Categoría: Ecología

Francisco Castejón. Miembro de Acción en Red Madrid

EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA

Tenemos un problema grave con la vivienda en nuestro país. El acceso a una vivienda es clave para tener una vida digna, y así lo reconoce la Constitución, y la dificultad para acceder a una vivienda tiene impactos importantes sobre las vidas de una gran parte de la población. No es casualidad que los jóvenes españoles tarden más que la media europea en independizarse (empiezan a vivir por cuenta propia con más de 30 años, frente a la media de 26,4 años en la UE). Asimismo, el alto precio de la vivienda no es ajeno al hecho de que el índice de la natalidad sea tan bajo en nuestro país, dada la dificultad para forjar proyectos de vida. Además, qué duda cabe de que la calidad de la vivienda a la que se accede y su ubicación está relacionada con la calidad de vida: hay que considerar el acceso a servicios cercanos y la necesidad de invertir grandes tiempos en los desplazamientos, la orientación y la luz natural de que se disfruta, los espacios disponibles y la comodidad, el aislamiento de las ventanas y paredes y el comportamiento energético, el ascensor, la calefacción, … Llama la atención que en mucho tiempo no se haya resuelto un asunto tan importante, ni siquiera, cuando han accedido al gobierno partidos de izquierda. Por el contrario, la evolución de este problema se ha dejado durante largos años al albur de las dinámicas económicas y las medidas legales y fiscales que se han tomado han contribuido a traernos al punto en el que estamos. Las políticas adoptadas hasta la fecha, incluidas las leyes del suelo y las reformas fiscales que desgravan notablemente la compra, han fomentado la idiosincrasia española en que se prefiere tener en propiedad la vivienda que se habita, en lugar de alquilarla. Por otra parte, la vivienda se considera un bien refugio para invertir los ahorros de forma segura. No es extraño que muchas capas de la población, no necesariamente ricas, posean segundas viviendas como fruto del ahorro familiar.

La escasez de vivienda no es homogénea en el territorio y es más grave en las zonas en que hay mayor demanda por la alta actividad económica o turística. El problema se agrava cuando una parte no desdeñable de las viviendas se dedican al alquiler turístico, por ser este mucho más rentable que el alquiler a largo plazo para uso habitual. En 2023, los alquileres turísticos han aumentado un 15% llegando a un total de 315.238 en España. En el distrito Centro de Madrid, por ejemplo, de los 16.000 pisos que se ofrecen en alquiler, 12.000 se dedican al alquiler turístico. Esto hace que el número de viviendas ofrecidas en alquiler para vivienda habitual sea menor, pero además provoca un alza de los precios del alquiler: estos se han duplicado en los últimos 10 años.

Por estos resultados se ha dado en calificar estas zonas como tensionadas: aquellas en que existe una gran demanda de vivienda bien por una actividad económica que genera más puestos de trabajo y, por tanto, más necesidades de alojamientos a largo plazo, bien por el acceso turístico. En estas zonas, la actuación del poder político es indispensable y urgente para controlar los precios. Existe un problema adicional y es que las competencias en vivienda y urbanismo están compartidas entre ayuntamientos, comunidades autónomas y gobierno central. Los ayuntamientos pueden planificar y emitir Ordenanzas Municipales, las autonomías poseen las competencias en urbanismo. El Gobierno Central puede emitir leyes, pero sin invadir esas competencias.

