¿De verdad son un problema los MENAs?

Francisco Castejón

Miembro de Acción en Red-Madrid

Publicado en Berrituz, nº 83 octubre 2024

 

Durante el verano de 2024 hemos tenido un océano Atlántico muy tranquilo y un continente africano convulso, así que la ruta migratoria de Canarias se ha visto muy transitada. El resultado final ha sido una acumulación de inmigrantes africanos en las Islas Canarias, por encima de la capacidad actual de acogida digna de este territorio. Una parte de este flujo migratorio lo han constituido los MENAS, Menores no Acompañados, que sumaban un total de 5.524 el día 8 de septiembre.

Tras el aséptico nombre de MENAS encontramos a niños y adolescentes que están totalmente desvalidos, sin progenitores que los cuiden o acompañen y sin ningún apoyo afectivo, en un país extraño cuyo idioma y cultura no comprenden. Una sociedad civilizada debería enternecerse y movilizarse ante la visión de estos niños y adolescentes abandonados, sin familiares que se ocupen de sus cuidados, y hacerse cargo de ellos por motivos éticos y humanitarios.

Pero no solo eso. Existe numerosa legalidad nacional e internacional que protege los derechos del menor y que nos obliga como sociedad y como estado a ocuparnos de ellos. La Convención de los Derechos del Niño de la ONU, firmada por el Estado español, es la piedra clave de la protección a la infancia y está basada en cuatro principios básicos: la no discriminación; el interés superior del menor; el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; y el derecho a la participación. Solo hay tres países que no han firmado esta convención: EEUU, Somalia y Sudán del Sur.

Es decir, España ha desarrollado leyes propias de protección al menor siguiendo los principios de esta convención. Estas son algunas leyes que desarrollan esta convención en nuestro país:

Como se ve, algunas de estas leyes son específicas y oras, como la propia Constitución, recogen parcialmente estos derechos.

Siguiendo el espíritu de la convención, todas nuestras comunidades autónomas deberían recibir una parte de estos menores migrantes y tratarlos convenientemente. Sin embargo, nos hemos encontrado con que este ha sido otro campo de confrontación política elegido por la derecha del PP y la extrema derecha de Vox y SALF para enfrentarse al gobierno de coalición.

Según estos partidos, los MENAS son delincuentes, futuros o presentes, capaces de desestabilizar cualquier barrio donde se les acoja. La propiedad privada y la honra de nuestras mujeres peligrarían en esos barrios según sus proclamas.

Estos discursos despiadados y sin empatía alimentan la creciente desconfianza de la sociedad frente a los MENAS y aumentan las dificultades para hacerse cargo de ellos. En particular, fomentan las reticencias políticas para facilitar su reparto en las diferentes comunidades autónomas. Y una parte no desdeñable de la sociedad acaba ver una amenaza en estos pocos miles de niños y adolescentes desamparados.

En este reparto cada comunidad autónoma debería acoger solo a unos cientos de menores. Pero la Ley de Extranjería no permite un reparto obligatorio y este solo sería posible si los MENAS  son aceptados de forma voluntaria por las administraciones autonómicas. La reforma de esta Ley en el sentido de permitir el reparto fue tumbada por el PP, VOX y Junts el 25 de julio pasado.

El PP está dificultando este reparto pues está asumiendo el discurso de la extrema derecha fomentando el odio a los inmigrantes y a los MENAS en particular. En enero de este año hemos podido oír a Isabel Díaz Ayuso acusar a los menores de un centro de acogida de Alcalá de Henares de participar en reyertas, de varias agresiones sexuales a mujeres de la zona y hasta de ser transmisores de un brote de sarna. Sin embargo, el único delito cometido por algunos de estos menores fue un intento de robo del bolso a una mujer en la estación de cercanías. Y el brote de sarna nada tuvo que ver con este centro de acogida. Más recientemente, sectores de extrema derecha acusaron a menores migrantes del asesinato de un niño en Mocejón (Toledo), que se produjo el 18 de agosto de 2024. Parece que todo vale para el enfrentamiento político con el gobierno y para crear en la sociedad una cultura del odio y la radicalidad que dificulta resolver los problemas de integración que pueden generar los flujos migratorios.

Sin embargo, desde el Ministerio de Infancia se asegura que se está negociando con el PP un sistema de reparto de MENAS basado en un catálogo de recursos para acoger a estos niños y otros criterios como el PIB y la población de la comunidad. A fecha 16 de septiembre solo faltaría Andalucía por facilitar el catálogo de recursos. Las declaraciones sobre este punto van y vienen en el PP y a menudo se pronuncian en contra del reparto que el gobierno impulsa: si se alcanza un acuerdo, será de forma discreta, pues el PP no va a desperdiciar esta oportunidad de aumentar la tensión política. La extrema derecha queda fuera de cualquier propuesta constructiva. Así que nos encontramos por un lado con una política pragmática que pueda aligerar la carga que tiene Canarias en este momento, cogobernada por el PP, no lo olvidemos, y por otro lado con declaraciones beligerantes contra cualquier intento de solución.

