El Alzheimer, una suerte de olvido para los olvidados

ROBERTO VALLE

Arquitecto y activista cultural

“La desdicha de los ancianos es un signo de fracaso de la civilización contemporánea”

Simone de Beauvoir. La vejez.

Este texto se escribió en abril de 2020 y recoge una experiencia iniciada en la comarca de Tierra de Campos, en la provincia de Valladolid, protagonizada por sus propios habitantes, consistente en la exploración de formas de vivir la vejez ajenas a las residencias convencionales (públicas o privadas) y que a su vez pretenden buscar e incidir en formas de dinamización social, cultural, económica… más amplias. Todo ello en una zona con muchos puntos en común con otras de características similares por estar inmersas en un proceso de descomposición y abandono progresivo desde hace unas décadas. La aparición de un hecho excepcional, como esta pandemia del covid, ha acentuado y hecho más visibles las consecuencias de determinadas formas, hoy y aquí imperantes, de entender socialmente la vejez.

INTRODUCCIÓN

PANORAMA ACTUAL Y FUTURO

SITUACIÓN GENERAL DE LA GENTE MAYOR. PRESENTE Y FUTURO EN LOS PUEBLOS PROPUESTA DE FUNCIONAMIENTO PARA UN PUEBLO PEQUEÑO, BARRIO O DISTRITO COMO PRIMERA EXPERIENCIA.

Paisaje de Tierra de Campos

INTRODUCCIÓN

Estamos asistiendo estos días a una experiencia que se mueve entre la realidad y la ficción, un mal sueño o una pesadilla. Situación antes nunca vivida, aunque sí imaginada dentro del mundo de la ciencia ficción, que deja bien a la vista entre otras cosas la fragilidad del hombre como especie y de la sociedad en la que vivimos.

De los muchos aspectos que se pueden analizar, y habrá que dejar pasar el tiempo para profundizar, está el de cómo ha afectado este virus a la gente en función de su edad y particularmente a la de mayor edad.

Y es este el aspecto en el que nos vamos a centrar y sobre el que tenemos que reflexionar, pues ha puesto al descubierto la situación real de estos centros en nuestro país. Me refiero a las residencias para personas mayores. Residencias en una situación que no podemos obviar, que debemos analizar y poner remedio y que necesariamente tenemos que cambiar.

España de momento ha dado el índice mayor de muertos, siendo el mayor porcentaje de estos muertos el que corresponde a la gente de más edad. Con estos datos nos hemos colocado a la cabeza del mundo. A la fecha de hoy 4 de abril del 2020 las personas mayores muertas ascienden a 8.404 y en Castilla y León 1.400, casi todas en las residencias públicas y privadas, 1.214 en total en Castilla y León.

En un primer momento se puede pensar que es debido a que por mayores son más débiles y tienen menos defensas, y esto es cierto, pero solo en parte.

Reflexionando sobre el tema vemos que:

− En primer lugar, en la situación de alarma se impuso el confinamiento, cuando en las residencias ya se estaba llevando una política y una vida y convivencia de reclusión.

− En segundo lugar, entre las medidas y estrategias a seguir se olvidaron de la situación real de las residencias de la tercera edad y de su hacinamiento. Convivencia que se caracteriza por la proximidad de los residentes y trabajadores en espacios normalmente reducidos y cerrados. Todo lo contrario de lo recomendable. Pero no se deparó en ello y de ahí las consecuencias cuanto menos lamentables. Tendríamos que añadir las circunstancias de una muerte aislada, sin posible ayuda de los familiares y para remate, terminar sin ver a los fallecidos y sin poder despedirse de ellos en una cultura como la nuestra. Esto es cuanto menos doloroso, dramático y traumático para los que lo tienen que vivir.

− Se está descubriendo, aunque ya lo sabíamos, que el personal en las residencias es escaso y en su mayoría no preparado para una función de atención sanitaria, para una fase de contaminación inicial en la que aún no se requiere hospitalización. Sin la posibilidad de poder tomar medidas y estrategias de confinamiento en el centro en función de la gravedad de los casos, siempre antes de la hospitalización. A todo esto ha contribuido una política de medidas en las que ha predominado la falta de medios materiales, de recursos personales, de improvisaciones, y quiero pensar y así lo creo, no por falta de voluntad de querer hacer las cosas bien.

Las consecuencias no han podido ser más lamentables y denunciables. Si bien el gobierno no deparó en esta situación y no puso el remedio a tiempo, no es menos denunciable la responsabilidad de los que gestionan este servicio público desde lo privado.

Esta pandemia ha puesto a prueba las residencias de la Tercera Edad en nuestro país y a puesto al descubierto cómo funcionan.

No es la primera vez que reflexionando sobre ese tema ya se denunció el error de privatizar estos servicios que como otros muchos son necesarios para toda la población y así están recogidos en la constitución. Servicios que por necesarios privatizarlos es un negocio y como negocio privado, con la política del máximo beneficio acaban haciendo negocio y privatizando una necesidad y encima sin los medios y la calidad que requieren. Y esto en el mejor de los casos, pues sus servicios tiene un precio asequible sólo para una minoría con poder adquisitivo y al que no pueden acceder la mayoría de la población con pensiones insuficientes. Lo mismo ha pasado con la vivienda, la enseñanza, etc.

Necesidades dejadas en manos de la iniciativa privada con políticas a las que son muy asiduos ciertos partidos políticos.

Todo esto nos lleva a unas conclusiones claras y de sentido común en las que todos estamos de acuerdo, en que el modelo de residencia actual no funciona, son muy caras, y sólo son accesibles a una minoría con un alto poder adquisitivo. Es como el último acto de vampirismo sobre las personas cuando llegan al final de sus vidas. Aunque después les queda el tema funerario, otro gran negocio, en muchos casos sin escrúpulos, donde tener una muerte digna tampoco está al alcance de todos y depende de la clase social a la que pertenezcas. Otra vergüenza e injusticia más por resolver.

Decimos que no funcionan pues no hay más que ver la calidad de vida.

Pero en todo caso y esto es quizás la reflexión más interesante que se puede hacer, y es que las residencias actuales, además de no ser accesibles para la mayoría, no funcionan. No resuelven el problema para esa etapa de la vida y necesariamente se tienen que replantear en su totalidad, y esto para las públicas que se lo tienen que replantear desde cero. De las privadas mejor no hablar. El que pueda que se la pague con todas las limitaciones que tienen y baja calidad de vida. Nos interesa más pensar en las soluciones para resolver el problema de la mayoría.

Imagen típica de vestíbulo o salón de residencia de ancianos.

PANORAMA ACTUAL Y FUTURO

− Al margen de ser España el país de Europa o del mundo con menor porcentaje de nacimientos y más esperanza de vida, es una realidad que la sociedad española envejece.

