Una UE de Derechos Humanos frente a una Europa fortaleza

Fernando Cerezal
Acción en Red Madrid
13 de septiembre de 2024
Valla con alambre de espino y concertinas. LINNAEA MALLETE (CCO 1.0)
La inmigración y el asilo están siendo contemplados como un grave problema por un enfoque dramatista de las derechas a través de ciertosmedios de comunicación y de bulos, enfoque que está extendiéndose a la mayoría de los gobiernos de la Unión Europea y a la propia UE al orientar sus políticas hacia el control de fronteras, la securitizacióny la externalización a otros países sin garantías democráticas.Todo ello con un enorme desprecio de los derechos humanos y generando miedos, racismo y división entre las clases populares.
Nos encontramos, especialmente en redes sociales y ciertos medios, con un conjuntode mensajes  racistas y xenófobos que promueven el odio, la discriminación, así comola división de las personas entre “nosotros y ellos”, unos ciudadanos de plenos derechos, socialmente superiores, y “ellos” como personas de segunda y en potencial riesgo de exclusión, a los que se les estigmatiza y criminalizaresponsabilizándoles de un supuesto aumento de la inseguridad ciudadana y el deterioro de las condiciones sociales y laborales, sin datos que lo avalen. Es decir, se sobredimensionan y tergiversan algunos datos en los que basar esta discriminación y se arropa en una ofensiva cultural reaccionaria. Esta consideración social es un excelente marco para la explotación laboral y socialy para el avance del racismo (véase “Racismo estructural”).

La separación entre la inmigración económica y el asilo o protección internacional subsidiaria es realmente fina. Una parte importante de los inmigrantes llegan huyendo de situaciones de pobreza y hambrunas, falta de oportunidades, represiones diversas, guerras, discriminación y violencia de género, deterioro medioambiental… Estas son razones poderosas para contemplar la migración y el asilo como necesidades y derechos humanos, recogidos en el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.