El propio PSOE ha estado haciendo un discurso meramente económico en torno la inmigración, defendiendo el control de flujos en los países de origen y la convivencia de recibir migrantes que nos proporcionan mano de obra y nos fomentan la natalidad. Dentro de esta lógica se han producido grandes regularizaciones en el pasado y se inscribía la regularización de unos 600.000 inmigrantes irregulares que pretende impulsar una reciente ILP. Regularización que, en estos momentos, se encuentra paralizada.

Si bien es cierto que es necesario este enfoque económico, se echa de menos un juicio humanitario que ponga los derechos humanos en el centro del debate.

El Primer Ministro británico, el laborista Keir Starmer, ha ido más allá y ha visitado a la neofascista italiana Giorgia Meloni para aprender de sus métodos para “gestionar” la inmigración, el día 16 de septiembre. Seguramente inspirado por esta visita el propio Núñez Feijoo ha visitado también a la líder italiana el 18 de septiembre para aprender de sus métodos. Métodos que, no lo olvidemos, dan lugar a deportaciones masivas de personas, violan los tratados internacionales del mar y condenan a morir ahogadas en el Mediterráneo a miles de personas.

Sea cual sea el reparto final de MENAS, la derecha y la ultraderecha habrán conseguido el objetivo de hacer que la sociedad evolucione a posturas más reaccionarias, donde la solidaridad y los derechos humanos no cuenten, y el odio hacia lo diferente campe a sus anchas. Y estamos hablando de distribuir solo unos pocos miles de menores en el territorio.

Se trata de un problema de solución relativamente sencilla que, además, podría presentarse ante el mundo como un ejemplo más de la solidaridad demostrada por el pueblo español. Pero tal como se está tratando por la derecha y la extrema derecha habrá servido para aumentar el odio y las tendencias reaccionarias de nuestra sociedad.

Esto mismo ocurre en Europa y otras partes del mundo, con un aumento de la ola reaccionaria que amenaza con arrasar los avances en derechos sociales y en convertir nuestras sociedades en algo odioso. Los resultados electorales con los avances de la extrema derecha que atraen a las derechas tradicionales a sus discursos reaccionarios son una muestra poco alentadora de cómo avanza este discurso xenófobo en la vieja Europa. Y el PP no es una excepción.

Estamos, por tanto, ante una nueva batalla cultural en la que se usan todo tipo de bulos y se recurre a los sentimientos más bajos de la sociedad. Y la socialdemocracia europea solo esgrime contra esto argumentos económicos, con lo que solo nos quedamos en la parte pragmática del debate.

Creo que la izquierda debe emplearse a fondo en el combate contra los bulos y, sobre todo, en el desarrollo de argumentos basados en principios éticos y en los derechos humanos. Los debates sobre regeneración democrática que están teniendo lugar a raíz del retiro de 4 días de Pedro Sánchez contemplan la posibilidad de no dar pábulo a los bulos, lo cual sería positivo. Pero, además, no se debería olvidar en la argumentación el punto de vista ético y de derechos humanos para contrarrestar esa ola egoísta y de odio que avanza en Europa. Ya hemos tenido sangrientas experiencias en el mundo provocadas por el avance de estas ideas.

Una UE de Derechos Humanos frente a una Europa fortaleza

Fernando Cerezal
Acción en Red Madrid
13 de septiembre de 2024
Valla con alambre de espino y concertinas. LINNAEA MALLETE (CCO 1.0)
La inmigración y el asilo están siendo contemplados como un grave problema por un enfoque dramatista de las derechas a través de ciertosmedios de comunicación y de bulos, enfoque que está extendiéndose a la mayoría de los gobiernos de la Unión Europea y a la propia UE al orientar sus políticas hacia el control de fronteras, la securitizacióny la externalización a otros países sin garantías democráticas.Todo ello con un enorme desprecio de los derechos humanos y generando miedos, racismo y división entre las clases populares.
Nos encontramos, especialmente en redes sociales y ciertos medios, con un conjuntode mensajes  racistas y xenófobos que promueven el odio, la discriminación, así comola división de las personas entre “nosotros y ellos”, unos ciudadanos de plenos derechos, socialmente superiores, y “ellos” como personas de segunda y en potencial riesgo de exclusión, a los que se les estigmatiza y criminalizaresponsabilizándoles de un supuesto aumento de la inseguridad ciudadana y el deterioro de las condiciones sociales y laborales, sin datos que lo avalen. Es decir, se sobredimensionan y tergiversan algunos datos en los que basar esta discriminación y se arropa en una ofensiva cultural reaccionaria. Esta consideración social es un excelente marco para la explotación laboral y socialy para el avance del racismo (véase “Racismo estructural”).