− El 20% de los ancianos viven en infraviviendas.

− Cuatro o cinco ancianos al mes en la comunidad valenciana mueren solas y se las encuentra en estado avanzado de descomposición. Estas situaciones antes eran esporádicas.

− Una de cada cuatro personas tendrá más de 65 años dentro de tres lustros.

− «La tercera causa de suicidio en Málaga es la soledad de los mayores», asegura Ruth Sarabia, directora general de derechos sociales del ayuntamiento. «cuando llegan a cierta edad consideran que ya nadie les quiere y en muchas ocasiones tratan de suicidarse»,

− Serán más de 12 millones de personas con esas edades frente a los alrededor de nueve que hay ahora. Dentro de 50 años la cifra se elevará a cerca de 15 millones.

− En 2068, casi siete millones (6,85) de personas habrán cumplido o superado los 80, una cifra que duplica los casi tres millones actuales.

− El número de personas que viven solas aumentará hasta alcanzar los 5,8 millones en 15 años. Será un país más viejo y con más soledad.

− Si ahora hay unos 11.000 ancianos que han superado los 100 años, en 2033 se habrán cuadruplicado, hasta más de 46.000. y según lo previsto, dentro de 50 años podrían ser más de 200.000. A mitad de siglo, se habrá multiplicado por diez la cifra de centenarios que hay en la actualidad.

− De los 20,3 millones de hogares que habrá en 2033, según estas proyecciones, el 28,9% del total serán unipersonales, es decir, dentro de 15 años cerca de uno de cada tres domicilios estará habitado por una sola persona.

− En el 2040 España será el país con más ancianos del mundo.

− El 60% de las personas mayores de 65 años viven solas.

− La soledad impuesta es un tipo de maltrato.

Las soluciones actuales no son alternativas

− Las residencias son como los hoteles: de 5 estrellas, 4 estrellas,…, hostales, hasta pensiones de mala muerte, a las que no puede acceder ni siquiera la mayoría de la población.

− 10 años en una residencia de 2.000 € al mes, con una estancia de 10 años supone 240.000 €. las más baratas de 1.000 €, 10 años 120.000 €.4

− Las residencias dan la impresión de ser aparcaderos de personas olvidadas. donde la enfermedad del Alzheimer puede llegar a ser una suerte de olvido para los olvidados.

− Ya está dicho, estamos en una situación en la que todas las necesidades (vivienda, trabajo, sanidad, educación, etc.) son negocio. Si en vez de ser públicas se privatizan ya no llega a todos y se generan diferencias sociales.

− Con las residencias actuales en manos la mayoría de empresas privadas, en las que el fin es el máximo beneficio, asistimos a una situación de dotaciones, de recursos y mantenimientos mínimos y al mínimo coste. El máximo beneficio impone sus reglas. El lema: largas estancias y tranquilas, sedación y duración. ingresos fijos por muchos años. Conozco más de un caso al que se le ha aplicado esta receta. La receta de las 15 pastillas al día es algo conocido por todos.

Alternativas de futuro

− Una persona cuando la jubilan tiene 65 años y con una esperanza de vida de 85 años, que será mayor en el futuro, tiene por delante toda una vida, y posiblemente la más interesante; una vida de 20 años o más. ¡Veinte años es toda una vida!

− Veinte años recluidos en una residencia es una ruina física, mental y económica.

− En una cultura como la nuestra donde entre otras cosas, la vejez y lo viejo no se valora, lo que no ocurre en otras culturas como la japonesa, donde a la gente mayor se la venera, propicia una cierta marginación de estas personas. Es un problema de nuestra cultura. Pero se puede cambiar o por lo menos se puede intentar.

− Esta necesidad con la solución actual no está económicamente al alcance de la mayoría de los ciudadanos. Con las pensiones actuales de la mayoría no se puede acceder a una residencia, ni en las ciudades y menos en los pueblos. El objetivo tiene que ser soluciones asistenciales gratuitas.

− Las soluciones no son o no son sólo arquitectónicas por mucho interés que pongamos los arquitectos. Espacios entre otras cosas sin referencias que deslocalizan a las personas. Teníamos que tener una filosofía zen para asumir esta deslocalización y desposesión. No olvidemos que somos lo que recordamos.

− Creo que otras opciones son posibles, con o sin el apoyo de las instituciones. Con la gestión por los propios afectados que organizados en colectivos con los mismos problemas pueden llevar a cabo proyectos y soluciones viables económicamente y de gran calidad asistencial. Colectivos con los mismos problemas para autogestionar estos servicios y necesidades. Tenemos que confiar cada vez más en los colectivos unidos por los mismos problemas, sin duda capaces de resolver en el día a día, a medio y largo plazo. Se puede empezar por crear equipos de trabajo. Interés sociológico, arquitectónico y urbanístico, cultural, institucional y político, etc. Siendo un tema multidisciplinar se puede contar con la colaboración de profesionales, mancomunar los problemas y las soluciones así como las personas necesarias y por supuesto siempre con el apoyo de los ciudadanos de las pequeñas o grandes poblaciones donde se lleven a cabo los proyectos; colaboración imprescindible, sin límites de edad; unos por jóvenes, con su energía e ideas y otros por mayores con su experiencia, y todos juntos con problemas y soluciones comunes. Sería un compromiso ejemplar que cada uno dedicase una parte de su tiempo a colaborar en este tipo de experiencias. Casi como una obligación moral. Un trabajo social. Como “un impuesto” social. Como campos de trabajo en distintas épocas del año, donde el más beneficiado seguro que sería el propio colaborador al propiciar y experimentar otras experiencias, otros contactos, otros conocimientos, perfectamente posible al margen de su trabajo y ocupación profesional. Puede incluir todos los perfiles.

SITUACIÓN GENERAL DE LA GENTE MAYOR. PRESENTE Y FUTURO EN LOS PUEBLOS

− Expectativas de futuro a corto, medio y largo plazo.

− Alternativas a las residencias actuales.

La imagen y situación de nuestros pueblos ya conocemos cual es. Población cada vez más envejecida. Recursos y asistencias cada vez más escasos. Bajos recursos económicos de la mayoría. Abandono y ruina del patrimonio materia e inmaterial.

Ante esta situación se plantean nuevas soluciones que podían ser entre otras:

Asistencias compartidas para necesidades comunes. Puestos de trabajo nuevos con cabida para los emigrantes y refugiados. Hemos sido un pueblo de mezcla de culturas, un pueblo de mestizaje. Dar cabida a los refugiados y emigrantes es una obligación que nos beneficia a todos. El mestizaje, en contra de planteamientos xenófobos, es el futuro, se quiera o no se quiera. Ante este fenómeno demográfico no caben fronteras ni barreras, ni muros, es un fenómeno imparable e imposible de contener y no tenemos más que ver la historia. Ya lo dijo y pronosticó Eliseo Reclús, el geógrafo francés del siglo XIX. Pero es que además beneficia a todos. Y no cabe duda que en España en este momento resolvería muchos de los problemas que tenemos en el mundo rural y urbano.