Los datos son apabullantes: según el informe de ACNUR de 2024 los desplazados internos y solicitantes de asilo obligados a abandonar sus hogares eran120 millones en 2023, de los que el 75 % se desplazan a países de renta baja o media, mayoritariamente a países limítrofes, y un 30% son niños (véase “El retroceso imparable de un derecho imprescindible”). Un dato de interés es saber que sólo el 5% de la migración accede por la frontera Sur española, a lo que se le dedica mucha más atención que al 95% que accede regularmente.
Esta realidad debe ser analizada respecto a una serie de indicadores para entender mejor el fenómeno migratorio, especialmente hacia España y la UE (véase F. Luengo). En primer lugar, la disparidad de renta por habitante: en 1971en el África subsahariana era el 9,5% de la europea y medio siglo después tan sólo representaba el 4,1%en 2021. En segundo lugar, hay que considerar
la pobreza absoluta, que el BM la calcula en base a los ingresos por persona (inferior a 2,15, 3,65 o 6,85 dólares día dependiendo de la zona), aunque esa valoración hay que ampliarla con el índice de Pobreza Multidimensional. Significa que en 2019el 36,7% de la población subsahariana, lo que supone 411 millones de personas, sobrevivían en situación de extrema pobrezacon menos de 2,15 dólares día. A la pobreza se unen 284 millones de personas que padecen enfermedades crónicas y carecen de servicios
esenciales para la vida (como el agua corriente y la electricidad).
Un tercer indicador son los efectos de la crisis climática con sus graves efectos devastadores: sequías, inundaciones…, a pesar de que África sólo emite el 10 % de CO2mundial. Finalmente, la deuda externaha aumentado de manera sustancial en los últimos años, del 21,8% del PIB en 2008, hasta el 46,6% en 2023. Algunas economías subsaharianasse han tenido que declarar en suspensión de pagos.
Estas son las razones fundamentales de las migraciones dentro de África o hacia Europa.La demostración de la siempre desigualdad entre el Norte y el Sur globales. ¿Qué muros van a impedir que decenas de miles de personas se lancen peligrosamente para alcanzar una vida mejor en Europa?
Pero ¿cuál es la respuesta política de los países de la UE? Lamentablementela política que va tomando cada vez más peso en la UE está dominada por un enfoque securitario: control policial de fronteras, restricción de inmigrantes y solicitantes de asilo, deportaciones, así como por la externalización hacia terceros países y la militarización ya sea en los países emisores o en las
zonas de “paso” (Frontex). Política de las extremas derechas que han ido asumiendo un buen número de gobiernos europeos, que no se atienea la Declaración de DDHH, al Derecho Internacional de la Convención de Ginebra de 1951 ni al Protocolo de Nueva York de 1966 y que contempla la migración como fondo de reserva de mano de obra en condiciones de explotación, como una “industria del desecho humano”.
Más allá, incluso, la UE considera las migraciones como una “amenaza híbrida”, una combinación de “actividadesmilitares y no–militares convencionales y no–convencionales […] para lograr objetivos políticos” y considera la relación con terceros países
para “combatir el crimen organizado, terrorismo, la inmigración irregular y el tráfico de armas”. España ha solicitado la inclusión de la migración irregular como amenaza híbrida en el nuevo Concepto Estratégico de la OTAN. Muy claro, el derecho humano a migrar y al asilo se contempla a la altura de criminales de diversos pelaje y justifican las diversas medidas de control y violencia (véase Externalización).
La externalización del control de migrantestiene dos variantes: 1) en países terceros para acoger,  detener y obstruirla salida hacia Europa (Turquía, Marruecos, Túnez, Libia, Mauritania, Gambia, Senegal…), con escasas o nulas garantías democráticas, y por ello reciben millones de euros(más de 9.344 millones de 2004 a 2024, a veces enmascarados como ayuda al desarrollo) por tratados de retorno. Esas aportaciones no van dirigidas a la atención demigrantes sino a la represión, deportaciones o a la corrupción, afectandola vida social de esos países y el aumento de la discriminación y el racismo hacia los migrantes. 2) La deportación a terceros países en centros especiales o cárceles, supuestamente mientras se gestiona su aceptación de entrada (Ruanda por Gran Bretaña, Turquía, Albania por Italia, Australia, EEUU, México…) (véase).
El enfoque securitario no se sostiene sólo en prejuicios racistas, supremacistas y xenófobos, en el rechazo a los desposeídos –la aporofobia– (que no se aplican a personas enriquecidas de algunos otros países), sino que hay que destacar toda la industria dedicadosal control migratorio.
La UE, ante esa concepciónde amenaza híbrida, viene apoyando y justificando la Industria del Control Migratorio, que engloba todas las actividades para frenar los flujos migratorios y supone un negocio de miles de millones de dinero público europeo.Esta Industria tiene su antecedente más claro desde 2015 en el Plan de Acción Conjunto de La Valeta para frenar los flujos desde
África y para ello se aprobó el Fondo Fiduciario de Emergencias de la UE con 5.000 millones de euros y, posteriormente, el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible de 4.500 millones en 2017. Esos fondos han ido dirigidos al control migratorio suministrando herramientas para la identificación y vigilancia, como vehículos, aviones y helicópteros (Babcock Mission), drones, satélites, guardias de seguridad, atención acentros de acogida… Diversas organizaciones privadas y lobbies actúan en este campo de la securitización, como la Asociación Europea AeroEspacial y de Defensa, líneas aéreas para las deportaciones, empresas tecnológicas y en España la Asociación de Empresas de Seguridad, Telefónica, Eulen y especialmente INDRA (D. Dominguez).
