El futuro de las pensiones, el Pacto de Toledo y el modelo neoliberal

Fernando Cerezal.

1. Antecedentes y modelo neoliberal

La reforma de las pensiones se viene discutiendo desde hace décadas por parte de organismos internacionales y financieros (FMI, Banco Mundial, Deutsche Bank, BBVA…), por la UE en el Pacto por la Estabilidad y el Crecimiento de la UE (1997) y el Pacto de Lisboa (2007), en el que se plantea como objetivo “remover los obstáculos a la movilidad de los trabajadores que puedan derivar de los sistemas de pensiones”. La UE, incluso, aprobó el Plan Paneuropeo de Pensiones Privadas (PePP) en 2019. Todos ellos buscando el recorte del gasto social, así como la recapitalización de las entidades financieras a través del acceso a unos 140.000 millones de euros en España y unos 2,1 billones anuales en la UE de los sistemas de pensiones. Las reformas del Sistema Público de Pensiones (SPP) de 2011 (Zapatero) y 2013 (Rajoy) siguieron ese enfoque neoliberal. El Gobierno de Sánchez ya envió a Bruselas en 2019 una propuesta de “mochila austriaca” (posteriormente relegada). Los organismos internacionales y españoles han venido pronosticando la quiebra del SPP desde hace años. La OMC seguía afirmando en 2015, refiriéndose a nuestro país, que era necesario:  “retrasar la edad de jubilación más allá de los 67 años e incentivar las pensiones privadas, incluso con carácter obligatorio, porque prevé que en el futuro se reducirán los beneficios de los sistemas públicos”ⁱ.

Las reformas laborales y de pensiones del PSOE y PP (2010–2013) se han enmarcado en esos enfoques neoliberales de reducir el gasto social y la recapitalización financiera. Esta valoración de la reforma de 2011 señala claramente ese enfoque liberal; reforma que el Pacto de Toledo (PT) no propone derogar y del que incluso se recogen algunas de las medidas:

“En conclusión, es una reforma regresiva, injusta socialmente y no justificada económicamente, que recorta las pensiones futuras, respecto de los derechos actuales, en una media del 20%. La consecuencia es la reducción de la intensidad protectora y la segmentación de la protección social con una privatización parcial. No hay una rectificación de la política socio–económica, laboral y fiscal. Persiste el alto paro y nuevas brechas sociales, con incremento de la desprotección pública, y una perspectiva de empobrecimiento de las personas mayores. No disminuye significativamente el carácter regresivo de la reforma, y se avala el retroceso sustantivo decidido por el Gobierno (…) El resultado, con menor cohesión social, es una protección social menos intensa para la mayoría de la sociedad (…) junto con el desarrollo de fondos privados de pensiones como salida parcial para las capas acomodadas”.ⁱⁱ

Esos organismos internacionales y españoles temen una reacción popular, por lo que consideran que se debe “asegurar que estas reformas no se enfrenten a una resistencia política y social (…) es probable que sean necesarias otras medidas políticas de acompañamiento (…) Las reformas deben prepararse e implementarse cuidadosamente, esforzándose por lograr una amplia aceptación política y social”ⁱⁱⁱ. Por ello esbozan ideas de la inevitabilidad de los recortes e incluso generan ideas de enfrentamiento intergeneracional de que el movimiento pensionista (MP) sólo lucha por sus intereses, cuando la cuestión es la situación de las y los trabajadores, con menores aportaciones a la Seguridad Social (SS) y en definitiva peores pensiones futuras. Tal como ocurrió en 2011 y 2013, las reformas supusieron un alejamiento de las bases sindicales y de las y los pensionistas hacia el Gobierno de Zapatero y el de Rajoy. Aspecto que deberían considerar actualmente la dirección de los sindicatos mayoritarios y el Gobierno de coalición ante la reforma que se avecina.

En ese contexto sociopolítico comenzó su andadura organizada el MP, alcanzando un enorme avance con las marchas de 2019, así como con las amplias manifestaciones de los “lunes al sol” en todo el país. El MP ha estado fundamentalmente organizado en torno a la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE). Luchas que pusieron en cuestión las reformas de las pensiones de 2011 y 2013 y que, en la actualidad, han evidenciado la indefinición y las insuficiencias de las recomendaciones del PT que acaban de ser aprobadas en el Parlamento (19–11–2020), cuya mayoría las votó, después de haber rechazado enmiendas parciales, con la abstención de ERC, BILDU, BNG y la negativa de Vox y CUP por diversas razones.

2. Aspectos de las recomendaciones del Pacto de Toledo 2020

Hay que comenzar diciendo que el informe del PT tiene una cierta retórica y ampulosidad y se plantea una especie de sociedad corporativa y solidaria orgánica de clases: “el esfuerzo combinado que en cada jornada laboral desarrollan los trabajadores y los empresarios es lo que posibilita el funcionamiento de España… Nuestra Seguridad Social, cuya acción protectora sirve para dar cobertura a las coyunturas adversas que inevitablemente va a acompañar siempre el devenir de la humanidad…”.^iv O cuando afirma con tono moralista que “nos alejaremos de aquellos antiguos modelos de sociedad tacaños que como justo castigo a su avaricia padecían a la vez todas las mezquinas preocupaciones del rico y todas las miserias y penalidades del pobre”^v.

