Las tragedias en el Mediterráneo se siguen repitiendo y cobrando miles de víctimas. En los últimos diez años, se calculan más de 26.000 personas que han perdido la vida en esas aguas y que siguen perdiéndola día a día. Unas 11.522 personas han muerto intentando llegar a España (en los últimos cinco años, según Caminando Fronteras).
Estas muertes ponen en evidencia la política europea en torno a la inmigración y el asilo y respecto a los principios fundacionales humanitarios de la Unión, que ha pasado de un idealizado marco común a promover más murallas en las fronteras con fondos de la UE en los países con mayores flujos migratorios, lo que eufemísticamente denominan “infraestructuras”. Se han aumentado los controles fronterizos y quizás lo que es más grave se ha externalizado a otros países el control de migrantes (los casos de Turquía, Marruecos y Libia, entre otros, sin garantías democráticas) y se ha militarizado el control de fronteras con Frontex. Este enfoque responde a las políticas más xenófobas y ultranacionalistas en Europa. Y no sólo en aquellos países con gobiernos más derechistas (Hungría, Polonia o Italia), sino también en países como Dinamarca (una isla para desterrar inmigrantes) o Gran Bretaña (desterrarlos a Ruanda).
En definitiva, Europa está abandonando los derechos humanos, incumpliendo la legislación internacional e impidiendo que las ONG realicen trabajo humanitario con migrantes y refugiados, en el contexto actual de guerras, sequía y hambrunas en Siria, Sahel, Afganistán… Se incumple el principio de no devolución (artículo 33 de la Convención de Ginebra) de aquellas personas que puedan temer por su vida o su libertad, mientras los países ricos y sus empresas extraen los recursos de países empobrecidos generando más pobreza y destrucción medioambiental.
La discusión sobre la política migratoria obvia los derechos humanos e incluso las potencialidades de las migraciones en este mundo globalizado, en el que los países enriquecidos sufren un declive demográfico y los migrantes pueden ser motor de desarrollo de sus propios países. Por el contrario, los detractores del aborto y la defensa del cigoto son capaces de negar derechos a personas que huyen de las guerras y el hambre, bajo un falso esquema de pérdida de identidad de las poblaciones ricas. Estamos, en definitiva, ante una Europa Fortaleza frente a las y los pobres.
El Gobierno y el Parlamento de España, en concreto, deben responder consecuentemente a las más de 700.000 firmas por la Iniciativa Legislativa Popular y regularizar a 500.000 personas en situación irregular, muchos de ellas y ellos trabajando sin derechos, así como ofrecer vías legales para la migración y el asilo en la UE.