En abril de 2024 el Parlamento europeo aprobóel Pacto de Emigración y Asilo (debe entrar en vigor en enero de 2026) que supone un estrechamiento de los derechos de migrantes al no garantizar la asistencia legal y al acelerar las deportaciones, sin consideración a sus derechos.Un posicionamiento ante la situación cada vez más grave en un buen número de países africanos, a los que se les está planteando convenios de “cooperación” para restringir salidas y aceptar retornos de migrantes (la reciente gira africana del presidente Sánchez va en esta dirección). Significa realmente una claudicación de Von der Leyen y los gobiernos europeos, incluido el español, ante el programa de la extrema derecha: abandono de los Derechos Humanos y mano
dura contra la migración.
Un avance más en este proceso securitario fue la coordinación del control de las fronteras exteriores conla Agencia de Fronteras y Costas –Frontex–, a disposición de los países que lo soliciten, para aportar nuevas tecnologías fronterizas. Frontex se ha destacado por las deportaciones a terceros países como una forma de disuadir la migración. De 2009 a 2019 deportó
a 60.135 personas en 1.437 operaciones. Frontex goza de autonomía respecto a los Estados y mucha opacidad, denunciada en el Parlamente europeo (véase Externalización).
Hay muchas consecuencias de esta política de la UE:
–Rutas migratorias más peligrosas y peligro de devoluciones a zonas lejanas o desérticas.
–Apoyo a dictaduras y a la represiónde los países de origen y tránsito migrante.
–Abandono de los ideales de solidaridad y Derechos Humanos y prioridad a la securitización y la militarización.
–Relación desigual con los países africanos, a los que se les pide colaboración mientras se mantienen unas relaciones comerciales leoninas o una supuesta cooperación interesada.
Esta política de los países receptores de migrantes, unida a los mensajes de odio y manipulaciones, es un caldo de cultivo de ideología racista y fascista. Los ataques y progromos promovidos por la extrema derecha que se han producido en Gran Bretaña contra la población inmigrante y musulmana a raíz del asesinato de dos niñas, que fueron contrarrestados por amplias movilizaciones antirracistas, mientras hubo cierta pasividad institucional y policial. Las extremas derechas europeas, por un lado, influyen en la deriva reaccionaria de laspolíticas de migración y asilo para legitimarse social y políticamente y, por otro, utilizan el deterioro socioeconómico de las clases populares y los privilegios raciales y culturales para inculpar a las minorías inmigrantes. “El racismo es una expresiónsupremacista de una colectividad para imponer y justificar la discriminación de grupos sociales racializados o por motivos étnicos–nacionales, que lleva a la segregación y su subordinación frente a las ventajas de los autóctonos, desde una visión uniforme y jerarquizada de la sociedad” (Antón). En España la presencia de población inmigrada(unos 4 millones de personas, un 10% respecto a la población nativa)es muy inferior a otros países europeos, pero la extrema derecha lanza mensajes de odio, en especial contra los menores no acompañados, cargados de mentiras y bulos, presentados como “hechos alternativos” sin ningún sustento real. Todo ello como concreciones de su falsa idea del reemplazo étnico y cultural de la población autóctona por las poblaciones migrantes.
El asunto es cómo trabajar para conseguir una respuesta garantista y de derechos humanos por el Gobierno de España y la UE.Concreto algunas propuestas basadas en CEAR que tienen validez para el conjunto de la migración y asilo.
1. Promover vías legales y seguras para quienes necesitan protección.
2. España está obligada a garantizar los derechos de todas las personas, independiente de su acceso, unas condiciones dignas en centros de acogida, así como la identificación y la evaluación de sus necesidades sin discriminación de nacionalidad.
3. Asegurar que mientras se hace el triaje no se prive de libertad a los migrantes.
4. Respetar el principio de no devolución.
5. Contribuir a la solidaridad con medidas centradas en las personas.
CEAR también hace algunas propuestas para enfrentar los delitos de odio y racismo:
* Aprobar un Pacto social y político contra los discursos de odio, así como promocionar la igualdad y la construcción de sociedades inclusivas.
* Desarrollar planes de convivencia intercultural, inclusión social y no discriminación.
* Aplicar la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación en el acceso y condiciones de trabajo,  la promoción profesional y la formación para el empleo: Nadie podrá ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad o condición de salud, estado serológico y/o predisposición genética a sufrir patologías y trastornos lengua, situación socio económica o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
*Integrar programas educativos en los centros escolares que aborden de la inmigración con un enfoque de derechos.
*Trabajar en red con actores claves en la generación de conocimiento y la sensibilización para atajar el racismo y la xenofobia.
En definitiva, y como conclusión, se necesita un enfoque claroy decidido por la defensa de los derechos humanos (priorizándolos a los económicos que habitualmente se defienden) en la perspectiva de una  sociedad con diálogo interculturalque reconozca “la diversidad étnica y el pluralismo sociocultural y, al mismo tiempo, conformar una dinámica unitaria y
solidaria de deliberación democrática y de ciudadanía política y social compartida. Y todo ello con unos principios básicos comunes de no–discriminación, respeto a la propia voluntad individual o colectiva y diálogo y negociación cultural” (A.Antón).
Enfoque de derechos que debemos exigir a la UE, a cada uno de los gobiernos y, por supuesto, al gobierno español.