Veamos en concreto los avances, ambigüedades e insuficiencias en algunas de las 22 recomendaciones del PT aprobadas por el Congreso y que deberán ser convertidas en medidas legislativas. El PT es, por tanto, un marco de orientaciones para esa futura legislación, por lo que no son baladíes y se merecen una valoración crítica, que fortalezca las acciones del MP durante el proceso legislativo próximo. Si bien es cierto que las recomendaciones no afectan en general a los actuales pensionistas por el momento, sí afectan al conjunto de las y los trabajadores, a las pensiones futuras y, por extensión, acabarán afectando también a las actuales.

A. Se reconoce la sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones. Es importante que el PT reconozca la sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones (SPP), después de haberse puesto en cuestión en muchos foros, incluido el PSOE y por supuesto la derecha. Las movilizaciones del MP y los análisis de expertos han dejado clara la sostenibilidad del SPP, aunque el PT no plantea la necesaria devolución del capital detraído de la Caja de las Pensiones (un saqueo de la “hucha de las pensiones”) que durante decenios se ha dedicado a diversos gastos impropios: bonificaciones a empresas por contratación, pensiones no contributivas^vi, complementos a mínimos, préstamos no reembolsables a CC. Autónomas, al rescate bancario y actualmente al Ingreso Mínimo Vital. Por el contrario, el Gobierno de turno ha realizado préstamos a la Caja de Pensiones para cubrir el déficit^vii, préstamos que la SS podría devolver –sugiere el PT, recomendación 5– con el patrimonio en las CC. Autónomas, obviando que ese es un patrimonio de las y los trabajadores.

De hecho, el propio Tribunal de Cuentas acaba de reconocer la deuda del Estado a la Caja de Pensiones de 103.000 millones de euros, aunque algunos autores calculan la deuda histórica en torno a 500.000 millones de euros detraídos a la Caja en los últimos decenios. Es decir, se reconoce la sostenibilidad, pero se sigue sin recuperar la Caja de las Pensiones e, incluso, se juega con el patrimonio de la SS al proponer donarlo a cambio de unos préstamos irregulares.

Este reconocimiento de la sostenibilidad del SPP se ha debido en gran parte a la movilización del movimiento pensionista y a los análisis de expertos. Por ello COESPE está reivindicando una auditoría de las cuentas de la Caja de Pensiones^viii, la recuperación del fondo de la Caja de Pensiones y la negativa a ceder el patrimonio de la SS, propiedad histórica de las y los trabajadores, así como la aplicación de la Ley General de la SS y su artículo 109.2, que ha sido incumplida, al no haberse aplicado la obligación del Estado de hacer las aportaciones necesarias para cubrir las carencias de las cotizaciones en la financiación de las pensiones contributivas.

B. Acerca de los índices de revalorización (Recomendación 2). El Pacto recomienda la revalorización de las pensiones acorde al IPC. En la tercera versión de las recomendaciones, no obstante, introduce la posibilidad de posibles cambios con otros indicadores (de acuerdo con lo que ya se planteaba en la reforma de 2011): “resulta conveniente estudiar (…) la posibilidad de utilizar otros índices de revalorización basados, entre otros, en el crecimiento de los salarios, la evolución de la economía o el comportamiento de las cotizaciones a la SS, siendo recomendable que se tengan en cuenta los efectos que dichos índices han tenido sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones en los países de nuestro entorno”.^ix El Gobierno, en consonancia, introduce un aumento a pensionistas y funcionarios de un 0,9% y las pensiones no contributivas en un mísero 1,8% en 2021^x.

Las Recomendaciones 13 y 17 sugieren el aumento del poder adquisitivo de las pensiones mínimas, no contributivas, de orfandad y por discapacidad, todas con muy bajas pensiones^xi, así como atajar la brecha de género en las pensiones de viudedad. No hay, sin embargo, propuestas concretas para resolver esa grave situación. La AIREF y el Banco de España proponen, en lugar de una mayor revalorización, que las pensiones de viudedad salgan del SPP y pasen a la beneficencia, desconsiderando la relación de las y los viudos con el cónyuge trabajador (cuidados, hijos, maternidad…).

COESPE propone la revalorización automática por IPC y consolidada por ley, alcanzar el salario mínimo para todas las pensiones e ir hacia el 60% del salario medio de acuerdo con la Carta Social Europea (1.084 €)^xii.