La separación entre la inmigración económica y el asilo o protección internacional subsidiaria es realmente fina. Una parte importante de los inmigrantes llegan huyendo de situaciones de pobreza y hambrunas, falta de oportunidades, represiones diversas, guerras, discriminación y violencia de género, deterioro medioambiental… Estas son razones poderosas para contemplar la migración y el asilo como necesidades y derechos humanos, recogidos en el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.

Los datos son apabullantes: según el informe de ACNUR de 2024 los desplazados internos y solicitantes de asilo obligados a abandonar sus hogares eran120 millones en 2023, de los que el 75 % se desplazan a países de renta baja o media, mayoritariamente a países limítrofes, y un 30% son niños (véase “El retroceso imparable de un derecho imprescindible”). Un dato de interés es saber que sólo el 5% de la migración accede por la frontera Sur española, a lo que se le dedica mucha más atención que al 95% que accede regularmente.
Esta realidad debe ser analizada respecto a una serie de indicadores para entender mejor el fenómeno migratorio, especialmente hacia España y la UE (véase F. Luengo). En primer lugar, la disparidad de renta por habitante: en 1971en el África subsahariana era el 9,5% de la europea y medio siglo después tan sólo representaba el 4,1%en 2021. En segundo lugar, hay que considerar
la pobreza absoluta, que el BM la calcula en base a los ingresos por persona (inferior a 2,15, 3,65 o 6,85 dólares día dependiendo de la zona), aunque esa valoración hay que ampliarla con el índice de Pobreza Multidimensional. Significa que en 2019el 36,7% de la población subsahariana, lo que supone 411 millones de personas, sobrevivían en situación de extrema pobrezacon menos de 2,15 dólares día. A la pobreza se unen 284 millones de personas que padecen enfermedades crónicas y carecen de servicios
esenciales para la vida (como el agua corriente y la electricidad).
Un tercer indicador son los efectos de la crisis climática con sus graves efectos devastadores: sequías, inundaciones…, a pesar de que África sólo emite el 10 % de CO2mundial. Finalmente, la deuda externaha aumentado de manera sustancial en los últimos años, del 21,8% del PIB en 2008, hasta el 46,6% en 2023. Algunas economías subsaharianasse han tenido que declarar en suspensión de pagos.
Estas son las razones fundamentales de las migraciones dentro de África o hacia Europa.La demostración de la siempre desigualdad entre el Norte y el Sur globales. ¿Qué muros van a impedir que decenas de miles de personas se lancen peligrosamente para alcanzar una vida mejor en Europa?
Pero ¿cuál es la respuesta política de los países de la UE? Lamentablementela política que va tomando cada vez más peso en la UE está dominada por un enfoque securitario: control policial de fronteras, restricción de inmigrantes y solicitantes de asilo, deportaciones, así como por la externalización hacia terceros países y la militarización ya sea en los países emisores o en las
zonas de “paso” (Frontex). Política de las extremas derechas que han ido asumiendo un buen número de gobiernos europeos, que no se atienea la Declaración de DDHH, al Derecho Internacional de la Convención de Ginebra de 1951 ni al Protocolo de Nueva York de 1966 y que contempla la migración como fondo de reserva de mano de obra en condiciones de explotación, como una “industria del desecho humano”.
Más allá, incluso, la UE considera las migraciones como una “amenaza híbrida”, una combinación de “actividadesmilitares y no–militares convencionales y no–convencionales […] para lograr objetivos políticos” y considera la relación con terceros países
para “combatir el crimen organizado, terrorismo, la inmigración irregular y el tráfico de armas”. España ha solicitado la inclusión de la migración irregular como amenaza híbrida en el nuevo Concepto Estratégico de la OTAN. Muy claro, el derecho humano a migrar y al asilo se contempla a la altura de criminales de diversos pelaje y justifican las diversas medidas de control y violencia (véase Externalización).
La externalización del control de migrantestiene dos variantes: 1) en países terceros para acoger,  detener y obstruirla salida hacia Europa (Turquía, Marruecos, Túnez, Libia, Mauritania, Gambia, Senegal…), con escasas o nulas garantías democráticas, y por ello reciben millones de euros(más de 9.344 millones de 2004 a 2024, a veces enmascarados como ayuda al desarrollo) por tratados de retorno. Esas aportaciones no van dirigidas a la atención demigrantes sino a la represión, deportaciones o a la corrupción, afectandola vida social de esos países y el aumento de la discriminación y el racismo hacia los migrantes. 2) La deportación a terceros países en centros especiales o cárceles, supuestamente mientras se gestiona su aceptación de entrada (Ruanda por Gran Bretaña, Turquía, Albania por Italia, Australia, EEUU, México…) (véase).
El enfoque securitario no se sostiene sólo en prejuicios racistas, supremacistas y xenófobos, en el rechazo a los desposeídos –la aporofobia– (que no se aplican a personas enriquecidas de algunos otros países), sino que hay que destacar toda la industria dedicadosal control migratorio.
La UE, ante esa concepciónde amenaza híbrida, viene apoyando y justificando la Industria del Control Migratorio, que engloba todas las actividades para frenar los flujos migratorios y supone un negocio de miles de millones de dinero público europeo.Esta Industria tiene su antecedente más claro desde 2015 en el Plan de Acción Conjunto de La Valeta para frenar los flujos desde
África y para ello se aprobó el Fondo Fiduciario de Emergencias de la UE con 5.000 millones de euros y, posteriormente, el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible de 4.500 millones en 2017. Esos fondos han ido dirigidos al control migratorio suministrando herramientas para la identificación y vigilancia, como vehículos, aviones y helicópteros (Babcock Mission), drones, satélites, guardias de seguridad, atención acentros de acogida… Diversas organizaciones privadas y lobbies actúan en este campo de la securitización, como la Asociación Europea AeroEspacial y de Defensa, líneas aéreas para las deportaciones, empresas tecnológicas y en España la Asociación de Empresas de Seguridad, Telefónica, Eulen y especialmente INDRA (D. Dominguez).