Es una de las bases importantes de recuperación de nuestros pueblos y un apoyo casi imprescindible para resolver muchos de nuestros problemas.

Poner en valor las propias viviendas infrautilizadas o cerradas.

Este es un aspecto también de reflexión. Es casi ya generalizado el sentir y el problema de que los pueblos literalmente se hunden. Su arquitectura y su patrimonio vernáculo se abandonan y se arruinan. No se pueden mantener, pero sin embargo se da la contradicción de la necesidad de una vivienda para mucha gente que no lo tiene, a pesar de ser un derecho constitucional. Esto nos lleva a pensar en soluciones, que podían pasar por compartirlas, y esta solución podría estar relacionada con la asistencia a la tercera edad en estas localidades, gentes en su mayoría, sin poder adquisitivo para ir a una residencia, y si puede, que en todo caso no sea como las actuales.

Las viviendas usadas y compartidas pueden facilitar su conservación, pues ya sabemos lo que pasa cuando se cierran; puede ser menos costoso su mantenimiento y pueden suponer una ayuda económica a sus dueños, o una compensación a cambio de otros servicios o prestaciones necesarias.

Compartir personal especializado a nivel comarcal y provincial. No perder la referencia del lugar donde siempre se ha vivido, tanto a escala del entorno natural, como al urbano y de la vivienda, rodeado de sus objetos, amigos y espacios de recuerdos de la infancia y otras épocas de la vida. Un no claro a la descontextualización que supone encerrarse o que te recluyan en una residencia como las actuales.

Fomentar la convivencia intergeneracional e interracial. Este es un tema cultural y como tema cultural sabemos que se puede cambiar y evolucionar, y ejemplos tenemos a lo largo de la historia. Recuperar el interés por nuestros mayores y por las personas con otras culturas.

Coordinación con otra experiencia similar a nivel como mínimo comarcal.

Integración urbana. Sustituir el concepto de habitación por el de vivienda. En las residencias actuales las unidades de convivencia ya están dirigidas en este sentido.

Autonomía, dignidad y calidad de vida para las personas mayores y sus familias, mantenimiento el máximo de sus potencialidades y capacidades. Modelos de atención más acordes con las necesidades de las personas.

Autogestionar estos servicios por los propios colectivos interesados unidos por los mismos problemas.

Creación de redes de coordinación y generación de investigación con instituciones académicas u otras con fines similares de carácter multidisciplinar y transversal de ámbito local, nacional o internacional aprovechando las nuevas tecnologías.

Buscar en la comunidad europea apoyo económico dentro de los programas de crecimiento demográfico necesario en los pueblos que se están despoblando. Programas europeos de apoyo a los refugiados y los emigrantes.

El apoyo de fundaciones privadas que colaboren en cualquiera de las fases de desarrollo del programa.

Pueblo de Tierra de Campos. Melgar de Abajo

PROPUESTA DE FUNCIONAMIENTO PARA UN PUEBLO PEQUEÑO, BARRIO O DISTRITO COMO PRIMERA EXPERIENCIA

Lo primero conocer el medio y sus recursos. Su historia y evolución. Elaborar proyectos a corto, medio y largo plazo. Estudios previos y paralelos de investigación, con el apoyo económico de las instituciones y del personal de la universidad, alumnos y profesores a través de becas u otro tipo de colaboraciones temporales, campos de trabajo, etc.

Plan de trabajo y etapas

− Estudio demográfico de la localidad. Pasado, presente y futuro.

− Estudio de recursos económicos (agricultura, artesanía, recursos naturales (rio, pantano, etc.) patrimonio, recursos culturales, etc. Su explotación con nuevas técnicas y medios. La especialización. La gestión comunal de los recursos. La investigación.

− Las cooperativas como solución para la gestión de los recursos económicos, en todas sus fases. Por ejemplo en pueblos con recursos forestales o cultivos energéticos, gestionar todo el proceso desde el monte o cultivo a la fabricación del producto (peles, astillas, etc.) y su distribución y comercialización. Estos proyectos generarían recursos económicos y puestos de trabajo.

− Posibles ofertas de trabajo: Asistencial compartido. Construcción para la rehabilitación o adecuación de lo existente. Explotación de los recursos de la zona, agricultura, huerta, madera, caza, pesca, palomares, artesanía, gastronomía, fuentes energéticas (forestal, cultivos energéticos, sol, viento, etc.).

− Asentamiento de población joven, inmigrantes y refugiados. − Recuperar los trabajos artesanos. Documentarlos y ponerlos en práctica.

Posibles equipos de trabajo

− Ayuntamiento.

− Los vecinos del pueblo.

− Fundaciones sin ánimo de lucro

− Asociaciones de todo tipo en torno a temas diversos.

− Profesionales arquitectos, sociólogos, médicos, asistentes sociales, etc.

− Donaciones y colaboraciones de particulares.

No cabe duda de que estamos en un momento de cambios importantes. Uno de ellos será el redescubrir la calidad de vida en los pueblos pequeños que nos permitirá otro tipo de vida con un contacto más directo con la naturaleza.

El pueblo permitirá, frente a la ciudad, otro tipo de vida, otro ritmo, otros trabajos de todo tipo vinculados a la agricultura, a la artesanía, al ocio con recurso económico para el pueblo por quienes lo visitan con estancias de todo tipo de duraciones; trabajos de investigación; asentamiento para talleres de artistas (pintores, escultores, etc.). Todo tipo de trabajos que encuentran en la escala del pueblo el tamaño y el ambiente para un trabajo creativo, de investigación, de retiro, tranquilidad, silencio, etc. La gran ciudad siempre la tendremos para visitarla y disfrutar de sus ofertas culturales.

Sin profundizar mucho se puede ver que este tipo de asentamientos en pequeños pueblos es de gran interés como alternativa a las ciudades. Es, cuando menos, atractivo y una alternativa de vida, para gente joven y jubilados. Para cierto tipo de trabajos y perfil de edad es casi perfecto. La mejor calidad de vida está asegurada. Volver a la naturaleza o descubrirla es una gran aventura de vida. Este potencial que tienen y van a tener estos pueblos es lo que se tiene que aprovechar y poner en marcha. Cada vez se verá como la alternativa con más demanda y futuro.

Resumen

− Replantearse desde cero las residencias actuales. Es un modelo que no funciona sean públicas o privadas. No al aislamiento, a la reclusión, a la descontextualización, al olvido.