VIVIENDAS DISPONIBLES: EL MERCADO FUNCIONA

Pero, ¿es que faltan viviendas?, ¿no era que a mediados de la década de los dos mil se había enladrillado el territorio de nuestro país? Lo cierto es que según el INE existen en España más de 3,8 millones de viviendas que no están habitadas a tiempo completo, el 14,4% del total del parque. De ellas, 2,5 millones son segundas viviendas utilizadas con más o menos frecuencia por sus propietarios, a menudo para fines vacacionales. Esto nos deja más de 1,3 millones de viviendas desocupadas. Estos datos se obtienen de forma objetiva a través del consumo de electricidad y no tienen en cuenta, lógicamente, las intenciones de los propietarios, ni si estos son pequeños propietarios, grandes tenedores o fondos de inversiones. De estas viviendas semiocupadas, casi el 30% están en localidades de más de 50.000 habitantes y solo el 11% están en localidades grandes, de más de 250.000 habitantes, que es donde hoy más se necesitan. La alta demanda no es capaz de motivar a los propietarios para sacar esas viviendas al mercado. En parte porque la vivienda es, como ya se ha dicho, un bien donde la gente invierte sus ahorros que no pierde valor con el tiempo, sino que normalmente se revaloriza más que el ahorro monetario. Y porque los gastos que implica mantener la vivienda cerrada son asumibles. No es ajeno a esta situación el problema del uso de este parque de vivienda de forma especulativa, esperando el alza de precios para ponerla a la venta o en alquiler.

A pesar de las numerosas campañas alarmistas, la supuesta amenaza de la ocupación ilegal tampoco es capaz de motivar a los propietarios para poner estas viviendas en circulación. Seguramente porque esta no es una amenaza importante, según muestran los datos. En 2022, se produjeron 16.726 denuncias en España, una por cada 1553 viviendas, un 20% menos que en 2021. Solo 2785 de estos casos llegaron a juicio oral. Cataluña se llevó la palma con el 41,9% del total estatal de denuncias. 

Le siguen Andalucía, con el 15% de denuncias y la Comunidad Valenciana con el 12,1%. La Comunidad de Madrid, por su parte, se situó lejos de los registros de Cataluña al contabilizar el 9% del total nacional. En Navarra se ocuparon 119 viviendas en 2022, casi las mismas que en 2021, y son el 0,7% del total. De ellas solo 4 llegaron a juicio.

El mero aumento de la oferta, construyendo más viviendas sin otras medidas que lo acompañen no va a solucionar el problema y, además, va a tener un impacto ambiental directo sobre la ocupación del territorio y va suponer un consumo tambiéndirecto de materiales y energía para construir esos nuevos edificios. A esto que hay que añadir los indirectos, con el consumo de recursos para dotar de servicios a esos nuevos barrios. La nueva Ley del Suelo que quería poner en marcha el PSOE, y fue rechazada en el Parlamento, adolecía del problema de la reducción de garantías ambientales y administrativas que se exigen a los nuevos planes, con la supuesta finalidad de aumentar la oferta. Son necesarias medidas que acompañen ese aumento del parque de viviendas en el mercado.

LAS SOLUCIONES

Una primera idea, poco explorada, es actuar sobre las zonas tensionadas para reducir la demanda. Tal como muestra la estadística de viviendas ocupadas a tiempo parcial, el 70% están localizadas en poblaciones de menos de 50.000 habitantes, luego si la población se repartiera mejor, los problemas de escasez serían menores. Por un lado, es necesario actuar sobre la ordenación del territorio para distribuir las inversiones y la riqueza y evitar las acumulaciones de población en unos pocos lugares, manteniendo casi vacío el resto del suelo. Existe una dificultad evidente para llevar a cabo medidas de este tipo: la concentración de riqueza atrae más y favorece que algunas élites aumenten sus ganancias y su poder. No podemos olvidar cómo, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso acusaba al gobierno de coalición de atacar a Madrid, por el mero hecho de querer instalar algunas instituciones fuera del centro del estado. Sin embargo, no deberíamos renunciar a una mejor ordenación del territorio y a una distribución de la inversión y la riqueza y mostrar la injusticia de esta construcción radial del estado. Por otro lado, es necesaria una reflexión sobre el turismo y sus efectos. Es verdad que esta actividad genera el 13% del PIB español, pero también lo es que los beneficios que produce no están bien distribuidos, porque los empleos que genera son de baja calidad. Se precisan medidas para reducir la presión turística sobre ciertas zonas del territorio y potenciar los valores culturales y paisajísticos que otras zonas presentan. El turismo impacta severamente contra el centro histórico de las ciudades, reduciendo el atractivo que tienen, puesto que expulsa a sus habitantes y a las actividades ajenas al turismo. Al final, los centros históricos de las ciudades se convierten en parques temáticos pensados para turistas, sin habitantes de la ciudad que doten a estas zonas de personalidad propia.

