley de Vivienda ha fracasado y que hay que buscar alternativas, cuando en realidad esta ley solo se ha podido poner en práctica de forma limitada por la oposición de los gobiernos autonómicos del PP.

Básicamente, este partido promueve la construcción de más y más viviendas de tal forma que se aumente la oferta. Para ello plantean flexibilizar los controles urbanísticos, bastando una declaración responsable del promotor para poder construir. También plantean cambiar usos de suelo público planeado para servicios que no han llegado a ejecutarse para cederlo a promotores privados de vivienda, haciendo una interpretación torticera del paradigma que se ha puesto de moda: “la colaboración público-privada”.  Estas propuestas conducentes a aumentar la oferta privada de vivienda las complementa el PP con una batería de incentivos, avales, ayudas a las hipotecas y ampliación del bono joven de alquiler. Todas estas ayudas no son sino una forma de bombear dinero público a las manos privadas que hoy pueden alquilar o vender pisos.

También dedica una batería de medidas a luchar contra la ocupación, como si este fuera el principal problema al que se enfrentan los arrendadores. Los datos que son asequibles a cualquier persona que busque en internet demuestran que la ocupación es anecdótica y no es de ninguna manera un problema estadísticamente relevante.

Como ejemplos de puesta en marcha de promociones de vivienda bajo colaboración público-privada, citan el Plan Vive de Madrid, con 6.600 viviendas construidas. Sin embargo, estas viviendas han sido rechazadas por muchos de los primeros adjudicatarios, sencillamente porque los alquileres estaban en torno a los 1.200 euros mensuales.

En actuaciones sobre la vivienda, Madrid es un experimento de políticas neoliberales. Los efectos empiezan ya a notarse en forma de aumento de las desigualdades.

¿Por qué la política que propugna el PP de aumentar la oferta de vivienda de precio libre iba a dar mejores resultados de lo que ha hecho hasta la fecha? Como se ha dicho, la experiencia de aumento desbocado de la oferta y de las hipotecas a bajo interés condujo a la burbuja inmobiliaria y a la crisis de 2008. No sería, por tanto, buena idea repetir la experiencia.

  1. POLÍTICAS DECENTES

Una política de vivienda decente debe estar pensada para satisfacer el derecho a la vivienda que consagra nuestra constitución y debe evitar que la vivienda sea un negocio, como ocurre hoy en día. Por eso, la venta de viviendas se debe reducir a aquellas que van a ser habitadas y no deben venderse a compradores que las usen con fines especulativos.

Asimismo, el alquiler de uso turístico debería ser suprimido. Entretanto, debe ser considerado como una actividad económica más y ser gravada con impuestos, en particular con el IVA.

Ayuso entrega las llaves de 44 viviendas en Vallecas. Fuente: eldiario.es

Las administraciones públicas pueden actuar como promotores de vivienda. Pero dado que la construcción requiere tiempo, se puede recurrir a la compra y, cuando sea necesario, a la rehabilitación de vivienda. De hecho, en España hay unas 1.100.000 viviendas vacías en localidades de más de 50.000 habitantes. Se trata de un parque que debería ponerse a disposición de la ciudadanía mediante oferta de alquiler barato. De esta manera, usando la compra y la construcción, se irá disponiendo de un parque de vivienda pública que permitirá a las administraciones actuar sobre el mercado. Estas actuaciones obligan a un desembolso importante. El pacto de gobierno Sumar-PSOE obligaba al gobierno a dedicar el 1% del PIB a este fin. En estos momentos, el parque público de vivienda en España es del 2%, frente al 9,3% en Europa.

La vivienda pública, por cierto, debe ser de calidad. No sirve la práctica del chabolismo vertical. La eficiencia energética de los edificios debe ser un elemento imprescindible, con el doble fin de luchar contra el cambio climático y para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, como corresponde a cualquier política de vivienda decente.

