La decisión del Gobierno español de acoger el barco “Aquarius” da motivos de esperanza en que se produzca un cambio en las políticas de inmigración y refugio en España. Un cambio que no significa otra cosa que cumplir con toda una legislación internacional que incluye el salvamento en el mar, la protección de los derechos de los menores, el derecho de asilo de las personas cuya integridad corre peligro en sus países de origen, o los derechos de los migrantes y sus familias. Leyes y derechos que se han venido conculcando tanto por el gobierno anterior como por la mayoría de los Estados miembros de la UE.
Por más que acoger al Aquarius sea considerado como un acto simbólico, no lo es para las seiscientas veintinueve personas a bordo, ni para quienes tienen que organizar y participar en una acogida nada fácil, dada la escasez de recursos existentes, largamente denunciada, para este tipo de emergencias. Pero la respuesta ciudadana, empezando por la de ayuntamientos del Sur de Italia y españoles, para contribuir a salvar a estas personas es otro signo de esperanza que muestra que, cuando hay voluntad política, sí se pueden poner medios para acoger.
Pero los barcos van a seguir llegando desde la orilla Sur del Mediterráneo y el Gobierno español, por mucha voluntad que le eche, no va a poder resolver, ni fácilmente, ni en solitario, esa situación. En primer lugar, porque los recursos materiales de acogida internos que ha dejado el PP son claramente insuficientes, no solo en materia de supervivencia sino en materia de integración. Y en segundo lugar porque es un problema de la Unión Europea y es la UE la que tiene que, solidariamente, hacerse cargo de una realidad que ya es insostenible para miles de personas hacinadas en los países europeos del Sur o en Turquía, que puede terminar creando rechazo en las poblaciones autóctonas, y ser un motivo de apoyo a los partidos más xenófobos.
El gesto del gobierno español está siendo una prueba ante la que se tienen que retratar todos los gobiernos de los países miembros de la UE, y ya lo están haciendo. Se anuncia una brecha mayor de la ya existente entre las posiciones más xenófobas y las más sensatas. Mientras no haya acuerdo y compromiso de acatamiento de las normas internacionales, el problema persistirá. Esa es la responsabilidad de la UE.
Un problema que no va a dejar de aumentar mientras persistan las diversas formas de violencia en los países africanos. De ahí que, otras de las tareas pendientes se sitúen en el ámbito de las relaciones internacionales y de la cooperación al desarrollo en sus más variadas vertientes, y no solo la económica.
La acogida y el refugio no se pueden externalizar, como tampoco se pueden limitar a salvar vidas, aunque esto sea lo fundamental. Hay que proveer de recursos materiales suficientes para que las personas acogidas puedan rehacer sus vidas dignamente, y también de recursos imaginativos para que puedan constituir un apoyo al desarrllo del país que les acoge y no una carga que pueda no ser aceptada, a la larga, por la parte de la población autóctona más vulnerable.
La decisión y actitud de los Gobiernos español y valenciano con el Aquarius, nos devuelve una parte de la dignidad robada por el anterior gobierno. Pero queda un largo camino para el cumplimiento de los Derechos Humanos.
