Situación y reivindicaciones
de las y los trabajadores de cuidados

La situación de las trabajadoras de atención domiciliaria en Madrid (SAD), de las trabajadoras de hogar y las camareras de piso (Kellys) es un tema de gran relevancia social y laboral, por una parte, por su papel esencial socio-sanitario en el cuidado de personas en general, muchas de ellas dependientes y vulnerables en una sociedad cada vez más envejecida; por otra parte, por la invisibilidad y por unas condiciones laborales precarias, lo que redunda en problemas de salud de esas trabajadoras y en la calidad de la atención que brindan.

Su situación sociolaboral está marcada por contratos temporales, lo que genera inseguridad personal y laboral; salarios inferiores al salario mínimo interprofesional;
jornadas laborales largas y fragmentadas exigidas por una demanda en aumento, con desplazamientos a diferentes domicilios; falta de reconocimiento social y profesional a
pesar de la importancia de su trabajo, así como la escasa formación continua. A todo ello se suma la exposición a riesgos físicos, psicológicos y sociales en su trabajo y la
multiplicidad de empleadores y subcontratas que dificulta la negociación colectiva y la defensa de sus derechos laborales. Situación que se agrava en las mujeres migrantes (en ocasiones por encima de la edad de
jubilación, en situación administrativa irregular o que trabajan como internas).

Algunas consecuencias de esta situación son una elevada rotación de personal y espacios, lo que redunda en el deterioro de una atención de calidad y personalizada y un impacto en la salud de las propias trabajadoras y trabajadores (enfermedades musculoesqueléticas, contagios de pacientes, ansiedad, depresión…): 83% declaran problemas de salud, 80% salud mental, 40% algún accidente laboral, 77% consume algún tipo de fármaco (véase).
Enfermedades que tienen muy baja aceptación por los sistemas sanitarios.

“Las mujeres no tenemos enfermedades laborales a no ser que se parezcan a las enfermedades laborales de un hombre”, afirma Mar Jiménez (Kellys Madrid; El Salto, 30 nov.).

No es admisible que las 17.000 personas que trabajan en Madrid, y más de 120.000 en España en atención domiciliaria, con derechos laborales precarios para empresas que no pagan los impuestos y cotizaciones sociales que les corresponden y cuyos beneficios no
revierten en el bien común en nuestra ciudad. El Ayuntamiento de Madrid no puede mantener la precariedad laboral a estas trabajadoras, en especial dada la importancia de este trabajo, asumido principalmente por mujeres.

«Somos un sector muy precario económicamente, con jornadas muy precarias para poderte llevar 1.000 euros. Así que hemos dicho basta, no les vamos a pasar ni una, pero ni a las administraciones, ni a las empresas, ni a nadie», manifiesta Lola Juárez (responsable de Ayuda a
Domicilio de UGT; Madridiario, 8 de enero).

En definitiva, al igual que en otros servicios sociales públicos como Educación y Sanidad, hay un proceso de desmantelamiento y de privatización en lugar de promover lo público y de favorecer a empresas buitre que sólo buscan el máximo beneficios para las que no les importa la calidad del servicio a los usuarios (entre esas empresas están Asispa, Atende, Domus Vi, Serveo y CLECE de Florentino Pérez). Hay que resaltar, además, que la dedicación presupuestaria a cuidados en España no supera el 1% del PIB, mientras otros países europeos destinan entre el 2 y 3% del PIB.

Las trabajadoras de atención domiciliaria están llevando a cabo diversas movilizaciones; tras varios días de huelga iniciaron el pasado 8 de enero una huelga indefinida por la mejora de sus condiciones laborales, entre ellas: aumento salarial, estabilización laboral, jornadas más cortas y menos fragmentadas, evaluación y prevención de riesgos laborales, reconocimiento de enfermedades
profesionales y mejorar la formación. Exigen, en definitiva, un convenio colectivo que responda a sus reivindicaciones y una remunicipalización de los servicios que garantice una mayor calidad y control
público. Demandan una jubilación a los 60 años por las condiciones de su trabajo.

En resumen, las condiciones sociolaborales en el sector de la atención domiciliaria tienen un impacto directo y negativo en la calidad de vida de las personas, tanto las cuidadas como las cuidadoras. Es fundamental abordar esta problemática desde una perspectiva integral, visibilizando su labor y garantizando unas condiciones laborales dignas para las trabajadoras y una atención de calidad para las personas dependientes.

 

Fernando Cerezal
Miembro de Acción en Red Madrid