Somos esenciales, cuidamos a quien lo necesita

Situación y reivindicaciones
de las y los trabajadores de cuidados

La situación de las trabajadoras de atención domiciliaria en Madrid (SAD), de las trabajadoras de hogar y las camareras de piso (Kellys) es un tema de gran relevancia social y laboral, por una parte, por su papel esencial socio-sanitario en el cuidado de personas en general, muchas de ellas dependientes y vulnerables en una sociedad cada vez más envejecida; por otra parte, por la invisibilidad y por unas condiciones laborales precarias, lo que redunda en problemas de salud de esas trabajadoras y en la calidad de la atención que brindan.

Su situación sociolaboral está marcada por contratos temporales, lo que genera inseguridad personal y laboral; salarios inferiores al salario mínimo interprofesional; jornadas laborales largas y fragmentadas exigidas por una demanda en aumento, con desplazamientos a diferentes domicilios; falta de reconocimiento social y profesional a pesar de la importancia de su trabajo, así como la escasa formación continua. A todo ello se suma la exposición a riesgos físicos, psicológicos y sociales en su trabajo y la multiplicidad de empleadores y subcontratas que dificulta la negociación colectiva y la defensa de sus derechos laborales. Situación que se agrava en las mujeres migrantes (en ocasiones por encima de la edad de jubilación, en situación administrativa irregular o que trabajan como internas).

Algunasconsecuencias de esta situación son una elevada rotación de personal y espacios, lo que redunda en el deterioro de una atención de calidad y personalizada y un impacto en la salud de las propias trabajadoras y trabajadores (enfermedades musculoesqueléticas, contagios de pacientes, ansiedad, depresión…): 83% declaran problemas de salud, 80% salud mental, 40% algún accidente laboral, 77% consume algún tipo de fármaco (véase).

Enfermedades que tienen muy baja aceptación por los sistemas sanitarios.

“Las mujeres no tenemos enfermedades laborales a no ser que se parezcan a las enfermedades laborales de un hombre”, afirma Mar Jiménez (Kellys Madrid; El Salto, 30 nov.).

No es admisible que las 17.000 personas que trabajan en Madrid, y más de 120.000 en España en atención domiciliaria, con derechos laborales precarios para empresas que no pagan los impuestos y cotizaciones sociales que les corresponden y cuyos beneficios no revierten en el bien común en nuestra ciudad. El Ayuntamiento de Madrid no puede mantener la precariedad laboral a estas trabajadoras, en especial dada la importancia de este trabajo, asumido principalmente por mujeres.

«Somos un sector muy precario económicamente, con jornadas muy precarias para poderte llevar 1.000 euros. Así que hemos dicho basta, no les vamos a pasar ni una, pero ni a las administraciones, ni a las empresas, ni a nadie», manifiesta Lola Juárez (responsable de Ayuda a Domicilio de UGT; Madridiario, 8 de enero).

En definitiva, al igual que en otros servicios sociales públicos como Educación y Sanidad, hay un proceso de desmantelamiento y de privatización en lugar de promover lo público y de favorecer a empresas buitre que sólo buscan el máximo beneficios para las que no les importa la calidad del servicio a los usuarios (entre esas empresas están Asispa, Atende, Domus Vi, Serveo y CLECE de Florentino Pérez). Hay que resaltar, además, que la dedicación presupuestaria a cuidados en España no supera el 1% del PIB, mientras otros países europeos destinan entre el 2 y 3% del PIB.

Las trabajadoras de atención domiciliaria están llevando a cabo diversas movilizaciones; tras varios días de huelga iniciaron el pasado 8 de enero una huelga indefinida por la mejora de sus condiciones laborales, entre ellas: aumento salarial, estabilización laboral, jornadas más cortas y menos fragmentadas, evaluación y prevención de riesgos laborales, reconocimiento de enfermedades profesionales y mejorar la formación. Exigen, en definitiva, un convenio colectivo que responda a sus reivindicaciones y una remunicipalización de los servicios que garantice una mayor calidad y control público. Demandan una jubilación a los 60 años por las condiciones de su trabajo.