En abril de 2024 el Parlamento europeo aprobóel Pacto de Emigración y Asilo (debe entrar en vigor en enero de 2026) que supone un estrechamiento de los derechos de migrantes al no garantizar la asistencia legal y al acelerar las deportaciones, sin consideración a sus derechos.Un posicionamiento ante la situación cada vez más grave en un buen número de países africanos, a los que se les está planteando convenios de “cooperación” para restringir salidas y aceptar retornos de migrantes (la reciente gira africana del presidente Sánchez va en esta dirección). Significa realmente una claudicación de Von der Leyen y los gobiernos europeos, incluido el español, ante el programa de la extrema derecha: abandono de los Derechos Humanos y mano
dura contra la migración.
Un avance más en este proceso securitario fue la coordinación del control de las fronteras exteriores conla Agencia de Fronteras y Costas –Frontex–, a disposición de los países que lo soliciten, para aportar nuevas tecnologías fronterizas. Frontex se ha destacado por las deportaciones a terceros países como una forma de disuadir la migración. De 2009 a 2019 deportó
a 60.135 personas en 1.437 operaciones. Frontex goza de autonomía respecto a los Estados y mucha opacidad, denunciada en el Parlamente europeo (véase Externalización).
Hay muchas consecuencias de esta política de la UE:
–Rutas migratorias más peligrosas y peligro de devoluciones a zonas lejanas o desérticas.
–Apoyo a dictaduras y a la represiónde los países de origen y tránsito migrante.
–Abandono de los ideales de solidaridad y Derechos Humanos y prioridad a la securitización y la militarización.
–Relación desigual con los países africanos, a los que se les pide colaboración mientras se mantienen unas relaciones comerciales leoninas o una supuesta cooperación interesada.
Esta política de los países receptores de migrantes, unida a los mensajes de odio y manipulaciones, es un caldo de cultivo de ideología racista y fascista. Los ataques y progromos promovidos por la extrema derecha que se han producido en Gran Bretaña contra la población inmigrante y musulmana a raíz del asesinato de dos niñas, que fueron contrarrestados por amplias movilizaciones antirracistas, mientras hubo cierta pasividad institucional y policial. Las extremas derechas europeas, por un lado, influyen en la deriva reaccionaria de laspolíticas de migración y asilo para legitimarse social y políticamente y, por otro, utilizan el deterioro socioeconómico de las clases populares y los privilegios raciales y culturales para inculpar a las minorías inmigrantes. “El racismo es una expresiónsupremacista de una colectividad para imponer y justificar la discriminación de grupos sociales racializados o por motivos étnicos–nacionales, que lleva a la segregación y su subordinación frente a las ventajas de los autóctonos, desde una visión uniforme y jerarquizada de la sociedad” (Antón). En España la presencia de población inmigrada(unos 4 millones de personas, un 10% respecto a la población nativa)es muy inferior a otros países europeos, pero la extrema derecha lanza mensajes de odio, en especial contra los menores no acompañados, cargados de mentiras y bulos, presentados como “hechos alternativos” sin ningún sustento real. Todo ello como concreciones de su falsa idea del reemplazo étnico y cultural de la población autóctona por las poblaciones migrantes.
El asunto es cómo trabajar para conseguir una respuesta garantista y de derechos humanos por el Gobierno de España y la UE.Concreto algunas propuestas basadas en CEAR que tienen validez para el conjunto de la migración y asilo.
1. Promover vías legales y seguras para quienes necesitan protección.
2. España está obligada a garantizar los derechos de todas las personas, independiente de su acceso, unas condiciones dignas en centros de acogida, así como la identificación y la evaluación de sus necesidades sin discriminación de nacionalidad.
3. Asegurar que mientras se hace el triaje no se prive de libertad a los migrantes.
4. Respetar el principio de no devolución.
5. Contribuir a la solidaridad con medidas centradas en las personas.
CEAR también hace algunas propuestas para enfrentar los delitos de odio y racismo:
* Aprobar un Pacto social y político contra los discursos de odio, así como promocionar la igualdad y la construcción de sociedades inclusivas.
* Desarrollar planes de convivencia intercultural, inclusión social y no discriminación.
* Aplicar la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación en el acceso y condiciones de trabajo,  la promoción profesional y la formación para el empleo: Nadie podrá ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad o condición de salud, estado serológico y/o predisposición genética a sufrir patologías y trastornos lengua, situación socio económica o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
*Integrar programas educativos en los centros escolares que aborden de la inmigración con un enfoque de derechos.
*Trabajar en red con actores claves en la generación de conocimiento y la sensibilización para atajar el racismo y la xenofobia.
En definitiva, y como conclusión, se necesita un enfoque claroy decidido por la defensa de los derechos humanos (priorizándolos a los económicos que habitualmente se defienden) en la perspectiva de una  sociedad con diálogo interculturalque reconozca “la diversidad étnica y el pluralismo sociocultural y, al mismo tiempo, conformar una dinámica unitaria y
solidaria de deliberación democrática y de ciudadanía política y social compartida. Y todo ello con unos principios básicos comunes de no–discriminación, respeto a la propia voluntad individual o colectiva y diálogo y negociación cultural” (A.Antón).
Enfoque de derechos que debemos exigir a la UE, a cada uno de los gobiernos y, por supuesto, al gobierno español.