Las elecciones europeas de junio importan

Gabriel Flores
Economista. Experto en temas europeos.
De Berrituz, 26 de diciembre de 2023.
Cámara secundaria del Parlamento Europeo

 

Las próximas elecciones europeas se celebrarán en los 27 estados miembros de la Unión Europea (UE) entre el 6 y el 9 de junio de 2024. Su resultado contribuirá a perfilar las prioridades y políticas comunitarias que impactarán en la vida de las grandes mayorías sociales.

  

      A partir de 2010, las políticas de austeridad impuestas por las instituciones de la UE causaron graves estragos económicos y sociales que se añadieron a los destructivos efectos de la crisis financiera global de 2008. En 2020, al desatarse la crisis multidimensional generada por la pandemia del Covid-19, las políticas comunitarias fueron decisivas para promover y financiar medidas de protección y recuperación que evitaron una catástrofe sanitaria, económica y social. Ante los retos actuales, ¿responderá la UE como en 2010 o como en 2020?.

 

      Las elecciones al Parlamento Europeo (PE), que se realizarán en España el domingo 9 de junio, importan. Sería una calamidad que los partidos políticos se desentendieran de los problemas de la UE y convirtieran esa cita electoral en una segunda vuelta de las generales del 23-J para intentar recuperar terreno perdido o ajustar cuentas pendientes.

 

      En una reciente visita a Berlín para intervenir en el congreso del Partido Socialdemócrata de Alemania, el presidente Sánchez señaló que estas elecciones europeas son una encrucijada: o una Europa abierta que inspire al mundo en defensa de la integración, el progreso y los derechos humanos o una Europa escondida tras las trincheras del odio y el miedo que sigue cavando una extrema derecha en ascenso. Un verdadero dilema existencial que refleja bien la trascendencia de estas elecciones, pero que contribuye poco a centrar la atención pública en las propuestas que determinarán si el proyecto de una Europa progresista podrá contar con el apoyo de la mayoría social y qué amplia alianza de fuerzas europeístas lo llevará a cabo.

 

      Convendría exigir a líderes y partidos políticos que no se vayan por las nubes de los relatos identitarios o diferenciadores y se esfuercen en explicar sus propuestas, aterrizando en los detalles de cómo pueden contribuir a fortalecer la integración europea y mejorar la vida de la ciudadanía. Exigencias de concreción que cobran mayor importancia ante la complejidad institucional de la UE, que hace tan difícil entender la viabilidad y el curso a seguir en la aplicación de las medidas.