En resumen, las condiciones sociolaborales en el sector de la atención domiciliaria tienen un impacto directo y negativo en la calidad de vida de las personas, tanto las cuidadas como las cuidadoras. Es fundamental abordar esta problemática desde una perspectiva integral, visibilizando su labor y garantizando unas condiciones laborales dignas para las trabajadoras y una atención de calidad para las personas dependientes.

 

Fernando Cerezal
Miembro de Acción en Red Madrid

¿De verdad son un problema los MENAs?

Francisco Castejón

Miembro de Acción en Red-Madrid

Publicado en Berrituz, nº 83 octubre 2024

 

Durante el verano de 2024 hemos tenido un océano Atlántico muy tranquilo y un continente africano convulso, así que la ruta migratoria de Canarias se ha visto muy transitada. El resultado final ha sido una acumulación de inmigrantes africanos en las Islas Canarias, por encima de la capacidad actual de acogida digna de este territorio. Una parte de este flujo migratorio lo han constituido los MENAS, Menores no Acompañados, que sumaban un total de 5.524 el día 8 de septiembre.

Tras el aséptico nombre de MENAS encontramos a niños y adolescentes que están totalmente desvalidos, sin progenitores que los cuiden o acompañen y sin ningún apoyo afectivo, en un país extraño cuyo idioma y cultura no comprenden. Una sociedad civilizada debería enternecerse y movilizarse ante la visión de estos niños y adolescentes abandonados, sin familiares que se ocupen de sus cuidados, y hacerse cargo de ellos por motivos éticos y humanitarios.

Pero no solo eso. Existe numerosa legalidad nacional e internacional que protege los derechos del menor y que nos obliga como sociedad y como estado a ocuparnos de ellos. La Convención de los Derechos del Niño de la ONU, firmada por el Estado español, es la piedra clave de la protección a la infancia y está basada en cuatro principios básicos: la no discriminación; el interés superior del menor; el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; y el derecho a la participación. Solo hay tres países que no han firmado esta convención: EEUU, Somalia y Sudán del Sur.

Es decir, España ha desarrollado leyes propias de protección al menor siguiendo los principios de esta convención. Estas son algunas leyes que desarrollan esta convención en nuestro país:

Como se ve, algunas de estas leyes son específicas y oras, como la propia Constitución, recogen parcialmente estos derechos.

Siguiendo el espíritu de la convención, todas nuestras comunidades autónomas deberían recibir una parte de estos menores migrantes y tratarlos convenientemente. Sin embargo, nos hemos encontrado con que este ha sido otro campo de confrontación política elegido por la derecha del PP y la extrema derecha de Vox y SALF para enfrentarse al gobierno de coalición.

Según estos partidos, los MENAS son delincuentes, futuros o presentes, capaces de desestabilizar cualquier barrio donde se les acoja. La propiedad privada y la honra de nuestras mujeres peligrarían en esos barrios según sus proclamas.

Estos discursos despiadados y sin empatía alimentan la creciente desconfianza de la sociedad frente a los MENAS y aumentan las dificultades para hacerse cargo de ellos. En particular, fomentan las reticencias políticas para facilitar su reparto en las diferentes comunidades autónomas. Y una parte no desdeñable de la sociedad acaba ver una amenaza en estos pocos miles de niños y adolescentes desamparados.

En este reparto cada comunidad autónoma debería acoger solo a unos cientos de menores. Pero la Ley de Extranjería no permite un reparto obligatorio y este solo sería posible si los MENAS  son aceptados de forma voluntaria por las administraciones autonómicas. La reforma de esta Ley en el sentido de permitir el reparto fue tumbada por el PP, VOX y Junts el 25 de julio pasado.