GREEN BORDER La guerra oculta de Europa

Crítica de la película GREEN BORDER La guerra oculta de Europa

Rafael Arias Carrión Miembro de Acción en Red.

1. Antecedentes

Las imágenes cinematográficas sobre los migrantes en los últimos treinta años han variado aunque la dureza de su contenido, esencialmente, se ha mantenido. En Lamerica (Gianni Amelio, 1994), los migrantes albaneses, tras la caída del comunismo y la entrada de un salvaje capitalismo que, como una motosierra, cercenó a una parte de la sociedad y la obligó a huir, vislumbraban su esperanza en la cercana Italia. Migrantes albaneses se embarcaban apretados unos contra otros, abarrotados y hacinados pero esperanzados(1). El futuro no era ideal, pero la frontera estaba abierta. En 2002, el director británico Michael Winterbottom filmaba, cámara en mano, In This World, la odisea de dos jóvenes afganos que huyen de un país bombardeado por los Estados Unidos, en respuesta a los atentados del 11S, y que ocuparon durante 20 años para finalmente permitir a los talibanes, los mismos que gobernaban en 2002, regresar al poder, con las brutales consecuencias sobre las mujeres que ya sabíamos. Estos chicos de la película tienen como deseo llegar a Gran Bretaña y la cámara del director los acompañará, encontrando odio, cariño, comprensión y redes de ayuda a partes iguales en su travesía. El futuro no era ideal, las fronteras europeas ya no estaban abiertas, pero los agujeros para entrar eran evidentes. Las mafias ocuparon un nicho e hicieron su negocio. En 2023, la directora polaca Agnieszka Holland documentó la crisis fronteriza de 2021 entre Bielorrusia y la Unión Europea. Resumiendo, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko, en el poder desde 1994, utilizó a los migrantes como respuesta ante las sanciones impuestas por la UE, que no reconoció su victoria en las elecciones de 2020. Bielorrusia promovió la entrada de migrantes por Polonia, compañías aéreas del país y de otros cercanos atraían emigrantes de otros países (principalmente procedentes de Siria y Afganistán) quienes, tras pagar precios de lujo, los colocaban frente a concertinas y los hacían pasar al otro lado. Ya no estaban en Bielorrusia, ya estaban en Polonia, en la UE, frente a un inmenso bosque verde por donde es difícil orientarse.

2. La película

Hay películas necesarias y urgentes (como lo fueron las citadas Lamerica e In This World). Green Border lo es y su veterana directora Agnieszka Holland (nacida en 1948) ha demostrado una inusual capacidad para adentrarnos en lo que significa ese estado de tránsito entre países, ese vivir atemorizados, estemos en Polonia o en Bielorrusia. Para ello su directora ha utilizado un blanco y negro, que imprime a las imágenes una textura rugosa que lo acerca al documento. Pero también esa elección del blanco y negro contiene ecos del pretérito. Estoy seguro que la directora pensó en el pasado polaco durante la Segunda Guerra Mundial, y los campos de exterminio y la ocupación del país por los nazis durante dicha guerra. Los recuerdos de la misma, muchas veces provenientes de documentales, ficciones y fotografías, son en blanco y negro. Hay algo más allá de lo estético en la elección de la directora por el blanco y negro, está el interés de poner el foco en algo muy concreto. De esta forma la película es franca y directa, cristalina en su retrato y transparente en sus elecciones formales. Alejándose de las cámaras en mano, los desenfoques y un paisaje sonoro ensordecedor, Green Border es claridad conceptual. Los planos son precisos, lo que se ve y lo que no se ve no deja lugar a la duda, el ritmo, impreciso a veces, viene marcado por los capítulos en que se divide la película que llevan título propio.