Además de las actuaciones sobre las zonas más tensionadas, cuyo efecto se verá a largo plazo, es necesario que la vivienda disponible sea asequible a los habitantes de las ciudades. Debería tenerse como meta que no más del 30% de la renta se destine a la comprar o alquiler de una vivienda. Para ello son necesarias políticas urgentes.

En realidad, no hay más que ver las políticas que se realizan en otras ciudades para explorar soluciones a corto plazo. Viena se ha puesto, con justicia, como ejemplo de políticas a aplicar: existe un parque de 220.000 vivienda públicas de precio controlado, pertenecientes a la empresa municipal de vivienda; el 50% de las viviendas son de protección oficial o construidas por cooperativas; el 78% de la población vive en alquiler; y en cada nueva promoción de vivienda, sea pública o privada e independientemente de la localización de la edificación en la ciudad, se dedica el 25% de las viviendas a protección oficial.

La nueva ley de vivienda pactada en el ejecutivo precedente al 23J tiene aspectos positivos como la nueva definición de grandes tenedores o la limitación de precios en zonas tensionadas, pero tiene el problema fundamental de que depende de la colaboración de las Comunidades Autónomas, muchas de ellas en manos del PP, que se han negado a aplicar la ley.

Es necesario que el Estado tome cartas en el asunto y para ello debe convertirse en promotor de vivienda pública social, bien para la venta, bien para el alquiler. Para ello, además de construir, se deberían movilizar los activos de la SAREB para aumentar la oferta de vivienda pública. En España el parque público de vivienda solo alcanza el 2% del total, frente a la media europea del 9,3%.

También debería actuar sobre la fiscalidad para favorecer el alquiler frente a la compra. Sería necesario también gravar las viviendas vacías y forzar su puesta en el mercado, así como mejorar la fiscalidad del alquiler. Actuar sobre la demanda es un buen instrumento: limitar el uso de los pisos para actividades que no sean la residencia habitual, reduciendo el uso de pisos turísticos. La eliminación de las llamadas Golden Visas ha sido un paso positivo que, si bien no impacta fuertemente sobre el mercado, sí elimina una discriminación económica importante. Se podría también regular la compra-venta de viviendas para garantizar que se va a vivir en ellas y no se les va a dar otro uso, al menos en las zonas tensionadas. Como se ve, existen experiencias y estudios que nos permiten diseñar buenas políticas de vivienda que permitan el acceso de la mayor parte de la población. Además, tenemos un parque de viviendas extenso que nos permite tomar medidas urgentes. Pero es necesaria una voluntad política fuerte para enfrentarse a los poderosos intereses que ven en la vivienda un ventajoso negocio.

(Pendiente de publicar en Berrituz, nº 82)

Francisco Castejón. Miembro de Acción en Red de Madrid.

La escasez de agua dulce

Se dice a menudo que en un futuro no lejano veremos guerras en el mundo por el control del agua dulce. Pero no ha hecho falta esperar para que podamos ver a la derecha y a la extrema derecha de nuestro país, encarnadas en PP y VOX, plantear una guerra política para el control del agua, basada en la mentira, el populismo y la demagogia. El uso de la mentira y de las falsas noticias en esta guerra política es especialmente dañino, porque impide que la sociedad tome conciencia del problema real al que nos enfrentamos y dificulta la toma de decisiones para solucionarlo.

Hemos vivido un nuevo ciclo climático con escasez de precipitaciones. Esta pertinaz sequía no debería sorprendernos porque es cíclica y cada cierto tiempo golpea a nuestro clima mediterráneo. Hay, sin embargo, un hecho que diferencia esta sequía de otras que solíamos sufrir. Se trata del cambio climático que va avanzando y, tal como predicen los modelos, va haciendo que las precipitaciones escaseen más y más, con la consiguiente disminución del volumen de agua potable disponible. Además de ser más escasas, las precipitaciones son a menudo catastróficas cuando se producen, lo que también predicen los modelos climáticos.