El PP está dificultando este reparto pues está asumiendo el discurso de la extrema derecha fomentando el odio a los inmigrantes y a los MENAS en particular. En enero de este año hemos podido oír a Isabel Díaz Ayuso acusar a los menores de un centro de acogida de Alcalá de Henares de participar en reyertas, de varias agresiones sexuales a mujeres de la zona y hasta de ser transmisores de un brote de sarna. Sin embargo, el único delito cometido por algunos de estos menores fue un intento de robo del bolso a una mujer en la estación de cercanías. Y el brote de sarna nada tuvo que ver con este centro de acogida. Más recientemente, sectores de extrema derecha acusaron a menores migrantes del asesinato de un niño en Mocejón (Toledo), que se produjo el 18 de agosto de 2024. Parece que todo vale para el enfrentamiento político con el gobierno y para crear en la sociedad una cultura del odio y la radicalidad que dificulta resolver los problemas de integración que pueden generar los flujos migratorios.

Sin embargo, desde el Ministerio de Infancia se asegura que se está negociando con el PP un sistema de reparto de MENAS basado en un catálogo de recursos para acoger a estos niños y otros criterios como el PIB y la población de la comunidad. A fecha 16 de septiembre solo faltaría Andalucía por facilitar el catálogo de recursos. Las declaraciones sobre este punto van y vienen en el PP y a menudo se pronuncian en contra del reparto que el gobierno impulsa: si se alcanza un acuerdo, será de forma discreta, pues el PP no va a desperdiciar esta oportunidad de aumentar la tensión política. La extrema derecha queda fuera de cualquier propuesta constructiva. Así que nos encontramos por un lado con una política pragmática que pueda aligerar la carga que tiene Canarias en este momento, cogobernada por el PP, no lo olvidemos, y por otro lado con declaraciones beligerantes contra cualquier intento de solución.

El propio PSOE ha estado haciendo un discurso meramente económico en torno la inmigración, defendiendo el control de flujos en los países de origen y la convivencia de recibir migrantes que nos proporcionan mano de obra y nos fomentan la natalidad. Dentro de esta lógica se han producido grandes regularizaciones en el pasado y se inscribía la regularización de unos 600.000 inmigrantes irregulares que pretende impulsar una reciente ILP. Regularización que, en estos momentos, se encuentra paralizada.

Si bien es cierto que es necesario este enfoque económico, se echa de menos un juicio humanitario que ponga los derechos humanos en el centro del debate.

El Primer Ministro británico, el laborista Keir Starmer, ha ido más allá y ha visitado a la neofascista italiana Giorgia Meloni para aprender de sus métodos para “gestionar” la inmigración, el día 16 de septiembre. Seguramente inspirado por esta visita el propio Núñez Feijoo ha visitado también a la líder italiana el 18 de septiembre para aprender de sus métodos. Métodos que, no lo olvidemos, dan lugar a deportaciones masivas de personas, violan los tratados internacionales del mar y condenan a morir ahogadas en el Mediterráneo a miles de personas.

Sea cual sea el reparto final de MENAS, la derecha y la ultraderecha habrán conseguido el objetivo de hacer que la sociedad evolucione a posturas más reaccionarias, donde la solidaridad y los derechos humanos no cuenten, y el odio hacia lo diferente campe a sus anchas. Y estamos hablando de distribuir solo unos pocos miles de menores en el territorio.

Se trata de un problema de solución relativamente sencilla que, además, podría presentarse ante el mundo como un ejemplo más de la solidaridad demostrada por el pueblo español. Pero tal como se está tratando por la derecha y la extrema derecha habrá servido para aumentar el odio y las tendencias reaccionarias de nuestra sociedad.

Esto mismo ocurre en Europa y otras partes del mundo, con un aumento de la ola reaccionaria que amenaza con arrasar los avances en derechos sociales y en convertir nuestras sociedades en algo odioso. Los resultados electorales con los avances de la extrema derecha que atraen a las derechas tradicionales a sus discursos reaccionarios son una muestra poco alentadora de cómo avanza este discurso xenófobo en la vieja Europa. Y el PP no es una excepción.