  

      El próximo mes de junio, el futuro del modelo progresista de Europa tendrá su centro de gravedad en las urnas, pero la disputa no se agota en el terreno electoral ni en el espacio comunitario. Se extiende también a la tarea de mantener abierta la opción de un nuevo orden mundial democrático, inclusivo y multilateral. Para conseguirlo, la UE necesita ganar influencia internacional, lo que pasa necesariamente, tanto por razones geoestratégicas y de responsabilidad histórica como por los múltiples lazos culturales y de todo tipo que aún se mantienen, por ofrecer certidumbres y un futuro deseable a los países y la población de África y América Latina.

  

      Europa puede ser portadora de un proyecto de orden internacional alternativo a los que ofrecen China o EEUU y lo más alejado posible del desorden que crean potencias regionales que, como Rusia, se toman la justicia por su mano, imponen a países vecinos la razón de su fuerza y pretenden un mundo multipolar sustentado en el autoritarismo, la carrera armamentista y la amenaza militar creíble.

  

      De la importancia que la ciudadanía europea concede a las elecciones al PE da cuenta el Eurobarómetro de  otoño, EB 100.1, que acaba de publicarse en diciembre de 2023. Del total de 26.797 personas encuestadas, el 68% aseguraba que probablemente votaría en las elecciones europeas; porcentaje que en España era algo menor, un 64% que superaba al 60,7% que participó efectivamente en las elecciones europeas de 2019.

 

      A seis meses vista, esa notable inclinación a votar tiene como punto de patida una valoración muy positiva de los beneficios obtenidos con la pertenencia al club comunitario, que en el caso de España alcanzaba un porcentaje del 78%, frente a un 13% que no la consideraba beneficiosa. Niveles que en el conjunto de la UE eran, respectivamente, del 72 y el 22%.

 

      El carácter mayoritariamente progresista de la ciudadanía comunitaria se observa en las opciones que reciben más apoyos en la pregunta (admitía un máximo de 4 respuestas) sobre qué prioridades le gustaría que tuviera el PE: sanidad pública, 50% en España (34%en la UE); apoyo a la economía y creación de nuevos puestos de trabajo, 41% (29%); lucha contra la pobreza y la exclusión social, 40% (36%); acción contra el cambio climático, 25% (29%); democracia y Estado de derecho, 23% (28%); ayuda humanitaria y asistencia al desarrollo, 19% (16%). La ciudadanía europea no parece encastillada en un bienestar económico excluyente ni en las ensoñaciones reaccionarias de la extrema derecha. Fortalecer y concretar estas prioridades es una tarea fundamental de los partidos y las fuerzas progresistas y de izquierdas.

Cámara principal del Parlamento Europeo.

Cambios institucionales y de política económica a debate

      La integración europea puede estancarse en su estadio actual de un mercado único inacabado y fragmentado y de una unión monetaria que no cuenta con un Tesoro público ni con una unión fiscal que permitan avanzar hacia una UE más robusta que disponga de fórmulas claras de consentimiento y control democrático de la ciudadanía sobre la acción política comunitaria. Ese estancamiento acabaría deteriorando la integración y facilitaría la tarea de los populismos que contraponen eficacia económica a democracia, intereses nacionales a derechos humanos y soberanía nacional a soberanía compartida. Sin más y mejor integración europea el camino de la extrema derecha quedaría despejado.

      Es en esta delicada situación en la que Estados miembros y ciudadanía deben realizar el debate público y tomar las decisiones que orienten los cambios institucionales y de política económica que determinarán el futuro de la UE. Una tarea posible, pero nada fácil, en la que sobran consignas, juicios sumarios y calenturas ideológicas.

 

Entre los temas centrales de la conversación a propiciar entre la ciudadanía habría que señalar, al menos, los cinco siguientes:

 

      1º. Las transiciones energética, ecológica y digital en marcha apuntan a cambios profundos de estructuras y especializaciones productivas, pero aún no avanzan al ritmo deseable. ¿Cómo garantizar su financiación y el decisivo papel que deben tener las instituciones públicas en su desarrollo y en asegurar que no generen más factores de desigualdad ni nuevos sectores sociales vulnerables?. 