Este hecho se suma, para tensionar la situación, a un aumento del consumo de agua en nuestro país en las últimas décadas. Aumento que está provocado por el incremento desmesurado de la agricultura de regadío. De hecho es este sector el que se lleva aproximadamente el 80% del consumo total de agua .

Todos los ahorros de agua son bienvenidos, tanto en el sector industrial, como en el de servicios y el doméstico. En estas actividades hay aún mucho que hacer para reducir el consumo, como reparar las canalizaciones, reducir las piscinas privadas o construir jardines con especies autóctonas y no consumidoras de agua. Pero es obvio que nuestros mayores esfuerzos deben dirigirse a reducir el consumo en la agricultura de regadío.

Según algunos cálculos, una Ha de regadío puede producir hasta 40 veces más que una de secano. No es de extrañar, por tanto, que los agricultores se empeñen en poner en regadío más y más tierras. Y algunas de ellas se producen bajo plástico con unas producciones agrícolas muy elevadas que permiten la exportación de alimentos. La agricultura se ha tecnificado y puede considerarse como un sector industrial más. La falta de conciencia de la escasez de agua causa la extensión de cultivos muy demandantes y de cultivos que van a servir de alimento para el ganado, como el maíz, que es un gran consumidor de agua.

La paradoja: cada vez más regadío y menos agua para satisfacerlo

Los números demuestran a las claras estas informaciones. Según la AEMET, el clima en España es cada vez más árido. Desde 1950, unos 1500 km2 han pasado de pertenecer a climas templados para ser considerados áridos. Asimismo, la superficie dedicada al regadío ha pasado de 1,6 millones de Ha a 3,8 en el mismo tiempo, según las estadísticas del Ministerio de Agricultura. Este ritmo de puesta en regadío se ha acelerado la última década, en que se riegan 500.000 Ha más.

Como se ha dicho, el motivo para poner en regadío es que con inversiones aceptables se consigue elevar la productividad de la tierra notablemente. Hoy en día, el regadío ocupa el 23% de la superficie cultivada en nuestro país, pero produce el 65% de las cosechas. Esta extensión del regadío se produce a la vez que se reducen los recursos hídricos, que han disminuido un 12%, según el MITERD. Y que se espera disminuyan entre el 14% y el 40% para 2050, según las mismas fuentes.

El problema es claro y conocido. Pero no es fácil ponerle solución. Las políticas de reducción de regadío son muy impopulares y van contra el consenso general de que el regadío es riqueza. Incluso la izquierda defendió la extensión de los regadíos desde los años 70,reivindicando la puesta en riego de muchas tierras para mejorar la productividad y la riqueza.

La inversión pública ha ascendido a unos 3000 millones de euros según el Ministerio de Agricultura para modernizar regadíos. Esta inversión habría permitido consumir unos 3.000 Hm3 de agua menos que si no se hubiera hecho. El ministro de agricultura, Planas, anunció el día 20-4-2023 la inversión de otros 2.130 millones de euros hasta 2027, para hacer más eficientes los regadíos y poder usar otras aguas como la regenerada o la desalada. Con todo ello se esperan reducciones en el consumo del 10% aproximadamente.

Es encomiable buscar más eficiencia, pero esto no es la solución. El aumento de la eficiencia, sin otras medidas, podría dar lugar a un aumento de regadíos con el consiguiente aumento en los consumos. El enfoque de aumentar la oferta no es suficiente, hay que gestionar la demanda.

Es imprescindible un debate informado sobre los problemas del agua en nuestro país, que cada vez serán más acuciantes.