Estamos, por tanto, ante una nueva batalla cultural en la que se usan todo tipo de bulos y se recurre a los sentimientos más bajos de la sociedad. Y la socialdemocracia europea solo esgrime contra esto argumentos económicos, con lo que solo nos quedamos en la parte pragmática del debate.

Creo que la izquierda debe emplearse a fondo en el combate contra los bulos y, sobre todo, en el desarrollo de argumentos basados en principios éticos y en los derechos humanos. Los debates sobre regeneración democrática que están teniendo lugar a raíz del retiro de 4 días de Pedro Sánchez contemplan la posibilidad de no dar pábulo a los bulos, lo cual sería positivo. Pero, además, no se debería olvidar en la argumentación el punto de vista ético y de derechos humanos para contrarrestar esa ola egoísta y de odio que avanza en Europa. Ya hemos tenido sangrientas experiencias en el mundo provocadas por el avance de estas ideas.

Una mirada sobre lo invisible. Proyecto de voluntariado con personas en situación sin hogar

  Nahir Subelzú

                                                                               Activista y voluntaria en Acción en Red Madrid

El pasado 24 de octubre se conmemoraba el Día Mundial de las Personas Sin Hogar con la finalidad de concienciar sobre la situación de un colectivo tan vulnerable como olvidado. En el marco de esta celebración, el Ayuntamiento de Madrid lanzó la primera campaña de sensibilización sobre este problema que atañe a toda la sociedad. Sí, lo que lees, la PRIMERA campaña de sensibilización sobre el sinhogarismo.

La exclusión social es una situación por la cual las personas se ven fuera de la vida comunitaria, económica y cultural de la sociedad a la que pertenecen. Las personas en situación de sinhogarismo son el ejemplo más extremo de la exclusión.

Que en el año 2024 se haya conseguido por vez primera lanzar una campaña tan necesaria, nos habla del olvido y la indiferencia con que la sociedad en general trata a estas personas.

Vivir en la calle estigmatiza: La percepción social que hay sobre las personas sin hogar suele responder a estereotipos y prejuicios.

Las personas que viven en estricta situación de calle sufren una soledad total. Resulta paradójico que aquellos que están las veinticuatro horas del día expuestos a los ojos del viandante, estén tan completamente aislados del resto de la población. Por norma general, solo se relacionan con otras personas en su misma situación o con trabajadores de las instituciones: policía, personal de limpieza, trabajadores sociales, personal médico, etc. La sociedad los considera extraños, ajenos, siempre son “los otros” y sin embargo podríamos ser cualquiera de nosotros si tuviésemos que atravesar por sus mismos procesos vitales y sus circunstancias. Su situación no es más que el resultado de una serie de eventos, la mayoría de las veces azarosos, de dinámicas sociales desfavorecedoras y del abandono por parte del sistema y las instituciones.

Las personas que viven en situación de sinhogarismo no son como la gente cree. Sus vidas están siempre atravesadas por el estigma y los prejuicios. El estigma hacia ellas está presente en nuestra sociedad a través de numerosas actitudes individuales como son la invisibilización, el deseo de distancia o el uso de un vocabulario despectivo para nombrarlas, pero también se manifiesta en una esfera más comunitaria a través de un trato discriminatorio en medios de comunicación o en la falta de estudios o datos estadísticos de calidad que permitan calibrar el problema y avanzar en la búsqueda de soluciones eficaces.

Deberíamos tener claro que cuando hablamos de personas en situación de calle hablamos de individuos; son individuos con circunstancias muy diversas que sin embargo suelen ser considerados como un todo: el colectivo de las personas sin hogar, sin tener en cuenta las enormes diferencias que existen entre unas y otras: edad, género, procedencia, nivel de estudios, problemas de salud, situación laboral, aspiraciones, necesidades, gustos personales y un largo etcétera. Sucede entonces que cuando colectivizamos y simplificamos haciendo referencia a ellas como si de un grupo homogéneo se tratase, lo que provocamos es la invisibilización, la infantilización y banalización de una de las situaciones más duras a las que puede enfrentarse el ser humano.