Esos capítulos que dividen la película contiene los diversos espejos donde mirar(nos). Emigrantes, ejército, activistas humanitarios, son las tres caras que nos ofrece su directora. Su análisis es devastador. Green Border muestra sin tapujos lo que es “estar” en el mundo sin derechos de ningún tipo. La familia siria, compuesta por seis miembros entre adultos y niños, con familia en Suecia (es decir, con un destino claro) y la profesora afgana, con derecho a pedir asilo en Polonia, que son a quienes su directora nos acerca, sufren literalmente en sus carnes el desprecio más absoluto de unos militares (tanto bielorrusos, que maltratan, se mofan y llegan a cobrar 50 euros por una botella de agua; y los polacos que utilizan a los migrantes como sacos de boxeo, sin miramientos de ningún tipo, ni edad, ni sexo…). Y el problema de las “devoluciones en caliente”: más allá de saltarse las leyes comunitarias son el germen de la deshumanización de los encargados de hacerlo. Tal como aparecía en una magnífica película La cuestión humana, las palabras importan y cuando las neutralizamos, deshumanizamos a quienes nos dirigimos. Si los nazis hablaban de piezas o de cargas para referirse a quienes iban en camiones o trenes camino de los campos de exterminio, los soldados polacos no hablan de seres humanos o de personas para referirse a quienes traspasan una frontera en precario estado, los citan como piezas. Dejan de ser seres humanos, son piezas y podemos maltratarlas; al fin y al cabo, una pieza no sufre, no padece, la podemos zarandear, amenazar, golpear… Ese acento lo marca la directora de su país, Polonia, que en 2021, momento de los hechos mostrados, llevaba gobernada por la extrema derecha desde 2015.

Ante esos desmanes la sociedad civil, activistas de todo tipo, ven cercenadas su capacidad de ayuda, bajo el espejo con el que la clase militar los ve, considerados por estos como criminales por prestar primeros auxilios, alimento y refugio. Ayuda necesaria, pero siempre insuficiente. A veces pereciera que estuviéramos en una distopía, en un capítulo de la excepcional serie Black Mirror. Pero no, estamos ante un fehaciente retrato de la realidad actual, de los poderes políticos para deshumanizar a las personas migrantes, para invisibilizarlas, para insensibilizar a la policía de fronteras del abuso de los derechos de las personas como solicitantes de refugio y de asilo, de la utilización de dichas personas como peones de un juego político o como pelotas de ping-pong… Peones de primera, peones de tercera. Agnieszka Holland se pregunta si los migrantes que retrata su película son mejores o peores personas que los 2 millones de ucranios y ucranias que recibió Polonia con los brazos abiertos en 2022. ¿Somos iguales? Ya he escrito que Green Border es una película necesaria. Es cine doloroso e imprescindible, retrato imperecedero de una frontera y de todas las fronteras. ¿Es exportable el drama de Green Border en 2021 a la inmigración en la frontera española en Ceuta y Marruecos, como lo sucedido en 2021 o los incidentes en la valla de Melilla que causaron la muerte de 23 inmigrantes y dos policías en 2022?

3. La directora y las amenazas de la extrema derecha

A raíz del estreno de Green Border en Polonia, el gobierno de extrema derecha planificó una estrategia de acusaciones y exacerbación del odio contra la directora en plena campaña electoral, que puso en peligro la seguridad de la directora. En una excelente entrevista en el diario Público lo narra: “Ellos decidieron usar esa película y mi persona para movilizar a los votantes de derecha, y volcaron todo su odio, así que esperaba ciertas reacciones, una guerra abierta, pero no hasta el extremo de tener que ir con escolta de seguridad en mi país. Esperaba a los medios de comunicación atacándome, pero no esperaba que el presidente del país, el primer ministro, el secretario del partido gobernante y los antiguos ministros de Justicia y de Exteriores del partido gobernante lo hicieran”.

4. Zona de interés

En su estremecedora película La zona de interés el director británico Jonathan Glazer puso el acento en dónde miramos, en cual es nuestra zona de interés. En la película vemos como vive una familia nazi pegada al muro del campo de exterminio de Auschwitz, cómo ese muro les oculta la visión de lo que hay, pero también cómo los sonidos, alarmas, gritos, disparos, no asustan a dicha familia y lo único que les incomoda es ver cenizas en el río en el que se bañan. Si como espectadores no nos incomoda dicha situación, nos ubicamos en el desenfoque de la zona de interés. El público que ha visto, y que verá Green Border, ha asistido a la inclemencia de la zona de interés. Hay que mirar allí y no desviar la mirada.