− Las residencias estarán pensadas para personas dependientes, y más cerca de una asistencia sanitaria, con personal cualificado para estos servicios. Mancomunar este servicio.

− Máximas exigencias para las residencias privadas, de recursos humanos, medios materiales, programas de actividades y funcionamiento. Control estatal.

− No a la privatización de las residencias públicas. Otras alternativas de gestión.

− Nuevas alternativas al problema de la gente mayor con pocos recursos económicos. Alternativas de funcionamiento comunal, para pueblos pequeños, barrios o distritos en los pueblos más grandes o ciudades. La residencia entendida en un marco espacial y arquitectónico más amplio. A toda la localidad, todo el barrio o distrito se puede extender el espacio residencial. Poner en valor los recursos de las casas y viviendas infrautilizadas. Explotar los recursos abandonados con investigación y nuevas tecnologías y la gestión por cooperativas integradas por personas unidas por los mismos problemas. Una puerta abierta al mestizaje.

EN ESTOS PROYECTOS NO OLVIDEMOS QUE EL RECORRIDO ES PARTE DEL OBJETIVO, Y LA SATISFACCIÓN.

Roberto Valle es arquitecto y forma parte de los colectivos

integrantes de este proyecto en Tierra de Campos

Informe de actividad 2020 • Grupo contra la exclusión

Es obligado empezar a hablar del año 2020 como de un año atípico, también para la actividad del Grupo contra la Exclusión de Acción en Red Madrid. La pandemia originada por el covid-19 ha atravesado nuestra realidad, tanto como a nuestros voluntarios y ha afectado especialmente a las personas sin hogar que pernoctan en las calles de Madrid.

Se puede afirmar que la realidad de las personas sin hogar fue una antes de la declaración del estado de alarma, cambió radicalmente durante el mismo, y es otra completamente distinta después. Al margen de los ajustes necesarios para garantizar la protección de estas personas (que se han dado con esfuerzos muy desiguales), tanto instituciones como fuerzas de seguridad han movido los engranajes de la realidad de este colectivo amparados por una situación urgente y paralizante como ha sido el confinamiento de la población y las medidas de seguridad implantadas para evitar la propagación del covid.

El grupo contra la exclusión social de Acción en Red Madrid no ha dejado de hacer su trabajo de manera regular, aunque contando con dificultades añadidas. Durante todo el año, meses de confinamiento incluidos, no hemos dejado de estar pendientes de las necesidades de las personas en situación de sin hogar, hemos estado en constante comunicación con las instituciones pertinentes en la ciudad de Madrid y colaborado con la red de atención a personas sin hogar del Ayuntamiento.

Actividades de acompañamiento a población sin hogar

Durante el año, exceptuando los meses de marzo, abril y mayo (aparte de agosto, mes que habitualmente no tiene rutas programadas) se han realizado un total de 23 rutas contra la exclusión ordinarias, en las que han participado 7 coordinadores y 18 voluntarios en total. En estas rutas hemos realizado 477 atenciones (412 a hombres / 65 a mujeres) y estimamos que se han atendido a unas 111 personas distintas (95 hombres / 16 mujeres).

En el marco del proyecto de ocio inclusivo RE|CREA, que se desarrolla junto con otras dos asociaciones afines, involucradas en el trabajo con personas sin hogar: Solidarios para el Desarrollo y Realidades se han organizado 5 actividades (dos musicales, una visita cultural, una obra de teatro y la participación en un carnaval callejero). En ellas han participado un total de 31 personas (17 mujeres/14 hombres).

 

Durante los meses que transcurrieron en estado de alarma, se cancelaron las rutas por precaución ante la situación, pero en ningún momento dejamos de estar pendientes de las necesidades de las personas que viven en estricta situación de calle, algunas de ellas derivadas a centros como los pabellones Ifema y Samaranch, o alojadas de emergencia en recursos de la red. En colaboración con Samur Social dimos comienzo a un programa de llamadas a mujeres alojadas en recursos. Gracias a la gestión de Acción en Red Madrid, se canalizó una donación de 36 terminales de teléfonos móviles con saldo ilimitado durante esos meses, que permitieron comunicarse a las personas que se han encontrado más aisladas y en situación de mayor vulnerabilidad. Por parte de nuestra organización, un total de 9 voluntarias tuvieron contacto regular con 10 mujeres que solicitaron este acompañamiento telefónico a través de los recursos donde se encontraban alojadas.

Cómo afecta la pandemia y el estado de alarma en el día a día de las personas que viven en estricta situación de calle

Y es que la situación de las personas sin hogar durante el estado de alarma es algo sobre lo que queremos incidir de manera reflexiva y crítica para el conjunto de la sociedad. Si bien es cierto que el Ayuntamiento reaccionó con celeridad ante la situación de las personas que no podían de ninguna manera permanecer en sus casas, por carecer de ellas, y dispuso 830 plazas en un tiempo récord (parte de ellas fueron las plazas de Campaña de frío), a las que añadió 150 más en abril con la apertura del pabellón Samaranch, estas plazas no fueron suficientes. Y además, consideramos que no fueron adecuadas. Así lo advertimos en dos manifiestos que elaboramos durante el mes de marzo junto con otras entidades: Manifiesto por las personas sin hogar ante la crisis del coronavirus y Medidas para la protección de las personas sin hogar debido a la propagación del coronavirus.

No fueron suficientes porque no llegaron a todos. Las personas que no obtuvieron plaza por motivos diferentes (o la rechazaron por las condiciones de las plazas) se quedaron en calle, expuestos a la climatología, con las fuentes de agua potable cortadas, los aseos y baños públicos cerrados, sin reparto de mascarillas aunque luego se les requiriera su uso en los espacios públicos o abiertos, y los recursos específicos (comedores, centros de día) funcionando bajo mínimos (dando picnics en lugar de comida caliente, no permitiendo estancias en los interiores, restringiendo algunos de sus servicios, etc). Todo ello, además de no disponer de la ayuda de la restauración y otros pequeños comercios que les ayudan durante el año a subsistir de muy diversas maneras.

No fueron suficientes porque fueron inadecuados. Se alojó a personas con diferentes perfiles, situaciones y necesidades en pabellones de 150 plazas, sin un espacio personal propio, sin intimidad, compartiendo baños y espacios de inactividad (ya que el ocio se vio muy restringido por la falta de experiencia en encontrar espacios y actividades de ocio seguros), con severas limitaciones de movimiento y sin absolutamente nada que hacer durante 2 meses y medio en un pabellón de IFEMA y 4 meses en el pabellón de Samaranch. Ni las medidas de higiene ni la comida fueron adecuadas a ojos de los usuarios que ocuparon esas plazas. Desde nuestra labor de acompañamiento telefónico supimos que las usuarias del Centro Abierto Geranios comieron únicamente bocadillos a diario durante toda la duración del estado de alarma.

