Desde el pasado lunes 20 de noviembre, casi 500 inmigrantes argelinos que llegaron a costas españolas a través del Mediterráneo están recluidos en el Centro Penitenciario Málaga II, en Archidona, cuya apertura estaba prevista para enero del próximo año.
La precipitada utilización de este centro para unos fines diferentes a los iniciales deja en situación de notable desprotección a las personas internas, que no disponen de infraestructuras adecuadas ni de la asistencia legal necesaria.
Numerosas organizaciones sociales mostramos nuestro rechazo ante esta situación completamente ilegal, ya que la ley impide que los Centros de Internamiento de Extranjeros tengan carácter penitenciario y este recinto, aún sin inaugurar, es una cárcel que depende directamente de Instituciones Penitenciarias. Los actuales centros de internamiento ya son en la práctica cárceles sin los mínimos requisitos, pero internarlos directamente en centros penitenciarios supone dar un paso más en la criminalización de la población inmigrante y no garantiza muchos otros derechos básicos, como no superar las 72 horas de detención antes de pasar a disposición judicial, la asistencia letrada y traducción adecuadas, o el acceso al procedimiento de asilo.
Exigimos por ello al Ministerio de Interior que rectifique de manera inmediata en la utilización de cárceles para internar a personas migrantes que no han cometido ningún delito, el cierre de los actuales Centros de Internamiento de Extranjeros, que no son más que cárceles encubiertas y que, en su lugar, habilite dispositivos de acogida que garanticen los derechos fundamentales y respeten la legalidad vigente. A las autoridades autonómicas y locales les exigimos que pongan los medios y la voluntad política necesarios para gestionar, de forma organizada y garantista, una complicada situación que no sólo es fruto de numerosas llegadas de migrantes a nuestras costas, sino también de la falta de previsión, de asunción de responsabilidades y de voluntad política, haciendo primar un enfoque de seguridad nacional por encima de la ayuda humanitaria y la protección de los derechos humanos.