Una problemática compleja que requiere de soluciones adaptadas a la individualidad

Las causas por las que una persona puede verse en situación de calle son diversas y complejas, y abarcan una amplia serie de factores:

Factores estructurales: dificultades de acceso a la vivienda o pérdida de la misma, situación económica del país, desempleo, etc.

Factores institucionales: ausencia de coordinación en las políticas públicas, ayuda pública deficiente, etc.

Factores relacionales/sociales: ruptura de la red social, separación de su comunidad habitual, una sociedad excluyente, etc.

Y factores personales: mala situación familiar, adicciones, enfermedades mentales o físicas, etc.

A cada uno de los factores anteriormente expuestos les llamamos “sucesos vitales estresantes”. Los estudios indican que las personas en situación de calle han sufrido tres o cuatro de estos sucesos en periodos cortos de tiempo: uno o dos años. Esto supone que en muchas ocasiones las personas no han sido capaces de recuperarse de un golpe cuando ya tienen que enfrentarse a otro, y a otro… Otro dato esclarecedor y a la vez preocupante es que el 50% había sufrido hasta cuatro sucesos vitales estresantes en la infancia, y que muchas veces estos sucesos están relacionados a la violencia y los abusos.

La complejidad y diversidad de situaciones requiere que las administraciones hayan tenido que ir adaptando su trabajo para poder abordar la búsqueda de soluciones enfocándose en las personas y sus individualidades. En la actualidad, desde el Departamento de Prevención del Sinhogarismo y Atención a las Personas sin Hogar del Ayuntamiento de Madrid se trabaja en ese sentido y, aunque los recursos son insuficientes, se ha desarrollado un plan de actuación, “Estrategia Dignitas”, y se han ido consiguiendo algunos logros. La campaña de sensibilización con la que iniciaba este artículo es prueba de ello.

Vivir en la calle: Exposición a la violencia y pérdida de derechos

Por si tener que vivir en la calle fuera poco, por si no bastara con vivir sin ninguna intimidad, a la vista de todos, sin los más mínimos recursos necesarios para una vida digna y sufriendo la invisibilización y el estigma, vivir en la calle supone una exposición constante a la violencia.

El 47% de las personas en situación de sinhogarismo han sufrido algún delito de odio en la calle. Dichos episodios suelen suceder por la noche y en los lugares donde duermen. Este porcentaje sube hasta un 60% en el caso de las mujeres y en su caso, además, muchos de esos delitos son agresiones sexuales y violaciones.

Por otro lado, es necesario destacar que casi el 90% de estos delitos no se denuncian, ya sea por miedo a represalias o por pérdida de confianza en el sistema. Y un dato aún más espeluznante, que debería hacernos reflexionar como sociedad, es que en el 70% de los casos en que una persona que vive en calle es agredida, los testigos no intervienen.

Nunca podemos perder de vista que, por regla general, las personas sin hogar solo han recibido violencia y desprecio en múltiples formas. Viven con miedo al rechazo y al fracaso y esto les hace especialmente vulnerables.

A todo ello hay que añadir la pérdida de derechos, desde los más básicos como el derecho a la intimidad, a la vivienda, a la educación o la salud hasta el derecho al voto, a las prestaciones sociales o a las ayudas económicas que en muchos casos por desconocimiento, por falta de asesoramiento o ayuda para obtener la documentación necesaria, resultan inaccesibles para todas estas personas. Sin dejar de considerar, por supuesto, que la financiación destinada a la solución de esta problemática siempre queda por debajo de lo necesario.