A mediados de abril las fuerzas de seguridad llevaron a cabo dos grandes desalojos en dos puntos clave la ciudad, sin activar el protocolo pertinente en estos casos y contactar a Samur Social, lo que supone una clara violación de sus derechos, y de los protocolos legalmente establecidos, amparados en la situación excepcional de confinamiento: Aeropuerto de Barajas, de donde se desalojaron 80 personas; y Plaza Mayor, lugar habitual de pernocta de muchas de las personas que duermen en la zona centro. A estas personas no se les ofrecen soluciones específicas, sino que se las remite a los recursos existentes, ya colapsados.

Cabe por tanto una reflexión al respecto de los órdenes de prioridades de las Administraciones involucradas, y los medios disponibles de manera realista precisamente en situaciones excepcionales, que sin embargo nadie parece considerar necesarios para dar cobertura a las más básicas condiciones de habitabilidad, dignidad o seguridad, o no se ha considerado sistémicamente que las personas sin hogar sean dignas, o merecedoras de este tipo de soluciones, incluso más allá de las decisiones de emergencia más perentorias, inerciales y urgentes.

Nuestra actividad tras el estado de alarma

Una vez se retomaron las rutas contra la exclusión (mes de junio), además de observar que había habido una gran movilidad de la población que duerme en calle, y un desplazamiento radial desde el centro de la ciudad debido a la presión policial mencionada; pudimos comprobar a través de los testimonios de las propias personas afectadas y de nuestra observación directa, que algunos miembros no identificados de las fuerzas de seguridad hostigaban a personas que viven en calle y les “invitaban” a moverse de los lugares donde se encontraban. Esta situación se dio de forma repetida desde el fin del estado de alarma. Con el fin de aclarar qué cuerpo estaba interviniendo y de donde procedían las órdenes solicitamos explicaciones a Policía Municipal de Madrid a través de la Unidad de Gestión de la Diversidad y a Policía Nacional a través de la Delegación de Participación Ciudadana de la comisaría de Distrito Centro. Ambos cuerpos negaron su intervención en estas prácticas.

Para comprobar si a pesar de los recursos adicionales puestos por el Ayuntamiento seguía habiendo gente durmiendo en calle, y también para poder valorar cual había sido el impacto del confinamiento (y la consiguiente merma de recursos en la zona centro), y de las actuaciones policiales en la población sin hogar, en el mes de junio y en colaboración con Solidarios para el Desarrollo organizamos por propia iniciativa un recuento de personas sin hogar. Movilizamos a 56 voluntarios y personas cercanas a ambas organizaciones y durante dos fines de semana consecutivos hicimos un recuento metódico (dentro de las limitaciones que suponen hacer un recuento tan ambicioso con muy pocos voluntarios) y geolocalizamos a un total de 427 personas dentro del anillo de la M40. Las principales conclusiones de este recuento, que se volcaron en un informe compartido con Samur Social y con la Dirección General de servicios sociales y emergencia social (geolocalizaciones incluidas) fueron dos: Seguía habiendo gente durmiendo en calle tras disponer de todas las plazas extra por parte del Ayuntamiento; y muchas de estas personas se habían movido del centro hacia los barrios más periféricos. Estas conclusiones se presentaron en una rueda de prensa gracias a la que obtuvimos una cobertura mediática razonablemente amplia (un total de 36 publicaciones de diversa profundidad en diferentes medios, incluidos cortes en televisión de rtve y Telemadrid).

Una vez retomada nuestra actividad habitual, decidimos hacer una ruta extraordinaria sólo en la zona centro, cubriendo una zona mayor de la habitual, para observar donde duermen las personas que fueron desalojadas de Plaza Mayor. En esta ruta establecimos la ubicación de 91 personas y nos sirvió para valorar dónde centrar nuestros esfuerzos en las rutas. A partir de las rutas de junio, además de nuestro ofrecimiento habitual (un café, unas galletas, ofrecidos como herramienta de acercamiento y no como fin en sí mismos) comenzamos a ofrecer mascarillas FFP2 e higiénicas (parte facilitadas por personal del hospital de Ifema tras su desmantelamiento; parte compradas con fondos propios).

Presencia institucional y formación a voluntariado

Además de la labor de calle, el colectivo contra la exclusión de Acción en Red Madrid tiene una fuerte presencia institucional en el Ayuntamiento y acciones formativas con el voluntariado.

Con respecto a la presencia institucional, además de la constante comunicación con responsables del Samur Social, recursos de alojamiento y otras entidades con el fin de gestionar todas las acciones mencionadas, asistimos a los plenarios convocados del Foro Técnico Local de personas sin hogar de Madrid en los que se trataron temas principalmente relacionados con la gestión de la crisis dentro de la Red. Dentro de nuestra participación,  exponemos una crítica a la actuación del desalojo de las personas sin hogar en la Plaza Mayor y las situaciones de posible hostigamiento de las que tenemos conocimiento. Solicitamos que se pida una explicación a los responsables y manifestamos nuestra preocupación al respecto.

En cuanto a nuestras actividades formativas, obligadas dentro de nuestra estructura, y parte fundamental de nuestro abordaje de la preparación de las personas voluntarias, así como un habitual modo de acercamiento a la labor desde muy diversos ámbitos de distintos profesionales y académicos expertos en exclusión social y sinhogarismo, este año hemos realizado 9 formaciones ordinarias de voluntarios. Algunas de ellas con personas invitadas al cargo de la formación, y 3 charlas extraordinarias abiertas al resto de la organización: La presentación del documental Malandanza, con José Francisco Rodríguez; la sesión Emprendimiento social para la solución de problemáticas sociales: Experiencias de voluntariado con personas sin hogar que nos trajo la amplia experiencia en Latinoamérica de Jennyfer Quintero Beltrán, y por último, la formación específica Mujeres Invisibles: mirada y acción frente a las violencias y la exclusión, a cargo de Carmen Belchí y Ania Pérez de la asociación Aires, con una enriquecedora experiencia de intervención y trabajo social con mujeres en situación de calle y otras formas de exclusión.

Asimismo, hemos contado con el apoyo incondicional de nuestros voluntarios, un total de 17 personas además de los 7 miembros del grupo motor del colectivo, que han estado en todas las formaciones, han salido en las rutas y han participado tanto en las actividades de ocio como en las llamadas de acompañamiento telefónico.