      2º. El envejecimiento de la población europea y el declive de la población en edad de trabajar crean nudos al desarrollo económico y social que no pueden desatarse sin el concurso de una política común de inmigración que respete los derechos humanos y considere las necesidades de desarrollo y estabilidad democrática de los países de origen de la migración. En sentido contrario, se acordó el pasado 20 de diciembre un nuevo Pacto sobre Migración y Asilo que cuestiona el derecho de asilo y no garantiza los derechos humanos de las personas migrantes, a las que contribuye a criminalizar. En los próximos meses deberá ser aprobado formalmente por el Consejo Europeo y el PE, ¿qué supondría su ratificación definitiva sin cambiar nada?.


      3º. No existe una política comunitaria de seguridad y defensa. ¿Es necesaria? ¿Cuál debería ser su objetivo? ¿Convertir a la UE en una tercera potencia militar mundial? ¿Confirmar la actual situación de subordinación militar a EEUU? ¿Ganar autonomía estratégica para impulsar soluciones diplomáticas y avanzar en la coordinación de una fuerza disuasoria que responda a la demanda ciudadana de seguridad?.


      4º. La UE demostró en 2020 capacidad de responder a los muy graves problemas desencadenados por la crisis del Covid-19 con medidas audaces e innovadoras: suspensión de las reglas fiscales; fondos comunes de recuperación y transformación; fórmulas de mutualización de deuda pública y riesgos; inversiones comunitarias con fondos europeos… ¿Cómo aprovechar sus enseñanzas e impedir la vuelta hacia políticas ineficaces y contraproducentes como las impuestas en 2010?.


      5º ¿Puede el BCE seguir siendo estatutariamente ajeno a los requerimientos macroeconómicos asociados a su mandato de estabilidad de precios o reducirlo al objetivo arbitrario y de otra época de mantener la tasa de inflación alrededor del 2%?


      Aún se está a tiempo de avanzar en un modelo progresista de Europa con los pies bien asentados en la tierra firme de los derechos humanos y los intereses y aspiraciones de la mayoría social. Depende en parte del voto del 9 de junio.


15 de septiembre: Centroamérica celebra su independencia con las Fiestas Patrias

Este 15 de septiembre Centroamérica celebra la independencia del Imperio español en 1821 con las llamadas “Fiestas Patrias”. Una celebración en todos los países centroamericanos que aparenta una cierta unidad regional (incluso con un inoperante Parlamento Centroamericano –PARLACEN–), pero con importantes similitudes y diferencias.

Uno de los principales rasgos de Centroamérica es la enorme desigualdad social y económica en todos sus países (la segunda región más desigual del planeta, según el PNUD), en los que históricamente han prevalecido grupos oligárquicos, muy ligados a la explotación de los recursos humanos y materiales (extractivismo) y en numerosas ocasiones con el narcotráfico (en abril de 2022 el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández fue extraditado a los EEUU por narcotráfico).  Los datos de pobreza y pobreza extrema son realmente dramáticos (PNUD, 2021): Honduras (52,3%/20%), Guatemala (50,5%/15,4%), El Salvador (30.4%/5.5%) y Costa Rica (16,5%/3,4%). El 52 % de la población de Nicaragua sufría pobreza al finalizar 2020 y un 22 % pobreza extrema debido al impacto de la pandemia del coronavirus (según Cepal).

Esa desigualdad, unida a la corrupción y el narcotráfico, están en la base de la degradación histórica de los Estados y de las instituciones, manifestada de múltiples formas en los últimos años: desde los simples cambios constitucionales para mantenerse en el poder (a destacar en Nicaragua y en El Salvador) hasta los fraudes electorales y la total destrucción del Estado de derecho (Nicaragua), los golpes de Estado (Honduras) o los intentos de ilegalizar el progresista Movimiento Semilla en las pasadas semanas, ganador de las últimas elecciones en Guatemala.