Las Mentiras

Otro dicho común, cuyo autor pudo ser Esquilo, es que “la primera víctima de la guerra es la verdad”. En esta guerra política que han iniciado los sectores más conservadores de nuestro país, las mentiras y los bulos se han difundido sin pudor, confundiendo a la población y, como ya se ha dicho, dificultando así el necesario  debate y la toma de decisiones basada en los datos científicos.

Ante esta situación de solución compleja, que implica luchar contra el cambio climático pero también adaptarse a la escasez creciente de agua dulce, se necesita tomar medidas consensuadas y cambiar el paradigma sobre la extensión del regadío. Habría que discutir nada menos que sobre los territorios que merecen ser regados y cuales no.

Un primer paso será, seguramente, reducir la superficie de regadío de nuestro país. Pero, lejos de eso, hemos asistido a la agitación de una consigna que parece que suena bien: “agua para todos”. Como si todos tuviéramos derecho a tener toda el agua que deseemos. Este lema se usa para alentar la construcción de infraestructuras hídricas como grandes embalses y trasvases, que es la segunda mentira que se agita durante las sequías: “esto no pasaría si se hubieran construidos más embalses”.

Los ríos no son solo unas fuentes de recursos para regar nuestros campos o mover nuestra industria y aumentar nuestra productividad. Son, sobre todo, fuentes de vida para nuestros ecosistemas, alojan vida y alimentan la vegetación de ribera. Es por eso que hay que garantizar siempre el caudal ecológico. Pero además, vemos que nuestros ríos están surcados a menudo por numerosos obstáculos inútiles como azudes y algunas presas en desuso. Ha empezado una campaña para renaturalizar los ríos que consiste sencillamente en el derribo de estos obstáculos, lo que permite que todo el ecosistema del río reflorezca. Esta campaña ha servido a la derecha para atacar al gobierno acusándolo de agravar la sequía . Han aparecido noticias absurdas contra el derribo de presas en desuso, como la de Valdecaballeros, que se construyó para aprovechar la posible electricidad sobrante de una central nuclear que nunca llegó a funcionar.

Los recursos hídricos disponibles serán, como se ha visto, mucho menores. La construcción de más embalses solo dará lugar a más embalses vacíos en las épocas de sequía. No es esa la solución a largo plazo a nuestros problemas y no debería presentarse como tal. También es necesario explicar que no habrá agua para todos, para todos aquellos que decidan poner en regadío más hectáreas, ni siquiera para los que ya lo han hecho.

El debate sobre los regadíos ilegales en las cercanías de Doñana es el ejemplo más claro de agitación de estos bulos. La Junta de Andalucía, gobernada por el PP, promete que habrá agua en el futuro para todos los regadíos, legales o no, sin esquilmar Doñana. Es una falsedad: no habrá agua. Y lo más sensato es reducir urgentemente la presión sobre el Parque mediante el cierre de los pozos ilegales.

Otro lema que aparece es que el agua de los ríos “se pierde” en el mar, en lugar de aprovecharse. Es conocido que la aportación de sedimentos favorece la creación de playas y deltas y el agua dulce disminuye la salinidad en la costa alejando a especies como las medusas.

El colmo llega ya cuando se habla de que la sequía puede producir escasez de alimentos a corto plazo. Y, lógicamente, la culpa será de quien no ha construido embalses para almacenar agua. No importa que no haya agua para llenarlos, ni que gran parte de nuestra agricultura se oriente a la exportación o al cultivo para alimentar al ganado. O que, por ejemplo, buena parte de nuestro grano se importe ya en la actualidad. La agricultura en España, y nuestro país no es una excepción, no está orientada a la soberanía alimentaria ni garantiza el autoabastecimiento. Por eso la escasez de algunos alimentos podría depender más de fenómenos geoestratégicos o de enfrentamientos bélicos que de nuestras cosechas.

A vista de todo lo dicho, se hace imprescindible y perentoria una reflexión sobre nuestra agricultura y el subsiguiente consumo de agua, incluyendo la ordenación de la distribución de regadíos en el territorio. Las dinámicas políticas puestas en marcha por la derecha no ayudan nada, no hacen sino agravar la situación.