Con todo esto, pese a las circunstancias globales y locales derivadas de la pandemia Covid19, que pobló y ocupó casi todo el 2020 y que nos invitó a empezar el 2021 con ánimos renovados y atención a diversos frentes, podemos decir que hemos mantenido un pulso creciente de nuestra actividad, seguimiento y posición crítica aunque colaborativa en relación a las problemáticas pasadas, presentes y tememos que futuras de las personas sin hogar. Intentamos con todos estos procesos, labores, aprendizajes y en definitiva vocación de acción para la transformación social, permanecer cerca del conocimiento de los problemas para identificar las posibles e imaginar las aún imposibles soluciones a muchos de ellos. En el camino, vamos desarrollando nuestro conocimiento compartido, las sinergias con otros colectivos, asociaciones, personas y modos de ver y tratar estos asuntos para el progreso continuo de la sociedad en su conjunto y en lo específico de las personas sin hogar en la ciudad de Madrid. Del mismo modo, 2021 se nos presentó ya lleno de escenarios, horizontes o campos de trabajo para defender y lograr mejoras visibles, reales y necesarias de las condiciones de estas personas y los sistemas de atención, así como, en definitiva, el objetivo último que deben tener todos ellos, y las asociaciones involucradas, que es el fin del sinhogarismo como fenómeno social endémico, y agravado si cabe por este tipo de crisis.

Personas sin hogar: una vez más, los olvidados de las instituciones ante situaciones de emergencia

Las entidades firmantes del COMUNICADO SOBRE LA GESTIÓN DE LA ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR DE MADRID DURANTE LA BORRASCA FILOMENA, con una amplia experiencia en trabajo con personas sin hogar denunciamos la falta de coordinación entre la Administración y las ONGs para gestionar la situación generada por el paso de la borrasca Filomena. Ello a pesar del sincero ofrecimiento de las firmantes durante la semana previa a este fenómeno metereológico.

No entendemos las reticencia de la Administración a contar con nuestra ayuda y respaldo desde el primer momento, como ya ocurrió durante la primera ola de la pandemia de COVID-19 y el periodo de confinamiento, ni la falta de previsión sobre una situación, que aunque desbordó las previsiones estaba anunciada con tiempo suficiente para buscar alternativas de alojamiento más dignas y seguras que las instalaciones del metro de Madrid.

Por ello y a pesar de los esfuerzos y el trabajo de los profesionales del Samur Social no se llegó a tiempo para realizar los preparativos suficientes para recibir a las personas que necesitaban alojamiento de emergencia, dejando dicha recepción en manos de voluntarios, que a pesar de sus buenas intenciones carecían de la experiencia y formación necesarias.

Por último afirmamos que esta gestión demuestra, una vez más, que las prioridades de las administraciones no están enfocadas a prestar atención de calidad a las personas más vulnerables de nuestras ciudades, pretendiendo más bien, esconderlas en lugares poco adecuados.

Por todo ello creemos que ha llegado el momento de revisar el modelo de atención al sinhogarismo de nuestra ciudad, empezando por el modo y las instalaciones en las que se atiende la emergencia social.

Desde las organizaciones firmantes estaremos siempre dispuestos a participar de forma constructiva en dicha reflexión.

El futuro de las pensiones, el Pacto de Toledo y el modelo neoliberal

Fernando Cerezal.

1. Antecedentes y modelo neoliberal

La reforma de las pensiones se viene discutiendo desde hace décadas por parte de organismos internacionales y financieros (FMI, Banco Mundial, Deutsche Bank, BBVA…), por la UE en el Pacto por la Estabilidad y el Crecimiento de la UE (1997) y el Pacto de Lisboa (2007), en el que se plantea como objetivo “remover los obstáculos a la movilidad de los trabajadores que puedan derivar de los sistemas de pensiones”. La UE, incluso, aprobó el Plan Paneuropeo de Pensiones Privadas (PePP) en 2019. Todos ellos buscando el recorte del gasto social, así como la recapitalización de las entidades financieras a través del acceso a unos 140.000 millones de euros en España y unos 2,1 billones anuales en la UE de los sistemas de pensiones. Las reformas del Sistema Público de Pensiones (SPP) de 2011 (Zapatero) y 2013 (Rajoy) siguieron ese enfoque neoliberal. El Gobierno de Sánchez ya envió a Bruselas en 2019 una propuesta de “mochila austriaca” (posteriormente relegada). Los organismos internacionales y españoles han venido pronosticando la quiebra del SPP desde hace años. La OMC seguía afirmando en 2015, refiriéndose a nuestro país, que era necesario:  “retrasar la edad de jubilación más allá de los 67 años e incentivar las pensiones privadas, incluso con carácter obligatorio, porque prevé que en el futuro se reducirán los beneficios de los sistemas públicos”i.

Las reformas laborales y de pensiones del PSOE y PP (2010–2013) se han enmarcado en esos enfoques neoliberales de reducir el gasto social y la recapitalización financiera. Esta valoración de la reforma de 2011 señala claramente ese enfoque liberal; reforma que el Pacto de Toledo (PT) no propone derogar y del que incluso se recogen algunas de las medidas:

En conclusión, es una reforma regresiva, injusta socialmente y no justificada económicamente, que recorta las pensiones futuras, respecto de los derechos actuales, en una media del 20%. La consecuencia es la reducción de la intensidad protectora y la segmentación de la protección social con una privatización parcial. No hay una rectificación de la política socio–económica, laboral y fiscal. Persiste el alto paro y nuevas brechas sociales, con incremento de la desprotección pública, y una perspectiva de empobrecimiento de las personas mayores. No disminuye significativamente el carácter regresivo de la reforma, y se avala el retroceso sustantivo decidido por el Gobierno (…) El resultado, con menor cohesión social, es una protección social menos intensa para la mayoría de la sociedad (…) junto con el desarrollo de fondos privados de pensiones como salida parcial para las capas acomodadas”.ii

Esos organismos internacionales y españoles temen una reacción popular, por lo que consideran que se debe asegurar que estas reformas no se enfrenten a una resistencia política y social (…) es probable que sean necesarias otras medidas políticas de acompañamiento (…) Las reformas deben prepararse e implementarse cuidadosamente, esforzándose por lograr una amplia aceptación política y socialiii. Por ello esbozan ideas de la inevitabilidad de los recortes e incluso generan ideas de enfrentamiento intergeneracional de que el movimiento pensionista (MP) sólo lucha por sus intereses, cuando la cuestión es la situación de las y los trabajadores, con menores aportaciones a la Seguridad Social (SS) y en definitiva peores pensiones futuras. Tal como ocurrió en 2011 y 2013, las reformas supusieron un alejamiento de las bases sindicales y de las y los pensionistas hacia el Gobierno de Zapatero y el de Rajoy. Aspecto que deberían considerar actualmente la dirección de los sindicatos mayoritarios y el Gobierno de coalición ante la reforma que se avecina.