Las élites gobernantes han tratado de impedir los avances sociales y democráticos y han promovido un fuerte neoliberalismo. Entre esos avances hay que destacar una necesaria reforma agraria que redistribuya los recursos y que no dependan de los grandes capitales y consorcios extractivistas, tanto de capital nacional o regional como extranjero. Son, asimismo, necesarios y urgentes los servicios sociales para toda la población, especialmente para las mujeres, la infancia,  los pueblos originarios y los afrodescendientes. Necesaria es también una reforma fiscal que grabe las grandes fortunas y empresas. En todos los países son imprescindibles reformas por los derechos de las mujeres, especialmente los referidos al control de su cuerpo (reconocimiento del aborto) y a la libertad sexual (lucha contra la violencia de género, LGTBI), así como la eliminación de la brecha salarial y la discriminación laboral.

Hay diversas consecuencias de esta dominación oligárquica y entre ellas hay que destacar la alta criminalidad y el éxodo migratorio. El abandono de la inmensa mayoría de la población por las élites dominantes, en espacios en los que el Estado no proporciona los mínimos servicios básicos ni una verdadera seguridad a la población, ha promovido la proliferación de grupos delictivos (maras) que deterioran la vida social, comunitaria y económica y provocan asesinatos. Se vienen produciendo, asimismo, asesinatos de líderes comunitarios y periodistas por sicarios o elementos del propio Estado[1].

Como respuesta a la inseguridad se viene produciendo un avance preocupante del denominado “populismo punitivo”, cuyo máximo exponente actual es el presidente de El Salvador Nayib Bukele, que ha implantado un régimen de excepción permanente desde marzo de 2022 por el que más de 70.000 salvadoreños (en un país de unos 6 millones de habitantes) han sido detenidos, sin garantías jurídicas y en condiciones infrahumanas en las cárceles. Es claramente un atentado a los derechos humanos y al Estado de derecho. Este enfoque frente a la inseguridad afecta plenamente a la salud democrática de los países e implica un Estado autocrático, sin responder a los graves problemas sociales de la población.

La respuesta del Gobierno de la dictadura familiar Ortega–Murillo en Nicaragua a la insurrección cívica a partir de abril de 2018 fue una verdadera masacre de más de 350 personas, jóvenes principalmente, centenares de detenidos, torturados…, así como la detención de decenas de líderes de la oposición antes de las elecciones de noviembre de 2021. La represión de la dictadura dio un paso más en 2023 y expulsó a 222 presos políticos de Nicaragua, despojados de la nacionalidad, de todos sus registros personales y propiedades. Igual medida tomaron contra otros 94 ya exiliados (entre ellos Sergio Ramírez y Gioconda Belli). A lo que se suma la ilegalización y confiscación de bienes de más de tres mil ONG, organismos diversos, iglesias, prensa y radios, universidades…

El éxodo migratorio es producto, en consecuencia, del deterioro socio–económico y la inseguridad pandillera y estatal. Decenas de miles de centroamericanos se lanzan a la migración “voluntariamente” o por la represión (especialmente en Nicaragua unos 600.000 han huido o en Guatemala más de 30 juristas y defensores de derechos humanos tuvieron que exiliarse). Huyen buscando unas eventuales mejores en los EEUU, proceso que en un alto porcentaje termina negativamente.