C. Edad de jubilación y factor de sostenibilidad (Recomendación 5). El Pacto de Toledo mantiene la edad de jubilación y la base reguladora de las pensiones de la reforma de 2011, que ya se vienen aplicando progresivamente y que el PT no recomienda derogar:

–la jubilación ordinaria a los 67 años, con el período de cotización aumentado de 35 a 37 años;

–la base reguladora de la pensión eleva el cálculo de 15 a 25 años cotizados (con posibilidad de escoger los mejores meses); el ministro Escrivá está defendiendo la extensión a los 35 años;

–recortes a las jubilaciones anticipadas, aunque ya tengan los 37 años cotizados y promoción del alargamiento de la edad de jubilación

La ampliación de la edad de jubilación y la base reguladora entra en contradicción con la situación laboral de precariedad y subempleo que reducen las cotizaciones, ante lo que el PT no entra a valorar ni proponer mejoras en las cuestiones laborales. Si bien el Gobierno de coalición considera una línea roja el factor de sostenibilidad, no parece que se haya considerado su eliminación. “El Factor de Sostenibilidad pretende ajustar la cuantía de las pensiones a la evolución de la esperanza de vida, en la medida en que los pensionistas percibirán su prestación durante un período más prolongado”^xiii. En base a la longevidad (un éxito social), los trabajadores van perdiendo su poder adquisitivo desde el primer día de la jubilación.

COESPE rechaza las reformas de pensiones de 2011 y 2013 y defiende:

–la jubilación ordinaria a los 65 años con el 100% y 35 años cotizados;

–jubilación anticipada sin penalizar antes de los 65 años con 40 años cotizados;

–la abolición del factor de sostenibilidad.

COESPE, conocedores de las condiciones sociales y laborales, defiende los derechos de las y los trabajadores activos. En este sentido, no puede decirse que el movimiento sólo defienda sus intereses, sea victimista y no tenga carácter intergeneracional y solidario.

D. Recomendación 16 de planes privados de empresa o “mochila austriaca”

Esta cuestión es quizás la de mayor calado estratégico en las propuestas del PT, junto a la modificación de la ley de la SS, pues introduce cambios importantes orientados a debilitar la situación de los trabajadores respecto a las indemnizaciones por despido y a facilitar la privatización de las pensiones.^xiv

La “mochila austriaca” se basa en la experiencia desarrollada en Austria (a partir de 2003) en la que a cada trabajador se le detrae del salario una cantidad mensual (en torno al 1,5%) que se acumula en su “mochila” para que en caso de despido sirva como parte de la indemnización, se la lleva si cesa en la empresa, decide utilizarla como subsidio de desempleo o mantenerla para su jubilación.

El Gobierno Zapatero, en la reforma laboral de 2010 ya planteaba “un proyecto de Ley por el que, sin incremento de las cotizaciones empresariales [cursiva mía], se regule la constitución de un Fondo de capitalización para los trabajadores, mantenido a lo largo de su vida laboral, por una cantidad equivalente a un número de días de salario por año de servicio a determinar (…) Las indemnizaciones a abonar por el empresario en caso de despido se reducirán en un número de días por año de servicio equivalente al que se determine para la constitución del Fondo” (Real Decreto Ley 10/2010)^xv. Es decir, “mochila austriaca” con los objetivos de reducir las indemnizaciones por despido, favorecer la movilidad de los trabajadores, reducir las pensiones futuras y recapitalizar los sistemas financieros.

Este modelo, con el eufemístico nombre de Fondo de Capitalización, ha sido defendido ampliamente –como no podía ser menos– por la patronal y las financieras, que ya lanzan propuestas concretas de esa “mochila”. Entre estas, la reducción de las aportaciones de la empresa a la SS y, por supuesto, las indemnizaciones por despido.

Las consecuencias para el SPP serían claramente negativas pues significarían una reducción de las cuotas a la SS y la segmentación entre trabajadores activos y de estos con los pensionistas. Para las y los trabajadores supone la reducción de las indemnizaciones por despido, una mayor facilidad de despido y un dudoso complemento para la futura jubilación. El MP y especialmente COESPE se oponen a esta “mochila austriaca que afecta muy especialmente a las y los trabajadores actuales en activo.

Algunas conclusiones

COESPE critica las recomendaciones del PT por su ambigüedad e insuficiencia, por no recomendar la derogación de la reforma de pensiones de 2011, lo que posibilita el recorte de las pensiones futuras sin garantizar de forma nítida las actuales, y defiende un programa reivindicativo en el que incorpora la derogación de la reformas laborales de 2010 y 2012 y las leyes de pensiones de la SS de 2011 y 2013, la revalorización según IPC por ley, la eliminación del factor de sostenibilidad, la denuncia de la brecha de género, la subida de la pensión mínima, y critica especialmente los fondos privados de pensiones y de empresa o “mochila austriaca”. Por ello son incomprensibles algunas opiniones de insolidaridad intergeneracional del MP y especialmente de COESPE.

COESPE y el MP continuarán exigiendo esas demandas y denunciando las eventuales agresiones a trabajadores y pensionistas a lo largo del desarrollo legislativo que se avecina, con la esperanza de que los sindicatos y la izquierda las defiendan y se frenen los intentos neoliberales.

Fernando Cerezal, Miembro de la Plataforma

por la Defensa de las Pensiones Aluche–Latina, Madrid

11 enero 2021

Agradecimientos por sus aportaciones a Antonio Antón (UAM), Damián Rodríguez (representante de COORPEN–Madrid en COESPE) y Raúl Garay (coord. Plataforma de por la Defensa de Pensiones Aluche–Latina, Madrid)