En ese contexto sociopolítico comenzó su andadura organizada el MP, alcanzando un enorme avance con las marchas de 2019, así como con las amplias manifestaciones de los “lunes al sol” en todo el país. El MP ha estado fundamentalmente organizado en torno a la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE). Luchas que pusieron en cuestión las reformas de las pensiones de 2011 y 2013 y que, en la actualidad, han evidenciado la indefinición y las insuficiencias de las recomendaciones del PT que acaban de ser aprobadas en el Parlamento (19–11–2020), cuya mayoría las votó, después de haber rechazado enmiendas parciales, con la abstención de ERC, BILDU, BNG y la negativa de Vox y CUP por diversas razones.

2. Aspectos de las recomendaciones del Pacto de Toledo 2020

Hay que comenzar diciendo que el informe del PT tiene una cierta retórica y ampulosidad y se plantea una especie de sociedad corporativa y solidaria orgánica de clases: el esfuerzo combinado que en cada jornada laboral desarrollan los trabajadores y los empresarios es lo que posibilita el funcionamiento de España… Nuestra Seguridad Social, cuya acción protectora sirve para dar cobertura a las coyunturas adversas que inevitablemente va a acompañar siempre el devenir de la humanidad…”.iv O cuando afirma con tono moralista que “nos alejaremos de aquellos antiguos modelos de sociedad tacaños que como justo castigo a su avaricia padecían a la vez todas las mezquinas preocupaciones del rico y todas las miserias y penalidades del pobrev.

Veamos en concreto los avances, ambigüedades e insuficiencias en algunas de las 22 recomendaciones del PT aprobadas por el Congreso y que deberán ser convertidas en medidas legislativas. El PT es, por tanto, un marco de orientaciones para esa futura legislación, por lo que no son baladíes y se merecen una valoración crítica, que fortalezca las acciones del MP durante el proceso legislativo próximo. Si bien es cierto que las recomendaciones no afectan en general a los actuales pensionistas por el momento, sí afectan al conjunto de las y los trabajadores, a las pensiones futuras y, por extensión, acabarán afectando también a las actuales.

A. Se reconoce la sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones. Es importante que el PT reconozca la sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones (SPP), después de haberse puesto en cuestión en muchos foros, incluido el PSOE y por supuesto la derecha. Las movilizaciones del MP y los análisis de expertos han dejado clara la sostenibilidad del SPP, aunque el PT no plantea la necesaria devolución del capital detraído de la Caja de las Pensiones (un saqueo de la “hucha de las pensiones”) que durante decenios se ha dedicado a diversos gastos impropios: bonificaciones a empresas por contratación, pensiones no contributivasvi, complementos a mínimos, préstamos no reembolsables a CC. Autónomas, al rescate bancario y actualmente al Ingreso Mínimo Vital. Por el contrario, el Gobierno de turno ha realizado préstamos a la Caja de Pensiones para cubrir el déficitvii, préstamos que la SS podría devolver –sugiere el PT, recomendación 5– con el patrimonio en las CC. Autónomas, obviando que ese es un patrimonio de las y los trabajadores.

De hecho, el propio Tribunal de Cuentas acaba de reconocer la deuda del Estado a la Caja de Pensiones de 103.000 millones de euros, aunque algunos autores calculan la deuda histórica en torno a 500.000 millones de euros detraídos a la Caja en los últimos decenios. Es decir, se reconoce la sostenibilidad, pero se sigue sin recuperar la Caja de las Pensiones e, incluso, se juega con el patrimonio de la SS al proponer donarlo a cambio de unos préstamos irregulares.

Este reconocimiento de la sostenibilidad del SPP se ha debido en gran parte a la movilización del movimiento pensionista y a los análisis de expertos. Por ello COESPE está reivindicando una auditoría de las cuentas de la Caja de Pensionesviii, la recuperación del fondo de la Caja de Pensiones y la negativa a ceder el patrimonio de la SS, propiedad histórica de las y los trabajadores, así como la aplicación de la Ley General de la SS y su artículo 109.2, que ha sido incumplida, al no haberse aplicado la obligación del Estado de hacer las aportaciones necesarias para cubrir las carencias de las cotizaciones en la financiación de las pensiones contributivas.

B. Acerca de los índices de revalorización (Recomendación 2). El Pacto recomienda la revalorización de las pensiones acorde al IPC. En la tercera versión de las recomendaciones, no obstante, introduce la posibilidad de posibles cambios con otros indicadores (de acuerdo con lo que ya se planteaba en la reforma de 2011): “resulta conveniente estudiar (…) la posibilidad de utilizar otros índices de revalorización basados, entre otros, en el crecimiento de los salarios, la evolución de la economía o el comportamiento de las cotizaciones a la SS, siendo recomendable que se tengan en cuenta los efectos que dichos índices han tenido sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones en los países de nuestro entorno.ix El Gobierno, en consonancia, introduce un aumento a pensionistas y funcionarios de un 0,9% y las pensiones no contributivas en un mísero 1,8% en 2021x.

Las Recomendaciones 13 y 17 sugieren el aumento del poder adquisitivo de las pensiones mínimas, no contributivas, de orfandad y por discapacidad, todas con muy bajas pensionesxi, así como atajar la brecha de género en las pensiones de viudedad. No hay, sin embargo, propuestas concretas para resolver esa grave situación. La AIREF y el Banco de España proponen, en lugar de una mayor revalorización, que las pensiones de viudedad salgan del SPP y pasen a la beneficencia, desconsiderando la relación de las y los viudos con el cónyuge trabajador (cuidados, hijos, maternidad…).

COESPE propone la revalorización automática por IPC y consolidada por ley, alcanzar el salario mínimo para todas las pensiones e ir hacia el 60% del salario medio de acuerdo con la Carta Social Europea (1.084 €)xii.

C. Edad de jubilación y factor de sostenibilidad (Recomendación 5). El Pacto de Toledo mantiene la edad de jubilación y la base reguladora de las pensiones de la reforma de 2011, que ya se vienen aplicando progresivamente y que el PT no recomienda derogar:

–la jubilación ordinaria a los 67 años, con el período de cotización aumentado de 35 a 37 años;

–la base reguladora de la pensión eleva el cálculo de 15 a 25 años cotizados (con posibilidad de escoger los mejores meses); el ministro Escrivá está defendiendo la extensión a los 35 años;

–recortes a las jubilaciones anticipadas, aunque ya tengan los 37 años cotizados y promoción del alargamiento de la edad de jubilación

La ampliación de la edad de jubilación y la base reguladora entra en contradicción con la situación laboral de precariedad y subempleo que reducen las cotizaciones, ante lo que el PT no entra a valorar ni proponer mejoras en las cuestiones laborales. Si bien el Gobierno de coalición considera una línea roja el factor de sostenibilidad, no parece que se haya considerado su eliminación. “El Factor de Sostenibilidad pretende ajustar la cuantía de las pensiones a la evolución de la esperanza de vida, en la medida en que los pensionistas percibirán su prestación durante un período más prolongado”xiii. En base a la longevidad (un éxito social), los trabajadores van perdiendo su poder adquisitivo desde el primer día de la jubilación.