(1) Una imagen idéntica a la del buque mercante Stanbrook, que llevó a cabo la última evacuación de refugiados republicanos del puerto de Alicante el 28 de marzo de 1939.

Cuando gobierna la locura

Iosu Perales

Lesther Alemán, estudiante de 24 años, ignoraba que sus guardianes de la cárcel de El Nuevo Chipote, en Nicaragua, lo conducían hasta una sala donde le esperaba la jueza Nadia Camila Tardencilla y una fiscal, para juzgarlo y condenarlo a 15 años de prisión. Sin asistencia previa de abogado, ni garantías procesales, iba a ser juzgado no en sede de tribunales como manda la ley del país, sino en la misma cárcel donde ya lleva más de 200 días.

Unas horas antes, la ex ministra de salud sandinista (1978-1990) y legendaria guerrillera, Dora María Téllez, de 66 años. había recorrido los mismos pasillos para llegar a la misma sala donde le esperaba el juez Ángel Jancarlos Fernández y 15 años de cárcel por “menoscabo de la integridad nacional y conspiración”.

Cuando Lesther Alemán quiso tomar la palabra que la ley le concede, la fiscal entre gritos ordenó a la jueza: “¡Cállelo, aunque sea su derecho, no le permita hablar!”, lo que la jueza acató, ordenando al joven guardar silencio. No obstante, en medio de un cierto caos, Lesther Alemán pudo gritar ¡Soy inocente!

Se espera que hasta el 24 de febrero se sucederán los juicios que la presidenta del Centro Nicaragüense de Derecho Humanos (CENIDH), Vilma Núñez, de 83 años, ha calificado de farsa, en una declaración hecha por audio desde un lugar clandestino. Son 40 personas las que se sentaran en el banquillo, muchas de ellas con trayectorias impolutas como militantes del Frente Sandinista y que un día decidieron criticar la autocracia de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Pero ya antes, más de 100 han sido procesadas con cargos absurdos como tenencia de drogas, lavado de dinero y acciones terroristas, en juicios sin garantías.
Las detenciones que aún no han terminado. Se iniciaron en las jornadas de abril de 2018, con las plazas y avenidas repletas de manifestantes exigiendo libertad. Se saldaron con más de 300 muertos e innumerables personas heridas, la inmensa mayoría víctimas de las balas de policías y milicianos reclutados por el régimen. Pocas semanas después tuvo lugar el llamado Diálogo Nacional, convocado por el Gobierno. En esa reunión, Lesther Alemán se hizo célebre. Tenía entonces 21 años.

Tomó la palabra y se dirigió a Daniel Ortega, reprendiéndole. Le acusó de ser responsable de la matanza y le conminó a rendirse. El presidente soportó con el rictus contenido, perplejo, al igual que su esposa vicepresidenta con cada demudada. Pero la venganza se sirve en plato frío y en julio de 2021 el líder estudiantil y vocero de Alianza Ciudadana, era por fin detenido. Ahora ha sido juzgado tras sobrevivir 200 días en condiciones insalubres, sin apenas contacto familiar y sin asistencia letrada.

Dora María Téllez, es una celebridad. García Márquez recreó su figura en un libro que cuenta cómo se hizo el asalto sandinista al Palacio Nacional en agosto de 1978, logrando la libertad de las y los presos políticos encarcelados por el dictador Somoza. Dejó su partido, el FSLN, en 1995, cuando el escritor y ex vicepresidente Sergio Ramírez creó el Movimiento de Renovación Sandinista (MRS). Hoy este partido se llama UNAMOS. Se presentó en precario en las primeras elecciones que pudo hacerlo en 1995 y obtuvo tan sólo el 1% de los votos. En 2006, una alianza encabezada por el MRS logró el 8%, un resultado todavía modesto, pero suficiente para preocupar a Daniel Ortega que ilegalizó al partido para salir de dudas e impedir su crecimiento.

Fue detenida en junio de 2001, junto a la activista de derechos humanos Ana Vijil, también condenada en estos días y que permanece a la espera de la sentencia que fije la cuantía de años de cárcel que le esperan. Dora María Téllez es una de las figuras políticas más destacadas de entre quienes se sentarán en el banquillo de acusados. Sin garantías procesales, la veterana dirigente sandinista es mal tratada sistemáticamente, tal vez como castigo al haber sido la primera en rebelarse a la autoridad de Daniel Ortega. Sus familiares aseguran que ha sido torturada desde que está presa y su régimen carcelario es especialmente duro, sin respeto a las garantías constitucionales.

Otros nombres conocidos son Víctor Hugo Tinoco, ex embajador en Naciones Unidas, el general en retiro Hugo Torres, Cristiana Chamorro, Suyén Barahona y hasta 16 candidatos a los que se les impidió presentarse a las elecciones del pasado 7 de noviembre. Por cierto, el general Hugo Torres dirigió el asalto sandinista a la casa del ministro de Somoza, Chema Castillo, en diciembre de 1974, con lo que se logró la liberación de Daniel Ortega que estaba preso.  