 

Vivir en la calle supone un deterioro importante en la salud física y mental

Cuando decimos que la calle mata no es una exageración, es la constatación de una cruda realidad que pasa delante de nuestros ojos y que rara vez percibimos. La esperanza de vida para las personas sin hogar puede reducirse entre 20 y 30 años, según diferentes estudios. Asimismo los datos nos dicen que el 30% de las personas en situación de calle sufren enfermedades graves, que el 31% ha intentado suicidarse en alguna ocasión y que en el caso de las mujeres ese porcentaje asciende al 49%.

La prevalencia de problemas de salud mental en la población normalizada asciende al 15%. En el caso de las personas sin hogar sube hasta un 67%. Y es que cuando la trayectoria en calle se extiende en el tiempo, las probabilidades de desarrollar algún tipo de enfermedad mental se multiplican. A su vez, las personas con algún problema de salud mental tienen más probabilidades de llegar a una situación de pobreza y exclusión social.

Algunos datos para combatir los prejuicios

Llegados a este punto, consideramos que es imprescindible abordar como sociedad la lucha contra los prejuicios y el estigma. Superar esos prejuicios ayudará a visibilizar el problema y a darle la importancia que merece. Solo haciéndonos todos y todas conscientes de que las personas sin hogar son, simplemente, PERSONAS, estaremos preparados para luchar por sus derechos. Y como la mejor manera de combatir los prejuicios es con datos, aquí dejamos algunos muy reveladores:

  • El 86% de las personas que viven en situación de sinhogarismo no consume alcohol o lo hace de forma moderada.
  • El 62% nunca ha consumido drogas
  • El 15% tiene estudios superiores
  • El 31% trabaja, pero no puede acceder a una vivienda

¿Pero es verdad que hay quienes quieren vivir en la calle?

La respuesta es un NO rotundo. Nadie vive en la calle por decisión propia. Cierto es que hay quienes rechazan la oferta de un recurso, pero es que a veces las circunstancias son más complejas de lo que desde afuera pensamos. Hay muchas razones por las cuales alguien que vive en situación de calle puede rechazar una solución habitacional:

  • Porque no son espacios íntimos donde poder disfrutar de una vida “normal”.
  • En muchos casos sólo ofrecen un lugar donde dormir en dormitorios colectivos.
  • Porque la mayoría no permiten el acceso con animales.
  • Segregan por sexo, por lo que no puedes dormir con tu pareja o un familiar.
  • Hay que adaptarse a un reglamento y unos horarios, a veces muy estrictos.
  • Suelen estar alejados del centro por lo que es más complicado acceder a ellos para hacer el resto de tu vida.

Programa de voluntariado contra la exclusión social de Acción en Red Madrid

El grupo de lucha contra la exclusión social de Acción en Red trabajamos en el acompañamiento y atención a personas en situación de calle, en la zona centro de la ciudad de Madrid, desde hace más de 25 años. El programa de voluntariado exige una formación constante que consideramos imprescindible para conocer la situación, los recursos, los estudios y las experiencias de otras entidades afines. Este conocimiento nos permite evaluar nuestro trabajo, adaptarnos a las necesidades, adecuar nuestra actuación a los protocolos de las instituciones e implementar continuamente planes de mejora.

Nuestra intervención consiste en dos ejes: las rutas (eje principal) y el programa Recrea.

La experiencia y los datos obtenidos en estas dos actividades, especialmente en las rutas, se vuelcan después en los grupos de trabajo organizados desde el Departamento de Prevención del Sinhogarismo y Atención a las Personas sin Hogar en los que nos integramos con otras entidades y en los que participamos activamente.

No salvamos vidas, no está en nuestras manos. Y tampoco hacemos caridad.

El objetivo de las rutas es principalmente acercarnos a las personas que viven en situación de calle y hablar con ellas, sobre todo escuchar activamente y compartir un rato como lo haríamos con cualquier otro vecino con el que nos encontráramos una mañana de camino al mercado, construir un vínculo que rompa la separación entre el “ellos” y el “nosotros”.