COESPE rechaza las reformas de pensiones de 2011 y 2013 y defiende:

–la jubilación ordinaria a los 65 años con el 100% y 35 años cotizados;

–jubilación anticipada sin penalizar antes de los 65 años con 40 años cotizados;

–la abolición del factor de sostenibilidad.

COESPE, conocedores de las condiciones sociales y laborales, defiende los derechos de las y los trabajadores activos. En este sentido, no puede decirse que el movimiento sólo defienda sus intereses, sea victimista y no tenga carácter intergeneracional y solidario.

D. Recomendación 16 de planes privados de empresa o “mochila austriaca”

Esta cuestión es quizás la de mayor calado estratégico en las propuestas del PT, junto a la modificación de la ley de la SS, pues introduce cambios importantes orientados a debilitar la situación de los trabajadores respecto a las indemnizaciones por despido y a facilitar la privatización de las pensiones.xiv

La “mochila austriaca” se basa en la experiencia desarrollada en Austria (a partir de 2003) en la que a cada trabajador se le detrae del salario una cantidad mensual (en torno al 1,5%) que se acumula en su “mochila” para que en caso de despido sirva como parte de la indemnización, se la lleva si cesa en la empresa, decide utilizarla como subsidio de desempleo o mantenerla para su jubilación.

El Gobierno Zapatero, en la reforma laboral de 2010 ya planteaba “un proyecto de Ley por el que, sin incremento de las cotizaciones empresariales [cursiva mía], se regule la constitución de un Fondo de capitalización para los trabajadores, mantenido a lo largo de su vida laboral, por una cantidad equivalente a un número de días de salario por año de servicio a determinar (…) Las indemnizaciones a abonar por el empresario en caso de despido se reducirán en un número de días por año de servicio equivalente al que se determine para la constitución del Fondo” (Real Decreto Ley 10/2010)xv. Es decir, “mochila austriaca” con los objetivos de reducir las indemnizaciones por despido, favorecer la movilidad de los trabajadores, reducir las pensiones futuras y recapitalizar los sistemas financieros.

Este modelo, con el eufemístico nombre de Fondo de Capitalización, ha sido defendido ampliamente –como no podía ser menos– por la patronal y las financieras, que ya lanzan propuestas concretas de esa “mochila”. Entre estas, la reducción de las aportaciones de la empresa a la SS y, por supuesto, las indemnizaciones por despido.

Las consecuencias para el SPP serían claramente negativas pues significarían una reducción de las cuotas a la SS y la segmentación entre trabajadores activos y de estos con los pensionistas. Para las y los trabajadores supone la reducción de las indemnizaciones por despido, una mayor facilidad de despido y un dudoso complemento para la futura jubilación. El MP y especialmente COESPE se oponen a esta “mochila austriaca que afecta muy especialmente a las y los trabajadores actuales en activo.

Algunas conclusiones

COESPE critica las recomendaciones del PT por su ambigüedad e insuficiencia, por no recomendar la derogación de la reforma de pensiones de 2011, lo que posibilita el recorte de las pensiones futuras sin garantizar de forma nítida las actuales, y defiende un programa reivindicativo en el que incorpora la derogación de la reformas laborales de 2010 y 2012 y las leyes de pensiones de la SS de 2011 y 2013, la revalorización según IPC por ley, la eliminación del factor de sostenibilidad, la denuncia de la brecha de género, la subida de la pensión mínima, y critica especialmente los fondos privados de pensiones y de empresa o “mochila austriaca”. Por ello son incomprensibles algunas opiniones de insolidaridad intergeneracional del MP y especialmente de COESPE.

COESPE y el MP continuarán exigiendo esas demandas y denunciando las eventuales agresiones a trabajadores y pensionistas a lo largo del desarrollo legislativo que se avecina, con la esperanza de que los sindicatos y la izquierda las defiendan y se frenen los intentos neoliberales.

Fernando Cerezal, Miembro de la Plataforma

por la Defensa de las Pensiones Aluche–Latina, Madrid

11 enero 2021

Agradecimientos por sus aportaciones a Antonio Antón (UAM), Damián Rodríguez (representante de COORPEN–Madrid en COESPE) y Raúl Garay (coord. Plataforma de por la Defensa de Pensiones Aluche–Latina, Madrid)

i Cit. Luque Guerrero, E. y Franquesa Artés, R. 2020. “El Pacto de Toledo. El sistema público de pensiones en venta”. El Viejo Topo, 3 de diciembre. En https://www.elviejotopo.com/topoexpress/sistema-publico-de-pensiones-en-venta.

ii Antón, A. 2020. “Las reformas de las pensiones (2011 y 2013)”. Rebelión. https://rebelion.org/wp-content/uploads/2020/11/Las-reformas-de-las-pensiones-REB.pdf

iii Cit. Luque y Franquesa, op. cit.

iv Ibid.

v Cit. Franquesa, R. 2020. “Pacto de Toledo. ¿Avance o más de lo mismo?”. COESPE, 30 octubre, en https://www.youtube.com/watch?v=eHVWSXeeeYo

vi Se viene recomendando la inclusión de las pensiones no contributivas en los Presupuestos Generales del Estado desde 1995, 2003 y 2011.

vii Préstamos que incumplen el Artº 109, p. 2 de la Ley de la Seguridad Social, por el que el Estado debe compensar el déficit del SPP (deuda ficticia)con cargo a los presupuestos generales.

viii Véase Fernández, J.M. 2000. “Los gastos impropios de la Seguridad Social: la necesidad de una auditoría”. Nueva Tribuna, 21 de diciembre.

ix Cit. Luque y Franquesa, op. cit.

x Las pensiones no contributivas reciben en 2020 5.538,40 € al año, más un complemento de vivienda de 525 €.

xi En 2020 las pensiones de viudedad van desde los 7.249 € a menores de 60 años a 11.060 € con cargas familiares. En 2018 había 2.377.952 personas con complementos a mínimos de sus pensiones para compensar los bajos ingresos.

xii Por sexos, la pensión media de los hombres en noviembre de 2020 fue de 1.236,01 euros; en el caso de las mujeres, ascendió a la cifra de 814,82 euros, lo que muestra una significativa brecha de género. https://www.epdata.es/datos/pensiones-graficos-datos/20/espana/106

xiii Cit. Luque y Franquesa.

xiv Véase para este aspecto Miren Etxezarreta y José Iglesias. 2020. La mochila austriaca. Qué supone el modelo de pensiones e indemnizaciones de la derecha europea. Madrid: Icaria.

xv Cit. Etxezarreta, pág. 17.