Este es un macro juicio político en el que abundan militantes de la izquierda y en menor medida de la derecha opositora, si bien también hay tres dirigentes empresariales presos, de la directiva del COSEP. Pero quienes detienen y encarcelan se llaman a sí mismos de izquierda y hasta revolucionarios. ¿Cuáles son las claves para saber quién es quién? Las claves están en los hechos, no en las palabras.

Aunque la pluralidad sea un valor que ya existe en la izquierda de cualquier parte del mundo, es evidente que cuando hay carceleros y encarcelados, esa pluralidad no es cierta. No es posible la convivencia entre quienes matan y quienes son asesinados; entre quienes sufren la ilegalización de decenas de organizaciones sociales y de ONG dedicadas a la solidaridad y a la cooperación para el desarrollo (OXFAM internacional, Diakonía, Intermón, entre las extranjeras, y otras 70 nacionales, varias de ellas de Mujeres). No puede haber pluralidad entre quienes ilegalizan partidos y alianzas para que no puedan presentarse a las elecciones y quienes son víctimas de semejante medida.

Por eso, la izquierda de cualquier lugar del mundo, y más todavía de América Latina, debe definirse, con la mayor energía por el fin de la represión. La izquierda debe saber también de las políticas neoliberales del régimen Ortega-Murillo. Basta con estudiar sus políticas fiscales, económicas, medioambientales, de recursos naturales… a lo que se une políticas de género netamente patriarcales. El neoliberalismo del régimen ha recibido felicitaciones del FMI por su obediencia a la institución.  

Hoy no hay en Nicaragua ningún periódico en letra impresa. La Prensa y Nuevo Diario tuvieron que cerrar al cortar el Gobierno el suministro de papel y tintas. Con los canales de televisión en manos de la familia Ortega-Murillo, los diarios digitales 100% Noticias y El Confidencial, resisten. Todo el cuadro represivo se justifica como respuesta a una agresión imperialista, pero independientemente de que Estados Unidos conspire siempre para mantener el control de su “patio trasero” que es como califica a Centroamérica, la actual crisis deriva de un poder autocrático que está sitiando Nicaragua. Un sitio que asfixia tanto que está provocando oleadas de migración, de salidas del país, rumbo a países vecinos, a Europa y a los Estados Unidos.

El drama es que sectores de la izquierda son incapaces de entender que se puede estar en contra de la injerencia externa y de la represión interna, y creen que hay que elegir entre los dos males. Es un error que habrá que explicar ante la historia que antes o después exigirá cuentas. Quienes sufren la represión en otros países debieran ser más sensibles ante lo que viven sectores críticos perseguidos en Nicaragua. La izquierda debe ser sinónimo de libertad no de oscurantismo. La izquierda no debe aceptar que un bulo, por lo demás insostenible, se instale en sus discursos. Me refiero a la calificación de las jornadas de abril de 2018 como golpe de Estado. Todo el poder concentrado en manos de Ortega ¿fue víctima de un intento de golpe protagonizado por una ciudadanía sin ningún poder? ¿Quién puede creer semejante mentira?  

A los presos políticos se les imputa “menoscabo de la integridad nacional y conspiración”. ¿Cuáles son las pruebas? Es una acusación difusa que sirve para manosear los procesos judiciales.

Ya para embarrar más el tablero de juego se les añade la imputación de blanqueo de dinero que es algo que molesta mucho, con razón, a la ciudadanía. No hay pruebas, pero no hace falta. Cuando no hay garantismo procesal y el escenario de los juicios es un espacio de arbitrariedad donde no se contrastan y se prueban los hechos, sino que se cumple la decisión del régimen Ortega-Murillo, ¿para qué hace falta demostrar nada? La venganza se viste con toga negra.

Llamo la atención recordando que hay dos izquierdas en este asunto. La representada por Gabriel Boric, presidente de Chile, que ha afirmado que lo que ocurre en Nicaragua es vergonzoso, siguiendo el camino de José Pepe Mújica, y la de los que todavía siguen atados a claves geopolíticas obsoletas. Pero incluso, quienes forman parte de esta última izquierda ni deben ni pueden moralmente dar la espalda al sufrimiento de quienes sufren la ira de dos personajes que pasaran a la historia como lo hizo el matrimonio Ceaușescu.

PD. de Acción en Red Madrid: el 12 de febrero murió asesinado por la tortura y la desatención en la cárcel de la dictadura de los Ortega–Murillo el general retirado Hugo Torres, verdadero sandinista que se enfrentó  a la dictadura de Somoza y ahora enfrentaba la de los OrMu. Véase su declaración antes de ser capturado por las hordas danielistas en junio de 2021: https://www.youtube.com/watch?v=UCuaP9LyOrg