Desgraciadamente los EEUU consideran realmente a Centroamérica como su “patio trasero”. Un espacio en el que han experimentado diversas formas de control y dominación (golpes de Estado, implicación en invasiones y guerras, coacciones…) en función de sus intereses, que les han sido útiles para ponerlas en práctica en otros países. En la actualidad su preocupación pasa por frenar la inmigración y las drogas por medio de cierre de fronteras, muros, deportaciones y cárceles (más punitivismo), pero al mismo no apoyan suficientemente los avances democráticos que podrían introducir cambios sociales. De todos modos, los EEUU siguen aplicando leyes contra los personajes corruptos o violadores de los derechos humanos (como la Ley Magnitsky) que les complican las vidas seriamente,

Afortunadamente los pueblos centroamericanos han sabido resolver situaciones muy complicadas y en esta ocasión “Hoy parece amanecer en Guatemala”, como bien se refirió Sergio Ramírez a la aplastante victoria electoral de Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, con el 58% de los votos bajo un programa de lucha contra la corrupción como condición necesaria para el desarrollo de Guatemala[2].

[1] Sólo en Honduras han sido asesinados 8 activistas en 2023. En 2019, el relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos se refirió a Honduras como “uno de los países más peligrosos de América Latina para los defensores de derechos humanos”. Entre enero y agosto de 2022, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) informó sobre ataques contra 120 defensores de derechos humanos, incluidos 78 defensores del medioambiente y de la tierra.

[2] Véase Núñez, R. “Arévalo y un cambio de época para Guatemala”, en https://confidencial.digital/opinion/arevalo-y-un-cambio-de-epoca-para-guatemala/

Una Europa Fortaleza

Las tragedias en el Mediterráneo se siguen repitiendo y cobrando miles de víctimas. En los últimos diez años, se calculan más de 26.000 personas que han perdido la vida en esas aguas y que siguen perdiéndola día a día. Unas 11.522 personas han muerto intentando llegar a España (en los últimos cinco años, según Caminando Fronteras).

Estas muertes ponen en evidencia la política europea en torno a la inmigración y el asilo y respecto a los principios fundacionales humanitarios de la Unión, que ha pasado de un idealizado marco común a promover más murallas en las fronteras con fondos de la UE en los países con mayores flujos migratorios, lo que eufemísticamente denominan “infraestructuras”. Se han aumentado los controles fronterizos y quizás lo que es más grave se ha externalizado a otros países el control de migrantes (los casos de Turquía, Marruecos y Libia, entre otros, sin garantías democráticas) y se ha militarizado el control de fronteras con Frontex. Este enfoque responde a las políticas más xenófobas y ultranacionalistas en Europa. Y no sólo en aquellos países con gobiernos más derechistas (Hungría, Polonia o Italia), sino también en países como Dinamarca (una isla para desterrar inmigrantes) o Gran Bretaña (desterrarlos a Ruanda).

En definitiva, Europa está abandonando los derechos humanos, incumpliendo la legislación internacional e impidiendo que las ONG realicen trabajo humanitario con migrantes y refugiados, en el contexto actual de guerras, sequía y hambrunas en Siria, Sahel, Afganistán… Se incumple el principio de no devolución (artículo 33 de la Convención de Ginebra) de aquellas personas que puedan temer por su vida o su libertad, mientras los países ricos y sus empresas extraen los recursos de países empobrecidos generando más pobreza y destrucción medioambiental.

La discusión sobre la política migratoria obvia los derechos humanos e incluso las potencialidades de las migraciones en este mundo globalizado, en el que los países enriquecidos sufren un declive demográfico y los migrantes pueden ser motor de desarrollo de sus propios países. Por el contrario, los detractores del aborto y la defensa del cigoto son capaces de negar derechos a personas que huyen de las guerras y el hambre, bajo un falso esquema de pérdida de identidad de las poblaciones ricas.  Estamos, en definitiva, ante una Europa Fortaleza frente a las y los pobres.

El Gobierno y el Parlamento de España, en concreto, deben responder consecuentemente a las más de 700.000 firmas por la Iniciativa Legislativa Popular y regularizar a 500.000 personas en situación irregular, muchos de ellas y ellos trabajando sin derechos, así como ofrecer vías legales para la migración y el asilo en la UE.