El acercamiento es siempre de forma horizontal. No repartimos comida ni abrigo. Es verdad que ofrecemos un café o una taza de caldo, pero no es un fin en sí mismo, sino una mera herramienta de acercamiento amable. No hacemos rutas para salvar la vida a nadie, no tenemos esa capacidad y creerlo solo conduciría a la frustración.

Escuchar con la mente abierta y sin hacer juicios de valor, ni pasarlo por el filtro de nuestras vidas normalizadas es importante para las personas a las que acompañamos y también para nuestro propio cuidado.

Enfocamos el voluntariado desde la humildad y la consciencia de que salimos a la calle principalmente para que las personas a las que acompañamos, durante un rato, se sientan vistas y escuchadas. Conseguirlo, ya es un logro en sí mismo, porque, como decíamos anteriormente, las personas sin hogar, en su mayoría, sólo se relacionan con otras personas sin hogar, y esa falta de contacto con el resto de la población las excluye aún más. Es en estos aspectos donde cobran importancia los cuidados como sociedad: en cómo tratamos a los eslabones más débiles.

Además, como añadido, complementamos este enfoque intentando ayudar de forma práctica: facilitando información acerca de los servicios del Ayuntamiento, explicando cómo y a qué distintos recursos se puede acceder o con quién se debe contactar para ello.

A veces nuestro trabajo no da frutos más allá de ofrecer un rato de compañía y conversación, que ya es mucho, pues las personas lo agradecen especialmente. Otras veces nuestra labor sirve de enlace para que las personas en situación de calle confíen en los equipos de la red municipal y accedan a un acercamiento a las instituciones. Es un primer paso muy importante en la búsqueda de soluciones a cada caso y es para nosotras una gran satisfacción cuando conseguimos, a través de nuestra actuación, alguna mejora en la vida de estas personas. Ofrecemos además información actualizada y constante a las instituciones y estamos en permanente contacto haciendo seguimiento de los casos más vulnerables.

El programa RECREA es la otra vertiente de este voluntariado. Se trata de un proyecto más joven y con mucho camino por delante que llevamos a cabo con otras entidades: Solidarios para el Desarrollo. Es una propuesta que reivindica la necesidad de las personas de acceder a un ocio de calidad, dándole a este la importancia que tiene y utilizándolo como herramienta de inclusión.

Porque el ocio compartido es una de las mejores maneras de socializar y relacionarnos. Poder disfrutar del ocio en un espacio normalizado, asistir al teatro, a una visita guiada, a un museo, a un concierto, dignifica, empodera y favorece la integración. Es un proyecto dirigido, en principio, a personas que están en recursos de la red de atención. Un grupo habitual de voluntarios y de usuarios de la red se reúnen una o dos veces al mes para compartir una actividad previamente acordada, como un grupo de amigos que quedan para disfrutar juntos, sin más, sin distinciones entre voluntarios y usuarios de la red.

Mi nombre es Nahir y llegué al grupo de lucha contra la exclusión de Acción en Red hace ya algunos años. Venía cargada de buenas intenciones y con ganas de aportar algo positivo a la sociedad en la que vivo, pero también llena de ideas preconcebidas y prejuicios, porque, seamos sinceros, nadie está libre de prejuicios. En la lucha por erradicarlos, de mí misma y de la comunidad a la que pertenezco, sigo intentando profundizar. En estos años, gracias a mis compañeras de equipo, he aprendido a mirar a la ciudad con otros ojos. He comprendido que la lucha por los derechos de las personas es la única herramienta que nos permitirá crear una sociedad más justa y que esta nunca será posible si dejamos a nuestros semejantes atrás. Porque una persona en situación sin hogar es una PERSONA. Igual que yo. Igual que tú.

Agradecimientos: Marian Bardal y Pablo Javalones que colaboraron activamente en la documentación y elaboración de este artículo. A todas las voluntarias y voluntarios del colectivo contra la exclusión social de Acción en Red Madrid por su incansable labor y su entrega infinita.